Gabriel Domínguez Antonio
Expediente 321/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 321/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 31/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Gabriel Domínguez Antonio
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, y dado que la parte quejosa, no impugnó el proveído de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó de plano su demanda de garantías, dentro del plazo ... se declara que dicho auto queda firme para los efectos legales consiguientes. .. ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido. .. Notifíquese.
- Principal
Vista la demanda de amparo que promueve *********, por propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público del sistema Acusatorio Oral de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca y otra autoridad; ...regístrese en el libro de gobierno respectivo y fórmese el expediente de amparo impreso y electrónico con el número ******.. procede analizar la demanda de amparo de que se trata, a fin de establecer si en el caso se actualiza alguna causa de improcedencia, cuyo estudio es de orden público y preferente a la admisión de una demanda. Así, el análisis realizado al ocurso de cuenta, así como de la certificación de la misma permite establecer que la demanda promovida por Gabriel Domínguez Antonio, por propio derecho, presentada el dieciocho de mayo del año en curso, a través del portal en línea del Consejo de la Judicatura Federal, carece de evidencia criptográfica del promovente. En ese sentido de conformidad con el artículo 3° párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, 89, párrafo segundo, del cuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, remitiendo éste último al diverso Acuerdo General conjunto 1/2013, artículos 5 y 6, en lo relativo a la firma electrónica, para lo cual resulta conveniente imponerse de su contenido: "Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. [.] Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. Acuerdo General Conjunto 1/2015. "Artículo 89. Los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito integrarán los expedientes electrónicos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sus titulares serán los responsables de vigilar que el personal a su cargo digitalice oportunamente y de manera legible las constancias de los juicios de amparo que en su caso se presenten de manera impresa y de la impresión de las que se presenten de forma electrónica, de conformidad con el artículo 3, párrafos quinto y séptimo, de la Ley de Amparo. En la integración del expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes se atenderá a lo establecido en el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación y al expediente electrónico." Acuerdo General Conjunto 1/2013. CAPITULO SEGUNDO "De la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) [.] Artículo 5. Todas las demandas, promociones, recursos y cualquier escrito u oficio que envíen las partes en un juicio de amparo o en un diverso juicio de la competencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación deberán ir firmados mediante el uso de la FIREL. Para tal fin también podrá utilizarse un certificado digital de firma electrónica que hubiere emitido otro órgano del Estado, siempre y cuando el Poder Judicial de la Federación, a través de la Unidad, haya celebrado convenio de coordinación para el reconocimiento de certificados digitales homologados en términos de lo previsto en la legislación aplicable, en la inteligencia de que para acceder al Sistema Electrónico será necesaria la verificación en línea de la vigencia de los certificados correspondientes, sin que las fallas en el sistema del órgano emisor del certificado respectivo puedan encuadrar en las referidas en el artículo 30, fracción III, de la Ley de Amparo o en las disposiciones generales aplicables a los demás asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados. Los acuerdos, determinaciones, proveídos, resoluciones, sentencias, oficios y comunicaciones oficiales deberán ingresarse al Sistema Electrónico mediante el uso de la FIREL y deberán estar firmados electrónicamente por el servidor público que corresponda en términos de la normativa aplicable. Artículo 6. Las personas físicas legitimadas en términos de la legislación procesal aplicable, podrán utilizar la FIREL para promover, por su propio derecho, cualquier asunto. En el caso de las personas morales públicas o privadas, el certificado digital de firma electrónica para promover dichos juicios deberá corresponder a la persona física que legalmente las represente. Las personas que no promuevan por su propio derecho podrán actuar dentro de los asuntos respectivos mediante el uso del certificado digital de firma electrónica que les fue asignado, siempre y cuando, mediante proveído judicial dictado en el expediente respectivo, previamente se les haya reconocido capacidad procesal para tal fin Cuando mediante resolución judicial se tenga por revocado el acto del que derive la capacidad procesal de las personas indicadas en el párrafo segundo de este Punto, el Sistema Electrónico no les permitirá ingresar con su certificado digital de firma electrónica al expediente electrónico respectivo" De ahí que al no contener la firma electrónica del directo quejoso Gabriel Domínguez Antonio, no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, no es procedente dar trámite a la demanda de amparo que nos ocupa. En esas condiciones, es indudable que un escrito así presentado no obliga al órgano jurisdiccional a proveer formalmente sobre su contenido ante la falta de firma de quienes supuestamente lo formulan, en la medida que, al no encontrarse firmado, debe considerarse como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad de ninguna naturaleza. Esto, tiene una concepción de índole constitucional, si se parte del hecho que la fracción I, del artículo 107 constitucional vigente, rige el principio de instancia de parte agraviada, es decir si el agraviado del acto de autoridad es quien por derecho presenta una solicitud de amparo tiene la ineludible obligación en dicho escrito donde expresa su voluntad de promover el juicio constitucional de asentar la firma como vínculo que lo compromete a la prosecución del juicio que insta. De lo que se sigue, que ante la ausencia material de dicho requisito de forma en el documento que expresa la voluntad de quien insta el juicio de amparo en su calidad de parte agraviada, implica por sí sólo la falta de interés o libertad de que así sea.... interpretados estos últimos a contrario sensu, por notoriamente improcedente se DESECHA LA DEMANDA DE GARANTÍAS PROMOVIDA POR ***********, POR PROPIO DERECHO. Asimismo, tampoco obsta al anterior desechamiento el hecho que la demanda contenga firma facsimilar del quejoso, pues CARECE DE FIRMA AUTOGRÁFA, que constituye el signo volitivo que demuestra la voluntad del promovente, es decir, carece de suscriptor como lo exige el artículo 204 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo; de ahí que se trata de un simple papel en que no se incorpora la voluntad de quien promueve; sin que tal deficiencia deba ser corregida a instancia del juez, mediante una prevención; por no tratarse de las irregularidades a que se refiere el artículo 113 de la Ley de Amparo, ni tratarse de la omisión de alguno de los requisitos señalados por el artículo 108 del mismo ordenamiento legal. ..No pasa inadvertido para este juzgador la tesis aislada que menciona la parte quejosa, que refiere que no debe desecharse la demanda, sino requerir al promovente, pues dicho criterio se trata de una tesis aislada del primer circuito, por lo que no resulta obligatorio para este juzgador; aunado a que dicho quejoso promovió diverso juicio de amparo 309/2021 del índice de este juzgado, contra los mismos actos y autoridades, y por auto de doce de mayo de dos mil veintiuno se desechó la demanda de amparo firmada electrónicamente por Javier Vega Juárez, a quien el quejoso autorizó en términos amplios y con firma facsimilar del quejoso Gabriel Domínguez Antonio; el cual aún no ha sido declarado firme. Por otra parte, atendiendo a lo establecido en el artículo 3°, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo, y cumpliendo con el Acuerdo General Conjunto 1/2015, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, específicamente a lo previsto en sus artículos 90 y 92, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones, para su debida integración. En el entendido que se instruye al Secretario de Juzgado, al oficial administrativo, al actuario judicial y demás encargados de la digitalización de constancias, que llevan el trámite de este expediente, a supervisar y realizar la captura electrónica de los acuerdos y las resoluciones emitidas en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, documentos, diligencias y notificaciones que obren en el mismo. Es preciso señalar que no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92, del acuerdo mencionado, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 92. No formarán parte del expediente electrónico y, por ende, no deberán digitalizarse, las copias de traslado, las hojas en blanco, folders, micas o cualquier tipo de material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias presentadas como anexos por las partes, de los que se advierta que corresponden a actuaciones del propio Juzgado de Distrito o Tribunal de Circuito que evidentemente ya forman parte de los autos y los documentos anexos a los informes justificados que no resulten necesarios para sustentar una determinación judicial". Lo anterior, a fin de que tanto el expediente impreso como el electrónico coincidan y, una vez concluido el asunto, se realice la certificación correspondiente. En otro aspecto, hágase de su conocimiento que, con fundamento en el artículo 6 del acuerdo antes mencionado, el modelo de atención presencial será basado en citas, que se generarán desde la modalidad del programa "Agenda OJ", con la que se realizará dicha funcionalidad, siguiendo y acatando los supuestos y las reglas señaladas en los incisos a, b, c, d, e y f del citado artículo 6. Con fundamento en el artículo 7 del Acuerdo General 21/2020, respecto a las medidas sanitarias para el acceso a los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, los que acudan a este órgano jurisdiccional deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Cuando tengan una cita programada las personas justiciables deberán acudir puntualmente a la misma y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia. El incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. También se les hace mención que en caso de no contar con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL" y/o la firma electrónica o e.firma del Servicio de Administración Tributaria (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), y con la finalidad de que la obtengan, se les invita a ingresar a la siguiente dirección http://firel.pjf.gob.mx. Como la parte quejosa señala los estrados de este Juzgado para oír y recibir notificaciones, y los artículos 26, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo, regulan las notificaciones por lista que se publican en los estrados del Juzgado; por consiguiente, por ser esa la voluntad del quejoso y estar ajustada a derecho, como lo pide, las notificaciones que le correspondan en el presente asunto, aún las de carácter personal, hágansele mediante lista de acuerdos. De igual manera, conforme a lo dispuesto en el artículo 22 inciso II, del Acuerdo General 21/2020, se tiene señalado a la parte quejosa los correos electrónicos y números telefónicos a fin de poder entablar COMUNICACIONES NO PROCESALES. Se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales, en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. En el entendido que tales herramientas deberán ser utilizadas con lealtad procesal y que no se deberán reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción, debiendo mediar solicitud verbal en cada acto, y por seguridad jurídica se deberá dejar constancia en autos por el Actuario Judicial. ..En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita al actuario, para que, de ser necesario, practique ésta en días y horas inhábiles; ello, tomando en cuenta que de conformidad con el diverso ordinal 24 de la ley de la materia, las resoluciones en materia penal, como en el presente caso, deben ser notificadas inmediatamente en que sean pronunciadas. En otro aspecto, tomando en consideración que mediante comunicado 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se determinaron los postulados que regirán la actividad jurisdiccional durante el periodo de suspensión con motivo del citado virus, precisó que debe priorizarse el trabajo a distancia, así como el uso de las herramientas tecnológicas que resulten necesarias, se faculta al secretario de este juzgado en turno para que firme de manera electrónica los oficios y comunicaciones oficiales que se emitan en cumplimiento a lo ordenado en este proveído y de las subsecuentes actuaciones dictadas en el presente asunto durante el citado periodo, o bien, en caso de que así se requiera lo haga de manera autógrafa, previa validación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) por parte del suscrito. Lo anterior, con el fin de garantizar el cumplimiento de las determinaciones de manera pronta y expedita, en acatamiento la obligación de este órgano judicial prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De igual manera, se exhorta a la parte quejosa así como a las demás partes que intervengan en este asunto, a que soliciten la continuación del trámite de este expediente bajo el esquema de "juicio en línea", mediante el uso de la firma electrónica; lo anterior, dada la contingencia generada por el fenómeno de salud pública derivada del virus COVID-19. Infórmese a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, con fundamento en los artículos 3, 68, 100, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por otra parte, hágase del conocimiento de las partes que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, pero éstas podrán oponerse a la publicación de los datos personales, en términos del artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese por lista al quejoso.
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