GABRIEL GARCIA MALDONADO y Otros.
Expediente 372/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 372/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- GABRIEL GARCIA MALDONADO y Otros.
Actuaciones
- Principal
MESA VII A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de mayo de dos mil veintiuno. Vistos los autos y el cómputo secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo a través del cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por "...........""; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales. Con fundamento en artículos 8, fracción I y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en comento. Toda vez que se tuvo por no presentada la demanda de amparo en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, será destruido dentro de los treinta días siguientes, conforme a lo establecido en el artículo 21, inciso b), penúltimo párrafo, del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.
- Principal
MESA VII A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, toda vez que transcurrió el plazo que se concedió al promovente del amparo "............."", en proveído de nueve de abril de dos mil veintiuno, sin que hubiese cumplido con el requerimiento ordenado, esto es, exhibir una copia más de su escrito de demanda de amparo; por lo tanto, se hace efectivo el apercibimiento que se le hizo en el citado proveído y con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA VI San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de la Presidenta de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado -previa certificación de la hora y fecha de su recepción con motivo de que se recibió vía correo electrónico oficial-, en atención a su contenido, téngasele informando en vías de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, que se señalaron las doce horas del once de mayo de dos mil veintiuno, para efectos de que, los Integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino Oaxaca, y su Tesorero Municipal, exhiban los pagos parciales relativos a los meses de febrero y marzo de dos mil veintiuno, en relación al quejoso "...........", ya que, por lo que se refiere a los pagos parciales de noviembre y diciembre de dos mil veinte y enero de dos mil veintiuno, en esa actuación tuvo al Ayuntamiento de que se trata exhibiendo los mismos. Por otra parte, se desprende que, en relación al quejoso"........, el ayuntamiento en cuestión exhibió pagos parciales, de diciembre de dos mil diecinueve a febrero de dos mil veintiuno, no obstante la Junta refiere que no consta que se haya celebrado convenio respecto a dicho quejoso, por lo cual, requirió al Ayuntamiento de mérito con el objeto de que a las doce horas del once de mayo de dos mil veintiuno, exhiba los documentos idóneos donde hayan celebrado convenio y los términos pactados, además, exhiba el pago parcial de marzo del año en curso. En ese tenor, indíquesele a la autoridad responsable que en autos del juicio de amparo en que se actúa se desprende que, mediante diligencia de dieciséis de abril de dos mil diecinueve, celebrada en el juicio laboral".......", de su estadística, el quejoso"............" convino con el ayuntamiento responsable, de la cual, se ordena remitirle copia simple como referencia. En esa tesitura, en términos del artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se ordena requerir a la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, para que, en el plazo de tres días, siguiente al en que reciba el comunicado respectivo, se pronuncie respecto a los pagos parciales efectuados de diciembre de dos mil diecinueve a febrero de dos mil veintiuno en relación al quejoso ".........", conforme al convenio celebrado ante esa Junta el dieciséis de abril de dos mil diecinueve. Aunado a ello, remita dentro del mismo plazo, copia certificada legible y completa de las determinaciones que al efecto adopte. La anterior precisión, se realiza en estricto acatamiento a la jurisprudencia P./J. 59/2014 (10a.), aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el seis de noviembre de dos mil catorce, publicada en la página 5, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época, que es del tenor siguiente: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo." Apercibida que de no cumplir sin causa justificada (informe el impedimento legal o material que tenga para ello), se impondrá a sus titulares una multa de cien unidades de medida y actualización, que es la cantidad equivalente a"..........." ($"........."), a razón de 89.62 como valor diario, conforme a lo establecido en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo. Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. No se soslaya que el artículo 192 de la Ley de Amparo, párrafo tercero, establece que al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquella para que le ordene cumplir con la ejecutoria y el numeral 194 de la propia ley dispone que se entiende por superior jerárquico de la autoridad responsable el que de conformidad con las disposiciones correspondientes ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última por sí misma. Empero, en el caso, la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicios de los Poderes del Estado de Oaxaca, al ser un organismo jurisdiccional plenamente autónomo en el ámbito jurídico, que realiza funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, está desvinculada de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional, ya que aquél no podría ejercer poder o mando sobre dicho órgano que despliega una función jurisdiccional para que emita una determinación a fin de cumplir con una sentencia de amparo ni cumplir por sí mismo dicha sentencia, pues ello implicaría una invasión de esfera competencial; por tanto, dicha Junta carece de superior jerárquico, de ahí que el requerimiento al cumplimiento de la sentencia solo se realiza a ella. Se invoca en apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 36/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 3515, Tomo 4, Libro IV, Enero de 2012, Materia Común, Laboral, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 2000099, de rubro y texto: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo." Notifíquese.
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