Gabriel de Jesus Gastelum Alvarado
Expediente 383/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 24 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 383/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 10/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Gabriel de Jesus Gastelum Alvarado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
En diez de marzo de dos mil veintitrés, se da cuenta al Juez con la certificación secretarial que antecede y con el estado procesal de los autos. Conste. Los Mochis, Sinaloa, diez de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal de los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202, en relación con el diverso 201, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra el acuerdo de diez de febrero de dos mil veintitrés, mediante el cual, se tuvo por cumplida la sentencia de amparo dictada en el presente juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado del presente acuerdo, sin necesidad de nuevo auto, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de depuración, dado que en resolución de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, resolución que fue confirmada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito, residente en Mazatlán, al resolver el amparo en revisión 43/2022 de su índice el veinticinco de noviembre del año próximo pasado; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Por otra parte, de conformidad con el capítulo 7, apartado 7.1.1, punto 2 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que de manera provisional y definitiva se negó la suspensión, en ese sentido, agréguese al presente expediente únicamente el original del incidente de suspensión, el cual es susceptible de destrucción; en tanto, en virtud de que el artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal reseñado, dispone que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, dentro de los siguientes noventa días, este juzgado depurará el presente expediente, con apoyo en el artículo 18, penúltimo y último párrafos, del Acuerdo General citado, y terminado el proceso de depuración, se solicitará la transferencia del presente expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
En diez de febrero de dos mil veintitrés, se da cuenta al Juez con el estado procesal de los autos y con la certificación secretarial que antecede. Conste. Los Mochis, Sinaloa, diez de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista personal ordenada mediante acuerdo de trece de enero del actual, en relación con el oficio allegado por la autoridad responsable Director General del Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa, con sede en Culiacán, inherentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, no obstante que tal determinación se le notificó a la parte quejosa el pasado veinte de ese mes y año; por tanto, procede analizar si se otorgó el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En ese sentido, se precisa que por resolución de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, se concedió al quejoso ********************, la protección constitucional contra el acto reclamado a la autoridad Director General del Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa, con sede en Culiacán, para el efecto de que dejara sin efectos la determinación contenida en el oficio ********************/********************/********************de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, en el sentido de suspenderle la licencia como instructor de protección civil y, de así estimarlo, con plenitud de jurisdicción, emitiera una nueva, respetando las formalidades esenciales del procedimiento, a saber: 1. La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2. La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3. La oportunidad de alegar; y que esa nueva determinación estuviera debidamente fundada y motivada; al estimarse que el acto reclamado transgredía el derecho humano de molestia, reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Efectos que fueron confirmados por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, al resolver el amparo en revisión 43/2022 de su índice, en la que se determinó: "PRIMERO. QUEDA FIRME el sobreseimiento decretado en el considerando Tercero de la sentencia venida en revisión, que rige a su punto resolutivo primero, respecto del acto reclamado al Responsable de Control y Seguimiento de Programas Internos de Protección Civil del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán. SEGUNDO. En la materia de la revisión, se CONFIRMA la sentencia recurrida. TERCERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ********************, contra el oficio número ********************/********************/********************de fecha veintinueve de abril de dos mil veintiuno, emitido por el Director General del Instituto Estatal de Protección Civil, relativo a la suspensión del registro ********************-********************/********************/********************/********************, para los efectos precisados en el considerando octavo de la sentencia venida en revisión.". En el entendido de que la concesión de la protección constitucional se realizó para el efecto de que: ''La autoridad responsable, Director General del Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa, residente en Culiacán, deje sin efectos la determinación contenida en el oficio ********************/********************/********************de veintinueve de abril de dos mil veintiuno y con plenitud de jurisdicción, de así estimarlo emita una nueva respetando las formalidades esenciales del procedimiento, a saber: 1. La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2. La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3. La oportunidad de alegar; y que esa nueva determinación esté debidamente fundada y motivada.''. Por su parte, mediante oficio presentado el trece de enero de la presente anualidad, el Director General del Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa, con sede en Culiacán, informó que se dejó sin efectos el oficio ********************/********************/********************; atendiendo con ello la solicitud del promovente del amparo. Por tanto, mediante auto de trece de enero de dos mil veintitrés, se dio vista al quejoso con el oficio allegado por la responsable, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera; en el entendido de que, el amparista no se pronunció al respecto, aun cuando fue debidamente notificado. En consecuencia, si la concesión del amparo se hizo para el efecto de que las autoridad responsable, en esencia dejara sin efectos el oficio ********************/********************/********************de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, lo cual ya aconteció; por ende es claro que el núcleo de la ejecutoria de amparo ya se cumplió y se ha restituido al quejoso en el pleno goce de sus derechos humanos violados, en términos de los numerales 77 y 196, ambos de la Ley de Amparo, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos, declarándose, por tanto, cumplida esa ejecutoria.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEIDO DICTADO POR ESTE JUZGADO DE TRECE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE A LA LETRA DICE: Los Mochis, Sinaloa, trece de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el oficio IEPC/005/2023 de cuenta con anexo, signado por el Director General del Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa, con sede en Culiacán, mediante el cual dice dar cumplimiento a la ejecutoria del presente juicio de amparo, y adjunta diversas constancias. En ese contexto, conforme a lo dispuesto por el artículo 196, de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el oficio de cuenta, y anexo, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su interés legal convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo conferido, este Juzgado Federal resolverá acerca del cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la citada autoridad responsable.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Visto el oficio 16891/2022 con anexos de cuenta, signado por la actuaria judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, mediante el cual devuelve los autos originales del juicio de amparo 383/2021-3A y remite testimonio de la resolución dictada por ese órgano colegiado el veinticinco de noviembre de la presente anualidad, al resolver el amparo en revisión 43/2022 de su índice, en la que se determinó: "PRIMERO. QUEDA FIRME el sobreseimiento decretado en el considerando Tercero de la sentencia venida en revisión, que rige a su punto resolutivo primero, respecto del acto reclamado al Responsable de Control y Seguimiento de Programas Internos de Protección Civil del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán. SEGUNDO. En la materia de la revisión, se CONFIRMA la sentencia recurrida. TERCERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ********************, contra el oficio número ********************/********************/********************de fecha veintinueve de abril de dos mil veintiuno, emitido por el Director General del Instituto Estatal de Protección Civil, relativo a la suspensión del registro ********************-********************/********************/********************/********************, para los efectos precisados en el considerando octavo de la sentencia venida en revisión.". Intégrese a los autos el cuaderno de antecedentes relativo, previo desglose de las copias fotostáticas a fin de evitar duplicidad de constancias, agréguese el oficio de cuenta para conocimiento de las partes y para los efectos legales conducentes. En ese sentido, como lo solicita el Tribunal de Alzada, acúsese recibo mediante oficio en el cual se transcriba el presente acuerdo. Pues bien, al encontrarse firme la sentencia constitucional, conforme a lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Director General del Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa, con sede en Culiacán, a fin de que en el término de cinco días contado a partir de la legal notificación de este acuerdo, otorgue cabal y puntual cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En la inteligencia de que la protección de la Justicia Federal fue para el efecto de que la citada autoridad responsable realice lo siguiente: Para el efecto de que la autoridad responsable, Director General del Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa, residente en Culiacán, deje sin efectos la determinación contenida en el oficio ********************/********************/********************de veintinueve de abril de dos mil veintiuno y con plenitud de jurisdicción, de así estimarlo emita una nueva respetando las formalidades esenciales del procedimiento, a saber: 1. La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2. La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3. La oportunidad de alegar; y que esa nueva determinación esté debidamente fundada y motivada. Con independencia de lo anterior, hágasele saber al quejoso ********************, que mediante oficio recibido en este Juzgado el diecisiete de marzo de dos mil veintidós, el referido Director General del Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa, residente en Culiacán, informó que ya se le otorgó al impetrante nuevo registro como consultor corresponsal en materia de protección civil, según se advierte de las actuaciones que obran en el cuaderno de antecedentes. Por último, se apercibe a la responsable, que de no otorgar cumplimiento a la ejecutoria en el plazo indicado, se le impondrá a la omisa una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los numerales 192 y 258 de la Ley de Amparo, acorde con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.
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