Gabriel Gómez Álvarez
Expediente 977/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 977/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/08/2019
Partes del expediente
- Gabriel Gómez Álvarez
Actuaciones
- Principal
SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO EL AUTO QUE DESECHO LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DEL ASUNTO EN EL ENTENDIDO QUE EL MISMO ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCION.
- Principal
NOTIFICACION POR LISTA AL QUEJOSO. Agréguese el escrito de la parte quejosa, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento realizado en auto de dieciséis de julio del año en curso (fojas 6 a 10); en atención a su contenido; se provee al respecto. ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda, para que en caso de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". En ese orden de ideas, en el caso, se advierte que el juicio de amparo es improcedente porque no se promovió dentro de los plazos previstos en la ley de la materia, actualizándose la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" A su vez, los artículos 17 y 18 del mismo ordenamiento, establecen lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los preceptos antes transcritos, se desprenden los lineamientos básicos en cuanto a la oportunidad para la presentación de la demanda de amparo, siendo la regla genérica el término de quince días hábiles, los cuales deben comenzar a computarse a partir de tres momentos, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a los quejosos del acto o resolución reclamada; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto o de su ejecución, o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor del acto o su ejecución. En el entendido que de no promoverse el juicio de garantías en dicho término, se estimará consentido el acto de que se trate, salvo que se actualice alguna de las hipótesis de excepción contenidas en el propio artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, pues en tal virtud el término será de treinta días, siete u ocho años e incluso en cualquier tiempo, según el caso. Se afirma lo anterior, ya que de la lectura íntegra de la demanda y escrito aclaratorio, se desprende que la parte quejosa señaló esencialmente como acto reclamado: La orden de aprehensión, presentación, comparecencia, búsqueda y localización. Ahora, el quejoso manifiesta en su escrito aclaratorio que el ocho de junio del año que transcurre, tuvo conocimiento de los actos de los que se duele en el presente juicio de amparo. Manifestación que constituye una confesión que hace prueba plena en su contra, conforme con lo establecido por los artículos 95, 99, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2. Es aplicable, la tesis sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, revisable en el Semanario Judicial de la Federación, en el tomo XII, Diciembre de 1993, en la página 857, Octava Época, del rubro y texto: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). Siendo disposición del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; el que los hechos expresados por el promovente en la demanda, constituyen una confesión expresa, es evidente que las aseveraciones que el peticionario formula en su demanda de amparo, prueban plenamente en su contra sin necesidad de ofrecerse como prueba, por constituirse una confesión expresa". Entonces, tomando en consideración que el solicitante del amparo señala que tiene conocimiento de los actos reclamados desde el ocho de junio del presente año, es claro que el plazo de quince días para promover la demanda, conforme a lo establecido en el numeral 18 de la Ley de Amparo, transcurrió a partir del día hábil siguiente a dicha data; es decir, del diez al veintiocho de junio de dos mil diecinueve; sin contar los días inhábiles que mediaron entre esas fechas, de conformidad con los artículos 19 de la ley de la materia y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En ese contexto, si la demanda se promueve fuera de los plazos señalados en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, computados en la forma descrita, es improcedente el juicio constitucional dado que se entiende que los actos reclamados fueron consentidos tácitamente, puesto que tal conducta procesal revela la conformidad de la parque quejosa con ello. Como se aprecia del artículo 17 de la Ley de Amparo, únicamente contra actos que afectan la libertad personal dictados fuera de procedimiento, puede promoverse el juicio en cualquier tiempo. En ese sentido, si el acto reclamado tratándose de amparo indirecto en materia penal, no se ubica en los casos de excepción previstos en el artículo 17, fracción IV, de la Ley de Amparo, al no producir ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es inconcuso, que de acuerdo con los alcances y contenido de dicho precepto 17 la demanda promovida debió presentarse dentro de los quince días hábiles siguientes al día siguiente al en que se hubiesen ostentado sabedores de los actos o su ejecución. Consecuentemente, al presentarse la demanda en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales, con residencia en Cintalapa de Figueroa, hasta el dieciséis de julio de dos mil diecinueve, como se observa del sello de recibido de aquella oficina (foja 2), es claro, que el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo precluyó, resultando extemporánea su presentación. Tiene aplicación la jurisprudencia P./J. 115/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 5, con número de registro 163172, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar". En ese orden de ideas, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la demanda por notoriamente improcedente, en términos del artículo 113 del citado ordenamiento legal. Sin que la anterior determinación implique una transgresión al derecho fundamental de acceso a la justicia, pues éste no implica dejar sin efectos los requisitos de procedencia y admisibilidad que rigen los juicios, ya que de considerarse procedente una demanda presentada de forma extemporánea se contravendría el principio de impartición de justicia pronta, y desatendería los de equidad procesal y seguridad jurídica tutelados en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, debido a que el promovente obtendría un beneficio no previsto en la norma. Es aplicable al caso, por las razones que informa, la tesis VII.2º.C 14 (10ª.), sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en el citado medio de difusión, Décima Época, Libro XII, Tomo 3, septiembre de 2012, página 1495, del rubro y texto siguientes: "ACCESO A LA JUSTICIA Y EFECTIVIDAD DE LOS RECURSOS. NO IMPLICA DEJAR SIN EFECTOS LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA Y ADMISIBILIDAD DEL JUICIO DE AMPARO. La Corte lnteramericana de Derechos Humanos, al interpretar el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, estableció que el acceso a la justicia no se agota con la simple existencia de tribunales, procedimientos formales ni con la posibilidad de acudir a ellos, sino que es necesario que los recursos judiciales tengan efectividad, esto es, que se brinde al justiciable la posibilidad real de interponerlos y el órgano jurisdiccional competente evalúe sus méritos, por lo que serán efectivos en tanto sean capaces de producir el resultado para el que fueron concebidos; sin embargo, fue la propia Corte Interamericana, quien estableció que la existencia y aplicación de causales de admisibilidad de los recursos resulta compatible con la Convención Americana, y que esa efectividad implica que, potencialmente, cuando se cumplan tales requisitos, el órgano judicial evalúe sus méritos. Por tanto, el derecho humano de acceso a la justicia y la efectividad de los recursos, no implican dejar sin efectos los requisitos de procedencia y admisibilidad que rigen en el juicio de amparo, instrumento éste de justicia constitucional por el que, en sede nacional y en vía judicial, se garantiza al individuo la protección de sus derechos fundamentales". NO SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO Ahora, no pasa inadvertido para la suscrita, que el quejoso manifestó que tiene el temor fundado de que sea incomunicado y que se violen sus derechos humanos y garantías procesales; sin embargo, se refiere a actos futuros de realización incierta, ya que de las manifestaciones que expone no se advierte que en la actualidad se esté ejecutando alguno de los supuestos prohibidos por el artículo 22 constitucional. PROTECCIÓN DATOS PERSONALES. Con fundamento en los artículos 68, 110, y 113 y demás relativos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos artículos 6 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley citada, hágase del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, lo cual podrán hacer en cualquier momento del juicio y, que en caso de allegar constancias que consideren reservadas o confidenciales, aporten los elementos con los que demuestren tales circunstancias.
- Principal
SE LE PREVIENE A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE REALICE LAS ACLARACIONES QUE SE LE INDICAN CON EL APERCIBIMIENTO QUE DE NO HACERLO SE TENDRA POR NO PRESENTADA LA DEMANDA, SE TIENE COMO DOMICILIO Y AUTORIZADOS LOS QUE SE INDICAN.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez · 9,303 expedientes
- Gabriel Candelaria Camacho1456/2019
- Gabriel de Jesús Gutiérrez Estrada1586/2019
- Gabriel de Tila Guzman Ramirez176/2022
- Gabriel Domínguez López927/2023
- Gabriel Espinosa Samayoa729/2022
- Gabriel Fonseca Ceballos794/2017
- Gabriel Gutierrez Nataren16/2021
- Gabriel Gutierrez Nataren608/2023
- Gabriel Gutierrez Nataren785/2023
- Gabriel Jimenez Ancheita911/2021
- Gabriel López Román335/2018
- Gabriel Martin Bracamontes Zebadua737/2020