Gabriel de Jesús Cobos Erosa
Expediente 66/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 10 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 66/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 30/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · Yucatán
Partes del expediente
- Gabriel de Jesús Cobos Erosa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierten que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, en relación con el 81, fracción l, inciso e), de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo haber causado perjuicio la resolución constitucional dictada en este juicio de amparo, la hubiera recurrido. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que la expresada resolución que SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 21 del capítulo Octavo del acuerdo general sin número de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en el inciso a) del citado precepto 21, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere el precepto citado. Por otro lado, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio se concedió la suspensión definitiva, de los actos reclamados a las responsables, provéase únicamente respecto de la destrucción del duplicado de dicho incidente debiendo conservarse el original del mismo por el término de tres años y, una vez transcurrido éste, deberá transferirse tal como lo establece la fracción I, inciso a), del artículo 18, Capítulo Séptimo del aludido Acuerdo General. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 15, del Capítulo Quinto y en el diverso numeral 35, del Capítulo Decimotercero, del precitado acuerdo general, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que NO TIENE RELEVANCIA DOCUMENTAL, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Notifíquese.
- Principal
(...) V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo 66/2023-I del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por ***, contra los actos reclamados del Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, y otras autoridades. (...) QUINTO. Causas de improcedencia La improcedencia es un concepto que se relaciona con la falta de oportunidad, fundamento o derecho de un acto jurídico, o bien, con la falta de pertinencia, admisibilidad u oportunidad de un acto o pretensión. En cumplimiento a lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, este Órgano de Control Constitucional considera que en el presente juicio de amparo se actualiza la causa de improcedencia atinente a la cesación de efectos del acto reclamado. En efecto, la cesación de efectos es una causa de improcedencia que tiene su asidero en los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, de acuerdo a los cuales, tratándose de actos positivos, el juicio de amparo será improcedente cuando la autoridad responsable revoque el acto reclamado en el juicio de amparo mediante una resolución posterior, de tal manera que la situación jurídica del quejoso sea igual a aquella que tenía antes de la emisión de ese acto, como si hubiese obtenido la protección constitucional; mientras que en caso de omisiones, surgirá la causa de improcedencia al momento en que la autoridad responsable cumple con la obligación de actuar que le impone la ley. De ahí que, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, para estimar que el acto ha cesado sus efectos, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma incondicional. Lo anterior es así, porque al cesar los efectos del acto de autoridad reclamado, las cosas deben volver al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada como lo dispone el invocado artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, ya que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por la concesión de la protección de la Justicia Federal. Por otra parte, respecto a los actos de carácter negativo, como las omisiones, sus efectos deben considerarse que han cesado cuando las responsables actúan en el sentido de respetar el derecho de que se trate y cumplen lo que la misma exige, verbigracia el derecho de petición y acceso efectivo a la administración de justicia, previstos en los artículos 8º y 17 de la Constitución respectivamente. Apoya lo considerado, la jurisprudencia 2a./J. 9/98 de rubro y texto siguiente: [.] Establecidas esas premisas, se considera actualiza la referida causa de improcedencia, ya que la parte quejosa indicó como actos reclamados la resolución de tres de diciembre de dos mil veintiuno, en la que se ordenó el embargo del predio número seiscientos sesenta y ocho, letra "B", de la calle sesenta y dos, de la localidad y municipio de Mérida, lo anterior, en los autos del juicio ejecutivo mercantil ***/2021 del índice del Juzgado responsable, promovido por ***, como endosatario en procuración de ****, en contra de ****, así como su ejecución e inscripción en el Registro Público de la Propiedad del Estado de Yucatán. (...) De las constancias remitidas por la Juez responsable se advierte que declaró nula la diligencia de notificación, requerimiento de pago, traslado y emplazamiento realizado únicamente respecto a los demandados *****; y se repuso procedimiento; por lo que se levantó el embargo trabado en el predio antes citado. Por consiguiente, se advierte que se ha restituido a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, en el caso, al haber cesado los efectos del acto que reclamó, resulta ocioso examinar su constitucionalidad o inconstitucionalidad, toda vez que ya no surte efectos, ni los surtirá y, por ende, no vulnera la esfera jurídica de la parte peticionaria de amparo, y por tanto, no existe motivo para el análisis de la alegada violación constitucional que se reclamó de la autoridad responsable, en razón de que no puede alcanzarse el objetivo protector, dada la cesación total de los efectos del acto reclamado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, debe sobreseerse en el juicio de amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es del tenor siguiente: [.] Al decretarse el sobreseimiento en este juicio constitucional, no procede analizar los conceptos de violación alegados por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda. Lo anterior, encuentra sustento en el criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en la tesis de jurisprudencia número II.3o. J/58, consultable en la página 57, Tomo 70, Octubre de 1993, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Finalmente, debe decirse que no constituye obstáculo para arribar a la anterior determinación, el que no hubiere sido llamado a juicio a la sucesión del tercero interesado José Alejandro Esquivel Medina; ello, toda vez que con el sentido de la presente determinación, no se le ocasiona detrimento alguno a sus derechos procesales. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 6/2017 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 2013630, que establece:[.] Por lo antes expuesto y fundado, con fundamento en los artículos 63, 74 y 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ***, contra los actos reclamados del Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, y otras autoridades; por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Agréguense a los presentes autos los oficios signados por el Director del Registro Civil del Estado de Yucatán y la Jueza Interina del Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, ambos con sede en esta ciudad; mediante los cuales, el primero cumple con el requerimiento realizado en auto de ocho de febrero cursante, remitiendo copia certificada del acta de defunción del tercero interesado José Alejandro Esquivel Medina; y en el segundo la responsable informa que ordenó levantar el embargo trabado sobre el bien inmueble relacionado con el acto reclamado en este juicio; por las razones que expone en el cuerpo del mismo. En virtud de lo anterior, tómese nota de lo manifestado por ambas autoridades, para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, trece de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que por auto ocho de febrero de dos mil veintitrés, se requirió a la Dirección del Registro Civil del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, para que remitiera a este Juzgado, el certificado de defunción del tercero interesado José Alejandro Esquivel Medina, o, en su caso, informe su imposibilidad para hacerlo, lo cual aún no acontece. En consecuencia, para dar margen a que se cumpla lo anterior se difiere la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se fija para su desahogo las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Finalmente, agréguese a los presentes autos el escrito de la tercera interesada *****, mediante el cual hace diversas manifestaciones, en consecuencia, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formuladas las manifestaciones que realiza en vía de alegatos, para ser relacionadas en consideración en la audiencia constitucional y las cuales podrán ser valoradas al momento de resolver. NOTIFÍQUESE.
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