Gabriel Escareño Méndez

Expediente 72/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
72/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
07/03/2022

Partes del expediente

  • Gabriel Escareño Méndez

Actuaciones

  1. Principal

    PRAL.72/2022.MESA-1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de marzo de dos mil veintidós. 1. Informa. Agréguese el oficio del director Administrativo en ausencia de director General del Centro Federal de Readaptación Social número trece, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, mediante el cual, en atención al requerimiento efectuado en acuerdo de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, informa que en los archivos con que cuenta esa unidad administrativa, no obra registro de que el quejoso haya depositado alguna correspondencia para ser entregada a éste órgano jurisdiccional, en el periodo correspondiente del dieciséis al veintidós de febrero de este año, para lo cual anexa las constancias respectivas, información que se encuentra clasificada como reservada y confidencial de conformidad a lo establecido en los artículos 110, fracción V y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; lo anterior, para los efectos legales procedentes. 2. Estado de autos. En esas condiciones, vistos los autos y considerando de la certificación que antecede, que ha fenecido el plazo que concede el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, para que el quejoso Gabriel Escareño Méndez interpusiera recurso de queja contra la determinación de veintisiete de enero del año en curso, en la cual se desechó la demanda de amparo que promovió, sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. 3. Causa estado. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado la referida determinación. 4. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que el auto inicial y las demás resoluciones, estarán a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de las referidas actuaciones se realizarán en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 5. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, archívese este expediente como definitivamente concluido. 6. Destino (destruible). Conforme al artículo 21 del acuerdo en cita, y Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, dado el sentido de la resolución que puso fin al juicio de amparo (desechamiento de demanda de amparo) y no existe acuerdo por el que se hubiere concedido la suspensión de oficio y de plano, se considera que este expediente es destruible; así, será resguardado en este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes, se procederá a su destrucción, remitiendo el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. 7. Instrucción sobre certificación. En atención a que en acuerdo inicial se instruyó al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que tiene a su cargo el trámite de este expediente, llevara a cabo la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verificara que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, fuera incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realizara la certificación correspondiente; por tanto, al tratarse de un asunto concluido, en términos del artículo 35 del citado acuerdo general, cúmplase con tal indicación y genérese la certificación relativa. Así también, se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste el sello de relevancia documental, conservable, depurable o destruible, según corresponda. 8. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en la carátula del expediente y en los libros de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL.72/2022.MESA-1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de febrero de dos mil veintidós. 1. Estado de autos. Vistos los autos, advirtiéndose que por acuerdo de veintisiete de enero de dos mil veintidós se desechó, de plano, la demanda de amparo promovida por Gabriel Escareño Méndez, del que quedó notificado el doce de febrero del año en curso, sin que hasta esta fecha se hubiere recibido en la oficialía de partes de este Juzgado escrito alguno mediante el cual hubiere interpuesto el recurso de queja a que se refiere el artículo 97 de la Ley de Amparo, inciso a), de la Ley de Amparo. 2. Requerimiento a autoridad. En esas condiciones, por razón de seguridad y certeza jurídica y a fin de establecer lo procedente sobre la declaración de causa estado del auto que desechó la demanda, al tener el control de correspondencia de reclusos, requiérase al director General del Centro Federal de Readaptación Social número trece, Cps-Oaxaca, residente en Miahuatlán de Porfirio Díaz, para que, dentro del término de tres días, contado a partir de la fecha en que quede notificada del oficio respectivo, con transcripción de este acuerdo, comunique si dentro de la correspondencia enviada o pendiente por enviar de los internos del Centro Federal a su cargo, se encuentra algún escrito del quejoso Gabriel Escareño Méndez, que hubiere sido depositado en el período comprendido del dieciséis al veintidós de febrero de este año, dirigido a este órgano jurisdiccional; de ser así, comunique la fecha en que fue enviado a esta autoridad de amparo. Notifíquese por lista a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PRAL. 72/2022 MESA 1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de enero de dos mil veintidós. 1. Diligencia de notificación. Vista la diligencia de notificación personal de veintiuno de enero de este año, realizada por el actuario adscrito a este Juzgado al quejoso ****en su atención, se acuerda: En atención a la promoción inicial constitucional, por acuerdo de diecisiete de enero de este año, se previno al quejoso para que aclarara su demanda de amparo, en los términos siguientes: " (.) Único. Diga a qué autoridad(es) le(s) atribuye la orden de traslado del Centro Regional Cieneguillas, Zacatecas al Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "Cps-Oaxaca", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, y su ejecución; en su caso, deberá señalar con qué carácter la(s) señala. (.). En la diligencia de notificación antes precisada el aquí quejoso *** manifestó: "yo señalo que el director de autoridades del Penal Cieneguillas me señalo de traslado" (sic). En atención a dicha manifestación y en suplencia de la queja, se presume que la autoridad a quien le reclama la orden de traslado combatida en este juicio, es al director del Centro Regional Cieneguillas, Zacatecas. En esas condiciones, se tiene a dicha parte quejosa dando cumplimiento a la prevención formulada en el auto inicial. Ahora, respecto a la admisión o no de la demanda se provee de la manera siguiente: 2. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la anterior disposición legal se desprende que el juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, que se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, *** Por otro lado, el artículo 62 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". Precepto del que deriva que el análisis de las causas de improcedencia debe realizarse de oficio. En el caso, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama, toralmente, lo siguiente: La orden de traslado del Centro Regional Cieneguillas, Zacatecas al Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "Cps-Oaxaca", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, y su ejecución. Misma que le reclama al director del Centro Regional Cieneguillas, Zacatecas. Acto contra el cual se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados,*** (Transcripción) Dicho precepto prevé el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, consistente en la carga procesal para la parte quejosa de agotar, previo al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la legislación que regula el acto reclamado, que pueden conducir a su revocación, modificación o anulación. El referido principio encuentra justificación en que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa que procede contra actos definitivos, por lo que es necesario que la parte quejosa acuda a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le causa perjuicio. Orden de traslado. Por lo que respecta a la orden de traslado que reclama la parte quejosa y que atribuye a una autoridad administrativa, la causa de improcedencia señalada se actualiza por los siguientes motivos: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que cuando una persona privada de su libertad reclama una orden de traslado calificada como urgente o excepcional, de un centro penitenciario a otro, sin tener certeza de su legalidad, no deberá promover un juicio de amparo sino el recurso denominado "controversia judicial" previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, a fin de que sea el juez de control o de ejecución de sentencia quien resuelva respecto a la posible afectación a alguno de sus derechos fundamentales. En efecto, la Primera Sala señaló que con relación a la hipótesis de excepción al principio de definitividad, se debía corroborar si en contra de una orden de traslado emitida por una autoridad administrativa penitenciaria es procedente algún recurso o medio de defensa ordinario. La Ley Nacional de Ejecución Penal, contempla los siguientes tipos de traslados: a) Voluntarios; b) Involuntarios; y, c) Urgentes. Los traslados voluntarios se actualizan cuando existe el interés de la persona recluida -con la asistencia de un defensor- de ser trasladado a un centro de reclusión diverso, siempre que exista un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino o, en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación; en ese sentido, la petición la resolverá la autoridad jurisdiccional, quien verificará que se cumplan con los requisitos legales y constitucionales para su autorización. Los traslados involuntarios, son instaurados previamente por la autoridad penitenciaria ante un juez de ejecución o de control, según sea el caso, con el fin de que en audiencia pública se decida sobre la legalidad del traslado. Contra la determinación jurisdiccional que se emita, procede el recurso de apelación. Finalmente, el traslado urgente o excepcional, se emite por medio de resolución administrativa, cuando se trate de los casos específicamente señalados en la ley, sin autorización judicial previa. Tratándose de una orden de traslado por una autoridad administrativa sin intervención judicial, esto es, un traslado urgente o excepcional regulado por el numeral 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal -que implica una determinación administrativa en casos de delincuencia organizada, riesgo a la integridad y la salud de la persona privada de la libertad o riesgo a la seguridad o gobernabilidad del centro de reclusión-, la autoridad penitenciaria deberá notificar a la autoridad jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas posteriores al traslado, para que en un plazo de cuarenta y ocho horas, resuelva sobre la legalidad de la medida. Determinación administrativa contra la que proceden dos medios de defensa legal con los que puede ser combatida: el recurso de apelación y la controversia judicial; cuya procedencia depende del actuar del juez de Control o de Ejecución, ya que: Una vez que esa autoridad ha sido notificada de la orden de traslado urgente o excepcional, cuenta con cuarenta y ocho horas para emitir la resolución en la que calificará la legalidad de la orden de traslado, y contra dicha resolución es procedente el recurso de apelación. En cambio, si la autoridad judicial es omisa en pronunciase sobre la legalidad de la determinación administrativa que ordena el traslado dentro del término fijado, se actualizará la procedencia de la controversia judicial. Por tanto, cuando se reclamen traslados y no se tenga certeza de la calificación que sobre su legalidad emite el juez de Ejecución, en tanto que la presumible determinación administrativa se comunicó al quejoso por la propia autoridad administrativa, lo procedente será que el afectado promueva una controversia judicial, a fin de que sea el juez de Control o de Ejecución quien resuelva respecto de sus derechos implicados. De ahí que contra una orden de traslado urgente o excepcional, que se reclama a una autoridad administrativa, sin autorización judicial previa, es procedente la controversia judicial, prevista en los artículos 52, último párrafo y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, porque ese medio de defensa legal, tiene la potencialidad de confirmar, modificar o revocar la referida orden de traslado. La Primera Sala apuntó que el medio ordinario de defensa referido es capaz de suspender los efectos de la orden de traslado con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo, de ahí que sí cumple con las previsiones establecidas en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues tiene el alcance de conceder la suspensión de la determinación administrativa que ordena el traslado urgente o excepcional, y puede solicitarse por la persona privada de la libertad, o bien, decretarla de oficio el juez de Control o de Ejecución; por las siguientes razones: -El artículo 122 la Ley Nacional de Ejecución Penal está inserto en el Título Tercero, Capítulo V, denominado "Procedimiento Jurisdiccional", y señala que la controversia judicial, deberá formularse por escrito y presentarse ante la administración del Juzgado de Ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, así como la solicitud de suspensión del acto, cuando se considere que se trata de caso urgente, y la firma o huella digital. -El juez de Control o de Ejecución, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto. -El segundo párrafo del artículo 124 de la propia ley de ejecución regula la sustanciación de la controversia judicial y que en caso de tratarse de medidas disciplinarias y de violación a derechos que constituyan un caso urgente que, de no atenderse de inmediato, quedará sin materia la acción o el recurso jurisdiccional, el juez de Control o de Ejecución, de oficio o a solicitud de parte, decretará de inmediato la suspensión del acto, hasta en tanto se resuelve en definitiva. De igual manera, en el artículo 132, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal se prevé que el recurso de apelación es procedente contra las resoluciones que se pronuncien respecto de los traslados de las personas privadas de la libertad en los centros de reclusión,*** Motivos por los cuales, respecto a dicho tópico, concluyó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la controversia judicial, prevista en la Ley Nacional de Ejecución Penal, es un medio de defensa legal que prevé la posibilidad de que el juez de Ejecución ordene de inmediato la suspensión de la orden de traslado atribuida a la autoridad administrativa, sin que para ello se advierta la exigencia de mayores requisitos que los que la Ley de Amparo establece para la concesión de esa medida cautelar, ya que únicamente requiere que el interesado formule una petición en ese sentido en el escrito inicial; e incluso, de no hacerlo, la autoridad jurisdiccional puede pronunciarse de oficio respecto del otorgamiento de la aludida medida cautelar. Aunado a lo anterior, la Primera Sala se pronunció en relación a si la orden de traslado es urgente o excepcional, no carezca de fundamentación; no implique una violación directa a la Constitución; y que el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento, sin que lo contemple la Ley Nacional de Ejecución Penal. En ese sentido, estableció que esos supuestos no se configuran, porque las hipótesis para su procedencia están previstas en dicha ley especial, y se trata de un acto que emite una autoridad competente dentro del correspondiente procedimiento. Ello, **** Es decir, tratándose de casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; cuando exista riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. Así, la fundamentación de la resolución administrativa penitenciaria que ordena verbalmente un traslado urgente o excepcional, se encuentra prevista en dicha disposición normativa; y la legalidad de su aplicación se corroborará una vez que la determinación se somete al control de la autoridad jurisdiccional, luego de ejecutada la medida. En esas condiciones, si bien es cierto que la orden de traslado urgente o excepcional se emite y ejecuta por una autoridad administrativa sin autorización judicial previa; ello no pugna con la judicialización del régimen penitenciario, porque la legalidad de esa determinación, finalmente, la califica un juez de Control o un Juez de Ejecución, según sea el caso. Conforme a lo expuesto, la Sala subrayó que el traslado urgente o excepcional, ordenado y ejecutado en términos del artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal no constituye una violación directa a la Constitución Federal; porque conforme al modelo actual de judicialización y régimen de penas, esa medida ya no constituye un acto que afecte la libertad fuera de procedimiento, pues se cuenta con una regulación especial en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que precisa las especificas hipótesis en las que, de manera excepcional, se faculta a la autoridad administrativa para que emita y ejecute el traslado de personas privadas de su libertad de un centro penitenciario a otro, bajo requisitos específicos, pues se establecen plazos precisos (notificación del traslado a la autoridad jurisdiccional dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución y cuarenta y ocho horas para calificar la legalidad de la determinación administrativa), con el fin de que la correspondiente autoridad judicial realice con posterioridad a la materialización del traslado, su control de legalidad. Además de que el juez de Control o el juez de Ejecución, según sea el caso, será quien, finalmente, determine la legalidad del traslado, a través de una resolución que constituya la culminación del correspondiente procedimiento, en respeto al derecho a un debido proceso. Y que, incluso, de resultar que la decisión judicial dictada no es acorde a sus intereses, podrán interponer el recurso de apelación que procede de conformidad con el artículo 132, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a fin de que la resolución que dirima la controversia judicial, pueda ser confirmada, modificada o revocada, por un tribunal de alzada. Razón por la cual, concluyó la referida Primera Sala, el traslado urgente o excepcional no constituye una violación directa a la Constitución Federal que haga procedente el juicio de amparo indirecto como excepción al principio de definitividad, pues se erige en un acto dentro del procedimiento y, al respecto, existe un medio ordinario de defensa con el cual la determinación judicial que al efecto se dicte puede ser combatida y suspendida. Con base en lo expuesto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se apartó de los criterios sostenidos en las jurisprudencias 1a./J. 83/2015 (10a.) y 1a./J. 58/2016 (10a.), que se identifica con los rubros siguientes: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI SE EJECUTA SIN INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, NO PUEDE CONSIDERARSE COMO UN ACTO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO Y, POR ENDE, SE ACTUALIZA EL PLAZO EXCEPCIONAL PARA INTERPONER LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA". "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA". Ello, al considerarlos superados en virtud de la nueva tesis 1a.XXIV/2021 (10a.), sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Materia Penal, Libro 2, Junio de 2021, Tomo IV, página 3506, registro digital 2023190, del rubro siguiente: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LOS ARTÍCULO 52 Y 117, FRACCION III, DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ES EL MEDIO DE DEFENSA IDÓNEO PARA IMPUGNARLA, AUN CUANDO EL AFECTADO NO TENGA UNA RESOLUCIÓN TANGIBLE QUE RECURRIR Y, POR TANTO, DEBE AGOTARLO ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD". En el caso, como ya se precisó, la parte quejosa señala como autoridad responsable al director del Centro Regional Cieneguillas, Zacatecas, de quien reclama, toralmente, lo siguiente: La orden de traslado del Centro Regional Cieneguillas, Zacatecas al Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "Cps-Oaxaca", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, y su ejecución. De ahí que, conforme a lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto del movimiento carcelario atribuido a la autoridad administrativa que refiere, el quejoso debe agotar el medio de defensa ordinario previsto en los artículos 52, último párrafo y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, consistente en la controversia judicial. Y, en caso de que haya sido alguna autoridad judicial quien emitió una resolución con la que culmina el procedimiento de la controversia judicial, en observancia a lo dispuesto en el artículo 132, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el referido quejoso debe o debió promover previamente el recurso de apelación, en caso de estar inconforme con su sentido. 3. Determinación. Ante ello, se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; en consecuencia, se desecha, de plano, la demanda de amparo de que se trata. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el lugar en el que se encuentra recluida.

  4. Principal

    PRAL.72/2022 MESA 1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de enero de dos mil veintidós. 1. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo promovida por ***, por derecho propio, recibida el catorce de enero del año en curso, en el buzón judicial ubicado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio y turnada a este órgano jurisdiccional en la misma fecha; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 72/2022. 2. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3. Precisión respecto a la urgencia del asunto. Por otra parte, en la boleta de turno se consideró que este asunto tiene su origen en un acto que vulnera el artículo 15 de la Ley de Amparo; sin embargo, del análisis acucioso de la demanda y de la calificación jurídica de la misma, no se advierte que se actualice ese supuesto; por tanto, no es de considerarse este asunto urgente; por lo cual tampoco procede la suspensión de oficio y de plano contra los actos reclamados, pues en el caso no se advierte que se actualice alguno de los actos previstos en el artículo 22 constitucional. 4. Prevención. De la lectura íntegra a la demanda de amparo se advierten omisiones e irregularidades en su planteamiento por lo siguiente: La parte quejosa reclama: La orden de traslado del Centro Regional Cieneguillas, Zacatecas al Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "Cps-Oaxaca", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, y su ejecución. Sin embargo, no precisa a qué autoridad(es) les atribuye dichos actos reclamados, pues en el capítulo relativo a "autoridades responsables" únicamente refiere lo siguiente: (Imagen escaneada) Y, del contenido total de la demanda no se aprecia el señalamiento o la participación de alguna autoridad en los actos que reclama. En esas condiciones, con fundamento en los artículos 108, fracción III y V; así como el numeral 114, fracción I, de la Ley de Amparo, se previene a la parte quejosa para que, dentro del plazo de cinco días, contado a partir de la notificación de este acuerdo, por escrito o en el acto de la diligencia de notificación, aclare la demanda de amparo en los términos siguientes: Único. Diga a qué autoridad(es) le(s) atribuye la orden de traslado del Centro Regional Cieneguillas, Zacatecas al Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "Cps-Oaxaca", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, y su ejecución; en su caso, deberá señalar con qué carácter la(s) señala. Lo anterior así se requiere, a fin de que, en observancia al principio de igualdad de las partes procesales, las autoridades responsables defiendan la constitucionalidad del acto que se les reclama al emitir su informe justificado, y se integre la litis de manera correcta; pues, al respecto, este órgano jurisdiccional aunque realizara una interpretación íntegra de la demanda, no sucede lo mismo para las demás partes, a las que se les deben de precisar las circunstancias respectivas. Se invoca en apoyo la tesis emitida por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en la página 393 tomo CVIII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que refiere, de epígrafe: "DEMANDA DE AMPARO, ACLARACIÓN DE LA". 5. Apercibimiento. Se apercibe a la parte quejosa que de no cumplir con lo anterior, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo. 6. Autorización. Se autoriza al actuario llevador de este asunto, a fin de que, con anuencia del Consejo de la Judicatura Federal, se traslade al Centro Federal de Readaptación Social Trece "CPS OAXACA", en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, lugar que se encuentra fuera de la residencia de este Juzgado, a efecto de notificar al quejoso Gabriel Escareño Méndez, este proveído y las subsecuentes notificaciones personales que se ordenen. 7. Notificaciones personales. Hágase del conocimiento de la parte quejosa que, por encontrarse privado de su libertad, las notificaciones personales que se ordenen le serán efectuadas en el centro de su reclusión, haciéndose entrega de copia autorizada del acuerdo y, en su caso, anexos que deban notificarse; por tanto, le será proporcionada la copia correspondiente de este proveído. 8. Habilitación de días y horas inhábiles. Dada la situación de contingencia en que se encuentra este país, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, atento a su numeral 2º, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo; asimismo, se le faculta emplear todas las formas de notificación (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 9. Seguridad (actuario -a-). Para el caso del desahogo de alguna actuación personal, y dado que ello implicaría contacto personal, indíquese al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado que deberá apegarse, de manera estricta, a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes la imparten, tal y como lo determina el acuerdo general 21/2020 ya multicitado. 10. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal, 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; y que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no el acceso a la información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley avocada; sin embargo, para el caso de que se trate de la versión pública de las resoluciones que se lleguen a dictar en este juicio de amparo, se elaborará la versión publica a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni las obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 11. Integración del expediente físico. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa; únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al (la) fedatario (a) correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. 12. Autorización para firmar comunicaciones oficiales. Se faculta al (la) secretario (a) de guardia o al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente. 13. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el lugar en el que se encuentra recluida.

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