Gabriel García Tadeo
Expediente 257/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 13 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 257/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 18/05/2018
Partes del expediente
- Gerente de Recaudación Fiscal de la Delegación Regional Estado de México del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores
- Gabriel García Tadeo
- Titular de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Estado de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Visto el oficio de cuenta signado por la secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, por medio del cual solicita se le allegue copia certificada del juicio de amparo en que se actúa. Atento a lo anterior, remítase al oficiante la copia certificada que solicita, lo anterior para los efectos legales conducentes.
- Principal
Toluca, Estado de México, treinta de abril de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso recurso de revisión dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, son susceptibles de destrucción el presente expediente, ya que se sobreseyó el amparo y carece de relevancia documental; así como el cuaderno original del incidente de suspensión pues se negó la medida cautelar, por ende glósese al presente. Una vez que transcurran seis meses, destrúyase el duplicado del incidente.
- Principal
Intégrese a los autos el escrito allegado vía electrónica por el quejoso Gabriel García Tadeo, en el cual solicita se acuerde nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional en el presente sumario, toda vez que de la consulta realizada al expediente electrónico del juicio de amparo citado al rubro, se obtiene que la audiencia prevista para el once de abril del año en curso no tuvo verificativo lo que corrobora con la revisión de la lista de acuerdos de los días doce, trece, dieciséis y diecisiete de abril de la presente anualidad. En ese orden, dígase al promovente que el once de abril de dos mil dieciocho se celebró la audiencia constitucional, en la que se dictó la sentencia correspondiente; misma que se notificó por lista a las partes, el doce del mismo mes y año. Sin embargo, a efecto de verificar las manifestaciones del peticionario del amparo, se ordena al Actuario adscrito respectivo, verifique la correcta integración del expediente electrónico relativo a este sumario y, en todo caso, realice las acciones necesarias para lograr que la sentencia dictada sea visible electrónicamente.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 257/2018; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Mediante escrito presentado el veinte de febrero de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Gabriel García Tadeo, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal. Admitida la demanda y seguido el trámite con las formalidades de ley, tuvo verificativo la audiencia constitucional, en términos del acta que precede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer del presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción II, de la Constitución General la República, 36, 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuitos; en razón de que se reclaman actos cuya ejecución tendrá lugar dentro del ámbito territorial en el que este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe tenerse como autoridades responsables a: 1. El Gerente de Recaudación Fiscal de la Delegación Regional Estado de México, del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores; 2. el Gerente de Fiscalización de la Delegación Regional Estado de México, del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores; y, 3. El Titular de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México. A quienes se reclama: - El oficio VII/15/GRF/342/2017 de once de mayo de dos mil diecisiete, por el cual se emitió la orden por la que se impuso la restricción a los vehículos automotores que aparecieren en el Registro Estatal de Vehículos a nombre del quejoso, en su calidad de patrón. TERCERO. El Procurador Fiscal, en representación del Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de México (folio 71) y el Gerente de Recaudación Fiscal, en representación del Gerente de Fiscalización de la Delegación Regional Estado de México, del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (foja 79), al rendir su informe justificado, negaron la existencia de los actos que les son reclamados, sin que la parte quejosa haya ofrecido prueba alguna para desvirtuar esa afirmación. Así, una vez expuesto lo anterior, debe decirse que lo procedente es sobreseer en el presente juicio respecto a tales actos y autoridades, ante la actualización de la hipótesis prevista en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. CUARTO. Por su parte, el Gerente de Recaudación Fiscal de la Delegación Regional Estado de México, del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (foja 79), al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado. QUINTO. Previo al estudio de fondo del asunto procede analizar las causales de improcedencia, cuyo análisis es oficioso para el suscrito. Al respecto, el Gerente de Recaudación Fiscal de la Delegación Regional Estado de México, del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, estima se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en virtud de que el peticionario de amparo no acredita su interés jurídico, al no probar ser el propietario de los vehículos respecto de los cuales se queja, por haberse ordenado imponer una restricción sobre éstos. El citado numeral y fracción, señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.).". Dicho precepto legal dispone que el juicio de amparo será improcedente: contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la Ley de Amparo. Acorde con lo anterior, los artículos 5, fracción I, párrafo primero y 6, de la Ley de Amparo, prevén: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." De los dispositivos transcritos, se desprende que el juicio de amparo puede ser promovido por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, ya sea en forma directa (interés jurídico) o frente a una situación especial en el orden jurídico (interés legítimo). Conforme a lo expuesto, la procedencia del amparo contra actos no jurisdiccionales está supeditada a que el acto reclamado afecte la esfera jurídica del quejoso, en cualquiera de las siguientes vertientes: La primera, cuando exista alguna afectación al interés jurídico. Supone que el acto reclamado cause un agravio personal, directo y real a algún derecho subjetivo del particular, es decir, un derecho derivado de una norma objetiva que se individualice en el gobernado y le otorgue una facultad y el cual se ve afectado por el acto de autoridad. En ese orden, se afirma que los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: (i) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado, y del cual invariablemente deberá ser titular la persona; y, (ii) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente, pues no basta contar el derecho subjetivo, sino que se requiere que el acto de autoridad cause una afectación directa y real. Y la segunda vertiente, es la afectación al interés legítimo, el cual, ha sido definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Sin embargo, dado que el acto que se reclama tiene como finalidad la restricción sobre los vehículos automotores que el quejoso refiere como de su propiedad, es preciso que éste acredite que resiente un perjuicio o menoscabo en sus derechos con motivo del acto de autoridad, y que por ello se encuentra facultado para acudir ante el órgano jurisdiccional a demandar el cese de esa violación, por lo que, en la especie, el aquí debe acreditar su interés jurídico. Por ser ilustrativa sobre el tema abordado es conveniente transcribir la jurisprudencia número VI. 2o. J/87, de la Octava Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, segunda parte-1, del mes de julio a diciembre de 1990, página 364, cuyo rubro y texto son: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al "juicio de garantías y no otra persona." En ese sentido, es preciso señalar que la carga procesal establecida en el artículo 5o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto, pues el interés jurídico es un elemento esencial para la procedencia del juicio de amparo, cuya carga probatoria corresponde al quejoso. Por tanto, el juicio de amparo será improcedente cuando el quejoso no acredite que el acto reclamado afecta su interés jurídico, no obstante que la autoridad responsable hubiese aceptado el acto que se le reclama. Bajo esa premisa, en la presente instancia constitucional la parte quejosa reclama la orden por la que se impuso la restricción a los vehículos automotores que aparecieren en el Registro Estatal de Vehículos a nombre de Gabriel García Tadeo, en su calidad de patrón, precisamente de los siguientes: 1) camioneta estaquitas, marca Nissan, con placas de circulación NWG6109; 2) camioneta X-Trail, marca Nissan, con placas de circulación MXC2146; y, 3) moto marca Yamaha, con placas de circulación 2P3HR. Actos respecto de los cuales no acredita afecten sus intereses jurídicos. Ello es así, pues de las constancias de autos se advierte que el peticionario de amparo, se ostenta como propietario de los citados vehículos automotores; sin embargo, para acreditar su dicho no exhibió documento alguno, tales como las facturas y tarjetas de circulación. Circunstancia de la cual no se puede estimar relevado, por el hecho de que la autoridad responsable hubiese aceptado, en forma genérica, la existencia del acto, al señalar que mediante la emisión del requerimiento con numero de oficio VII/15/GRF/342/2017, dirigido a la Directora del Registro Estatal de Vehículos del Estado de México, solicitó la restricción sobre los vehículos automotores a nombre del quejoso; pues, una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto, como lo es, el que con dicha restricción se hubiese afectado de manera directa y real los vehículos propiedad del peticionario de amparo, precisamente los que él refiere en su escrito de demanda. Pues, como se dijo, el interés jurídico es un elemento esencial para la procedencia del juicio de amparo, cuya carga probatoria corresponde al quejoso, y en la especie el peticionario de amparo no demuestra que la restricción ordenada a través del referido oficio trasgrede su esfera jurídica, por haberse aplicado respecto de vehículos registrados como de su propiedad. De ahí que el quejoso no acredite su interés jurídico para instar en la vía constitucional. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 1/2002, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 15, tomo XV, febrero de 2002, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto." Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 74, 75, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se, R E S U E LV E: ÚNICO. Se sobresee el presente juicio de amparo promovido por Gabriel García Tadeo, por propio derecho, respecto a los actos reclamados a las autoridades que precisados quedaron en el considerando segundo, por los motivos expuestos en los diversos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, ante el secretario Oscar Jesús Segundo Suárez, que da fe. El Juez El Secretario
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