Gabriel Eduardo Velázquez Muñoz

Expediente 731/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
731/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
05/08/2022

Partes del expediente

  • Gabriel Eduardo Velázquez Muñoz

Actuaciones

  1. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, a cinco de agosto de dos mil veintidós. Causa estado. ...se declara que causó estado el referido acuerdo. Archivo. ... archívese este expediente como concluido. Relevancia documental. ... este expediente es susceptible de destrucción. Instrucciones al secretario. ... Notifíquese. .

  2. Principal

    ... Desechamiento. Ahora, previo a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la admisión de la demanda que se intenta, en atención al artículo 113 de la Ley de Amparo, se analiza la procedencia de ésta, puesto que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar dicho presupuesto procesal, para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. En el caso, el suscrito considera que en este asunto se configura el supuesto reconocido en el artículo 6º, interpretado contrario sensu, en relación con la fracción XXIII, del diverso 61, artículos 3 y 15 de la Ley de Amparo, ya que conforme al artículo 107 constitucional, fracción I, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de la parte agraviada; y en los términos del artículo 6º de la Ley de Amparo, únicamente podrá promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que reclama, pudiendo hacerlo por sí o por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, o por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que esta ley lo permita expresamente y sólo podrá seguirse por el agraviado y por su representante legal o por su defensor. Cabe precisar que el segundo de los preceptos invocados, en la fracción citada, establece que el juicio de amparo es improcedente, además de las hipótesis previstas en ese artículo, cuando la causa de improcedencia provenga de alguna otra disposición de la ley. En ese contexto, de conformidad con los artículos 3º, 6° y 108, párrafo primero, de la Ley de la materia, la demanda de amparo indirecto, debe formularse por escrito o por medios electrónicos, por la parte a quien afecte la norma general o el acto reclamado, misma que podrá hacerlo por sí o por su representante legal o apoderado, cuando el acto reclamado derive de un acto administrativo, en la inteligencia de que en todo caso la demanda de amparo deberá contener la firma autógrafa del promovente o al haberla presentado por medios electrónicos la evidencia criptográfica de la persona autorizada para enviarla por dicho medio. Así, es menester indicar que la firma tiene como función esencial identificar a su autor, así como de imputarle la autoría del texto que le precede; en razón de que es a través de la firma, que la parte quejosa manifiesta su voluntad para promover un juicio de amparo y continuar con su substanciación. En ese orden de ideas, recibida la demanda de amparo en el órgano jurisdiccional, el juzgador tiene la obligación de pronunciarse en el sentido que en derecho proceda; sin embargo, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una manifestación de la voluntad, sino sólo aquel en la que revele la misma para promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa del interesado, o como ya se dijo la evidencia criptográfica al enviarse por medios electrónicos. En ese sentido, tratándose de la tramitación electrónica del juicio de amparo, el artículo 3° de la Ley de Amparo dispone que la firma electrónica es el medio que permite a la parte quejosa el ingreso al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, en los que quien promueve sea parte. Asimismo, ese artículo establece que los escritos enviados en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica conforme a la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal, firma que se podrá prescindir cuando se promueva el amparo en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, situación que no acontece en el presente caso, puesto que se trata de una demanda en materia penal según la boleta de turno. En el caso a estudio, como ya se dijo, este órgano jurisdiccional estima que no se cumple con el requisito esencial que establece el artículo 6° de la Ley de Amparo, pues, se advierte que el promovente Gabriel Eduardo Velázquez Muñoz, no firmó de manera electrónica (con evidencia criptográfica) el ocurso de demanda que se provee, aun cuando se aprecie escaneada su firma autógrafa: por tanto, no existe plena certeza de que se haya plasmado en tal escrito su voluntad para instar la acción constitucional de que se trata, ya que la firma del promovente, no constituye un elemento de forma, sino un requisito esencial para dar validez a un documento; de donde resulta indispensable que en la demanda o promoción que se formula conste la firma (autógrafa o electrónica) de quien promueve, ya que sólo así se acredita la voluntad del que suscribe, pues de no hacerlo así, no se insta al órgano jurisdiccional para que conozca del juicio de amparo, porque un escrito de demanda, cualquiera que sea la naturaleza del acto reclamado, sin firma o huella dactilar, es un simple papel en el que no se incorpora la voluntad de determinada persona de presentarlo. Sobre este tema, el artículo 76 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, prevé que al presentar demanda de amparo indirecto de forma electrónica, el sistema generará un acuse de recepción electrónica en la que se señalarán los datos de identificación del asunto y de quien promueve, el archivo electrónico enviado, así como la hora y fecha de envío y recepción y que cada documento electrónico que se reciba contendrá en la parte final una evidencia criptográfica que corresponderá a la firma electrónica, en la que se mostrará el nombre del titular de la firma electrónica, siempre que el certificado sea reconocido por la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas y esté vigente; a excepción de cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Congruente con ello, no se advierte la manifestación de voluntad del promovente de acudir a la presente instancia constitucional, siendo que, tratándose del juicio el amparo en línea que se pretende promover, con la firma electrónica (evidencia criptográfica) la parte expresa la voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, en razón de que con ésta se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley. Sin que se esté en el supuesto de excepción que prevé el último párrafo del artículo 3° de la Ley de Amparo, para que sea procedente la demanda de amparo sin el requisito de la Firma Electrónica (evidencia criptográfica). ... Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.

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