Gabriel García Valadez
Expediente 290/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 290/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Gabriel García Valadez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de los autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de cinco días a que se refieren los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por Gabriel García Valadez, que dio origen al presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento del juicio en que se actúa, en términos del numeral 2 de la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo, con el supuesto que prevé el punto vigésimo primero, fracción I del citado acuerdo, el expediente principal transcurridos cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será DESTRUIDO, toda vez que se desechó la demanda que dio origen al presente juicio de amparo. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del señalado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, histórica, ni jurídica, aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintiocho de febrero de dos mil diecinueve. Visto el escrito de demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este órgano jurisdiccional con el número******************** y fórmese expediente físico y electrónico. DESECHAMIENTO De conformidad con el artículo 112, en relación con el 113, ambos de la Ley de Amparo, este juzgado procede a examinar la demanda de amparo a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los citados artículos 112 y 113 de la Ley de la Materia vigente, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El acto reclamado se hace consistir en: "La omisión de acordar mi promoción de fecha 24 de enero del 2019, dentro del juicio laboral número ********************. ya que la responsable omite acordar inmediatamente mi promoción antes citada, en flagrante violación del artículo 735 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria a la ley de la materia, paralizando completamente el procedimiento dentro del juicio natural." El artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Del enlace de los dispositivos transcritos se desprende la inejercitabilidad del juicio de amparo indirecto contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados dentro de juicio que no tengan consecuencias de imposible reparación; asimismo, se corrobora que tienen dicha característica aquéllos que perjudiquen derechos sustantivos protegidos por la Carta Magna y los tratados internacionales de los que sea parte el Estado Mexicano. El Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación confirmó que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan: I) producir una afectación material a derechos en forma actual; y, II) que los derechos perturbados revistan la naturaleza de sustantivos, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes formales o adjetivas. Por actos en el juicio que sean de imposible reparación, debemos entender aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del juicio del que derivan tales actos, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes del quejoso; la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera; esto, en razón de los daños y perjuicios que puedan revestir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento del que se trate, puesto que la privación de sus derechos ya no se puede reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. Es aplicable al caso, la jurisprudencia I.1o.A.E. J/5 (10a.) del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con Residencia en el Distrito Federal y Jurisdicción en toda la República, visible en la Décima Época, registro: 2011338, Libro 29, abril de 2016, Tomo III, materia común, página: 1902 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto (énfasis añadido): "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución." Sentado lo anterior, se estima que la omisión que se reclama no afecta de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo. Lo anterior es así, dado que como se indicó con antelación, la parte quejosa reclama una afectación cometida dentro de un procedimiento, y aun cuando alega violación al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente la omisión de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, de acordar su promoción presentada el veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, dentro del juicio laboral ********************, mediante la cual solicitó que la prueba testimonial sea desahogada en las instalaciones de la Junta responsable, no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino en todo caso, como una violación de carácter adjetivo, ya que no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra la particular, sino que se da justamente dentro del mismo. Esto significa que el acto reclamado no produce una afectación material a derechos sustantivos de la parte quejosa, es decir, la falta del acuerdo correspondiente a la promoción citada no tiene consecuencias de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, sino únicamente produce una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva. Ello, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 17 Constitucional, pues debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que la parte quejosa es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Así, tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones; de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. Tiene aplicación a lo antes expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época, registro: 2011580, Libro 30, mayo de 2016, Tomo II, materia constitucional, común, página: 1086 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de contenido (lo subrayado es propio): "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Sin que en el caso se actualice la excepción prevista en la jurisprudencia antes citada al no existir una abierta dilación del procedimiento o su paralización total. Ello se sostiene dado que, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 294/2018, sustentada por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Circuito, determinó que el estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio laboral, cuyo trámite y resolución se ha procurado agilizar por virtud de las recientes reformas legales en la materia, para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos y laudos, o en la realización de cualquiera otra diligencia, que la demanda de amparo será procedente cuando han transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que debieron legalmente pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. Esos argumentos originaron la jurisprudencia que se encuentra pendiente de publicación, de contenido: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." Ahora bien, la parte quejosa señaló haber presentado su promoción desde el veinticuatro de enero de dos mil diecinueve al día de la promoción de este juicio de amparo (veintisiete de febrero de dos mil diecinueve), únicamente habían transcurrido veintidós días hábiles (sin contar los días veintiséis, veintisiete de enero, dos, tres, nueve, diez, dieciséis, diecisiete, veintitrés y veinticuatro de febrero de dos mil diecinueve, por tratarse de sábados y domingos), así como el cuatro y cinco de febrero por haber sido inhábil y no transcurrir términos; por tanto, resulta evidente que no ha trascurrido el lapso que estimó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se considere la existencia de la dilación. Máxime, que la Ley Federal del Trabajo, en su capítulo XIII, denominado de las resoluciones laborales, específicamente en los artículos 837 y 838, establece (énfasis añadido): "Artículo 837.- Las resoluciones de los tribunales laborales son: I. Acuerdos: si se refieren a simples determinaciones de trámite o cuando decidan cualquier cuestión dentro del negocio; II. Autos incidentales o resoluciones interlocutorias: cuando resuelvan dentro o fuera de juicio un incidente; y III. Laudos: cuando decidan sobre el fondo del conflicto. Artículo 838.- La Junta dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en la que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de esta Ley." El último de los artículos citados señala que la junta deberá dictar sus resoluciones en el propio acto de la diligencia o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en que reciba la promoción correspondiente. Entonces, si la parte quejosa presentó la promoción cuya omisión de acordar reclama el veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, el plazo que establece la ley para emitir el acuerdo correspondiente, feneció el veintiocho de enero de dos mil diecinueve, entonces los cuarenta y cinco días naturales siguientes transcurren del veintinueve de enero al catorce de marzo de dos mil diecinueve, por lo que se insiste, a la data de presentación de la demanda no ha transcurrido el plazo que estableció la Segunda Sala. En ese sentido, el acto reclamado no constituye una dilación prolongada del procedimiento del que deriva el acto reclamado y menos, una razón para asumir que éste se encuentre paralizado. De ahí que no es dable asumir que se surta un caso de excepción al criterio asumido, En consecuencia, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, de la Ley de amparo. Por tanto, con fundamento en el precepto 113 de la invocada ley, se desecha por notoria improcedencia la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda; y, dada la materia del acto reclamado, como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que indica, aunado a que se aprecia que el peticionario no es parte patronal en el juicio laboral de origen. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, para reproducir actuaciones que obren en el presente juicio, debiendo quedar constancia por escrito; en el entendido que la utilidad que se dé a los documentos cuya reproducción se solicite, será responsabilidad de quien la obtenga, de conformidad con lo previsto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. HABILITACIÓN. Asimismo, con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejado constancia en autos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Hernández Serrano, que autoriza y da fe. *Nay
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · 12,048 expedientes
- Gabriel del Moral García790/2018
- Gabriel Echeverria Huerta1014/2018
- Gabriel Eduardo Oliva Agama y Otros.1193/2023
- Gabriel Garcia Chilapa y Otros.1683/2022
- Gabriel García Javier1044/2018
- Gabriel García Valadez1752/2019
- Gabriel Jiménez Montiel y Otros.1469/2023
- Gabriel Leyva Fachin1170/2016
- Gabriel Mondragón Molina1277/2017
- Gabriel Osvaldo Vazquez Antunez y Otros.169/2023
- Gabriel Oswaldo Vazquez Antunez1115/2019
- Gabriel Paz Hernandez860/2008