Gabriel de la Asunción Martínez Hernández
Expediente 98/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 98/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 15/03/2022
Partes del expediente
- Gabriel de la Asunción Martínez Hernández
- Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco
Actuaciones
- Principal
Zapopan, Jalisco, a quince de marzo de dos mil veintidós. Trámite de la ampliación de demanda. A sus autos el escrito de Remigio Mercado Torres, parte quejosa, atento a su contenido, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 33 fracción IV, 37, 107, 108, 115, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la ampliación de demanda que se hace valer. Sirve de apoyo a lo anterior los criterios cuyos rubros a la letra dicen: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. SÓLO ES POSIBLE TRATÁNDOSE DE AUTORIDADES RESPONSABLES, ACTOS RECLAMADOS O CONCEPTOS DE VIOLACIÓN DISTINTOS A LOS ORIGINALMENTE PLANTEADOS, PERO QUE GUARDEN VINCULACIÓN CON ELLOS" "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE" Intervención a las partes del juicio de amparo. a. Quejoso: 1. Remigio Mercado Torres. b. Autoridad responsable: c. Acto reclamado: Requerimientos a las autoridades responsables. a) Informe justificado. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables, para que dentro del plazo de quince días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, rindan su informe justificado. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo dentro del lapso otorgado, se les impondrá una multa equivalente al valor de cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se haga efectiva dicha sanción, de acuerdo con lo establecido en el artículo 260, fracción II, de la ley citada. Asimismo, se les apercibe que si se niegan a recibir los oficios de mérito con sus respectivos anexos, dicha circunstancia se asentará, y se procederá acorde a lo establecido en el segundo párrafo del numeral 28, fracción I de la ley de la materia, es decir, se tendrá por hecha la notificación correspondiente, y aunado a lo anterior, se les impondrá multa a la que incurra en ello de cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se haga efectiva dicha sanción, con fundamento en el artículo 245 de la Ley de Amparo. b) Informe de hipótesis de sobreseimiento. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 64 de la Ley de Amparo, se les requiere para que en caso de que tenga conocimiento o que con su conducta provoque la actualización de alguna causa de improcedencia o sobreseimiento, lo comunique de inmediato a este juzgado de Distrito en cualquier estado procesal que se encuentre el presente juicio de amparo, informándole que si no cumple con esa obligación, que se le impondrá multa por el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se haga efectiva dicha sanción, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 251 de la norma en cita. c) Constancias de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 75 de la ley de la materia, se requiere a las responsables para que remitan en el plazo de quince días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, las constancias que integran el expediente generador de los actos reclamados o que sirvieron de apoyo para emitirlos, al resultar necesarias para resolver el presente juicio de amparo. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo señalado o de ser omisas en informar las causas legales o materiales que se lo impidan, se les impondrá una multa a la que incurra en ello equivalente al valor de cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se haga efectiva dicha sanción, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Orden para correr traslado con el escrito de ampliación de demanda. Córrase traslado a las partes para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar y, por lo que ve a las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público adscrito a este órgano jurisdiccional federal, remítaseles el ocurso respectivo mediante oficio. Incidente de suspensión. En otro contexto y acorde a la certificación de cuenta, no se provee lo conducente a la suspensión de los nuevos actos reprochados, en virtud de no haber sido solicitada expresamente la medida cautelar en términos del numeral 128 de la Ley de Amparo. Data de la audiencia constitucional. Se hace del conocimiento a las partes que se encuentran señaladas las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional de este juicio. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, asistido por la secretaria María del Rosario García Pérez, que autoriza y da fe.
- Principal
Del análisis del sumario, se advierte que, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el diez de noviembre de dos mil veintiuno, en el recurso de revisión 321/2021, determinó lo siguiente: "PRIMERO. En la materia de la revisión, se REVOCA la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el juicio respecto de los artículos 14-D, fracción IX, 246, 247 y 248 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, por las razones precisadas en el considerando cuarto de esta sentencia. TERCERO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a las quejosas contra los numerales 56, párrafos quinto a noveno, 57, primer párrafo y 63, del decreto por el que se reformó la Constitución Política del Estado de Jalisco; así como de los diversos artículos 8, 14-A, 14-B, 14-C, 14-D (con excepción de la fracción IX), 14-E, 14-F, 14-G, 14-H, 14-I, 23, fracciones XVI, XXI, XXV, XXVIII y XXIX, 106, fracciones V y VI, y párrafos penúltimo y último, 196-A, 197-A y 197-B todos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, por las razones y para los efectos precisados en el en el considerando octavo del presente fallo.Luego, el efecto del fallo protector fue el siguiente: "144. Así las cosas, son fundados los conceptos de violación por lo que ha lugar a conceder la protección constitucional a las quejosas en contra de los artículos 56, párrafos quinto a noveno, 57, primer párrafo y 63 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 8, 14-A, 14-B, 14-C, 14-D (con excepción de la fracción IX), 14-E, 14-F, 14-G, 14-H, 14-I, 23, fracciones XVI, XXI, XXV, XXVIII y XXIX, 106, fracciones V y VI, y párrafos penúltimo y último, 196-A, 197-A y 197-B, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de esa Entidad, reformados mediante los Decretos 27296/LXII/19 y 27391/LXII/19, publicados el diez de septiembre y uno de octubre de dos mil diecinueve, respectivamente. 145. De ahí que esa declaratoria de inconstitucionalidad trae como efecto que no se aplique a las quejosas el sistema de evaluación de confianza previsto en los artículos indicados, lo que no significa que deje de observarse el sistema de responsabilidad administrativa, con base en el cual, sí pueden ser sujetos de evaluación y, en su caso, sanción." La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria que nos ocupa, declaró inconstitucionales los artículos 56, párrafos quinto a noveno, 57, primer párrafo y 63, de la Constitución Política del Estado de Jalisco que establecen lo siguiente: "Artículo 56. El ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Supremo Tribunal de Justicia, en los juzgados de primera instancia, menores y de paz y jurados. Se compondrá además por dos órganos: el Consejo de la Judicatura del Estado y el Instituto de Justicia Alternativa del Estado. (.) El Poder Judicial contará con un sistema de evaluación de control de confianza para garantizar la probidad y honorabilidad de sus funcionarios, el cual se regirá con los lineamientos que establezca la ley. El sistema contará con un órgano de evaluación de control de confianza, cuyo titular durará en su encargo cinco años sin derecho a reelección, y será nombrado por el Congreso del Estado, mediante el voto de las dos terceras partes de los diputados integrantes del Congreso, en los términos que establezca la ley, a propuesta de la terna remitida por el pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Para ser titular del órgano se deberá cumplir con los mismos requisitos que se requieren para ser Magistrado. Dicho órgano contará además con una comisión de vigilancia integrada por el Presidente del Supremo Tribunal, dos Magistrados, un Consejero del Consejo de la Judicatura y un integrante del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, quienes serán designados en los términos que establezca la ley. Las evaluaciones de control de confianza incluirán cuando menos los siguientes exámenes: I. Patrimonial y entorno social; II. Médico; III. Psicométrico y psicológico; IV. Poligráfico; V. Toxicológico; y VI. Los demás que establezca la Ley. Los resultados de las evaluaciones de evolución patrimonial, desempeño y probidad que realice el órgano de manera permanente, deberán ser publicados mensualmente, con excepción de los datos de carácter reservado conforme a la Constitución y la ley de la materia. Artículo 57. La ley garantizará la independencia de los propios tribunales, la de los magistrados, consejeros y jueces en el ejercicio de sus funciones, así como la plena ejecución de sus resoluciones, así como los principios que habrán de regir la función judicial y los mecanismos de evaluación permanente de los mismos. Artículo 63. Los jueces de primera instancia, menores y de paz, serán elegidos por el Consejo de la Judicatura, con base en los criterios, requisitos y procedimientos que establezca esta Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial; el periodo de ejercicio judicial de un juez será de cuatro años, al vencimiento del cual podrá ser reelecto. Los jueces de primera instancia a fin de ser reelectos, deberán acreditar previamente la aprobación de las evaluaciones de control de confianza. Los jueces que sean reelectos por segunda ocasión, sólo podrán ser privados de su puesto en los términos establecidos por esta Constitución y las leyes secundarias en materia de responsabilidad de los servidores públicos. Durante su ejercicio, los jueces sólo podrán ser removidos o cambiados de adscripción por acuerdo del Consejo de la Judicatura dictado en los términos que establezca la ley. Las evaluaciones de control de confianza serán aplicables cada cuatro años a jueces, las que se integrarán a su expediente laboral el cual será de carácter reservado. Será causa de retiro forzoso el no acreditar las evaluaciones de control de confianza. En la designación de jueces de primera instancia, será obligatorio observar el principio de alternancia para la paridad de género." Asimismo, declaró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria dictada en el recurso de revisión 321/2021, declaró inconstitucionales los numerales 8, 14-A, 14-B, 14-C, 14-D (con excepción de la fracción IX), 14-E, 14-F, 14-G, 14-H, 14-I, 23, fracciones XVI, XXI, XXV, XXVIII y XXIX, 106, fracciones V y VI, y párrafos penúltimo y último, 196-A, 197-A y 197-B todos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, que establecen lo siguiente: "Artículo 8. Las y los Jueces de Primera Instancia, menores y de paz serán electos por el Consejo de la Judicatura y durarán en el ejercicio de su cargo cuatro años a partir de la fecha en que rindan protesta, y podrán ser reelectos. Las y los jueces podrán solicitar su cambio de adscripción a un Juzgado vacante al Consejo, quien en igualdad de circunstancias, preferirá a los de mayor antigüedad. Las y los Jueces de Primera Instancia, a fin de ser reelectos, deberán acreditar previamente la aprobación de las evaluaciones de desempeño y de control de confianza. Las y los jueces que sean reelectos por segunda ocasión, sólo podrán ser privados de su cargo en los términos que establece la Constitución Política del Estado y las leyes secundarias en materia de responsabilidad de los servidores públicos. Las y los Jueces de Primera Instancia deberán realizar y aprobar las pruebas de control de confianza cada cuatro años. Será causa de retiro forzoso el no acreditar las evaluaciones de control de confianza. Artículo 14 A. El Sistema de Evaluación de Control de Confianza del Poder Judicial tendrá la finalidad de evaluar la probidad y honorabilidad de sus funcionarios. El Sistema contará con un Centro de Evaluación de Control de Confianza del Poder Judicial, el cual estará a cargo de un Director que durará en su cargo cinco años sin derecho a reelección. El Centro tendrá el personal necesario para el cumplimiento de sus fines, el cual deberá realizar y aprobar las evaluaciones de control de confianza ante una instancia acreditada. La estructura administrativa será determinada en su reglamento. Artículo 14 B. El Centro de Evaluación de Control de Confianza del Poder Judicial es un órgano de evaluación, con autonomía presupuestal, administrativa, técnica y de gestión, encargado de realizar las evaluaciones de evolución patrimonial y control de confianza de las y los Jueces de Primera Instancia y las y los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. El Centro, como órgano técnico, coadyuvará con el Consejo de la Judicatura y la Comisión de Ética y Probidad del Supremo Tribunal de Justicia, en la realización de análisis de evolución patrimonial, cuando así se lo requieran. Artículo 14 C. El Director del Centro de Evaluación de Control de Confianza será nombrado por el Congreso del Estado, mediante el procedimiento siguiente: I. Al menos noventa días naturales antes de que se venza el plazo para el que fue nombrado el Director el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia deberá remitir la terna al Congreso del Estado; II. Si el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia no envía la terna en el plazo señalado en la fracción anterior, el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso enviará un recordatorio al Pleno del Supremo Tribunal para que la remita en un plazo no mayor a cinco días naturales. En caso de no hacerlo, el Congreso del Estado deberá emitir convocatoria en los mismos términos que para elegir magistrados; III. El Congreso del Estado de Jalisco nombrará al Director del Centro de Evaluación de Control de Confianza, mediante el voto de las dos terceras partes de los diputados que lo integran; IV. En caso de que el Congreso rechace la terna enviada o que ninguno de sus integrantes alcance la mayoría referida en la fracción anterior, requerirá al Supremo Tribunal de Justicia para que le envíe una nueva terna con personas distintas; y V. Si la nueva terna también es rechazada o ninguno de sus integrantes alcanza la mayoría calificada, el Congreso del Estado deberá designar al Director mediante insaculación que se lleve a cabo entre los integrantes de las dos ternas. Artículo 14 D. El Director del Centro de Evaluación de Control de Confianza deberá cumplir con los requisitos siguientes: I. Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; ser nativo del Estado o, en su defecto, haber residido en la entidad durante los últimos cinco años, salvo en el caso de ausencia motivada por el desempeño de algún cargo en el servicio público, siempre y cuando no haya sido fuera del país; II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos al día de la elección; III. Poseer el día de la elección, con antigüedad mínima de diez años, título profesional de licenciado en derecho, abogado o su equivalente, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello; IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; V. No haber sido Gobernador, titular de alguna de las secretarías de despacho del Ejecutivo, jefe de departamento administrativo, Fiscal General del Estado, Fiscal Ejecutivo de Investigación Criminal, Fiscal Especializado de Delitos Electorales, Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, Procurador Social del Estado, Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia o integrante del Consejo de la Judicatura, Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa o Magistrado del Tribunal de Arbitraje y Escalafón, Diputado local, Presidente, Síndico o Regidor de Ayuntamiento durante el año previo al día de la elección; VI. No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, Senador o Diputado Federal, a menos que se separe de su encargo un año antes al día en que tenga verificativo la elección; VII. Realizar y aprobar las evaluaciones de control de confianza, ante una instancia acreditada; VIII. No tener relación familiar o de negocios con algún Juez de Primera Instancia, Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia o Consejero del Consejo de la Judicatura. La relación familiar a que se refiere esta fracción, incluirá a los cónyuges, a los parientes por afinidad o civiles, y a los parientes consanguíneos hasta el cuarto grado. La relación de negocios incluye aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, para los familiares señalados en el párrafo anterior, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el aspirante o las personas antes referidas formen o hayan formado parte; En caso de que una vez nombrado el Director, fuese designado como Juez de Primera Instancia, Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia o Consejero del Consejo de la Judicatura, alguna persona que tenga con el Director cualquiera de las relaciones familiares o de negocios referidas en esta fracción, la Comisión de Vigilancia determinará lo conducente en relación a la práctica de las evaluaciones de control de confianza materia de este Capítulo; y. Artículo 14 E. El Director del Centro de Evaluación de Control de Confianza, tendrá las atribuciones siguientes: I. Proponer a la Comisión de Vigilancia: a) El contenido de las evaluaciones de control de confianza del Poder Judicial; b) Los criterios para las evaluaciones de control de confianza de los Jueces de Primera Instancia y Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, de conformidad con las normas técnicas y estándares mínimos en la materia; c) Las normas y procedimientos técnicos para la evaluación de las y los Jueces de Primera Instancia y las y los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco; d) Los requisitos que deben contener los certificados de control de confianza de los funcionarios del Poder Judicial y aprobar sus características; e) El plan anual de trabajo del Centro de Evaluación de Control de Confianza, el cual deberá comprender la calendarización de las evaluaciones que se apliquen a Jueces de Primera Instancia y Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia; f) La celebración de convenios de colaboración y coordinación con organismos, dependencias y entidades internacionales, federales, estatales y municipales; g) El reglamento interno del Centro de Evaluación de Control de Confianza, h) La plantilla de personal del Centro de Evaluación de Control de Confianza, i) El proyecto de presupuesto anual del Centro de Evaluación de Control de Confianza, que deberá ser remitido al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, para su inclusión en el proyecto de presupuesto del Supremo Tribunal de Justicia; II. Bajo su más amplia responsabilidad, realizar los citatorios a las y los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y a las y los Jueces de Primera Instancia, para la realización de las evaluaciones de control de confianza; III. Rendir un informe anual a la Comisión de Vigilancia, o de manera extraordinaria cuando ésta se lo solicite; y IV. Las demás que le confieran la Constitución Política del Estado de Jalisco, las leyes y disposiciones reglamentarias aplicables. Artículo 14 F. El Centro de Evaluación de Control de Confianza contará con una Comisión de Vigilancia integrada por: I. El Presidente el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco; II. Dos Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, designados por el Pleno del mismo, por un periodo de dos años; III. Un Consejero del Consejo de la Judicatura designado por el Pleno del mismo, por un periodo de dos años; y IV. Un integrante del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, designado por dicho Comité, por un periodo de dos años. Artículo 14 G. La Comisión de Vigilancia del Centro de Evaluación de Control de Confianza del Poder Judicial tendrá las atribuciones siguientes: I. Aprobar los documentos que proponga el Director del Centro de Evaluación de Control de Confianza, referidos en la fracción I del artículo 14 E de esta ley. En el caso de los señalados en los incisos b), f), g) y h) de dicha fracción, una vez aprobados por ésta, deberán ser remitidos al Supremo Tribunal de Justicia para su aprobación definitiva; II. Analizar que los exámenes de las evaluaciones de control de confianza se practiquen conforme a los procedimientos, normas técnicas y estándares aprobados; III. Recibir el informe anual del Director; IV. Solicitar información extraordinaria al Director; y V. Las demás que le confieran la Constitución Política del Estado de Jalisco, las leyes y disposiciones reglamentarias aplicables. Artículo 14 H. Los resultados de los exámenes que comprendan las evaluaciones de control de confianza deberán valorarse de manera conjunta, conforme a los criterios aprobados por la Comisión de Vigilancia y el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia. Los resultados de las evaluaciones de control de confianza serán de carácter confidencial, se integrarán al expediente laboral del funcionario y no podrán ser utilizados como prueba en procedimientos judiciales. Los resultados de las evaluaciones de evolución patrimonial que realicen la Comisión de Ética y Probidad del Supremo Tribunal, el Consejo de la Judicatura o el Centro de Evaluación del Control de Confianza, serán publicados, con excepción de los datos de carácter confidencial y reservado, conforme a la Constitución y la ley de la materia. Artículo 14 I. Las y los Jueces de Primera Instancia así como las y los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia deberán realizar y aprobar las evaluaciones de control de confianza cada cuatro años. Artículo 23.- Son facultades del Pleno: (.) XVI. Discutir y aprobar el Presupuesto de Egresos del Supremo Tribunal de Justicia, el cual se remitirá a su Presidente para que, junto con los elaborados por el Consejo de la Judicatura y el Centro de Evaluación de Control de Confianza los envíe al Titular del Poder Ejecutivo; (.) XXI. Llevar el registro y seguimiento de la situación patrimonial de sus servidores públicos en los términos de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco; XXV. Solicitar al Consejo de la Judicatura el cambio de adscripción de jueces y, en su caso, su remoción del cargo por causa justificada; XXVIII. Proponer ante el Congreso del Estado la terna para el Director del Centro de Evaluación de Control de Confianza del Poder Judicial previsto en el artículo 56 de la Constitución del Estado; y XXIX. Las demás que le otorgue la constitución Política del Estado de Jalisco y las leyes aplicables. Artículo 106.- Para ser Juez de Primera Instancia se requiere: (.) V. Aprobar las acreditaciones, evaluaciones y examen oral público que al efecto se aplique en los términos de la presente ley y su reglamento; VI. Tener reconocida probidad y honradez, lo cual se acreditará mediante la aprobación de las evaluaciones de control de confianza; (.) En caso de haber sido nombrado para integrar una lista de reserva con una antigüedad mayor a seis meses, previo a su toma de protesta, deberá acreditar nuevamente las evaluaciones y examen a que se refiere la fracción V. Para el nombramiento de jueces, en igualdad de circunstancias, se preferirá al aspirante que preste sus servicios con eficiencia, probidad y honradez en la administración de justicia. Artículo 196A. Las y los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, así como las y los Jueces de Primera Instancia podrán ser sancionados por no aprobar las evaluaciones de control de confianza. Las sanciones que se podrán imponer son: I. Amonestación pública o privada; II. Multa hasta por el importe de diez mil Unidades de Medidas y Actualización; III. Suspensión sin goce de sueldo; IV. Separación del cargo; y V. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. Será motivo de separación la inasistencia injustificada en dos o más ocasiones, a la cita para la realización de las evaluaciones de control de confianza. Artículo 197-A. Son competentes para substanciar y resolver los procedimientos de probidad de las y los Jueces de Primera Instancia, la Comisión de Vigilancia del Consejo de la Judicatura y el Pleno de dicho órgano, respectivamente. En el caso de las y los Magistrados, serán competentes la Comisión de Ética y Probidad y el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, respectivamente. En caso de que este último determine la procedencia de la separación, dará vista al Congreso del Estado para que determine lo conducente, en términos de la Constitución Política del Estado de Jalisco." De los artículos transcritos los cuales fueron declarados inconstitucionales, se colige que debe vincularse al cumplimiento de la ejecutoria de amparo al Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco y a la Comisión de Vigilancia del Centro de Evaluación de Control de Confianza del Poder Judicial, porque son las autoridades que en el ámbito de sus facultades ejecutarían o ejecutaron los numerales inconstitucionales. Se cita la jurisprudencia de la Segunda Sala Suprema Corte de Justicia de la Nació, con registro digital: 2020877, Décima Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 137/2019 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 71, Octubre de 2019, Tomo II, página 1570, de epígrafe y contenido siguiente: "AUTORIDAD VINCULADA AL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. NO SE DEBE EQUIPARAR CON LA FIGURA DE AUTORIDAD RESPONSABLE, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISIÓN, PUES SE RIGE BAJO LAS REGLAS DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. El carácter de autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia de amparo es diferente al de autoridad responsable en el juicio y se rige por reglas propias establecidas en el artículo 197 de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque la etapa de ejecución de sentencia es posterior a la oportunidad para interponer el recurso de revisión, ya que empieza cuando la sentencia ha quedado firme, aunado a que la referida etapa es un procedimiento creado con el fin de hacer cumplir las ejecutorias de amparo, que son de orden público, bajo la racionalidad de ser aplicado de forma obligatoria a todas las autoridades dentro del ámbito de sus competencias y que sólo puede dejar de ser obligatorio bajo las reglas del propio procedimiento. Considerar que una autoridad vinculada pueda interponer el recurso de revisión desnaturalizaría el juicio de amparo y lo retrasaría, además de que se tendría que distinguir si dicho carácter lo obtuvo en la sentencia o en un auto en el procedimiento de ejecución de sentencia; por tanto, no todas las autoridades vinculadas al cumplimiento de la sentencia de amparo son autoridades responsables, sino que únicamente tienen intervención en la ejecución de la sentencia, por lo que son independientes entre sí. Sin embargo, su intervención en el juicio es obligatoria y así como están sujetas a las mismas responsabilidades que las autoridades responsables para su cumplimiento, también están sujetas a las mismas reglas del procedimiento, el cual les permite alegar no tener la competencia para el eficaz cumplimiento de la sentencia de amparo o incluso una imposibilidad de cumplimiento que deben demostrar. Consecuentemente, el hecho de que la autoridad vinculada no tenga legitimación para interponer recurso de revisión no la deja en estado de indefensión, ya que dicho recurso está previsto únicamente para las partes en el juicio señaladas en el artículo 5o. de la Ley de Amparo." [El énfasis es añadido] Requerimiento. En consecuencia, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y es obligación de este juzgador federal que las sentencias amparadores se acaten a la brevedad y debidamente, esto es, sin exceso, ni defecto, atento al canon 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece entre otras cosas que la justicia deberá de ser pronta, merced de que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo no pueden quedar paralizadas, se requiere al debe vincularse al cumplimiento de la ejecutoria de amparo al Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco y a la Comisión de Vigilancia del Centro de Evaluación de Control de Confianza del Poder Judicial, para que en dentro del ámbito de sus facultades, y en el plazo de diez días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que del presente proveído se les realice, remitan copia certificada completa y legible de las constancias con las cuales acrediten el cabal cumplimiento de la ejecutoria de amparo, o en su defecto, informen la imposibilidad que tengan para ello. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que para ello tenga, conforme disciplina el arábigo 192 del ordenamiento en cita, así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, se le impondrá al Presidente de la Junta Especial Número Dieciocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, una multa equivalente al valor correspondiente a cien Unidades de Medida y Actualización, según valor publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintidós, vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós; ello con fundamento en los artículos 26 apartado B último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 4 y 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, y 23 fracción XX Bis del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ya que corresponde a dicho Instituto calcular el valor de la Unidad de Medida y Actualización y publicar el mismo en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, previos los trámites correspondientes, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la Ley de Amparo. Lo anterior, merced de que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público y obligación de este órgano judicial que las sentencias se acaten sin demora y cabalmente, atento a lo dispuesto en el canon 17 de la Carta Magna que establece entre otras cosas que la justicia deberá ser pronta. En el entendido que se considera incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. Finalmente, para los efectos legales conducentes remitase a las autoridades vinculadas al cumplimiento mándese copia certificada de la ejecutoria de amparo, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese.
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NOTIFICACIÓN POR LISTA DE AVISO: De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso C) en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de Abril de dos mil trece, se publica por lista en la página electrónica del Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación a la parte QUEJOSA, el contenido del acuerdo de TRES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, mismo que en síntesis dice:Vista la certificación de cuenta, se desprende que el quejoso Raúl Rodríguez Muñoz, no se presentó en el local que ocupa este Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, el pasado veintiocho de enero de dos mil veintidós, a reconocer la firma que calza en el escrito presentado el once de noviembre del año en curso, registrado con el número de orden 22028, no obstante estar enterado y requerido para ello, como se advierte de la constancia de notificación realizada y el Código QR generado. II. No presentada. Visto el estado que guarda el presente asunto, así como la certificación que antecede, se advierte que ya transcurrió el lapso que tenía la parte quejosa, para que diera cumplimiento a la prevención contenida en el auto de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el acuerdo de mérito y con fundamento en el segundo párrafo del artículo 114 de la ley de la materia, se tiene por no presentada la demanda de amparo.
- Principal
Zapopan, Jalisco, veinticuatro de enero de dos mil veintidós. Causa estado. Del análisis que se realiza a las actuaciones del juicio de amparo en que se actúa y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que se establece en el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), ambos del cuerpo de leyes aplicable, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que lo hiciera valer; por tanto, se declara firme el auto de referencia. II. Orden de archivo. Por otra parte, toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese, este asunto con fundamento en el canon 196 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, previas anotaciones que se realicen en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno. III. Valoración del expediente. Toda vez que en el presente asunto se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido, toda vez que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, el expediente se encuentra en el supuesto previsto en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por tanto, será destruible una vez que trascurra el plazo de tres años de haberse ordenado su archivo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, asistido por el secretario Héctor Hugo Ordaz Arredondo, que autoriza y da fe. RAAG/HHOA/bab*
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