Gabriel Enrique Vargas Alejandre
Expediente 209/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 209/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Gabriel Enrique Vargas Alejandre
Actuaciones
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, que remite la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, mediante el cual informa que se avoca al conocimiento de la incompetencia planteada por este órgano jurisdiccional; lo anterior para los efectos legales correspondientes. Por tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el presente cuaderno es susceptible de destrucción, de conformidad con la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo, en virtud de los razonamientos expresados en líneas que preceden. Atento a lo previsto por el punto décimo cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual, deberá transferirse el presente expediente, al Centro de Documentación y Análisis. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado Correspondiente al registro de Juicios de Amparo y archívese como asunto totalmente concluido. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el antedicho libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. También, hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. NOTIFÍQUESE.Así lo proveyó y firma, Ramón Hernández Cuevas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de la Secretaria, Diana Reyes Amaya, quien autoriza y da fe.
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Téngase por recibida la demanda de amparo interpuesta por Gabriel Enrique Vargas Alejandre, regístrese por su orden en el Libro de Gobierno de amparo que para tal efecto se lleva en este Juzgado Federal, bajo el número 209/2018-2A. Ahora bien, la competencia legal es de orden público, por lo que no puede quedar sujeta a voluntad de las partes, ante lo cual, se procede a analizar si, en el caso, se surte la competencia legal de este juzgado, para conocer de la demanda de amparo en comento. Es aplicable al caso, la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Tomo XCVII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. Las cuestiones de competencia son de orden público, y el conocimiento de un negocio no puede quedar sujeto a la voluntad de un funcionario público o al error que éste pueda cometer al admitir su competencia, para conocer del caso." Por su parte el artículo 37 de la ley de amparo, previene: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del análisis de dicho precepto se obtienen distintas reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, entre las cuales, en lo que aquí interesa, se destaca que será juez competente aquel que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Ahora, el quejoso se duele concretamente de la resolución de veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, dictada en segunda instancia dentro de los autos del toca civil 1585/2017, del índice de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, por medio de la cual resolvió el recurso de apelación interpuesto en el juicio 437/2015-C del índice del Juzgado Tercero Civil del Partido Judicial de Ensenada, Baja California, por lo que, éste Juzgador estima, que se actualiza la hipótesis contenida en el primer párrafo del numeral ya citado, toda vez que el acto reclamado por la parte quejosa va a tener ejecución material en la ciudad de Ensenada, Baja California. Cabe precisar que en la determinación de que se trata, la responsable declaró fundados los agravios vertidos por el apelante y revocó el auto de doce de junio de dos mil diecisiete, dictado por el Juez Tercero Civil del Partido Judicial de Ensenada, Baja California. De lo anterior, se desprende claramente y sin lugar a dudas, que la resolución de la que ahora se duele el amparista tiene ejecución material, en tanto tiene como consecuencia que el Juez Tercero Civil del Partido Judicial de Ensenada, Baja California, continúe con la tramitación del juicio 437/2015-C; de tal forma, se considera estamos en el supuesto previsto en el primer párrafo, del artículo 37 de la Ley de Amparo, ya referido, por lo que, resulta evidente que la competencia no se surte a favor de este Juzgado, sino de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia PC.VII.C. J/2 K (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Civil del Séptimo Circuito, consultable a foja 1667, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO. AL TENER EJECUCIÓN MATERIAL, CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUZGADO DE PRIMER GRADO QUE DEBA REPARAR LA VIOLACIÓN PROCESAL. La resolución de segunda instancia que ordena reponer el procedimiento tiene ejecución material a cargo del órgano jurisdiccional de primer grado; por tanto, el juicio de amparo contra dicha resolución debe ser del conocimiento del Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deben realizarse los actos procesales encaminados a cumplir la orden aludida, con independencia de donde resida el tribunal de segunda instancia, lo que se ajusta a las reglas competenciales previstas por el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, y es acorde al nuevo marco constitucional de los diversos principios al debido proceso, de acceso efectivo a la justicia y de seguridad jurídica." Ahora, es oportuno señalar que el juicio del que deriva este biinstancial, a la fecha no se encuentra concluido en definitiva; por tanto, es evidente que los efectos del amparo, en caso de otorgarse el mismo, tendrán ejecución en el territorio donde actualmente se ventiló inicialmente el juicio natural. Por tanto se insiste, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, Baja California, carece de competencia legal para conocer del presente sumario constitucional, por razón de territorio, y por ende, la declina al Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California, en Turno, con residencia en Ensenada, puesto que es dentro de la jurisdicción del citado Juzgado Civil, donde tendrá lugar la ejecución de los actos derivados de la sentencia de segunda instancia que ahora se reclama; por ello, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, así como el Acuerdo General 3/2013 y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena remitir los autos del presente juicio de amparo a ese órgano de control constitucional para que, si lo considera pertinente, se avoque al conocimiento del asunto en cuestión. No pasa inadvertido para este Juzgador, que en el caso particular únicamente se señaló como autoridad responsable a la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Baja California, con domicilio en esta ciudad, no así al Juzgado Tercero Civil del Partido Judicial de Ensenada, Baja California; empero, dicha circunstancia no es obstáculo para declinar la competencia a aquél Juzgado Federal, toda vez que conforme a las reglas antes precisadas, la competencia se debe de fincar atendiendo al lugar donde tendrán ejecución los actos reclamados, sin importar que el domicilio de la autoridad responsable se encuentre dentro de la jurisdicción de otro Juez de Distrito. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 73, Volumen 217-228, Tercera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE ENCUENTRE EN LA JURISDICCION DE OTRO JUEZ. Se debe fincar la competencia para conocer del negocio en el juzgado dentro de cuya jurisdicción se pretende ejecutar el acto que se reclama, sin que sea óbice para resolver así el hecho de que la autoridad responsable resida en territorio de otro Juez de Distrito, que pudiera inducir a estimar competente a éste, porque dicha responsable ejerce sus funciones en el lugar de ejecución del acto reclamado." En consecuencia, se procede a remitir los autos originales del presente expediente así como cuatro copias del escrito inicial de demanda al Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California, en Turno, con residencia en Ensenada, por conducto de la Oficina de Correspondencia de los Juzgados de Distrito de dicha ciudad, previo cuaderno de antecedentes que se deje en este juzgado federal; solicítese el acuse de recibo correspondiente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Téngase como domicilio de la parte quejosa para efectos de oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda de amparo y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que refiere. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este juicio de garantías; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, ya que este último procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal. TRANSPARENCIA En estricto apego al Segundo Transitorio, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su publicación, que establece que ".En tanto no se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad federal en la materia."; por consiguiente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8° y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el numeral 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley en cita, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales, conforme al artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como, que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. ANOTACIONES LIBROS DE GOBIERNOS Y CAPTURA EN EL SISE Hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista de ingresos y egresos de la estadística de este juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. Finalmente, sin que sea el caso realizar la notificación en términos de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, a la parte promovente, toda vez que dicha notificación le corresponde al juez que en su caso le toque conocer del presente sumario, Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia registrada bajo el número 1002874, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja ochocientos noventa y siete, Tomo: II, Séptima Época, cuyo rubro dice: "RADICACIÓN DEL JUICIO EN OTRO JUZGADO, POR INCOMPETENCIA. DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO." NOTIFÍQUESE.Así lo proveyó y firma, Ramón Hernández Cuevas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de la Secretaria, Diana Reyes Amaya, quien autoriza y da fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California · 9,683 expedientes
- Gabriel Eduardo Suarez López8/2021
- Gabriel Enrique Cabrera Echeverría1021/2022
- Gabriel Enrique Cabrera Echeverría316/2021
- Gabriel Enrique Cabrera Echeverria1179/2023
- Gabriel Enrique Gonzalez Robles47/2016
- Gabriel Enrique Vargas Alejandre399/2016
- Gabriel Gamiño Pelayo637/2016
- Gabriel García Domínguez208/2014
- Gabriel Ivan Buchanan Corrales469/2018
- Gabriel Jaquez González1027/2021
- Gabriel José Rodríguez Castellanos322/2015
- Gabriel Leyva Alcaraz1585/2022