Gabriel Garcés Barrios

Expediente 998/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 44 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
998/2018
Año
2018
Actuaciones
44
Última actuación
01/02/2019

Partes del expediente

  • Gabriel Garcés Barrios

Actuaciones

Las 4 más recientes de 44.

  1. Principal

    El uno de febrero dos mil diecinueve, se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a uno de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el presente juicio de amparo, el veinticuatro de julio de dos mil dieciocho se ordenó el archivo definitivo, quedando pendiente pronunciarse respecto de la valoración del incidente de suspensión, virtud de que se dio trámite al incidente por exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión provisional promovido por el licenciado Liborio Carrillo Casto, defensor particular del quejoso. Consecuentemente, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, del citado Acuerdo General, se declara que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, en razón de que se negó la suspensión definitiva; además de que este juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; en atención a ello, glósese al principal el original del incidente. Por otra parte, el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Asimismo dese el trámite correspondiente establecido en el punto décimo primero del referido acuerdo. Finalmente, se hace constar que no se exhibió billete o alguna otra garantía sobre la cual deba proveerse y que no existe recurso pendiente por resolver. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante Angélica Bobadilla Larios, secretaria que autoriza y da fe. Regina.

  2. Incidental

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA GABRIEL GARCÉS BARRIOS, LA DETERMINACIÓN DE VEINTISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO (2018), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO: "...En la misma fecha, la secretaria da cuenta con la certificación que antecede y el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintiséis de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado de los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 97, fracción I, inciso g), de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de queja contra la interlocutoria de diecisiete de septiembre del año en curso (fojas 404 a 415), por la que se declaró fundado el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, promovido por Liborio Carrillo Castro, defensor particular de Gabriel Garcés Castro; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución incidental ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. En atención a lo anterior y toda vez que con el oficio de cuenta, el que se ordena agregar para los efectos legales consiguientes, la autoridad responsable remitió las constancias tendentes a acreditar el cumplimiento a la interlocutoria en cita, como lo solicita dicha autoridad, con fundamento en el artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días computados a partir de su legal notificación, para que manifieste lo que a su derecho corresponda. Notifíquese; y personalmente a las partes. ..."

  3. Incidental

    El veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, Norma Jessica Solis Muñoz, secretaria del juzgado Primero de Distrito en el Estado certifica: El término de cinco días que establece el artículo 98 en relación con el diverso 97, fracción I, inciso g), de la Ley de Amparo para que las partes interpusieran recurso de queja contra la interlocutoria de diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 404 a 415), le transcurrió a la autoridad responsable del diecinueve al veinticinco de septiembre (sin contar veintidós y veintitrés por ser inhábiles) de esta anualidad, mientras que a la parte quejosa del veintiuno al veintisiete de septiembre (sin contar veintidós y veintitrés por ser inhábiles) de dos mil dieciocho, sin que a la fecha se hubiere recibido recurso alguno. Doy fe. En la misma fecha, la secretaria da cuenta con la certificación que antecede y el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintiséis de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado de los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 97, fracción I, inciso g), de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de queja contra la interlocutoria de diecisiete de septiembre del año en curso (fojas 404 a 415), por la que se declaró fundado el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, promovido por Liborio Carrillo Castro, defensor particular de Gabriel Garcés Castro; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución incidental ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. En atención a lo anterior y toda vez que con el oficio de cuenta, el que se ordena agregar para los efectos legales consiguientes, la autoridad responsable remitió las constancias tendentes a acreditar el cumplimiento a la interlocutoria en cita, como lo solicita dicha autoridad, con fundamento en el artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días computados a partir de su legal notificación, para que manifieste lo que a su derecho corresponda. Notifíquese; y personalmente a las partes. Así lo acordó y firma Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por licencia del titular, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante Norma Jessica Solis Muñoz, secretaria que autoriza y da fe. Luisa Moreno.

  4. Incidental

    V I S T O S, para resolver, los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 998/2018, en relación con la incidencia por exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión provisional; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Liborio Carrillo Castro, defensor particular de Gabriel Garcés Barrios, promovió juicio de amparo y solicitó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados de las autoridades responsables, juez de ejecución de sanciones penales, con residencia en el distrito judicial de Zacatecas capital, secretario de Seguridad Pública del estado de Zacatecas, director general de Prevención y Reinserción Social del estado de Zacatecas, Director del Centro Regional de Reinserción Social Varonil en Cieneguillas, Zacatecas, Comisionado Nacional de Seguridad, comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación social (OADPRS), coordinador general de Prevención y Readaptación Social y coordinador general de Centros Federales de Prevención y Readaptación Social; actos que hizo consistir en la orden, el mandato o la autorización para que se ordenara el traslado del quejoso del centro penitenciario en que se encontraba a uno diverso, y su ejecución. SEGUNDO. Por auto de cinco de abril de dos mil dieciocho (fojas 12 a 14), se proveyó respecto a la suspensión provisional solicitada, habiéndose concedido dicha medida, para el efecto de que las cosas se mantuvieran en el estado que guardaban, es decir, para que no fuera trasladado el quejoso del Centro Regional de Reinserción Social Varonil en el Estado, con sede en Cieneguillas, Zacatecas a uno diverso, ello, hasta en tanto las responsables recibieran notificación sobre la suspensión definitiva que se pronunciara en este incidente; se requirió a las autoridades responsables su informe previo y se citó a las partes a la audiencia incidental, la que se celebró el doce de abril del año en curso, únicamente por lo que se refiere al juez de Ejecución de Sanciones y director del Centro Regional de Reinserción Social Varonil, ambos residentes en Cieneguillas, Zacatecas, así como al director general de Prevención y Reinserción Social del estado y secretario de Seguridad Pública, los dos con sede en esta ciudad; el veintiséis de abril en cita, en cuanto al coordinador general de Prevención y Readaptación Social y coordinador General de Centros Federales, ambos residentes en la Ciudad de México; el once de mayo de este propio año, respecto al comisionado Nacional de Seguridad, con sede también en la Ciudad de México; y, el uno de junio siguiente, en relación con el comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con la misma sede que las anteriores (fojas 30 a 32, 41 a 44, 153 a 155 y 183 a 186 respectivamente); en cuyas interlocutorias se negó la suspensión definitiva contra los actos reclamados a dichas responsables; precisándose en las tres primeras resoluciones, que ello se debía a que las autoridades en ellas mencionadas negaron la existencia de los actos reclamados, sin que el quejoso hubiera desvirtuado dichas negativas; y, en la última, que ante la negativa de la existencia de la orden de traslado, lo procedente era negar la suspensión definitiva solicitada, señalándose además, en ésta: Que no era óbice para arribar a la anterior determinación, la circunstancia de que de las constancias remitidas por el secretario de Seguridad Pública del estado de Zacatecas, recibidas en proveído de treinta de abril del año en curso se desprendiera que, por oficio SEGOB/CNS/OADPRS/09486/2018 (fojas 113 a 120), de veintisiete anterior el comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social por conducto del coordinador General de Centros Federales, con sede en la Ciudad de México, hubiera autorizado el traslado del aquí quejoso Gabriel Garcés Barrios del Centro Regional de Reinserción Social de Cieneguillas, Zacatecas al Centro Federal de Readaptación Social número 17 CPS en Michoacán; el que se ejecutó mediante oficio SSP/DGPRS/DPRS/3953/2018 (foja 121), de veintiocho de abril en cita, dirigido al encargado de la Unidad Especial de Revisiones, Traslados, Control y Disuasión de Motines del Sistema Penitenciario de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del estado, el que fue signado por el Director General de Prevención y Reinserción Social del estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad. Ello, porque según se asentó, quedó evidenciado que la orden de traslado se autorizó el veintisiete de abril de dos mil dieciocho, es decir, con posterioridad a la concesión de la suspensión provisional otorgada una vez recibida la demanda, mediante proveído de cinco del mes y año citado, por lo que la orden de traslado reclamada no existía a la fecha de presentación de la demanda de amparo; para apoyar lo anterior, se citó la jurisprudencia de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN". TERCERO. Mediante proveído de veintidós de junio de dos mil dieciocho (fojas 204 a 205), se tuvo por recibido el escrito de Liborio Carrillo Castro, defensor particular del aquí quejoso, por el que promovió incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión provisional; se ordenó tramitar dicho incidente; se admitió la prueba de informe de autoridad ofrecida por el promovente; y, se señaló hora y día para la celebración de la audiencia respectiva. CUARTO. En acuerdos de veintisiete y veintinueve de junio, así como tres y once de julio, del año que transcurre (fojas 216, 345, 348 y 379, respectivamente), se tuvieron por rendidos los informes del juez de ejecución de sanciones con residencia en Cieneguillas, Zacatecas; secretario de Seguridad Pública del estado de Zacatecas, director general de Prevención y Reinserción Social del estado de Zacatecas y Director del Centro Regional de Reinserción Social Varonil en Cieneguillas, Zacatecas; comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social; coordinador General de Prevención y Readaptación Social y coordinador General de Centros Federales; y, en auto de treinta y uno de julio pasado, se ordenó agregar el informe de autoridad ofrecido por el quejoso a cargo del Director del Centro Regional de Reinserción Social Varonil en Cieneguillas, Zacatecas (foja 398). En la fecha señalada para la audiencia relativa al incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión provisional de mérito, se celebró la misma conforme al acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución, en la que se asentó constancia en el sentido de que el Comisionado Nacional de Seguridad, con residencia en la ciudad de México, no rindió el informe respectivo no obstante haber quedado notificada del oficio por el que se le solicitó; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas es legalmente competente para resolver el presente incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión provisional, por tener competencia legal para conocer del juicio de amparo del cual se origina la incidencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 206, 207 y 208 de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. En principio, es pertinente precisar que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 206 de la Ley de Amparo, la presente incidencia, procede en contra de las autoridades responsables, por cualquier persona que resulte agraviada por el incumplimiento de la suspensión, sea de plano, definitiva o provisional, por exceso o defecto en su ejecución o por admitir, con notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente. Lo anterior es así, pues si bien el citado numeral 206, en su primer párrafo, no hace referencia a la suspensión provisional, según se establece en la tesis aislada de rubro: "INCIDENTE POR EXCESO O DEFECTO EN LA EJECUCIÓN DEL ACUERDO EN QUE SE CONCEDIÓ LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. PROCEDE RESPECTO DE LA MEDIDA TANTO PROVISIONAL COMO DEFINITIVA", de la interpretación de los artículos 97, fracción I, inciso g), 206 y 209 de la Ley de Amparo, se colige la procedencia del incidente por exceso o defecto en la ejecución del acuerdo en que se concedió al quejoso la suspensión provisional, y no solamente respecto a la suspensión de plano o definitiva. Ello, porque como puede apreciarse del contenido del inciso g) y del artículo 209, en el primero se hace alusión a la suspensión tanto definitiva como provisional, mientras que en el segundo, solamente a la suspensión, sin especificar cuál de ellas. La mencionada tesis aislada corresponde al número XVIII.1o.P.A.1 K (10a.), publicada en la página 2844, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, de texto: "De la interpretación sistemática de los artículos 97, fracción I, inciso g), 206 y 209 de la Ley de Amparo, se colige la procedencia del incidente por exceso o defecto en la ejecución del acuerdo en que se concedió al quejoso la suspensión provisional, y no solamente respecto a la suspensión de plano o definitiva, dado que ese ordenamiento debe interpretarse en forma armónica, lo que evidencia que la intención del legislador fue que el juzgador de amparo estuviera en posibilidad de analizar también el acatamiento de la medida provisional. Lo anterior encuentra congruencia, porque ambas determinaciones gozan de la misma naturaleza jurídica -son cautelares- y constituyen instrumentos cuyo objeto es la conservación de la materia del juicio constitucional. TERCERO. El quejoso en el escrito presentado por conducto de su defensor particular, el veintiuno de junio de dos mil dieciocho, por el que interpuso el referido incidente (fojas 192 a 203), medularmente señala, que resultó afectado de manera directa con el incumplimiento por parte de las autoridades responsables a la suspensión provisional que se le había otorgado, dado que desacataron la orden decretada en el auto relativo, en el sentido de que no fuera trasladado a ningún otro centro penitenciario diverso de donde se encontraba, pues aduce, que no obstante que dicha medida tenía vigencia desde el cinco de abril del año en curso, en que se decretó, hasta el uno de junio de este propio año, en que se celebró la audiencia incidental respecto a la última de las autoridades que rindió su informe previo, comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social, atendiendo a que en las resoluciones respectivas se negó la suspensión definitiva; la mañana del veintiocho de abril en cita, lo trasladaron a otro centro penitenciario, como lo es, el Centro Federal de Readaptación Social número 17 del estado de Michoacán, ubicado en carretera Roana Tazumbos, kilómetro 2, Ejido Predio dieciocho de marzo, municipio de Buena Vista, Tomatlan, Michoacán. CUARTO. Por su parte, las autoridades responsables, en sus informes correspondientes a la incidencia por exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión provisional, que ahora se resuelve, manifestaron: 1. La juez de ejecución de sanciones con residencia en Cieneguillas, Zacatecas (foja 215), que no son ciertos los hechos que refiere el defensor particular del impetrante del amparo, porque no ha girado orden de traslado alguna. 2. El secretario de Seguridad Pública del estado de Zacatecas (fojas 217 a 222), que no son ciertos los hechos que narra el promovente en su escrito que dio inicio a la incidencia en que se actúa, en primer término, porque para el cinco de abril del año en curso, en que se admitió la demanda y además se concedió la suspensión provisional solicitada por el quejoso Gabriel Garcés Barrios, para el efecto de que no se llevara a cabo su traslado a otro centro penitenciario, hasta en tanto se resolviera sobre la definitiva, no existía orden o autorización para tal fin; en segundo, toda vez que el dieciséis del propio mes de abril, se negó la suspensión definitiva solicitada, por lo que se refiere a las autoridades residentes en este Estado, entre ellas, la que aquí se menciona; por lo cual aduce, que si bien es cierto que el citado peticionario del amparo fue trasladado a diverso centro de readaptación social, el veintiocho de abril en cita, ello se debió a la solicitud realizada por el director general de Prevención y Reinserción Social del Estado al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social en fecha veintiséis del referido mes, atendiendo a que el quejoso contaba con una medida especial de seguridad a fin de salvaguardar su integridad física y su propia vida. 3. Por su parte, el director general de Prevención y Reinserción Social del estado de Zacatecas (fojas 241 a 250), aduce que no se incumplió la suspensión provisional, toda vez que el efecto de la misma era que no se trasladara al quejoso a otro centro de reclusión hasta en tanto fuera notificada a las autoridades responsables la resolución sobre la suspensión definitiva, lo que ocurrió el dieciséis de abril de dos mil dieciocho, en que recibió el oficio de notificación relativo a la audiencia incidental de doce anterior, en la que se negó la suspensión definitiva en relación con dicho director. Asimismo señala, que si bien desde el seis de abril en cita, había solicitado, (más no ordenado), al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, el traslado del quejoso Gabriel Garcés Barrios, así como de otros internos, a diverso centro de readaptación, no le había sido acordada dicha petición, por lo que realizó una nueva el veintiséis de abril en cita, con posterioridad al dictado de la resolución sobre la suspensión definitiva, a la que se le dio respuesta mediante oficio SEGOB/CNS/OADPRS/0948/2018 signado por el Coordinador General de Centros Federales, por instrucciones del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, en el que se autorizó el traslado e ingreso del Centro Regional de Reinserción Social Varnil de Cieneguillas, Zacatecas, al Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán"; por lo cual, insiste, no se incumplió con la suspensión provisional concedida al quejoso. 4. El Director del Centro Regional de Reinserción Social Varonil en Cieneguillas, Zacatecas (fojas 332 a 334), señaló, que no se emitió orden de traslado alguna con posterioridad a la presentación de la demanda y hasta el dictado de la resolución respecto de la suspensión definitiva, pues refiere, no se realizaron actos tendientes a ordenar o ejecutar el acto reclamado por el quejoso, consistente en la orden, el mandato o la autorización para que se realizara su traslado a diverso centro penitenciario del en que se encontraba y su ejecución, ya que para el día de notificación de la suspensión decretada, no se había recibido mandamiento en el sentido indicado. Ello, porque el traslado ejecutado el veintiocho de abril del año en curso, se autorizó con posterioridad a la notificación de la resolución de doce del propio mes por la que se negó la suspensión definitiva en cuanto a la autoridad de que se trata. También dijo, que esa autoridad en ningún momento actuó de mala fe, ni rindió informes falsos, dado que el juicio de amparo del que deriva el incidente en que se actúa, se siguió por la mencionada orden, mandato o autorización para que se llevara a cabo el traslado del quejoso, más no, contra la petición o solicitud al respecto, y que por esa razón, atendiendo a que a la fecha de presentación de la demanda no existía orden de traslado alguna, se decretó el sobreseimiento del juicio de amparo en mención. 5. El Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, en sus informes remitidos vía telegráfica y por oficio a través de mensajería rápida, suscritos en su representación por la directora de Área adscrita a la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos (fojas 346 a 347 y 356 a 358), particularmente en el segundo, que es el que se tomará en cuenta por estar más completo, no obstante haberse agregado únicamente para que obrara como correspondiera porque ya se encontraba glosado el primero; manifiesta en esencia, que es infundado el incidente de incumplimiento o violación a la suspensión provisional decretada, debido a que la exigencia en cuanto a su cumplimiento versa en hacer efectiva una medida suspensional que fue otorgada cuando no existía un acto concreto, a un acto que fue emitido después de la presentación de la demanda que dio origen a dicha medida, por lo que claramente puede advertirse que contra el traslado que ahora reclama el quejoso, no se concedió la medida a que se alude. De igual forma aduce, que si bien es cierto que se concedió al quejoso la suspensión provisional el cinco de abril de dos mil dieciocho, también lo es que el uno de junio siguiente, se negó la suspensión definitiva a la parte quejosa respecto de la autoridad de mérito. Y, que es cierto que el Comisionado de que se trata, emitió oficio SEGOB/CNS/OADPRS/09489/2018, de veintisiete de abril del año en curso, mediante el cual autorizó el ingreso del quejoso al Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS MICHOACÁN", pero esa emisión obedeció a la facultad que le otorgan los artículos 50 y 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, así como a los diversos oficios SSP/DGPRS/3002/2018 y SSP/DGPRS/3907/2018, signados por la dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Zacatecas, en los que le solicitó el traslado del quejoso para salvaguardar la integridad física de la población penitenciaria y del personal administrativo y de seguridad del centro donde se encontraba recluido, así como por medidas especiales de seguridad institucional, al poner en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. Además, que el oficio de veintisiete de abril a que alude, se giró en fecha posterior a la presentación de la demanda de amparo, por lo que resulta incuestionable que en ese momento no existía acto concreto, de manera que esa medida suspensional nunca surtió efecto alguno, dado que sólo se trataba de meras aseveraciones y suposiciones del quejoso, no de actos existentes y concretos. Que en razón de lo anterior, si se atiende a que se está en presencia de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, por lo que si en el presenta caso, cuando se presentó la demanda no existía el acto de traslado reclamado, es infundada la denuncia que dio origen al incidente que ahora se resuelve, al pretender hacer extensiva la suspensión provisional a los actos que fueron emitidos con posterioridad, dado que el traslado a que se alude, no fue objeto de la suspensión provisional concedida al quejoso. 6. Las diversas responsables, Coordinador General de Centros Federales y Coordinador General de Prevención y Readaptación Social, ambos con residencia en la ciudad de México, quienes rindieron informe a través del titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación (foja 385), manifestaron que es infundado el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión provisional decretada en favor de la parte quejosa, toda vez que esas autoridades no han ordenado, dictado, ejecutado o tratado de ejecutar los actos señalados por dicha parte. 7. Finalmente, por lo que se refiere al Comisionado Nacional de Seguridad con residencia en la ciudad de México, no rindió su informe relativo al incidente por exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión provisional que se resuelve, no obstante que obran en autos, a fojas 383 y 384, la guía de la empresa de mensajería rápida, en la que se contiene el número del código de rastreo de la pieza correspondiente al oficio por el que se le solicitó, así como la impresión de la página relativa al rastreo de envíos, de la que se advierte que dicho comunicado fue entregado el once de julio de dos mil dieciocho. Sin embargo, no ha lugar a tener por cierta la conducta que se imputa a la autoridad en mención, toda vez que de acuerdo a lo expuesto en párrafos precedentes y a las constancias remitidas por las responsables, juez de ejecución de sanciones, director del Centro Regional de Reinserción Social Varonil en Cieneguillas, Zacatecas y Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, en fotocopia certificada, las únicas actuaciones que existen, relacionadas con el traslado del quejoso del centro penitenciario en que se encontraba al diverso Centro Federal de Readaptación Social número 17 CPS en Michoacán, las constituyen los oficios SSP/DGPRS/3031/2018, SSP/DGPRS/3907/2018, SEGOB/CNS/OADPRS/09486/2018 así como SSP/DGPRS/DPRS/3953/2018, de fechas seis, veintiséis, veintisiete y veintiocho de abril del año en curso, glosados a fojas de la 213 a la 217, 209 a 212, 204 a 208 y 52, respectivamente, los tres primeros del cuaderno de pruebas formado con las remitidas por el Director del Centro Regional de Reinserción Social mencionado, y el último, al tomo dos de los legajos de copias certificadas remitidas por el juez responsable; los dos oficios mencionados en primer término, correspondientes a las solicitudes realizadas por el Director General de Prevención y Reinserción del Estado al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, con sede en la ciudad de México, a efecto de que autorizara el traslado del impetrante del amparo; el tercero, por el que esta última autoridad informa a la anterior la autorización de mérito; y, el cuarto, por el cual, el director en mención comisiona al encargado de la Unidad Especial de Revisiones, Traslados, Control y Disuasión de Motines del Sistema Penitenciario de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado, para que llevara a cabo el traslado del quejoso. Sin que de alguno de ellos se desprenda participación del Comisionado Nacional de Seguridad. Sentado lo anterior, debe decirse que el argumento formulado por el quejoso a través de su defensor, en cuanto al incumplimiento por parte de las autoridades responsables a la suspensión provisional que se le había otorgado, resulta infundado por los siguientes motivos. Conforme al artículo 206 de la Ley de amparo, en tanto no se dicte sentencia ejecutoriada, se podrá promover el incidente, entre otros, por el incumplimiento de la suspensión, sea de plano, definitiva, o provisional, por exceso o defecto en su ejecución. Por otro lado, el artículo 158 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 158. Para la ejecución y cumplimiento del auto de suspensión se observarán las disposiciones relativas al Título Quinto de esta Ley. En caso de incumplimiento, cuando la naturaleza del acto lo permita, el órgano jurisdiccional de amparo podrá hacer cumplir la resolución suspensional o podrá tomar las medidas para el cumplimiento". El precepto transcrito, establece los principios fundamentales de las resoluciones suspensionales, las que se rigen por los mismos principios sobre los que descansa la eficacia de las ejecutorias que conceden la protección de la Justicia Federal y que tienden a evitar que tanto las ejecutorias de amparo, como las resoluciones suspensionales, sean burladas por las autoridades responsables. Lo anterior es así, porque cuando la parte quejosa goza de la suspensión otorgada por el Juez de Distrito, las autoridades responsables se encuentran obligadas a respetar la citada medida precautoria, hasta en tanto se dicte sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. En ese entendido, a efecto de determinar si existe o no exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva, como lo sostiene la parte quejosa, es pertinente tener presente el contenido de los artículos 136 y 139 de la Ley de Amparo que establecen lo siguiente: "Artículo 136. La suspensión, cualquiera que sea su naturaleza, surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo, aun cuando sea recurrido (.)". "Artículo 139. En los casos en que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esta Ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo. Cuando en autos surjan elementos que modifiquen la valoración que se realizó respecto de la afectación que la medida cautelar puede provocar al interés social y el orden público, el juzgador, con vista al quejoso por veinticuatro horas, podrá modificar o revocar la suspensión provisional". Como se advierte de los numerales transcritos, la obligación de las autoridades señaladas como responsables en un juicio de amparo, de cumplir la resolución en que se concede la suspensión del acto reclamado, sea de manera provisional o definitiva, surge a partir de que se les notifica, por lo que es a partir de este momento que deben realizar las diligencias necesarias para suspender, de manera inmediata, la ejecución del acto reclamado, en los términos en los que fue otorgada la medida cautelar, ya que de no hacerlo implica necesariamente un desacato o desobediencia a ese mandato judicial. Sin embargo, a este respecto cabe destacar, que de acuerdo con el segundo de dichos numerales, en los casos en que proceda la suspensión, se otorgará si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado, lo que significa que para que se suspenda tal ejecución, debe existir primero el mandamiento respectivo emitido por las responsables ordenadoras, es decir, que para la fecha en que se decrete la suspensión respectiva, exista la orden para que se lleve a cabo determinado acto. Además, en términos del artículo 136 de la Ley de Amparo, citado en primer término, la suspensión surte sus efectos desde el momento en que se pronuncia la resolución correspondiente, dado que de lo contrario no se cumpliría con su finalidad, que es la de evitar a la parte quejosa perjuicios de difícil reparación. Bajo esa óptica, se advierte que la suspensión provisional concedida por este órgano habría de surtir efectos, únicamente hasta en tanto se notificara a las responsables la resolución que sobre la suspensión definitiva se dictara. Así pues, como quedó precisado en párrafos precedentes, en lo referente a las autoridades responsables, juez de Ejecución de Sanciones y director del Centro Regional de Reinserción Social Varonil, ambos residentes en Cieneguillas, Zacatecas, así como al director general de Prevención y Reinserción Social del estado y secretario de Seguridad Pública, los dos con sede en esta ciudad, en audiencia celebrada el doce de abril del año en curso, se resolvió respecto de la suspensión definitiva; por lo que respecta al coordinador general de Prevención y Readaptación Social y coordinador General de Centros Federales, ambos residentes en la Ciudad de México, en audiencia de veintiséis de abril en cita; habiéndose negado dicha medida, porque las autoridades responsables negaron los actos reclamados sin que se hubiera desvirtuado dicha negativa. En razón de lo expuesto, debe establecerse, que en relación con las citadas autoridades responsables, no puede existir exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión provisional, por los motivos que expresa el quejoso, ya que dicha medida suspensional solamente surtiría efectos hasta en tanto se notificara la resolución que sobre la suspensión definitiva se emitiera, lo que ocurrió, en cuanto a la segunda de dichas autoridades, el trece de abril en cita, y por lo que respecta a la primera, tercera y cuarta, el dieciséis siguiente; es decir en fechas anteriores a la en que se llevó a cabo el traslado del quejoso, por lo que resulta innecesario realizar diverso análisis al respecto. Lo anterior sin que pase inadvertida la circunstancia de que, en autos obren copias certificadas de los oficios SSP/DGPRS/3031/2018 y SSP/DGPRS/3907/2018, de fechas seis y veintiséis de abril del año en curso, así como SSP/DGPRS/DPRS/3953/2018, de veintiocho siguiente; los dos primeros correspondientes a las solicitudes realizadas por el Director General de Prevención y Reinserción del Estado al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, con sede en la ciudad de México, a efecto de que autorizara el traslado del impetrante del amparo; y, el tercero, por el cual, la primera de dichas autoridades comisionó al encargado de la Unidad Especial de Revisiones, Traslados, Control y Disuasión de Motines del Sistema Penitenciario de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado, para que llevara a cabo el traslado del quejoso del centro de readaptación social donde se encontraba al Centro Federal de Readaptación Social número 17 CPS en Michoacán. Pues los dos últimos corresponden a fechas posteriores a la notificación de la resolución que negó la suspensión definitiva, y por lo que se refiere al primero, no obstante que se emitió el seis de abril del año en curso, que corresponde al mismo día en que se notificó al referido director general de Prevención y Reinserción Social la suspensión provisional, de su contenido se desprende que se trata solamente de una solicitud de traslado, lo que no implica la existencia de orden alguna y menos de un futuro e inminente traslado. Y, si bien, en lo referente a las dos últimas autoridades mencionadas, coordinador general de Prevención y Readaptación Social y coordinador General de Centros Federales, ambos residentes en la Ciudad de México, no obra en autos el acuse de recibo del oficio por el que se les notificó la aludida suspensión definitiva, ello no constituye obstáculo para establecer la inexistencia de exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión provisional a que alude el quejoso, ya que, por una parte, negaron los actos que se les atribuyeron, sin que se hubiera desvirtuado su negativa, por otra, la resolución relativa se emitió un día antes del traslado del quejoso, y finalmente, de los autos del cuaderno original del incidente en que se actúa, no se advierte la existencia de alguna prueba de la que se desprenda que hubieran tenido intervención en las gestiones realizadas para el traslado de mérito. Tocante a la diversa autoridad responsable Comisionado Nacional de Seguridad, con sede en la Ciudad de México, también se negó la suspensión definitiva por haber negado los actos reclamados sin prueba en contrario, y si bien es cierto que la interlocutoria correspondiente se dictó el once de mayo del año en curso, algunos días posteriores al referido traslado; como se indicó en parágrafos que anteceden, de las documentales aportadas a la incidencia que se resuelve, no se advierte que la propia responsable hubiera realizado gestiones relativas al propio traslado. Por tanto, tampoco existe exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión provisional en cuanto a esta autoridad se refiere. Finalmente, en lo relativo al comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, como quedó precisado en párrafos precedentes, igualmente se negó la suspensión definitiva, en audiencia de uno de junio de dos mil dieciocho, por haber negado dicha responsable la existencia del acto que se le atribuyó. Ello, no obstante que para esa fecha, obraban en el incidente las constancias que había remitido el secretario de Seguridad Pública del estado de Zacatecas, de las que se desprendía que por oficio SEGOB/CNS/OADPRS/09486/2018, de veintisiete de abril citado, la autoridad de mérito, por conducto del coordinador General de Centros Federales, con sede en la Ciudad de México, autorizó el traslado del aquí quejoso Gabriel Garcés Barrios del Centro Regional de Reinserción Social de Cieneguillas, Zacatecas al Centro Federal de Readaptación Social número 17 CPS en Michoacán, y que el mismo se ejecutó mediante diverso oficio SSP/DGPRS/DPRS/3953/2018 de veintiocho del propio mes, girado por el Director General de Prevención y Reinserción Social del estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad, al encargado de la Unidad Especial de Revisiones, Traslados, Control y Disuasión de Motines del Sistema Penitenciario de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del estado. Ya que, como se indicó, quedó evidenciado que la orden de traslado se autorizó el veintisiete de abril de dos mil dieciocho, esto es, con posterioridad a la concesión de la suspensión provisional, cuyo acuerdo fue de cinco del propio mes y año, por lo que se consideró, la orden de traslado reclamada no existía a la fecha de presentación de la demanda de amparo. Para apoyar la anterior determinación, se citó en apoyo la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado." Lo anterior, sin que de las constancias del incidente en que se actúa, se advierta que el quejoso hubiera interpuesto recurso de revisión contra la resolución antes mencionada. Luego entonces, es inexacto lo manifestado por el quejoso por conducto de su defensor, en cuanto al incumplimiento por parte de las autoridades responsables a la suspensión provisional que se le había otorgado, particularmente del comisionado en mención, pues es cierto que el traslado del centro de readaptación social donde se encontraba al centro federal a que se ha hecho alusión, se ordenó y ejecutó entre la fecha en que se otorgó dicha medida, cinco de abril de dos mil dieciocho y la diversa en que se resolvió la suspensión definitiva respecto a la autoridad que ahora se menciona, uno de junio del año en curso, asimismo, que la citada suspensión provisional fue decretada para el efecto de que las cosas se mantuvieran en el estado que guardaban, es decir, para que no fuera trasladado el quejoso del Centro Regional de Reinserción Social Varonil en el Estado, con sede en Cieneguillas, Zacatecas a uno diverso, hasta en tanto las responsables fueran notificadas de la resolución que sobre la suspensión definitiva se pronunciara. Sin embargo, cabe precisar, que la mencionada medida suspensional se concedió contra el acto reclamado que se hizo consistir en la orden, el mandato o la autorización para que se realizara el aludido traslado, para se llevara a cabo éste, y que por tanto, si el artículo 139 de la Ley de Amparo establece, que en los casos en que proceda la suspensión, se otorgará si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado, ello implica que, para que se suspendiera el traslado del quejoso, que comprende la ejecución de la orden, mandato o autorización reclamados, debía existir dicha orden para la fecha de presentación de la demanda, emitida con anterioridad por las autoridades correspondientes. Circunstancia que, como se desprende de los autos del incidente de suspensión en que se actúa y concretamente de lo narrado con antelación, no había ocurrido, razón por la cual, como lo adujo la responsable en referencia en su informe rendido en relación con la incidencia que se resuelve, la aludida suspensión provisional no surtió los efectos para los que se había otorgado, al no haber existido el acto reclamado para la fecha en que se emitió el acuerdo respectivo. En consecuencia, como ya se ha señalado, no existe exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión provisional. Además, si bien es cierto que el quejoso en su escrito por el que promovió el incidente por defecto en el cumplimiento de la medida cautelar de que se trata, ofreció como prueba el informe de autoridad a cargo del Director del Centro Regional de Reinserción Social Varonil en Cieneguillas, Zacatecas, y que el mismo se recibió en auto de treinta y uno de julio pasado, también es verdad que de dicho informe, específicamente de las constancias que al mismo acompañó, consistentes en copias certificadas del expediente administrativo único que existe en esa dirección, relativas al traslado del quejoso, no se desprende prueba alguna que desvirtúe lo ya asentado, pues al respecto obran los mismos oficios a que se ha hecho referencia. En razón de lo anterior, es inconcuso que el quejoso no demostró los hechos de la denuncia planteada. En las relatadas consideraciones, al no quedar acreditado el incumplimiento por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión provisional, lo procedente es declarar infundado el presente incidente. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo en el artículos 206, 207, 208 y 209 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Es infundado el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión provisional promovido por el quejoso Gabriel Garcés Barrios, por conducto de su defensor particular Liborio Carrillo Castro, por las razones precisadas en el último considerando de esta resolución. Notifíquese; y personalmente. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con María Concepción García Jacobo, secretaria que autoriza, hoy diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.

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