Gabriel Giovani Castañeda Godoy
Expediente 243/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 13 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 243/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 23/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Gabriel Giovani Castañeda Godoy
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintitrés de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Lo anterior comuníquese a las partes para los efectos legales conducentes. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 el Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se determinó negar el amparo y protección de la Justicia Federal, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo y la sentencia definitiva, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Del incidente de suspensión: Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurra seis meses a esta fecha, previo cumplimiento del requisito antes citados y con fundamento en el artículo 20, fracción II inciso a) del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado y guardar únicamente el original. Asimismo, con apoyo en el artículo 18 fracción I inciso a) del multicitado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser depurado, toda vez que, tanto la suspensión provisional como definitiva, se determinó concederlas. Devolución documentos originales: Infórmese a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y hora hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se les haga entrega de los documentos originales que en su momento hayan exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia de no hacerlo en dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Devolución de anexos: Por tratarse de un asunto totalmente concluido, se ordena devolver a la autoridad señalada como responsable Magistrado Presidente Suplente de la Primera Sala del Primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, tres anexos y un sobre con dos DVD que acompañaron al informe justificado, sin que sea necesario el acuse de recibo respectivo, en el entendido que el sello de recepción de lo antes citado hará las veces de acuse. Finalmente, agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Magistrado Superior de Justicia del Estado de Morelos, mediante el cual solicita se le haga del conocimiento el estado procesal que guarda el juicio citado al rubro; al respecto, se hace de su conocimiento que en la fecha en que se actúa se ordena enviar al archivo el presente juicio de amparo, tal y como se advierte en los párrafos que anteceden. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza y da fe. Doy fe
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. De conformidad con los ordinales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, téngase por recibida la razón de imposibilidad signada por la Actuaria adscrita de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, mediante la cual hace constar la imposibilidad que tiene de notificar a la tercero interesada menor de iniciales A. Y. R. N. y Asesor Jurídico Oficial licenciada Georgina Elvira Gómez Yáñez, la resolución de diecinueve del mismo mes y año, por el motivo que ahí expone. En consecuencia, con fundamento en el numeral 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena hacer del conocimiento de dicha parte, la resolución de referencia y subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista; sin perjuicio de que con posterioridad señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con el Secretario Julián Pantaleón Suarez, que autoriza y da fe. Doy fe. EN ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN LÍNEAS QUE ANTECEDEN, SE PROCEDE A NOTIFICAR A LA TERCERO INTERESADA MENOR DE INICIALES A.Y.R.N. Y ASESOR JURÍDICO OFICIAL LICENCIADA GEORGINA ELVIRA GÓMEZ YÁÑEZ POR MEDIO DE LISTA LA RESOLUICÓN DE FECHA DIECINUEVE DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO, MISMA QUE EN LO DCONDUCENTE DICE: R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, ante el buzón judicial de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Gabriel Giovani Castañeda Godoy, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos siguientes. Autoridad responsable. Magistrados de la Primera Sala del Primer Circuito, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. Acto reclamado: ".La resolución de los Magistrados., dictada en fecha 01 de marzo del 2021, con motivo del recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución pronunciada en audiencia de 23 de octubre del 2020, confirmación de la no modificación de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, emitida por el juez de control juicio oral y ejecución de sanciones". SEGUNDO. El veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 243/2021, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo, emplazo a la tercero interesada y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables: La sentencia de uno de marzo de dos mil veintiuno, dictada por la Primera Sala del Primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en el toca de apelación 294/2020-11-OP, que confirmó el auto de no modificación de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa dictada por el juez de control natural, en la causa penal JC/1306/2019. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto que se atribuye a la autoridad responsable, pues así lo manifestaron los magistrados integrantes de la Primera Sala al rendir su informe justificado, lo que se corrobora con las constancias que remitió como soporte de su informe justificado, consistente en copia certificada del toca penal 294/2020-11-OP, y discos compactos DVD, que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Con fundamento en los artículos 217 y transitorio sexto de la Ley de Amparo, resulta aplicable la jurisprudencia consultable en la página 231 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 917812, del contenido siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Así como la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Tomo VI, parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, Quinta Época, materia común, con número de registro 394182, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Máxime que la información contenida en los discos compactos de referencia, constituye, dada su naturaleza, documentación pública lato sensu, que no requiere desahogo de audiencia especial para ser tomada en consideración al emitir el fallo constitucional. Es aplicable, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 703, del Libro XXIII, del Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de agosto de 2013, Décima Época, materia común, con número de registro 2004362, que establece: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. Causales de Improcedencia. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, debe precisarse que las partes fueron omisas en invocar alguna causa de improcedencia, y el suscrito advierte que no se surten tales supuestos; situación que se hace constar por ser de análisis oficioso, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. QUINTO. Estudio de fondo del asunto. El impetrante del amparo expresó los conceptos de violación que aparecen insertos en el escrito de demanda, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado, en aras del principio de economía procesal y en relación con lo dispuesto por la Tesis de Jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Son infundados los conceptos de violación expuestos por el quejoso, sin que se advierta queja deficiente que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Al respecto, el quejoso aduce en sus conceptos de violación los que se encuentran íntimamente relacionados que es contrario a sus derechos fundamentales que la sala responsable confirme la resolución donde el A quo impusiera prisión preventiva oficiosa conforme el artículo 19, segundo párrafo, Constitucional, reformado el doce de abril de dos mil diecinueve, sin considerar la vacatio legis, prevista en el artículo segundo transitorio del Decreto por el que se declara reformado el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de prisión preventiva oficiosa, el cual prevé noventa días para que se realicen las adecuaciones normativas para incluir en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, siguientes a la publicación en el Diario Oficial de la Federación del citado decreto, con lo que transgrede en su perjuicio el principio de exacta aplicación de la Ley y el principio indubio pro reo en tanto que a la data en que se emitió el acto reclamado no era procedente que se le impusiera la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, así como que la responsable dejo de observar la jurisprudencia que cita. Para mejor comprensión se citan algunos antecedentes del acto reclamado. En diligencia de diez de octubre de dos mil diecinueve, el juez A quo, desahogó la audiencia inicial, donde al final a petición del Agente del Ministerio público impuso como medida preventiva la de prisión preventiva oficiosa de conformidad con el artículo 19 Constitucional reformado el doce de abril de dos mil diecinueve. En diligencia de veintitrés de octubre de dos mil veinte, relativa a la revisión de medica cautelar, solicitada por la defensa del quejoso, el juez de control confirmó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Por escrito de veintiocho de octubre de dos mil veinte, la defensora particular del quejoso interpuso recurso de apelación contra la determinación de revisión de medica cautelar. La Primera Sala del Primer Circuito responsable, el uno de marzo de dos mil veintiuno, resolvió el toca penal 294/2020-11-OP, determinando confirmar la resolución de revisión de medidas cautelares de veintitrés de octubre de dos mil veinte. Que resulta ser el acto reclamado que en lo que interesa es del tenor siguiente: ". agravio que resulta INFUNDADO, ya que, en la jurisprudencia bajo el rubro: "PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA EN DELITOS DE MATERIA DE HIDROCARBUROS PETROLÍFEROS Y PETROQUÍMICOS, ASÍ COMO EM MATERIA DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS DE USO EXCLUSIVO DE LAS FUERZAR ARMADAS. SU APLICACIÓN ESTÁ CONDICIONADA A QUE SE CUMPLA LO ORDENADO EN EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE DECLARA REFORMADO EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 12 DE ABRIL DE 2019.", en la que el apelante funda su petición, tal y como lo sostuvo el juez de control, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció, que se debía definir si el texto del párrafo segundo del artículo 19 constitucional reformado, puede ser aplicado por el solo hecho de haber iniciado su vigencia; o bien, si su aplicabilidad está condicionada a que el Congreso de la Unión, acate el mandato que le hizo el constituyente en el artículo segundo transitorio de la reforma, a fin de que en el lapso de noventa días se adecue el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales e incorpore en su texto las nuevas hipótesis delictivas a que se refiere la disposición constitucional reformada. Y para tal efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó en consideración, que la Primera Sala, al resolver el amparo en revisión 1312/2003, (16) estableció que el inicio de vigencia de las reformas a la Constitución Federal sólo podía obedecer a las reglas que al efecto determinara el propio constituyente permanente. Y en efecto, en dicho precedente se dijo, que para que una reforma constitucional tuviera ese carácter, bastaba con que se incorporara al texto mismo de la Constitución, con base en el procedimiento establecido en su artículo 135; no obstante, con miras a que ello se autentificara con relación a sus destinatarios -gobernados y órganos del Estado-, se requería su publicación cierta en un medio fehaciente. Lo que se lograba con la inserción del decreto respectivo en el Diario Oficial de la Federación, de manera que una vez satisfecho el procedimiento establecido en el artículo 135 constitucional, el decreto respectivo se remitía al Ejecutivo para los efectos de su publicación inmediata. (.) Precisando, "y en el caso, tratándose específicamente de los delitos en las materias analizadas", siendo estas, los delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, así como de los delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y Fuerza Aérea, dice que la expresión que refiere el precepto legal: "los delitos en materia de", resulta genérica, por lo que de considerar que la prisión preventiva oficiosa resulta aplicable por el solo hecho de que se encuentra vigente a partir del día siguiente a su publicación, llevaría a concluir que es procedente por todos los delitos que establecen la leyes federales antes mencionadas, sin que se realice una delimitación al respecto; lo que implicaría como se destacó, una contravención a la regla de excepcionalidad que rige respecto de la prisión preventiva oficiosa. Atento a todo lo anterior, se concluye que la reforma al párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Federal, si bien se encuentra vigente porque así lo determinó el constituyente en el artículo transitorio primero de la correspondiente reforma; ello se debe entender en el sentido de que a partir de ese momento, los ilícitos determinados por el legislador respecto de los que procede imponer a prisión preventiva oficiosa, se encuentra incorporados al texto constitucional. Sin embargo, de manera específica, "tratándose de los delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, y de los delitos en materia de armas de fuego., la reforma constitucional será aplicable hasta que se haya dado cumplimiento a la condicionante a que se contrae el artículo segundo transitorio de la propia reforma; esto es, que se realice la modificación al artículo 167 del Código Nacional., a fin de que se precise cuáles delitos de todos aquellos previstos en las leyes federales respectivas, son las que merecen la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, a fin de no vulnerar la regla de excepcionalidad, que radica en que la restricción a la libertad de una persona se podrá ordenar, siempre que se resulte necesaria y ante un supuesto legal perfectamente delimitado. (.)." No le asiste la razón al impetrante de amparo. Para estimarlo, así hay que destacar que la Sala responsable, al analizar la solicitud de revisión de medida cautelar de quince de octubre de dos mil diecinueve, -prisión preventiva oficiosa- que se impuso al quejoso, solicitada por el agente del Ministerio Público, como consecuencia de la petición de vinculación a proceso de Gabriel Giovani Castañeda Godoy por el delito de abuso sexual agravado previsto y sancionado en el artículo 162 del Código Penal del Estado de Morelos, vigente, refirió en esencia, que el acto reclamado está fundado y motivado, conforme el Decreto por el que se declara reformado el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de prisión preventiva oficiosa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de abril de dos mil diecinueve, es decir, que de conformidad con el artículo primero transitorio la reforma entró en vigor al día siguiente de su publicación, y concluyó que la reforma al párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Federal, si bien se encuentra vigente porque así lo determinó el constituyente en el artículo transitorio primero de la correspondiente reforma; ello se debe entender en el sentido de que a partir de ese momento, los ilícitos determinados por el legislador respecto de los que procede imponer a prisión preventiva oficiosa, se encuentra incorporados al texto constitucional. Sin embargo, de manera especifica, "tratándose de los delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, y de los delitos en materia de armas de fuego., la reforma constitucional será aplicable hasta que se haya dado cumplimiento a la condicionante a que se contrae el artículo segundo transitorio de la propia reforma; esto es, que se realice la modificación al artículo 167 del Código Nacional., a fin de que se precise cuáles delitos de todos aquellos previstos en las leyes federales respectivas, son las que merecen la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, a fin de no vulnerar la regla de excepcionalidad, que radica en que la restricción a la libertad de una persona se podrá ordenar, siempre que se resulte necesaria y ante un supuesto legal perfectamente delimitado y procedió a analizar la ejecutoria del jurisprudencia de rubro "PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA EN DELITOS DE MATERIA DE HIDROCARBUROS PETROLÍFEROS Y PETROQUÍMICOS, ASÍ COMO EM MATERIA DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS DE USO EXCLUSIVO DE LAS FUERZAR ARMADAS. SU APLICACIÓN ESTÁ CONDICIONADA A QUE SE CUMPLA LO ORDENADO EN EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE DECLARA REFORMADO EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 12 DE ABRIL DE 2019.", señalando que, en dicha ejecutoria, se estableció que para que entrara en vigor la reforma de doce de abril de dos mil diecinueve, al artículo 19 Constitucional de acuerdo al artículo segundo transitorio, acotó que era exclusivamente a los delitos en materias de hidrocarburos, petroquímicos y materia de armas de fuego de uso exclusivo del ejército y armada y fuerza aérea, por lo que la observancia de dicho transitorio era exclusivamente en cuanto a los delitos en materias señalados. Asimismo, en cuanto al delito de abuso sexual, refirió que este no entra dentro de lo solicitado por la defensa -artículo segundo transitorio vacatio legis- ya que de la jurisprudencia de registro 2022058, que analiza, donde señala que han variados las circunstancias por las que se impuso la medida cautelar de prisión preventiva, como constancia de domicilio, constancia laboral, análisis de riesgos procesales, las que considera insuficientes para variar la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que ante tales circunstancias, y que la jurisprudencia que cita no es aplicable al caso, determinaron confirmar la determinación del A quo, respecto a la medida cautelar de prisión preventiva decretada contra el quejoso. Decisión que esta autoridad considera atinada, pues el Decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el doce de abril de dos mil diecinueve, que reformó de nueva cuenta el párrafo segundo, del artículo 19 de la Carta Magna, a fin de incorporar diversos delitos al catálogo de aquéllos por los que procede la prisión preventiva oficiosa, los cuales consistieron en: 1. Abuso o violencia sexual contra menores. 2. Feminicidio. 3. Robo de casa habitación. 4. Uso de programas sociales con fines electorales. 5. Corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones. 6. Robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, 7. Delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, 8. Delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, 9. Delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. El artículo transitorio primero de ese Decreto, estableció que la vigencia de la disposición constitucional reformada iniciaría a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, es decir, el trece de abril siguiente. En el artículo transitorio segundo del referido Decreto, el Poder Reformador estatuyó como mandato, que para los efectos de lo establecido en el párrafo segundo, del artículo 19 constitucional; es decir, para la procedencia de la medida cautelar de la prisión preventiva oficiosa, el Congreso de la Unión, en un plazo de noventa días siguientes a la publicación del Decreto de reforma, en el Diario Oficial de la Federación, debía hacer las adecuaciones normativas necesarias para incluir en el texto del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las nuevas hipótesis delictivas a que se refiere la disposición constitucional reformada. Así, como se ha dicho resulta acertada la determinación de la Sala responsable, pues, la reforma al artículo 19 Constitucional, de doce de abril de dos mil diecinueve, en su artículo primero transitorio, que el nuevo Texto Constitucional entraría en vigor "... al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial ..."; entonces, a partir del trece de abril de dos mil diecinueve, el mismo era obligatorio para todos los órganos jurisdiccionales en los que se resolviera lo relativo a la medida cautelar derivada de la comisión de los correspondientes ilícitos -abuso sexual-. Que si bien el Constituyente Reformador del Pacto Federal, precisó en el segundo transitorio del decreto, que otorgaba un lapso de noventa días posteriores a su publicación, para que el Congreso de la Unión realizara las adecuaciones al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dicha condición se entiende dirigida a aquellos que la reforma constitucional señala como "delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea,", así resulta que para estos delitos las respectivas leyes especiales prevén una diversidad de tipos penales, de ahí que, para su entrada en vigor requiera que en noventa días el Congreso de la Unión, realice las adecuaciones normativas necesarias para incluir en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y demás ordenamientos correspondientes las hipótesis delictivas a que se refiere el artículo 19 constitucional, es decir ante la materia de delitos con diversidad de tipos penales, requirió de adecuación e interpretación por el constituyente para incluirlos en el artículo procesal señalado. Lo que no acontece con el delito de abuso o violencia sexual, pues al ser un delito en particular y un solo tipo penal, no requiere de interpretación o adecuaciones normativas para ser incluido en el numeral 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, como delito que amerita prisión preventiva oficiosa, de acuerdo al segundo transitorio, por tanto, si el propio constituyente reformador decretó en el artículo primero transitorio que la reforma constitucional al artículo 19, entraba en vigor al día siguiente de su publicación el doce de abril de dos mil diecinueve, dicha reforma por cuanto, al delito en estudio era aplicable a partir del trece de abril de dos mil diecinueve, de ahí que los motivos de disenso resultan infundados, y la medida cautelar aplicada de prisión preventiva oficiosa resulta legal. Sin que esta autoridad deje de observar la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 33/2020 (10a.) visible en la página 2709, del libro 77, agosto de 2020, tomo III, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2022058, que prevé: "PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA EN DELITOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS, PETROLÍFEROS Y PETROQUÍMICOS, ASÍ COMO EN MATERIA DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS DE USO EXCLUSIVO DE LAS FUERZAS ARMADAS. SU APLICACIÓN ESTÁ CONDICIONADA A QUE SE CUMPLA LO ORDENADO EN EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE DECLARA REFORMADO EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 12 DE ABRIL DE 2019. Hechos: Los Tribunales Colegiados contendientes sostuvieron criterios distintos, consistentes en determinar si la reforma al segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Federal, que incorporó los señalados ilícitos al catálogo respecto de los que procede imponer la medida cautelar, era exigible a partir de que inició su vigencia, al día siguiente de su publicación en el medio oficial, o si estaba condicionada a que el Congreso de la Unión adecuara el texto del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que regula su procedencia, como lo ordenó el artículo segundo transitorio del decreto. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que en atención a que la regla sobre reformas y adiciones a la Constitución Federal, es que comiencen a regir el día de su publicación y, por excepción, en fecha posterior cuando el Constituyente así lo determine en disposiciones transitorias, se concluye que el artículo segundo transitorio del decreto en cita se traduce en un mandato constitucional para que la legislación procesal secundaria precise cuáles de todos los delitos en esas materias ameritarán la imposición de la prisión preventiva oficiosa. Justificación: Dado que las respectivas leyes especiales prevén una diversidad de tipos penales, además, porque cumplir la condición que impone la disposición transitoria implica no vulnerar la regla de excepcionalidad respecto del principio de presunción de inocencia que rige el señalado instituto cautelar." Ya que como se ha analizado de su ejecutoria se desprende que el estudio que realizo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue exclusivamente respecto los delitos analizados por los Tribunales Colegiados que dan lugar a la contracción de tesis, es decir los delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos y en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, por lo que no analizó el tema planteado en esta instancia constitucional, de ahí su inaplicabilidad. En ese tenor, al resultar infundados los conceptos de violación, sin que esta autoridad advierte suplencia que analizar, lo procedente es negar la protección constitucional solicitad por el quejoso. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La justicia de la unión no ampara ni protege a Gabriel Giovani Castañeda Godoy, contra el acto reclamado de la responsable precisada, por los motivos expuestos en la parte considerativa de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
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R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, ante el buzón judicial de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Gabriel Giovani Castañeda Godoy, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos siguientes. Autoridad responsable. Magistrados de la Primera Sala del Primer Circuito, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. Acto reclamado: ".La resolución de los Magistrados., dictada en fecha 01 de marzo del 2021, con motivo del recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución pronunciada en audiencia de 23 de octubre del 2020, confirmación de la no modificación de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, emitida por el juez de control juicio oral y ejecución de sanciones". SEGUNDO. El veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 243/2021, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo, emplazo a la tercero interesada y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables: La sentencia de uno de marzo de dos mil veintiuno, dictada por la Primera Sala del Primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en el toca de apelación 294/2020-11-OP, que confirmó el auto de no modificación de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa dictada por el juez de control natural, en la causa penal JC/1306/2019. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto que se atribuye a la autoridad responsable, pues así lo manifestaron los magistrados integrantes de la Primera Sala al rendir su informe justificado, lo que se corrobora con las constancias que remitió como soporte de su informe justificado, consistente en copia certificada del toca penal 294/2020-11-OP, y discos compactos DVD, que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Con fundamento en los artículos 217 y transitorio sexto de la Ley de Amparo, resulta aplicable la jurisprudencia consultable en la página 231 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 917812, del contenido siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Así como la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Tomo VI, parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, Quinta Época, materia común, con número de registro 394182, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Máxime que la información contenida en los discos compactos de referencia, constituye, dada su naturaleza, documentación pública lato sensu, que no requiere desahogo de audiencia especial para ser tomada en consideración al emitir el fallo constitucional. Es aplicable, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 703, del Libro XXIII, del Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de agosto de 2013, Décima Época, materia común, con número de registro 2004362, que establece: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. Causales de Improcedencia. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, debe precisarse que las partes fueron omisas en invocar alguna causa de improcedencia, y el suscrito advierte que no se surten tales supuestos; situación que se hace constar por ser de análisis oficioso, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. QUINTO. Estudio de fondo del asunto. El impetrante del amparo expresó los conceptos de violación que aparecen insertos en el escrito de demanda, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado, en aras del principio de economía procesal y en relación con lo dispuesto por la Tesis de Jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Son infundados los conceptos de violación expuestos por el quejoso, sin que se advierta queja deficiente que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Al respecto, el quejoso aduce en sus conceptos de violación los que se encuentran íntimamente relacionados que es contrario a sus derechos fundamentales que la sala responsable confirme la resolución donde el A quo impusiera prisión preventiva oficiosa conforme el artículo 19, segundo párrafo, Constitucional, reformado el doce de abril de dos mil diecinueve, sin considerar la vacatio legis, prevista en el artículo segundo transitorio del Decreto por el que se declara reformado el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de prisión preventiva oficiosa, el cual prevé noventa días para que se realicen las adecuaciones normativas para incluir en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, siguientes a la publicación en el Diario Oficial de la Federación del citado decreto, con lo que transgrede en su perjuicio el principio de exacta aplicación de la Ley y el principio indubio pro reo en tanto que a la data en que se emitió el acto reclamado no era procedente que se le impusiera la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, así como que la responsable dejo de observar la jurisprudencia que cita. Para mejor comprensión se citan algunos antecedentes del acto reclamado. En diligencia de diez de octubre de dos mil diecinueve, el juez A quo, desahogó la audiencia inicial, donde al final a petición del Agente del Ministerio público impuso como medida preventiva la de prisión preventiva oficiosa de conformidad con el artículo 19 Constitucional reformado el doce de abril de dos mil diecinueve. En diligencia de veintitrés de octubre de dos mil veinte, relativa a la revisión de medica cautelar, solicitada por la defensa del quejoso, el juez de control confirmó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Por escrito de veintiocho de octubre de dos mil veinte, la defensora particular del quejoso interpuso recurso de apelación contra la determinación de revisión de medica cautelar. La Primera Sala del Primer Circuito responsable, el uno de marzo de dos mil veintiuno, resolvió el toca penal 294/2020-11-OP, determinando confirmar la resolución de revisión de medidas cautelares de veintitrés de octubre de dos mil veinte. Que resulta ser el acto reclamado que en lo que interesa es del tenor siguiente: ". agravio que resulta INFUNDADO, ya que, en la jurisprudencia bajo el rubro: "PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA EN DELITOS DE MATERIA DE HIDROCARBUROS PETROLÍFEROS Y PETROQUÍMICOS, ASÍ COMO EM MATERIA DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS DE USO EXCLUSIVO DE LAS FUERZAR ARMADAS. SU APLICACIÓN ESTÁ CONDICIONADA A QUE SE CUMPLA LO ORDENADO EN EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE DECLARA REFORMADO EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 12 DE ABRIL DE 2019.", en la que el apelante funda su petición, tal y como lo sostuvo el juez de control, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció, que se debía definir si el texto del párrafo segundo del artículo 19 constitucional reformado, puede ser aplicado por el solo hecho de haber iniciado su vigencia; o bien, si su aplicabilidad está condicionada a que el Congreso de la Unión, acate el mandato que le hizo el constituyente en el artículo segundo transitorio de la reforma, a fin de que en el lapso de noventa días se adecue el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales e incorpore en su texto las nuevas hipótesis delictivas a que se refiere la disposición constitucional reformada. Y para tal efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó en consideración, que la Primera Sala, al resolver el amparo en revisión 1312/2003, (16) estableció que el inicio de vigencia de las reformas a la Constitución Federal sólo podía obedecer a las reglas que al efecto determinara el propio constituyente permanente. Y en efecto, en dicho precedente se dijo, que para que una reforma constitucional tuviera ese carácter, bastaba con que se incorporara al texto mismo de la Constitución, con base en el procedimiento establecido en su artículo 135; no obstante, con miras a que ello se autentificara con relación a sus destinatarios -gobernados y órganos del Estado-, se requería su publicación cierta en un medio fehaciente. Lo que se lograba con la inserción del decreto respectivo en el Diario Oficial de la Federación, de manera que una vez satisfecho el procedimiento establecido en el artículo 135 constitucional, el decreto respectivo se remitía al Ejecutivo para los efectos de su publicación inmediata. (.) Precisando, "y en el caso, tratándose específicamente de los delitos en las materias analizadas", siendo estas, los delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, así como de los delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y Fuerza Aérea, dice que la expresión que refiere el precepto legal: "los delitos en materia de", resulta genérica, por lo que de considerar que la prisión preventiva oficiosa resulta aplicable por el solo hecho de que se encuentra vigente a partir del día siguiente a su publicación, llevaría a concluir que es procedente por todos los delitos que establecen la leyes federales antes mencionadas, sin que se realice una delimitación al respecto; lo que implicaría como se destacó, una contravención a la regla de excepcionalidad que rige respecto de la prisión preventiva oficiosa. Atento a todo lo anterior, se concluye que la reforma al párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Federal, si bien se encuentra vigente porque así lo determinó el constituyente en el artículo transitorio primero de la correspondiente reforma; ello se debe entender en el sentido de que a partir de ese momento, los ilícitos determinados por el legislador respecto de los que procede imponer a prisión preventiva oficiosa, se encuentra incorporados al texto constitucional. Sin embargo, de manera específica, "tratándose de los delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, y de los delitos en materia de armas de fuego., la reforma constitucional será aplicable hasta que se haya dado cumplimiento a la condicionante a que se contrae el artículo segundo transitorio de la propia reforma; esto es, que se realice la modificación al artículo 167 del Código Nacional., a fin de que se precise cuáles delitos de todos aquellos previstos en las leyes federales respectivas, son las que merecen la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, a fin de no vulnerar la regla de excepcionalidad, que radica en que la restricción a la libertad de una persona se podrá ordenar, siempre que se resulte necesaria y ante un supuesto legal perfectamente delimitado. (.)." No le asiste la razón al impetrante de amparo. Para estimarlo, así hay que destacar que la Sala responsable, al analizar la solicitud de revisión de medida cautelar de quince de octubre de dos mil diecinueve, -prisión preventiva oficiosa- que se impuso al quejoso, solicitada por el agente del Ministerio Público, como consecuencia de la petición de vinculación a proceso de Gabriel Giovani Castañeda Godoy por el delito de abuso sexual agravado previsto y sancionado en el artículo 162 del Código Penal del Estado de Morelos, vigente, refirió en esencia, que el acto reclamado está fundado y motivado, conforme el Decreto por el que se declara reformado el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de prisión preventiva oficiosa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de abril de dos mil diecinueve, es decir, que de conformidad con el artículo primero transitorio la reforma entró en vigor al día siguiente de su publicación, y concluyó que la reforma al párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Federal, si bien se encuentra vigente porque así lo determinó el constituyente en el artículo transitorio primero de la correspondiente reforma; ello se debe entender en el sentido de que a partir de ese momento, los ilícitos determinados por el legislador respecto de los que procede imponer a prisión preventiva oficiosa, se encuentra incorporados al texto constitucional. Sin embargo, de manera especifica, "tratándose de los delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, y de los delitos en materia de armas de fuego., la reforma constitucional será aplicable hasta que se haya dado cumplimiento a la condicionante a que se contrae el artículo segundo transitorio de la propia reforma; esto es, que se realice la modificación al artículo 167 del Código Nacional., a fin de que se precise cuáles delitos de todos aquellos previstos en las leyes federales respectivas, son las que merecen la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, a fin de no vulnerar la regla de excepcionalidad, que radica en que la restricción a la libertad de una persona se podrá ordenar, siempre que se resulte necesaria y ante un supuesto legal perfectamente delimitado y procedió a analizar la ejecutoria del jurisprudencia de rubro "PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA EN DELITOS DE MATERIA DE HIDROCARBUROS PETROLÍFEROS Y PETROQUÍMICOS, ASÍ COMO EM MATERIA DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS DE USO EXCLUSIVO DE LAS FUERZAR ARMADAS. SU APLICACIÓN ESTÁ CONDICIONADA A QUE SE CUMPLA LO ORDENADO EN EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE DECLARA REFORMADO EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 12 DE ABRIL DE 2019.", señalando que, en dicha ejecutoria, se estableció que para que entrara en vigor la reforma de doce de abril de dos mil diecinueve, al artículo 19 Constitucional de acuerdo al artículo segundo transitorio, acotó que era exclusivamente a los delitos en materias de hidrocarburos, petroquímicos y materia de armas de fuego de uso exclusivo del ejército y armada y fuerza aérea, por lo que la observancia de dicho transitorio era exclusivamente en cuanto a los delitos en materias señalados. Asimismo, en cuanto al delito de abuso sexual, refirió que este no entra dentro de lo solicitado por la defensa -artículo segundo transitorio vacatio legis- ya que de la jurisprudencia de registro 2022058, que analiza, donde señala que han variados las circunstancias por las que se impuso la medida cautelar de prisión preventiva, como constancia de domicilio, constancia laboral, análisis de riesgos procesales, las que considera insuficientes para variar la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que ante tales circunstancias, y que la jurisprudencia que cita no es aplicable al caso, determinaron confirmar la determinación del A quo, respecto a la medida cautelar de prisión preventiva decretada contra el quejoso. Decisión que esta autoridad considera atinada, pues el Decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el doce de abril de dos mil diecinueve, que reformó de nueva cuenta el párrafo segundo, del artículo 19 de la Carta Magna, a fin de incorporar diversos delitos al catálogo de aquéllos por los que procede la prisión preventiva oficiosa, los cuales consistieron en: 1. Abuso o violencia sexual contra menores. 2. Feminicidio. 3. Robo de casa habitación. 4. Uso de programas sociales con fines electorales. 5. Corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones. 6. Robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, 7. Delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, 8. Delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, 9. Delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. El artículo transitorio primero de ese Decreto, estableció que la vigencia de la disposición constitucional reformada iniciaría a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, es decir, el trece de abril siguiente. En el artículo transitorio segundo del referido Decreto, el Poder Reformador estatuyó como mandato, que para los efectos de lo establecido en el párrafo segundo, del artículo 19 constitucional; es decir, para la procedencia de la medida cautelar de la prisión preventiva oficiosa, el Congreso de la Unión, en un plazo de noventa días siguientes a la publicación del Decreto de reforma, en el Diario Oficial de la Federación, debía hacer las adecuaciones normativas necesarias para incluir en el texto del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las nuevas hipótesis delictivas a que se refiere la disposición constitucional reformada. Así, como se ha dicho resulta acertada la determinación de la Sala responsable, pues, la reforma al artículo 19 Constitucional, de doce de abril de dos mil diecinueve, en su artículo primero transitorio, que el nuevo Texto Constitucional entraría en vigor "... al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial ..."; entonces, a partir del trece de abril de dos mil diecinueve, el mismo era obligatorio para todos los órganos jurisdiccionales en los que se resolviera lo relativo a la medida cautelar derivada de la comisión de los correspondientes ilícitos -abuso sexual-. Que si bien el Constituyente Reformador del Pacto Federal, precisó en el segundo transitorio del decreto, que otorgaba un lapso de noventa días posteriores a su publicación, para que el Congreso de la Unión realizara las adecuaciones al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dicha condición se entiende dirigida a aquellos que la reforma constitucional señala como "delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea,", así resulta que para estos delitos las respectivas leyes especiales prevén una diversidad de tipos penales, de ahí que, para su entrada en vigor requiera que en noventa días el Congreso de la Unión, realice las adecuaciones normativas necesarias para incluir en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y demás ordenamientos correspondientes las hipótesis delictivas a que se refiere el artículo 19 constitucional, es decir ante la materia de delitos con diversidad de tipos penales, requirió de adecuación e interpretación por el constituyente para incluirlos en el artículo procesal señalado. Lo que no acontece con el delito de abuso o violencia sexual, pues al ser un delito en particular y un solo tipo penal, no requiere de interpretación o adecuaciones normativas para ser incluido en el numeral 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, como delito que amerita prisión preventiva oficiosa, de acuerdo al segundo transitorio, por tanto, si el propio constituyente reformador decretó en el artículo primero transitorio que la reforma constitucional al artículo 19, entraba en vigor al día siguiente de su publicación el doce de abril de dos mil diecinueve, dicha reforma por cuanto, al delito en estudio era aplicable a partir del trece de abril de dos mil diecinueve, de ahí que los motivos de disenso resultan infundados, y la medida cautelar aplicada de prisión preventiva oficiosa resulta legal. Sin que esta autoridad deje de observar la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 33/2020 (10a.) visible en la página 2709, del libro 77, agosto de 2020, tomo III, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2022058, que prevé: "PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA EN DELITOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS, PETROLÍFEROS Y PETROQUÍMICOS, ASÍ COMO EN MATERIA DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS DE USO EXCLUSIVO DE LAS FUERZAS ARMADAS. SU APLICACIÓN ESTÁ CONDICIONADA A QUE SE CUMPLA LO ORDENADO EN EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE DECLARA REFORMADO EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 12 DE ABRIL DE 2019. Hechos: Los Tribunales Colegiados contendientes sostuvieron criterios distintos, consistentes en determinar si la reforma al segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Federal, que incorporó los señalados ilícitos al catálogo respecto de los que procede imponer la medida cautelar, era exigible a partir de que inició su vigencia, al día siguiente de su publicación en el medio oficial, o si estaba condicionada a que el Congreso de la Unión adecuara el texto del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que regula su procedencia, como lo ordenó el artículo segundo transitorio del decreto. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que en atención a que la regla sobre reformas y adiciones a la Constitución Federal, es que comiencen a regir el día de su publicación y, por excepción, en fecha posterior cuando el Constituyente así lo determine en disposiciones transitorias, se concluye que el artículo segundo transitorio del decreto en cita se traduce en un mandato constitucional para que la legislación procesal secundaria precise cuáles de todos los delitos en esas materias ameritarán la imposición de la prisión preventiva oficiosa. Justificación: Dado que las respectivas leyes especiales prevén una diversidad de tipos penales, además, porque cumplir la condición que impone la disposición transitoria implica no vulnerar la regla de excepcionalidad respecto del principio de presunción de inocencia que rige el señalado instituto cautelar." Ya que como se ha analizado de su ejecutoria se desprende que el estudio que realizo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue exclusivamente respecto los delitos analizados por los Tribunales Colegiados que dan lugar a la contracción de tesis, es decir los delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos y en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, por lo que no analizó el tema planteado en esta instancia constitucional, de ahí su inaplicabilidad. En ese tenor, al resultar infundados los conceptos de violación, sin que esta autoridad advierte suplencia que analizar, lo procedente es negar la protección constitucional solicitad por el quejoso. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La justicia de la unión no ampara ni protege a Gabriel Giovani Castañeda Godoy, contra el acto reclamado de la responsable precisada, por los motivos expuestos en la parte considerativa de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintinueve de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio 01162/17 signado por la Secretaria de Amparos Mixta de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, mediante el cual remite cédula de emplazamiento del tercero interesado Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Delitos Sexuales de la Fiscalía General del Estado de Morelos. En tales condiciones se le tiene por legalmente emplazada a dicha parte procesal para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza y da fe. Doy fe.
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