Gabriel Espinosa Carrilllo
Expediente 787/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 787/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 14/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Gabriel Espinosa Carrilllo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto; la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte interesada interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, sin que a la fecha se haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria; para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, ya que en el presente juicio de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, dado que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa destruible.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 787/2019, promovido por Gabriel Espinosa Carrillo, por propio derecho, contra actos del Gobernador Constitucional del estado de Zacatecas y otras autoridades. RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el doce de julio de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Gabriel Espinosa Carrillo, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra los actos y autoridades responsables precisados en su escrito de demanda. SEGUNDO. Por razón de turno, correspondió conocer de la referida demanda al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, registrándola con el número 564/2019; por auto de veinticinco de julio de este año la admitió trámite y solicitó informes justificados a las autoridades responsables. Luego por auto de dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, se ordenó la separación de los autos con relación a los actos reclamados por Gabriel Espinosa Carrillo, con la indicación que en el nuevo juicio habrían de estudiarse los actos que el quejoso hizo consistir en la aprobación y expedición del Reglamento de Tránsito del Estado de Zacatecas, específicamente en su artículo 199; la omisión de trasferir a los municipios las funciones propias de tránsito; y, lo relativo a la boleta de infracción 187937, ordenando remitir copia certificada del aludido juicio de amparo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado a efecto que lo turnara como juicio distinto. TERCERO. Del nuevo juicio, por razón de turno, correspondió conocer a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, quien lo registró con el número 787/2019; por auto de dos de octubre de este año se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, residente en la capital del mismo nombre, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo dispuesto por los artículos 103 fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se reclama una boleta de infracción así como la aplicación de una norma general, cuya aplicación ocurrió en donde ejerce jurisdicción este juzgado de distrito, actualizándose la hipótesis a que se refiere el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a fijar el acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en cuenta la demanda de amparo en su integridad, atento a lo dispuesto en la jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En cumplimiento al precepto y jurisprudencia citados, se precisa que la parte quejosa reclama lo siguiente: Del Gobernador Constitucional del estado de Zacatecas a) La expedición del Reglamento de Tránsito del Estado de Zacatecas, específicamente en su artículo 199. b) La omisión de transferir a los municipios las funciones propias de tránsito. Del Director de la Policía de Seguridad Vial del Estado de Zacatecas y de María del Carmen López de la Rosa, Policía de Seguridad Vial: c) La emisión en su perjuicio, de la boleta de infracción 187937. Y, del Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas. d) El cobro de la aludida boleta. Lo anterior sin que pase inadvertido que dentro del capítulo de actos reclamados, el quejoso no atribuyó acto en específico a la Policía de Seguridad Vial, María del Carmen López de la Rosa; no obstante de la lectura íntegra del escrito de demanda se advierte que sí reclama a la elemento en mención la expedición de la aludida boleta de turno, pues en sus antecedentes del acto reclamado señaló que fue ella quien le impuso la infracción contenida en la boleta 187937; por tanto, atendiendo a la intencionalidad del autor de la demanda de amparo y a la causa de pedir, es que la litis se considera correcta tal como ha quedado planteada. Tiene aplicación la tesis: P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. Inexistencia de los actos. No son ciertos los actos que se señalan a continuación: A. La omisión de transferir a los municipios las funciones propias de tránsito. Lo anterior es así, porque al momento de rendir su informe justificado la autoridad responsable Gobernador Constitucional del estado de Zacatecas, indicó que el doce de enero de dos mil doce, se publicó en el Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado de Zacatecas, el "Decreto Gubernativo que establece el programa para la transferencia de funciones y servicio público de tránsito del Estado de Zacatecas a los municipios" en el que se fijaron las bases para que se realizaran la transferencia del servicio de tránsito a los municipios, que en su artículo 3º refiere que dicha transferencia comenzara a solicitud del Ayuntamiento correspondiente. En efecto, la omisión jurídica es un estado pasivo y permanente, parcial o absoluto, cuyo cambio se exige en proporción a un deber derivado de una facultad que habilita o da competencia a la autoridad; por tanto, cuando se reclaman actos de esa naturaleza la carga de la prueba se constituye, por regla general, en contra de las autoridades, quienes se encuentran obligadas a demostrar que no existe tal omisión. Así, para que exista una condición de actualización que coloque a la autoridad en la obligación de proceder que exige el gobernado, uno de los presupuestos para la existencia de un acto omisivo, consiste en que exista una solicitud, petición o condición, siendo aquellos que prevén la existencia de requisitos previos para actualizar las facultades y el conocimiento directo de la autoridad, a su vez, requisitos o condiciones para que el Estado actúe. Es aplicable la jurisprudencia (V Región)2o. J/2 (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, que dice: "ACTOS OMISIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. PRESUPUESTOS DE SU EXISTENCIA. La omisión jurídica es un estado pasivo y permanente, parcial o absoluto, cuyo cambio se exige en proporción a un deber derivado de una facultad que habilita o da competencia a la autoridad. En este sentido, si se trata de actos omisivos, la carga de la prueba recae, por regla general, en las autoridades, pero esto aplica cuando, teniendo conocimiento, están obligadas a actuar y no lo hacen, lo que se traduce en una abstención de actuar con base en sus atribuciones. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. XXIV/98, señaló que para la existencia de la omisión debe considerarse si existe una condición de actualización que coloque a la autoridad en la obligación de proceder que exige el gobernado; en estos casos, su deber es en proporción al supuesto normativo incumplido, es decir, el presupuesto de la omisión es la facultad normativa que habilita a las autoridades y las constriñe a actuar en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, ya que sólo pueden omitirse conductas, fáctica y legalmente probables, donde el Estado teniendo conocimiento de un acto o hecho no acata la facultad normativa. Luego entonces, el conocimiento de la autoridad que la constriñe a actuar se divide en tres hipótesis: 1) que ésta sea consecuencia de un acto previo que la origine, es decir, la autoridad lo conoce directamente y sólo espera ejecución por ya existir el presupuesto que fáctica y legalmente la habilitan y constriñen, por ejemplo ante la existencia de un fallo o determinación judicial la omisión de ejecutar, entregar, pagar o liberar; 2) los casos donde no tenga como presupuesto una condición, por ejemplo ante una falta o accidente de tránsito, un delito flagrante, una contingencia ambiental son hechos que la autoridad conoce o debe conocer por razones notorias, en estos, la obligación se especifica en proporción al hecho y a la consecuencia normativa prevista; y, 3) los actos que requieren de una solicitud, petición o condición, siendo aquellos que prevén la existencia de requisitos previos de impulso del gobernado, para actualizar las facultades y el conocimiento directo de la autoridad, por ejemplo cuando ésta requiere algún tipo de formulario, pago o bien una solicitud, que son requisitos o condiciones para que el Estado actúe. En este tenor, en la medida que va dependiendo de la omisión y sus presupuestos como facultad normativa y conocimiento de la autoridad, podrá establecerse su existencia." Por ello, si en el juicio de amparo se reclama la omisión por parte del Gobernador Constitucional del estado de Zacatecas, de transferir a los municipios las funciones propias de tránsito, necesariamente la autoridad debe encontrarse en el supuesto en el que la norma le exige determinada conducta y no la haga, pues de no actualizarse tal hipótesis, no existirá conducta omisiva que pueda ser atribuible a la autoridad señalada como responsable. Entonces, si el artículo 3º del "Decreto Gubernativo que establece el programa para la transferencia de funciones y servicio público de tránsito del Estado De Zacatecas a los municipios" refiere que la transferencia de las actividades de tránsito se realizará a petición del Ayuntamiento correspondiente y, en el caso concreto no se advierte que el Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas haya realizado tal solicitud, la consecuencia es que no existe una omisión por parte del Gobernador Constitucional del estado de Zacatecas, pues no se encuentra en el supuesto normativo de actuar; de ahí que no existe omisión que pueda ser atribuida a dicha autoridad responsable. Es aplicable, por su espíritu y especial contenido, la jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto literal: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." (énfasis añadido). B. De la emisión de la boleta de infracción 187937 atribuida al Director de la Policía de Seguridad Vial del Estado de Zacatecas. Por otro lado, tampoco es cierto el acto reclamado al Director de la Policía de Seguridad Vial del Estado de Zacatecas, consistente en la emisión de la boleta de infracción 187937, en perjuicio del quejoso, toda vez que al rendir su informe justificado negó la existencia del acto que se le reclama. Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsable niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Además, de la boleta boleta de infracción C-187937, que acompañó Gabriel Espinosa Carrillo a su escrito de demanda y que obra en copia certificada, se advierte que quien la expidió fue la Policía de Seguridad Vial 120, de nombre María del Carmen López de la Rosa, no el Director de la Policía de Seguridad Vial del Estado de Zacatecas, por lo que con dicho documento se acredita la inexistencia del acto atribuido a la última de las autoridades responsables en comento. Máxime que de la interpretación de los artículos 63, fracción IV, 117 y 124, de la Ley de Amparo, se aprecia que corresponde a las partes desvirtuar la negativa de los actos atribuidos a las responsables, debiendo acreditar la existencia de los actos reclamados y la inconstitucionalidad de los mismos; lo cual en el caso en concreto no aconteció con relación a los actos y autoridades analizadas en este considerando. Cobra aplicación la Tesis Aislada VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que a la letra dice: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." En consecuencia, se impone sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63 fracción IV de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados y autoridades antes precisadas. CUARTO. Certeza de los actos. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Gobernador Constitucional del estado de Zacatecas; María del Carmen López de la Rosa, Policía de Seguridad Vial; y, Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas, consistentes en (i) la expedición del Reglamento de Tránsito del Estado de Zacatecas, específicamente en su artículo 199; (ii) la expedición de la boleta de infracción 187937; y, (iii) el cobro de la aludida boleta, respectivamente, toda vez que la primera y última de las autoridades en comento reconocieron la existencia de los actos que se les atribuyen. Apoya lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que se cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este acto." Y si bien la Policía de Seguridad Vial, María del Carmen López de la Rosa, no aceptó expresamente la existencia del acto que se le atribuye, de sus propias manifestaciones se advierte que lo reconoce; máxime que, como quedó dicho, a este juicio fue allegada la boleta de infracción 187937, en la que se advierte que fue tal autoridad quien la emitió; documental con valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, así como por la Jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO. Oportunidad de la demanda. El artículo 17 de la Ley de Amparo, establece como regla general la temporalidad de quince días para acudir a juicio de amparo, contados a partir de (i) el día siguiente a aquél en que surta efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, (ii) del día siguiente al en que haya tenido conocimiento o (iii) del día siguiente al en que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, como así lo refiere el numeral 18 de la ley de la materia. Por otro lado, la presente demanda de amparo no encuadra en las excepciones a que se refiere el numeral 17 de la ley de la materia para acudir a juicio constitucional, dado que no se reclama normas generales de naturaleza autoaplicativa; un procedimiento de extradición; un proceso penal en su contra en el que se haya impuesto pena de prisión; así como tampoco el acto reclamado tiene por objeto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; no está involucrada la vida o la libertad personal del quejoso fuera de procedimiento; ni implica deportación o destierro o incorporación forzosa a las fuerzas armadas. Precisado lo anterior, se indica que el quejoso Gabriel Espinosa Carrillo tuvo conocimiento de la boleta de infracción 187937, desde el momento mismo que se emitió, que lo fue el diecisiete de junio de dos mil diecinueve; de ahí que se ubica en la segunda hipótesis del artículo 18 de la Ley de Amparo, esto es, el plazo para presentar su demanda comenzó a transcurrir a partir del día siguiente en que se emitió esa boleta, que lo fue el dieciocho de junio de dos mil diecinueve; mientras que para reclamar el cobro de dicha multa, atribuido al Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas, el plazo comenzó el veinticuatro de junio de este año, en razón a que el pago lo efectuó el veintiuno del mismo mes y año. Por lo anterior, en términos de la segunda hipótesis a que se refiere el artículo 18 de la Ley de Amparo, el plazo para presentar su demanda con relación al acto reclamado que hizo consistir en la boleta de infracción 187937, concluyó el ocho de julio de dos mil diecinueve, sin contar los días veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de junio, así como el seis y siete de julio de dos mil diecinueve, por ser inhábiles. Luego, para reclamar el cobro de la aludida boleta de infracción, el plazo para acudir a juicio de amparo concluyó el doce de julio de dos mil diecinueve, sin contar por ser inhábiles los días veintinueve y treinta de junio, así como el seis y siete de julio de dos mil diecinueve. Por ello, como la demanda de amparo que dio origen a este juicio fue presentada el doce de julio de este año, su presentación fue oportuna con relación al cobro de la boleta de infracción reclamada, y extemporánea con relación a la emisión de la aludida boleta. SEXTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación aducidos por el demandante del amparo, este juzgador se encuentra compelido a verificar la procedencia del juicio constitucional, asimismo en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, conviene verificar si se actualiza alguna causal de improcedencia, lo aleguen o no las partes, ya que su estudio es preferente y de actualizarse alguna quien resuelve se encontrará imposibilitado para analizar la constitucionalidad de los actos reclamados. Así, en este juicio se actualizan tres causales de improcedencia distintas, por lo cual serán analizadas en diferentes apartados. Apartado A. Respecto a la emisión de la boleta de infracción. Con relación a la boleta de infracción 187937 que el quejoso atribuyó a María del Carmen López de la Rosa, Policía de Seguridad Vial, quien resuelve advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIV, en estricta concordancia con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;. Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; V. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la interpretación armónica de los artículos transcritos, se obtiene que todo gobernado cuenta con un plazo genérico para la presentación de la demanda de amparo de quince días. Así, de no promoverse el juicio en los plazos previstos por la propia ley, se considerará consentido tácitamente el acto reclamado, lo que tornará improcedente el juicio de amparo. En correlación con lo anterior, en el numeral 18 de la mencionada ley se distinguen tres hipótesis respecto de la fecha a partir de la cual comienzan a transcurrir los quince días (regla general) que cuenta el gobernado para promover juicio constitucional, a saber, a partir del día siguiente en que: (i) surta efectos la notificación del acto o resolución que se combate, (ii) tenga conocimiento del mismo o (iii) se ostente saber del acto que reclama, esto es, la confesión del quejoso relativa a la fecha en que conoció el reproche. Ahora, como ya se dijo en el considerando que antecede, en el caso concreto se surte la segunda hipótesis a que se refiere el artículo 18 de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado no emana de un procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio que contenga reglas específicas de notificación y la forma en que surten efectos las mismas, por lo que el plazo para acudir a juicio constitucional comenzará a partir del día siguiente al en que se tenga conocimiento de la emisión del acto reclamado. Entonces, como ya se dijo, a Gabriel Espinosa Carrillo, se le aplicó la boleta de infracción 187937 el diecisiete de junio de dos mil diecinueve, por lo que el plazo que tuvo para reclamarla comenzó el dieciocho de junio y concluyó el ocho de julio de dos mil diecinueve; en cambio, la demanda de amparo promovida respecto a dicho acto, se presentó el doce de julio de este año. Con lo anterior, se obtiene que a la fecha en que fue presentado el escrito inicial de demanda, habían transcurrido los quince días que el artículo 17 de la Ley de Amparo otorga para acudir a juicio constitucional, consintiendo por ende la quejosa el acto que ahora se reclama, precisado en este apartado. Lo anterior torna improcedente el juicio de amparo en relación al acto reclamado que Gabriel Espinosa Carrillo hizo consistir en la boleta de infracción 187937, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, de ahí que lo procedente es sobreseer en el juicio con fundamento en lo dispuesto por el precepto 63, fracción V, de dicha ley. Se cita en apoyo la tesis aislada IV.3o.78 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE GARANTÍAS. EXTEMPORANEIDAD DE LA. Es correcto el actuar del juez de Distrito al dar el trámite correspondiente a una demanda de garantías, y que al momento de dictar su resolución constitucional sobresea en el juicio de garantías al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que al rendir el informe justificado la autoridad responsable acompañó las constancias que estimó pertinentes y el juez de amparo advirtió que la demanda de garantías era extemporánea pues de las referidas constancias se desprendía la extemporaneidad de la misma, además de que el juez federal con la sola presentación de la demanda no podía advertir esa circunstancia, pues en ella la parte quejosa expresó que en determinada fecha se enteró del acto de molestia, por lo cual en ese momento el juez no estaba en aptitud de advertir la extemporaneidad de la demanda." Apartado B. Respecto a la expedición del Reglamento de Tránsito del Estado de Zacatecas, específicamente en su artículo 199. En otro aspecto, el quejoso Gabriel Espinosa Carrillo reclamó del Gobernador Constitucional del estado de Zacatecas, la expedición del Reglamento de Tránsito del Estado de Zacatecas, específicamente en su artículo 199; con relación a este acto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en razón a que la parte quejosa no tiene interés jurídico para instar el presente juicio porque no acreditó el acto de aplicación del artículo que combate. En efecto, el citado precepto y fracción establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" La hipótesis antes citada debe analizarse conjuntamente con lo que establece el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo y el numeral 107, fracción I, de la Constitución Federal, los cuales señalan lo siguiente: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)" "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)" De los artículos transcritos se obtiene que los juicios constitucionales se seguirán siempre a instancia de parte agraviada, debiéndose entender por ésta la que aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre y cuando se alegue violación a los derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a virtud del acto de autoridad que se reclama, circunstancia que a su vez habrá de trascender en la esfera jurídica del quejoso de manera directa (interés jurídico) o bien, derivado de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Las figuras de interés jurídico o legítimo están referidas u orientadas a cuestiones de legitimación en la causa, pues en ambas se pretende la protección de derechos bajo modalidades distintas, en el caso del interés jurídico, la protección de los derechos subjetivos individuales directos, en tanto que en el legítimo aquellos de grupo o individuales indirectos. Sobre el tema, el Pleno Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.), se ha pronunciado en los términos siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas." En relación con lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 2a./J. 141/2002, de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. AMBOS TÉRMINOS TIENEN DIFERENTE CONNOTACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.", estableció que el interés jurídico tiene una connotación diversa a la del legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. La propia Segunda Sala del máximo Tribunal del país, en la Tesis Aislada 2a. LXXX/2013 (10a.), de rubro "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.", ha determinado que para acreditar el interés jurídico debe demostrarse lo siguiente: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado, y b) Que el acto de autoridad afecte ese derecho, de donde deriva el agravio personal y directo correspondiente. En relación con el interés legítimo, el referido órgano colegiado estableció que su demostración requiere la comprobación de los aspectos siguientes: a) La existencia de una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) Que el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) El promovente pertenezca a esa colectividad. Bajo ese contexto, corresponde al juzgador de amparo determinar en función del caso concreto, si se está o no en presencia de un supuesto donde deba analizarse el interés jurídico o el legítimo, para lo cual resulta útil atender a la condición legal del sujeto frente al acto reclamado, en conjunción con las pruebas y la naturaleza jurídica tanto del acto como de la autoridad responsable. Así también lo apoya la Tesis Aislada III.4o.(III Región) 17 K (10a.), emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. CARACTERÍSTICAS DEL MÉTODO CONCRETO QUE DEBE UTILIZAR EL JUEZ PARA SU DETERMINACIÓN. Del texto del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de octubre de 2011, se advierte que la intención del Constituyente es continuar en el juicio de amparo con la tutela del interés jurídico y agregar al ámbito de protección el interés legítimo, los cuales tienen diversos alcances, pues el primero requiere, para su acreditación, el perjuicio de un derecho subjetivo del cual es titular el agraviado; en cambio, el segundo comprende únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, y proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto a la norma que establezca el interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo cual supone que el quejoso pertenece a ella; en ese contexto, dichas figuras están referidas u orientadas a cuestiones de legitimación en la causa, pues en ambas se pretende la protección de derechos bajo modalidades distintas, pues reconocer la tutela de dichos intereses a nivel constitucional, sólo tiene por efecto posibilitar, en el interés jurídico, la protección de los derechos subjetivos individuales directos y, en el legítimo, aquellos de grupo o individuales indirectos. A partir de las anteriores premisas el Juez, en función del caso concreto, determinará si se está o no en presencia de un supuesto donde deba analizar el interés jurídico o el legítimo, es decir, el método concreto consiste en atender a la condición legal del sujeto frente al acto calificado de transgresor de sus derechos para precisar cuál es su pretensión, lo que se logra mediante la revisión de la demanda en su integridad, las pruebas, la naturaleza jurídica del acto reclamado e, incluso, de la autoridad responsable, dado que estos factores, conjuntamente, influyen para determinar cuál interés busca protegerse; por ejemplo, si se reclama de una autoridad la orden, ejecución, desposeimiento y embargo de un vehículo de motor en el procedimiento administrativo en materia aduanera, cuya propiedad el quejoso adujo probar con documentos específicos, como la factura con su traducción por ser de procedencia extranjera, este planteamiento permite advertir que se reclama la afectación a un interés jurídico, dada la protección pretendida al derecho de propiedad sobre el automotor. Por tanto, a partir de la diferencia de los intereses descritos, no se está en posibilidad de examinar la afectación de los dos en torno a un acto reclamado, en tanto uno excluye al otro, dado sus particulares orientación y finalidad, sin ser dable perfilar el estudio en sede constitucional por la vía del interés legítimo sólo porque así lo refiere el quejoso, pues ello equivaldría a desnaturalizar la función del órgano jurisdiccional en su calidad de rector del juicio." En ese sentido, de la precisión del acto reclamado que se realizó en el considerando segundo de esta sentencia, este juzgador concluye que el análisis respectivo habrá de versar en torno a un interés jurídico que el quejoso aduce. Es así porque en el presente juicio se pretende combatir la inconstitucionalidad de la expedición del Reglamento de Tránsito del Estado de Zacatecas, específicamente en su artículo 199. Así, dada la naturaleza del acto reclamado, resulta indispensable que acredite fehacientemente el interés jurídico relacionado con la aplicación del artículo en comento, porque ese es el supuesto básico en que descansa su reclamación; pues de lo contrario, la consecuencia necesaria es establecer que carece de interés jurídico para acudir en demanda de amparo a reclamar tal porción normativa. Para justificar su interés jurídico, el quejoso Gabriel Espinosa Carrillo, acompañó la boleta de infracción 187937 (foja 40). Sin embargo, con ese documento no se acredita la aplicación del artículo 199 del Reglamento de Tránsito del Estado de Zacatecas, pues en la parte conducente de la boleta en mención donde se lee "ARTÍCULOS VIOLADO (S)" se asentó "155-X y 23-I" Como se lee, en el aludido documento no se advierte que se haya aplicado en perjuicio del quejoso, el artículo 199 del Reglamento de Tránsito del Estado de Zacatecas; de ahí que al no existir un acto concreto de aplicación de tal precepto, Gabriel Espinosa Carrillo carece de interés jurídico para reclamarlo en este juicio. Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XII, en correlación con el 5, fracción I, de la Ley de Amparo, razón por la cual lo procedente es sobreseer en el presente juicio de protección de derechos fundamentales, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la Jurisprudencia 1a./J. 1/2002, de la Primera Sala de nuestro Tribunal Supremo, de tenor: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto." Apartado C. Respecto del cobro de la boleta de infracción. Finalmente, Gabriel Espinosa Carrillo reclamó del Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas el cobro de la boleta de infracción 187937; respecto de ese acto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, pues el quejoso no formuló conceptos de violación. Los preceptos legales de la Ley de Amparo, antes citados, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) VIII. Los conceptos de violación". De los preceptos legales en comento se advierte que el juicio de amparo será improcedente cuando la causa resulte de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Federal. Asimismo, se puede observar que uno de los requisitos esenciales que debe reunir el escrito inicial de demanda, constituye el señalamiento de los conceptos de violación en relación con los actos, omisiones o normas impugnadas; por lo que ante la ausencia de éstos, surge la improcedencia del juicio de amparo, al no estar en posibilidad el juzgador de conocer las razones por las cuales lo reclamado le causa un perjuicio o agravio al peticionario de la tutela constitucional. En esa tesitura, la presente instancia resulta improcedente respecto del acto reclamado señalado en este apartado; ello, pues de la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que el hoy quejoso fue omiso en verter concepto de violación alguno en contra del cobro de la boleta de infracción 187937 que atribuyó al Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas; esto es, no se advierte que dicho acto haya sido reclamado por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad descansa en la emisión de dicha boleta de infracción; es decir, respecto de su cobro no se advierten razonamientos lógicos jurídicos que permitan resolver sobre su legalidad o constitucionalidad. En consecuencia, es dable concluir válidamente, como se anticipó, que el presente juicio de control constitucional es improcedente en términos de la fracción XXIII del numeral 61, en concomitancia con la fracción VIII del numeral 108, ambos de la Ley de Amparo, respecto de la norma materia de análisis en el presente apartado. Sirve de apoyo la jurisprudencia 3a./J. 28/93, emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se lee: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN DEMANDAS DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO NO EXISTEN DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO Y NO NEGAR EL AMPARO. Si se omite en la demanda de amparo expresar los conceptos de violación, o sólo se combate el acto reclamado diciendo que es incorrecto, infundado, inmotivado, o utilizando otras expresiones semejantes, pero sin razonar por qué se considera así, tales afirmaciones tan generales e imprecisas, no constituyen la expresión de conceptos de violación requerida por la fracción V del artículo 116 de la Ley de Amparo, y el Juez de Distrito, salvo el caso de suplencia de la queja deficiente, no puede juzgar sobre la constitucionalidad de los actos reclamados sin la existencia de conceptos de violación, lo cual determina la improcedencia del juicio, de conformidad con la fracción XVIII del artículo 73, en relación al artículo 116, fracción V, de la Ley de Amparo, y con apoyo en el artículo 74, fracción III, de dicha ley, debiéndose sobreseer en el juicio y no negar el amparo." Así, al decretarse el sobreseimiento en este juicio constitucional con relación a los actos en cita, no procede analizar los conceptos de violación alegados por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, toda vez que el estudio de la procedencia del juicio de amparo es de naturaleza preferente y de orden público, y la actualización de alguna causa que lo haga improcedente impide el análisis de la cuestión de fondo. Tiene aplicación, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Gabriel Espinosa Carrillo, pro propio derecho, contra los actos y autoridades que se precisaron en el considerando segundo de esta sentencia, acorde a los motivos y fundamentos que quedaron plasmados en los correlativos tercero y sexto de la misma. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Juan Antonio Gutiérrez Gaytán, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido de la licenciada Tiziana Eliana del Carmen Moscoso López, secretaria con quien actúa y da fe.
- Principal
Visto; agréguese a sus autos para que obre como corresponda, el informe justificado y anexo que rinde la autoridad responsable. Con su contenido dese vista a las partes para su conocimiento y efectos legales correspondientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Se tienen como delegados de su parte, en términos del artículo 9° de la Ley de Amparo, a las personas que menciona. Con las documentales, instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, exhibidas por la responsable como soporte de su informe justificado, hágase nueva relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebre, en términos de los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo.
- Principal
Visto; téngase por recibido el oficio OCC/C/23/JDM/176/2019, al que se anexan las copias fotostáticas certificadas relativas al juicio de amparo 564/2019-I, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Gabriel Espinosa Carrillo, por su propio derecho, contra actos del Gobernador del Estado de Zacatecas y otras autoridades. Ahora bien, toda vez que del contenido del auto de dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de amparo 564/2019, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas se advierte que se declaró procedente la separación de juicios que inició ese propio juzgado y se ordenó con copia de lo actuado en el referido juicio, formar un nuevo expediente en el que se resuelva lo relativo a la Litis de la aprobación y expedición del Reglamento de Tránsito en su artículo 199, así como su tabulador, la omisión de transferir al municipio las funciones propias de tránsito, la boleta de infracción 187937 y el cobro de la mencionada boleta; por tanto, con fundamento en los artículos 112, 115, 116, y 117, de la Ley de Amparo, se admite a trámite la presente demanda de amparo. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 787/2019-I y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Hágase del conocimiento de la parte quejosa la radicación en este Juzgado Federal del presente asunto, para los efectos legales a que haya lugar. Se señalan las diez horas con treinta minutos del veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Por otra parte, en atención a que ya obran en autos los informes justificados de las autoridades responsables. Con su contenido dese vista a las partes para su conocimiento y efectos legales correspondientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento alguno respecto al incidente de suspensión en atención a que de autos se advierte que no fue tramitado en atención a que no fue solicitado. En otro aspecto, infórmese a las autoridades responsables que tienen la obligación de dar seguimiento a los juicios en que intervengan, toda vez que este juzgado en lo subsecuente, notificará por lista los acuerdos de trámite de trascendencia menor, pues sólo se ordenará notificar por oficio, en términos de la primera fracción del artículo 30 de la Ley de Amparo, cuando se trate de la primera notificación y aquellas que se consideren trascendentes, como lo es, la sentencia que se llegue a dictar, no así los acuerdos de mero trámite ni los diferimientos de la audiencia constitucional. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página mil doscientos cincuenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, con registro 2002576, del tenor: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." También sustenta lo anterior el criterio del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la tesis I.20o.A.2 K (10a.), publicada en la página dos mil trescientos noventa y nueve, del Libro 36, Noviembre de dos mil dieciséis, tomo IV, materia común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2013030, bajo el rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CONFORME AL ARTÍCULO 192, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 26, FRACCIÓN II, INCISO A), DE LA LEY DE LA MATERIA VIGENTE, LA RELATIVA A LA SENTENCIA DICTADA EN EL RECURSO DE REVISIÓN, DEBE SER REALIZADA POR OFICIO ACOMPAÑADO DEL TESTIMONIO CORRESPONDIENTE ÚNICAMENTE CUANDO SE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL AL QUEJOSO. La interpretación histórico-progresiva de las disposiciones de la Ley de Amparo que han regulado las notificaciones a las autoridades responsables en el juicio de amparo indirecto, revela que la legislación abrogada preveía que las ejecutorias recaídas a los procedimientos seguidos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito debían dárseles a conocer por medio de oficio acompañado del testimonio de la resolución, sin importar el sentido de ésta; sin embargo, en la ley vigente se estableció esa obligación sólo por cuanto a las ejecutorias en las que se concede el amparo al quejoso, en aras del pronto cumplimiento de aquéllas. En esas condiciones, conforme al artículo 192, en relación con el diverso 26, fracción II, inciso a), de la propia ley, para los casos en que no se concedió la protección constitucional al quejoso, es innecesario que la notificación a las autoridades responsables de la sentencia dictada en el recurso de revisión, se lleve a cabo por medio de oficio acompañado del testimonio respectivo, toda vez que esa obligación fue excluida de la actual legislación de amparo." Con apoyo en el artículo 64 del ordenamiento legal invocado, se requiere a las partes para que, en el supuesto que tuvieran conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, de las establecidas en el artículo 63 de la ley de la materia, lo hagan saber de inmediato a este juzgado, y de ser posible acompañar las constancias que así lo acrediten; pues, de no cumplir con esa obligación, se les impondrá una multa de treinta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que, en su caso, se haga efectivo dicho medio de apremio; lo anterior en términos de los artículos 238 y 251 de la Ley de Amparo y de conformidad con los artículos primero, segundo y quinto transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Con apoyo en lo ordenado en la fracción II, del artículo 26 de la Ley de Amparo, notifíquese por oficio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, con copia autorizada de la demanda con que se formó el presente expediente, para la intervención que legalmente le corresponde. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales, cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales, acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye a la secretaria para que dé fe, de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, se incorporen todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. Sin que de la lectura de la demanda se advierta la existencia de tercero interesado alguno. Téngase por autorizado para oír y recibir notificaciones en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Ricardo Cuellar Valdez y como lo solicita la quejosa a Juan de Jesús Luna Celaya únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos y, como domicilio para tal efecto el ubicado en calle San Isidro, número doscientos tres (203), fraccionamiento San Fernando, en la ciudad de Zacatecas. Toda vez que el quejoso Gabriel Espinosa Carrillo, señaló como uno de los actos reclamados, la inconstitucionalidad de la expedición del Reglamento de Tránsito en su artículo 199, así como su tabulador, atribuido a la LXlll Legislatura del Estado de Zacatecas, lo que torna evidente que la materia de la demanda de amparo que originó el presente juicio de amparo, no es Administrativa, como inicialmente se clasificó en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, sino INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES; por tanto, con transcripción del presente auto y copia de la boleta de turno de la demanda que originó este expediente, hágase la anterior circunstancia del conocimiento de la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, para que lleve a cabo la reclasificación correspondiente y lo acredite a este órgano jurisdiccional, a la mayor brevedad posible. Se autoriza a la secretaria a firmar los oficios que deriven de la tramitación de este asunto.
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