Gabriel Espinoza o Gabriel Espinoza Gutiérrez

Expediente 1815/2015 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 12 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1815/2015
Año
2015
Actuaciones
12
Última actuación
16/05/2017

Partes del expediente

  • Gabriel Espinoza o Gabriel Espinoza Gutiérrez
  • Jairo Marlón Espinoza Sánchez y Otros.
  • Juez Primero de lo Penal en Tlacolula, Oaxaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    *Agréguese a los autos el oficio 1967 remitido por el juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca; en atención a su contenido, como lo solicita, remítasele copia certificada del proveído de dieciocho de diciembre de dos mil quince, por la cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. Notifíquese.

  2. Incidental

    mesa 5 a inc. 1815/2015-Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a ocho de febrero de dos mil dieciséis. Vistos los autos y toda vez que no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en los puntos décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, SE ORDENA EL ARCHIVO DE ESTE INCIDENTE como definitivamente concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado. Se comunica a las partes que por haberse concedido la suspensión definitiva, el original de este expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurra el término de cinco años de haberse ordenado el archivo del asunto como concluido. Así también, que durante los primeros tres años estará en este órgano jurisdiccional y fenecido dicho término, de tres años, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En tanto que, de conformidad con los puntos vigésimo, fracción III, vigésimo quinto, de ese Acuerdo General, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que se dictó la interlocutoria de dos de diciembre de dos mil quince (fojas 19 a 23), procédase a la destrucción del duplicado de este incidente de suspensión. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    MESA 5 A PRAL. 1815/2015-OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, A QUINCE DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS. Vistos los autos de este juicio de amparo, por cuanto que ha transcurrido el término que concede el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra del auto de fecha dieciocho de diciembre de esta anualidad (fojas 43 a 45); con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales a que haya lugar, por lo que, hágase lo anterior del conocimiento de las partes. Sin que obste para lo anterior, A) que se encuentre corriendo el término de diez días para las autoridades responsables: a) Fiscal General del Estado y b) coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado, con residencia en esta ciudad, como se advierte de las constancia respectiva (foja 51); B) que no se cuente con el acuse de recibo respectivo, con el cual se acredite que la autoridad responsable c) comandante Encargado de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado, residente en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, haya quedado notificada del auto de mérito; porque carecen de legitimación para interponer el recurso de revisión a que se refiere el numeral 86 invocado, ya que todo recurso solamente puede hacerlo valer el afectado; de ahí que, en el caso, la única que pudiera resultar afectada con el fallo en cuestión es la parte quejosa; quien no hizo valer el medio de impugnación a que tiene derecho. Apoya lo anterior, con fundamento en el artículo 6° transitorio de la Ley de Amparo en vigor, por identidad de razón, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXXV, con el siguiente rubro y texto: "REVISIÓN MAL INTERPUESTA POR PARTE DE AUTORIDADES. De acuerdo con el artículo 86 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables solo podrán interponer el recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente al acto que cada una de ellas de reclame, por lo que debe desecharse la que interponga una de las autoridades responsables, si el inferior sobreseyó en el juicio relativo, en cuanto al acto que de ella fue reclamado". Así también la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 676, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo CXXX, bajo el rubro y texto: "RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISION INTERPUESTA POR AUTORIDADES DE, EN CASO DE SOBRESEIMIENTO." Por otra parte, como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la sentencia de amparo estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información; y, para el caso de que se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones, pruebas o constancias que obren en el expediente, la unidad administrativa que lo tenga bajo resguardo, determinará si es información reservada o no. Pese a ello, de conformidad con el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Federal, el Estado se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares y personas morales jurídicas1, considerada como confidencial que, de acuerdo con los primeros preceptos, debe ser entendido como aquélla cuya difusión, conservación o distribución requiere, 1 Tesis P. II/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 274, tomo I, materia constitucional, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 3, Febrero de 2014, registro IUS 2005522, de rubro: "PERSONAS MORALES. TIENEN DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS QUE PUEDAN EQUIPARARSE A LOS PERSONALES, AUN CUANDO DICHA INFORMACIÓN HAYA SIDO ENTREGADA A UNA AUTORIDAD". necesariamente, consentimiento expreso de los titulares de la misma. En ese contexto, al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa con supresión de datos personales identificables, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal2. Finalmente, advirtiéndose de autos, que en este asunto por auto de quince de octubre de dos mil quince, se sobreseyó en el juicio, fuera de audiencia (fojas 43 a 45), misma que con esta fecha causó ejecutoria; por lo que no existe asunto pendiente por diligenciar; por tanto, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción I, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE COMO DEFINITIVAMENTE CONCLUIDO. Relevancia documental: Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado. Destino: 2 Criterio 1/2011 (fecha de resolución 27/01/2011). "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ORGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Transcurridos mas de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su destrucción, conforme al artículo vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo. Archivo reciente: Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    pral. 1815/2015 mesa amp. 5-a Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a dieciocho de diciembre de dos mil quince. Agréguese el oficio número 8900/2015, signado por el secretario Encargado del Juzgado Primero Penal, autorizado por el Pleno para dictar sentencias, con residencia en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca; en atención a su contenido, se acuerda: I. Se tiene a dicha autoridad judicial remitiendo copia certificada de la resolución de once de diciembre de dos mil quince, dictada en el expediente penal número 143/2015, mediante la cual se decretó auto de formal prisión contra los aquí quejosos 1) JAIRO MALÓN ESPINOZA SÁNCHEZ y 2) GABRIEL ESPINOZA GUTIÉRREZ o GABRIEL ESPINOZA, por su probable responsabilidad en la comisión de delito de lesiones calificadas con la agravante de ventaja, cometido en agravio de Isaí Samuel Marcial Méndez. De ese pronunciamiento que realizó la autoridad responsable, se aprecia, que, en el caso, se actualiza en este juicio de amparo, la causa de improcedencia prevista por la fracción XVII del numeral 61, de la Ley de Amparo, precepto que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. ." Ahora, de las constancias existentes en autos, entre las que se encuentran las remitidas por la autoridad judicial responsable, con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa contenida en su numeral 2º de la ley de la materia, se advierte que los antecedentes del asunto, son: 1. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad, el veintiséis de noviembre de dos mil quince, y remitido en la misma fecha, por razón de turno, a este órgano jurisdiccional, los quejosos 1) JAIRO MALÓN ESPINOZA SÁNCHEZ y 2) GABRIEL ESPINOZA GUTIÉRREZ o GABRIEL ESPINOZA, promovieron demanda de amparo por propio derecho, en la que reclamaron la orden de aprehensión dictada en su contra por el 1) juez Primero de lo Penal, con residencia en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, y su ejecución que les atribuyen al 2) Fiscal General del Estado, 3) coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado, con residencia en esta ciudad y 4) comandante Encargado de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado, con sede en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca (fojas 2 a 3). 2. Las autoridades responsables 1) fiscal General del Estado de Oaxaca, por conducto del Director de Asuntos Jurídicos, residente en esta ciudad, 2) comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones Encargado de la Comandancia, con sede en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, al rendir su informe justificado convinieron en la existencia de los actos que se les atribuyen (fojas 13 y 17). II. Al respecto, señalaron que en el expediente penal 143/2015, el nueve de noviembre de dos mil quince, libró orden de aprehensión en contra de 1) JAIRO MALÓN ESPINOZA SÁNCHEZ y 2) GABRIEL ESPINOZA GUTIÉRREZ o GABRIEL ESPINOZA, por el delito de lesiones calificadas con la agravante de ventaja, cometido en agravio de Isaí Samuel Marcial Méndez. Por su parte, el juez Primero de lo Penal, con residencia en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, si bien no rindió su informe justificado, de las constancias que remitió en su oficio número 8900/2015, se advierte que libró orden de aprehensión en contra de 1) JAIRO MALÓN ESPINOZA SÁNCHEZ y 2) GABRIEL ESPINOZA GUTIÉRREZ o GABRIEL ESPINOZA, en el expediente penal número 143/2015 (foja 234 vta.). Por otro lado, la diversa responsable 3) jefa de la Unidad Administrativa y de Carrera Policial de la Agencia Estatal de Investigaciones, por orden del Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto que le atribuyen dichos quejosos (foja 15); sin embargo, al tener el carácter de autoridad ejecutora, y existir la orden de aprehensión reclamada, su ejecución se torna inminente; de ahí que se presume cierta la ejecución que se le atribuye. Apoya lo anterior, el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 9, del Semanario Judicial de la Federación, parte LXXII, sexta época, con el rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. NEGATIVA DE LAS AUTORIDADES EJECUTORAS". 3. Los indiciados, aquí quejosos, quedaron a disposición del juez de la causa, mismo que al resolver su situación jurídica, mediante resolución de once de diciembre de dos mil quince, dictó auto de formal prisión en su contra, por el delito de que se trata (fojas 23 a 41). Por lo que, en el caso, es de considerarse que con ello hubo un cambio en la situación jurídica, que hace improcedente este juicio de amparo, por lo siguiente: Al dictarse auto de formal prisión contra 1) JAIRO MALÓN ESPINOZA SÁNCHEZ y 2) GABRIEL ESPINOZA GUTIÉRREZ o GABRIEL ESPINOZA, como probables responsables en la comisión del delito de lesiones calificadas con la agravante de ventaja, cometido en agravio de Isaí Samuel Marcial Méndez, por el que el agente del Ministerio Público del conocimiento ejerció acción penal, hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones que se le atribuyen al acto reclamado, orden de aprehensión y su ejecución, ya que no es posible decidir sobre las mismas sin afectar la nueva situación jurídica de los quejosos, generada por el inicio de la etapa de la instrucción al haberse dictado ese auto de bien preso, que tiene su fundamento en el precepto 19 de la Constitución Federal. Lo anterior, encuentra sustento jurídico, por tratar sobre el tema, conforme a lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor, en la jurisprudencia 17/2008, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 270, del tomo XXVII, junio de dos mil ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro IUS 169410, con el rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN". Por las consideraciones expuestas, con fundamento en lo que dispone el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, y atento al principio de prontitud de justicia que consagra el numeral 17 constitucional, se sobresee fuera de audiencia en el juicio de amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo al acto de ejecución, por no reclamarse por vicios propios, atento a la tesis aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 163-168 Primera Parte, Séptima época, visible en la página 134, con registro IUS 232437, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO, RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE POR LOS ACTOS DE LAS EJECUTORAS SI NO SE COMBATEN ESTOS POR VICIOS PROPIOS". Sin que el sobreseimiento dictado fuera de audiencia en este juicio, en atención al principio de celeridad procesal contenida en el artículo 17 de la Constitución Federal, implique agravio o deje sin defensa a los amparistas, pues la hipótesis de improcedencia en que se sustenta es notoria, manifiesta e indudable, de tal suerte, que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Apoya la consideración anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, sustentada por la Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro IUS 184572, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Ante el sobreseimiento decretado, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las once horas del veintidós del mes que transcurre (foja 7). Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. En otro aspecto, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6°, segundo párrafo, fracción II, de la Constitución Federal y 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que este acuerdo estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información. Y que tiene el derecho de oponerse a la publicación de sus datos personales para que, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo, determine si tal oposición puede surtir efectos, considerando si es información reservada; y de esta manera, respetando el derecho a su privacidad, la decisión de la publicación de sus datos, sea acorde a sus intereses. Sin embargo, para el caso de que se trate de la versión pública de la sentencia ejecutoria, aun cuando no se haya ejercido esa oposición, se suprimirán los datos sensibles de las partes, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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