Gabriel de Jesús Carrillo Ortíz

Expediente 872/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 9 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
872/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
23/02/2023

Partes del expediente

  • Gabriel de Jesús Carrillo Ortíz
  • Jefe de la Unidad de la Policía Naval de la Secretaría de Marina Armada de México, Unidad de la Policía Naval Coordinación Administrativa, en la Ciudad de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de dicha ley, se declara que la sentencia dictada el tres de febrero de dos mil veintitrés, en la que se SOBRESEYÓ el presente asunto promovido por Gabriel de Jesús Carrillo Ortíz, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Sin que sea obstáculo a la anterior determinación la circunstancia que no obren en autos los acuses de recibo relativos a los oficios de la sentencia dirigidos a las autoridades foráneas; puesto que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ellas se haya reclamado, lo cual en el caso no acontece, toda vez que el presente asunto se sobreseyó. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Acto continuo, la secretaria da cuenta con el estado de autos, informa las constancias que integran el expediente y certifica que transcurrieron ocho días de la recepción del último informe justificado rendido por la autoridad responsable, acorde con el artículo 117 de la Ley de Amparo. El Juez acuerda: Téngase por formulada la relación de constancias y, en razón que no existe obstáculo alguno, continúese con la presente audiencia. Abierto el período de pruebas, la secretaria da cuenta con las documentales exhibidas por la parte quejosa; asimismo, da cuenta con las pruebas documentales ofrecidas por la autoridad responsable 1. Jefe de la Unidad de Policía Naval de la Secretaría de Marina, con residencia en la Ciudad de México, y 2. Comandante Accidental de la Sexta Región Naval, con sede en Guaymas, Sonora, se hace constar que las demás partes no ofrecieron pruebas. Atento a lo anterior, el juez acuerda: ténganse por desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas ofrecidas por la parte quejosa y las autoridades en cita, de conformidad con los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo. No habiendo más pruebas que relacionar, se declara cerrado el período probatorio. Abierto el período de alegatos, el secretario certifica que las partes nos los formularon. Se acuerda: Como las partes no realizaron manifestaciones, se concluye este período de la audiencia constitucional. Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 872/2022, promovido por Gabriel de Jesús Carrillo Ortíz, y con esta fecha se notifica por lista la sentencia emitida el tres de febrero del años en curso, misma que a la letra dice: R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el treinta de septiembre dos mil veintidós, mediante buzón judicial, y turnado el día tres de octubre de dos mil veintidós a este Juzgado Federal, Gabriel de Jesús Carrillo Ortíz promovió juicio de amparo contra actos del 1. Jefe de la Unidad de Policía Naval de la Secretaría de Marina, con residencia en la Ciudad de México, 2. Comandante Accidental de la Sexta Región Naval y 3. Jefatura Administrativa de Sexta Región Naval, ambos con sede en Guaymas, Sonora, mismos que quedarán precisados en el considerando segundo de esta sentencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción l, de la ley de la materia. SEGUNDO. Mediante proveído de cuatro de octubre de dos mil veintidós se acordó admitir la demanda de amparo; solicitar a las autoridades responsables sus informes justificados; dar la intervención que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, quien no formuló alegatos; y fijar fecha y hora para celebrar la audiencia constitucional. TERCERO. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, dado que se cuenta con los informes justificados de las autoridades responsables señaladas con los arábigos 1. y 2.; se emplazó a la representación ministerial de la federación (foja 31); la audiencia constitucional tuvo verificativo en la fecha y hora señalada para tal efecto, quedando el expediente en estado de resolución. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito con residencia en Boca del Río, Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, acorde a lo establecido por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con el punto segundo, fracción VII, y punto cuarto, fracción VII, segundo párrafo, del Acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por cuestión de la vía, en virtud de que la parte quejosa reclama la trasgresión directa a un precepto constitucional por parte de una autoridad jurisdiccional, en el caso, el artículo 17 constitucional que prevé el derecho de acceso a la efectiva impartición de justicia; lo que es impugnable en amparo indirecto, según lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Así también es competente por cuestión de la materia, toda vez que este Juzgado es Mixto, esto es, actúa tanto como Órgano de instrucción en las materias penal, civil y administrativa, así como Órgano de Control Constitucional, al conocer del amparo indirecto en primera instancia. Finalmente, también se es competente por cuestión del territorio, atento a que el acto reclamado no precisa de ejecución alguna; de ahí la competencia de este órgano para conocer y resolver el presente asunto, al haber recibido, por cuestión de turno, la demanda de mérito. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la aplicable Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa cuáles son los actos que se reclaman. Atendiendo a lo narrado por la parte quejosa en la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados en el presente juicio al 1. Jefe de la Unidad de Policía Naval de la Secretaría de Marina, con residencia en la Ciudad de México, 2. Comandante Accidental de la Sexta Región Naval y 3. Jefatura Administrativa de Sexta Región Naval, ambos con sede en Guaymas, Sonora, lo constituye: ". EL OFICIO NÚMERO 2026/2022, DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022, SIGNADO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE, JEFE DE LA UNIDAD DE POLICÍA NAVAL, DE LA SECRETARIA DE MARINA ARMADA DE MÉXICO, UNIDAD DE POLICIA NAVAL COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, mismo que contiene, el resultado de la Inspección Extraordinaria RN-4-IE0372021, al no otorgar al suscrito el derecho de audiencia, de ser oído y vencido en proceso de inspección. La autoridad ordenadora de aplicar la sanción debió haber notificado al suscrito, para efecto de realizar la debida defensa, ante la o las instancias correspondientes, no por el hecho de haber fungido como Coordinador de Regional de C.R. Sonora 3, Navojoa del periodo de fecha 23 de septiembre de 2021 al 13 de diciembre de 2021, no soy el responsable, para efecto de resarza el suscrito, el daño patrimonial por la cantidad de $59,699.62 (CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 62/100)." Establecida la fijación clara y precisa de los actos reclamados, por cuestión de método debe analizarse si de acuerdo con las pruebas que obran en autos, su existencia se encuentra o no probada respecto de la autoridades señaladas como responsables. TERCERO. Existencia de actos. Si son ciertos los actos reclamados, pues así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados las autoridades 1. Jefe de la Unidad de Policía Naval de la Secretaría de Marina, con residencia en la Ciudad de México, y 2. Comandante Accidental de la Sexta Región Naval, con sede en Guaymas, Sonora; lo cual es suficiente para considerar la existencia de dicho acto, acorde a la jurisprudencia del rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." Además, dicha certeza se corrobora con las constancias que adjuntaron como complemento a sus informes (vía electrónica y foja 59) pues de éstas se deduce que a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, existía el acto reclamado, consistente al pago resarza por daño patrimonial por la cantidad de $59,699.62 (CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 62/100) al aquí quejoso, por concepto de daño patrimonial. A las referidas documentales se les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley en su numeral 2°, al tratarse de documentos públicos expedidos por servidor público en ejercicio de las funciones que le asigna la ley. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia de rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." Asimismo, la autoridad responsable 3. Jefatura Administrativa de Sexta Región Naval, con sede en Guaymas, Sonora, omitió rendir su respectivo informe justificado, a pesar de que se le solicitó con la debida oportunidad, tal y como se demuestra del acuse de recibo que obra en la foja cuarenta y ocho de autos; por tanto, con apoyo en el párrafo primero, del artículo 117 de la Ley de Amparo, en relación con el criterio sustentado por la otrora Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de Nación, se presume cierto el acto que se le atribuye. CUARTO. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Por ser las causas de improcedencia de orden público y de preferente análisis al fondo del asunto, se procede al estudio de las que de oficio pudieran advertirse en la especie, según lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. MARCO NORMATIVO En relación al acto reclamado, en la especie se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, al haber cesado en sus efectos la sanción que llevo al aquí quejoso a promover el presente juicio de amparo, consistente al pago resarza por daño patrimonial por la cantidad de $59,699.62 (CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 62/100). El numeral citado al respecto cita: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del artículo trascrito se advierte que la causa de improcedencia precitada se genera por la insubsistencia del acto reclamado; es decir, que materialmente las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si dicho acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido no deje ninguna huella, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. De ahí que la razón de ser de dicha causa de improcedencia se justifica por la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento del amparo solicitado. Lo anterior se orienta por la jurisprudencia y tesis aislada que son del contenido siguiente: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. ANTECEDENTES Enseguida, a efecto de exponer las consideraciones que sustentan el presente fallo, se estima necesario hacer referencia a los antecedentes del acto reclamado, mismas que se desprenden del escrito inicial de demanda, así como de las constancias remitidas por las autoridades responsables, cuyo valor probatorio ya ha sido asignado, y que esencialmente son los siguientes: a).- Del resultado de la inspección extraordinaria RN-4-IE03/2021, efectuada a la Jefatura Administrativa de RN-6, se encontró responsabilidad administrativa del Coordinador Regional Sonora 3 Navojoa, de la Guardia Nacional (Coordinación que desempeñó el aquí quejoso Gabriel de Jesús Carrillo Ortíz en el periodo de veintitrés de septiembre al trece de diciembre de dos mil veintiuno) por incumplimiento de diversas funciones de su comisión, haciéndose acreedor a la sanción resarza por daño patrimonial por la cantidad de $59,699.62 (CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 62/100) correspondiente a los pagos en demasía de haberes y demás percepciones, y productos alimenticios. Notificando el resultado de dicha inspección extraordinaria al aquí quejoso a través del oficio número 2026/2022, de fecha dos de septiembre de dos mil veintidós, el seis de septiembre de dos mil veintidós. b).- Posteriormente, mediante radiograma RN-6.- JEFJUR.-639/22, de fecha veinticinco de octubre de dos mil veintidós, se ordenó comunicar al aquí quejoso Gabriel de Jesús Carrillo Ortíz, que se nulificaba en todas sus partes el oficio C-31/2022 de fecha veinticinco de agosto del pasado año, en el que se solicitó a la Jefatura de la Unidad de Policía Naval, comunicar al quejoso resarza por la cantidad de $59,699.62 (CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 62/100) por concepto de daño patrimonial. Hasta aquí la relatoría de antecedentes. SUBSUNCIÓN En términos de lo anterior, se estima que el acto reclamado que existía al momento de la presentación de la demanda de amparo que generó el presente juicio, ha quedado sin efectos. Lo anterior es así, pues mediante radiograma RN-6.- JEFJUR.-639/22, de fecha veinticinco de octubre de dos mil veintidós, se ordenó notificar al aquí quejoso Gabriel de Jesús Carrillo Ortíz, que se dejaba sin efectos en todas sus partes el oficio C-31/2022 de fecha veinticinco de agosto del pasado año, en el que se solicitó a la Jefatura de la Unidad de Policía Naval, comunicar al quejoso resarza por la cantidad de $59,699.62 (CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 62/100) por concepto de daño patrimonial. Por tanto, la sanción impuesta al aquí quejoso quedó destruida en forma total e incondicional, de manera que las cosas se encuentran en el estado que tendrían como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiese afectado la esfera jurídica del impetrante de amparo, pues basta que el Juez pueda apreciar por las constancias de autos, que dichos efectos han dejado de existir, para que de oficio declare que el juicio es improcedente en relación con dicho acto reclamado. Asimismo, de lo anterior, se observa que la parte quejosa tuvo conocimiento radiograma RN-6.- JEFJUR.-639/22, de fecha veinticinco de octubre de dos mil veintidós, al momento en que se le dio vista con los informes justificados de las autoridades responsables, que lo fue precisamente el diez y veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, fechas en que se notificaron por lista los acuerdos de nueve y veinticinco de noviembre. CONCLUSIÓN En los términos antes apuntados, al quedar probada la cesación de la omisión aquí combatida, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que procede sobreseer en el presente juicio de amparo conforme a lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 del mismo ordenamiento. En congruencia con lo anterior no es óbice el dejar de analizar los argumentos alegados por el peticionario de amparo, pues al actualizarse de manera indudable la causa de sobreseimiento invocada, ello impide entrar al estudio de las cuestiones de fondo. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." QUINTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia, y ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado en el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XVII, 74 a 76 y demás aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Gabriel de Jesús Carrillo Ortíz, contra los actos precisados en el considerando segundo, que atribuye al 1. Jefe de la Unidad de Policía Naval de la Secretaría de Marina, con residencia en la Ciudad de México, 2. Comandante Accidental de la Sexta Región Naval y 3. Jefatura Administrativa de Sexta Región Naval, ambos con sede en Guaymas, Sonora, por las razones que quedaron precisadas en el considerando cuarto de la presente sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de la presente sentencia, en términos del considerando sexto de esta resolución. Notifíquese en términos de ley. Así lo sentenció y firma el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Verónica Yazmín Bautista Soto, que autoriza y da fe. En la misma fecha, el (la) Secretario (a) del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, Veracruz, CERTIFICA: que la (s) promoción, documento (s) de cuenta, y el presente acuerdo, han sido autorizados y coinciden en su totalidad con el que obra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; ello de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Asimismo, SE HACE CONSTAR: que la firma electrónica añadida al presente documento abarca la (s) certificación (es) cuenta y contenido de la determinación judicial. Doy fe. RAZÓN. En la misma fecha, se giran los oficios 2837, 2838, 2839 y 2840, según minuta que se agrega. Conste. VYBS Revisión S.I.S.E: ________ Revisión libro: __________ "2023, Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo" Oficios Autoridad responsable Acuse 2837 1. Jefe de la Unidad de Policía Naval de la Secretaría de Marina. Ciudad de México 2838 2. Comandante Accidental de la Sexta Región Naval. 2839 3. Jefatura Administrativa de Sexta Región Naval. Guaymas, Sonora Representación social 2840 Agente Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado en materia de amparo Veracruz, Ver. En los autos del JUICIO DE AMPARO II-872/2022-1, promovido por Gabriel de Jesús Carrillo Ortíz, se dictó la siguiente sentencia: "En Boca del Río, Veracruz, a las once horas del tres de febrero de dos mil veintitrés, fecha y hora señaladas para celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo 872/2022 promovido por Gabriel de Jesús Carrillo Ortíz, el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Verónica Yazmín Bautista Soto, con quien actúa y da fe, la declara abierta con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin asistencia de las partes. Acto continuo, la secretaria da cuenta con el estado de autos, informa las constancias que integran el expediente y certifica que transcurrieron ocho días de la recepción del último informe justificado rendido por la autoridad responsable, acorde con el artículo 117 de la Ley de Amparo. El Juez acuerda: Téngase por formulada la relación de constancias y, en razón que no existe obstáculo alguno, continúese con la presente audiencia. Abierto el período de pruebas, la secretaria da cuenta con las documentales exhibidas por la parte quejosa; asimismo, da cuenta con las pruebas documentales ofrecidas por la autoridad responsable 1. Jefe de la Unidad de Policía Naval de la Secretaría de Marina, con residencia en la Ciudad de México, y 2. Comandante Accidental de la Sexta Región Naval, con sede en Guaymas, Sonora, se hace constar que las demás partes no ofrecieron pruebas. Atento a lo anterior, el juez acuerda: ténganse por desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas ofrecidas por la parte quejosa y las autoridades en cita, de conformidad con los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo. No habiendo más pruebas que relacionar, se declara cerrado el período probatorio. Abierto el período de alegatos, el secretario certifica que las partes nos los formularon. Se acuerda: Como las partes no realizaron manifestaciones, se concluye este período de la audiencia constitucional. Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 872/2022, promovido por Gabriel de Jesús Carrillo Ortíz, y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el treinta de septiembre dos mil veintidós, mediante buzón judicial, y turnado el día tres de octubre de dos mil veintidós a este Juzgado Federal, Gabriel de Jesús Carrillo Ortíz promovió juicio de amparo contra actos del 1. Jefe de la Unidad de Policía Naval de la Secretaría de Marina, con residencia en la Ciudad de México, 2. Comandante Accidental de la Sexta Región Naval y 3. Jefatura Administrativa de Sexta Región Naval, ambos con sede en Guaymas, Sonora, mismos que quedarán precisados en el considerando segundo de esta sentencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción l, de la ley de la materia. SEGUNDO. Mediante proveído de cuatro de octubre de dos mil veintidós se acordó admitir la demanda de amparo; solicitar a las autoridades responsables sus informes justificados; dar la intervención que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, quien no formuló alegatos; y fijar fecha y hora para celebrar la audiencia constitucional. TERCERO. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, dado que se cuenta con los informes justificados de las autoridades responsables señaladas con los arábigos 1. y 2.; se emplazó a la representación ministerial de la federación (foja 31); la audiencia constitucional tuvo verificativo en la fecha y hora señalada para tal efecto, quedando el expediente en estado de resolución. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito con residencia en Boca del Río, Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, acorde a lo establecido por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con el punto segundo, fracción VII, y punto cuarto, fracción VII, segundo párrafo, del Acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por cuestión de la vía, en virtud de que la parte quejosa reclama la trasgresión directa a un precepto constitucional por parte de una autoridad jurisdiccional, en el caso, el artículo 17 constitucional que prevé el derecho de acceso a la efectiva impartición de justicia; lo que es impugnable en amparo indirecto, según lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Así también es competente por cuestión de la materia, toda vez que este Juzgado es Mixto, esto es, actúa tanto como Órgano de instrucción en las materias penal, civil y administrativa, así como Órgano de Control Constitucional, al conocer del amparo indirecto en primera instancia. Finalmente, también se es competente por cuestión del territorio, atento a que el acto reclamado no precisa de ejecución alguna; de ahí la competencia de este órgano para conocer y resolver el presente asunto, al haber recibido, por cuestión de turno, la demanda de mérito. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la aplicable Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa cuáles son los actos que se reclaman. Atendiendo a lo narrado por la parte quejosa en la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados en el presente juicio al 1. Jefe de la Unidad de Policía Naval de la Secretaría de Marina, con residencia en la Ciudad de México, 2. Comandante Accidental de la Sexta Región Naval y 3. Jefatura Administrativa de Sexta Región Naval, ambos con sede en Guaymas, Sonora, lo constituye: ". EL OFICIO NÚMERO 2026/2022, DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022, SIGNADO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE, JEFE DE LA UNIDAD DE POLICÍA NAVAL, DE LA SECRETARIA DE MARINA ARMADA DE MÉXICO, UNIDAD DE POLICIA NAVAL COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, mismo que contiene, el resultado de la Inspección Extraordinaria RN-4-IE0372021, al no otorgar al suscrito el derecho de audiencia, de ser oído y vencido en proceso de inspección. La autoridad ordenadora de aplicar la sanción debió haber notificado al suscrito, para efecto de realizar la debida defensa, ante la o las instancias correspondientes, no por el hecho de haber fungido como Coordinador de Regional de C.R. Sonora 3, Navojoa del periodo de fecha 23 de septiembre de 2021 al 13 de diciembre de 2021, no soy el responsable, para efecto de resarza el suscrito, el daño patrimonial por la cantidad de $59,699.62 (CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 62/100)." Establecida la fijación clara y precisa de los actos reclamados, por cuestión de método debe analizarse si de acuerdo con las pruebas que obran en autos, su existencia se encuentra o no probada respecto de la autoridades señaladas como responsables. TERCERO. Existencia de actos. Si son ciertos los actos reclamados, pues así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados las autoridades 1. Jefe de la Unidad de Policía Naval de la Secretaría de Marina, con residencia en la Ciudad de México, y 2. Comandante Accidental de la Sexta Región Naval, con sede en Guaymas, Sonora; lo cual es suficiente para considerar la existencia de dicho acto, acorde a la jurisprudencia del rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." Además, dicha certeza se corrobora con las constancias que adjuntaron como complemento a sus informes (vía electrónica y foja 59) pues de éstas se deduce que a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, existía el acto reclamado, consistente al pago resarza por daño patrimonial por la cantidad de $59,699.62 (CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 62/100) al aquí quejoso, por concepto de daño patrimonial. A las referidas documentales se les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley en su numeral 2°, al tratarse de documentos públicos expedidos por servidor público en ejercicio de las funciones que le asigna la ley. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia de rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." Asimismo, la autoridad responsable 3. Jefatura Administrativa de Sexta Región Naval, con sede en Guaymas, Sonora, omitió rendir su respectivo informe justificado, a pesar de que se le solicitó con la debida oportunidad, tal y como se demuestra del acuse de recibo que obra en la foja cuarenta y ocho de autos; por tanto, con apoyo en el párrafo primero, del artículo 117 de la Ley de Amparo, en relación con el criterio sustentado por la otrora Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de Nación, se presume cierto el acto que se le atribuye. CUARTO. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Por ser las causas de improcedencia de orden público y de preferente análisis al fondo del asunto, se procede al estudio de las que de oficio pudieran advertirse en la especie, según lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. MARCO NORMATIVO En relación al acto reclamado, en la especie se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, al haber cesado en sus efectos la sanción que llevo al aquí quejoso a promover el presente juicio de amparo, consistente al pago resarza por daño patrimonial por la cantidad de $59,699.62 (CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 62/100). El numeral citado al respecto cita: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del artículo trascrito se advierte que la causa de improcedencia precitada se genera por la insubsistencia del acto reclamado; es decir, que materialmente las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si dicho acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido no deje ninguna huella, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. De ahí que la razón de ser de dicha causa de improcedencia se justifica por la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento del amparo solicitado. Lo anterior se orienta por la jurisprudencia y tesis aislada que son del contenido siguiente: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. ANTECEDENTES Enseguida, a efecto de exponer las consideraciones que sustentan el presente fallo, se estima necesario hacer referencia a los antecedentes del acto reclamado, mismas que se desprenden del escrito inicial de demanda, así como de las constancias remitidas por las autoridades responsables, cuyo valor probatorio ya ha sido asignado, y que esencialmente son los siguientes: a).- Del resultado de la inspección extraordinaria RN-4-IE03/2021, efectuada a la Jefatura Administrativa de RN-6, se encontró responsabilidad administrativa del Coordinador Regional Sonora 3 Navojoa, de la Guardia Nacional (Coordinación que desempeñó el aquí quejoso Gabriel de Jesús Carrillo Ortíz en el periodo de veintitrés de septiembre al trece de diciembre de dos mil veintiuno) por incumplimiento de diversas funciones de su comisión, haciéndose acreedor a la sanción resarza por daño patrimonial por la cantidad de $59,699.62 (CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 62/100) correspondiente a los pagos en demasía de haberes y demás percepciones, y productos alimenticios. Notificando el resultado de dicha inspección extraordinaria al aquí quejoso a través del oficio número 2026/2022, de fecha dos de septiembre de dos mil veintidós, el seis de septiembre de dos mil veintidós. b).- Posteriormente, mediante radiograma RN-6.- JEFJUR.-639/22, de fecha veinticinco de octubre de dos mil veintidós, se ordenó comunicar al aquí quejoso Gabriel de Jesús Carrillo Ortíz, que se nulificaba en todas sus partes el oficio C-31/2022 de fecha veinticinco de agosto del pasado año, en el que se solicitó a la Jefatura de la Unidad de Policía Naval, comunicar al quejoso resarza por la cantidad de $59,699.62 (CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 62/100) por concepto de daño patrimonial. Hasta aquí la relatoría de antecedentes. SUBSUNCIÓN En términos de lo anterior, se estima que el acto reclamado que existía al momento de la presentación de la demanda de amparo que generó el presente juicio, ha quedado sin efectos. Lo anterior es así, pues mediante radiograma RN-6.- JEFJUR.-639/22, de fecha veinticinco de octubre de dos mil veintidós, se ordenó notificar al aquí quejoso Gabriel de Jesús Carrillo Ortíz, que se dejaba sin efectos en todas sus partes el oficio C-31/2022 de fecha veinticinco de agosto del pasado año, en el que se solicitó a la Jefatura de la Unidad de Policía Naval, comunicar al quejoso resarza por la cantidad de $59,699.62 (CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 62/100) por concepto de daño patrimonial. Por tanto, la sanción impuesta al aquí quejoso quedó destruida en forma total e incondicional, de manera que las cosas se encuentran en el estado que tendrían como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiese afectado la esfera jurídica del impetrante de amparo, pues basta que el Juez pueda apreciar por las constancias de autos, que dichos efectos han dejado de existir, para que de oficio declare que el juicio es improcedente en relación con dicho acto reclamado. Asimismo, de lo anterior, se observa que la parte quejosa tuvo conocimiento radiograma RN-6.- JEFJUR.-639/22, de fecha veinticinco de octubre de dos mil veintidós, al momento en que se le dio vista con los informes justificados de las autoridades responsables, que lo fue precisamente el diez y veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, fechas en que se notificaron por lista los acuerdos de nueve y veinticinco de noviembre. CONCLUSIÓN En los términos antes apuntados, al quedar probada la cesación de la omisión aquí combatida, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que procede sobreseer en el presente juicio de amparo conforme a lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 del mismo ordenamiento. En congruencia con lo anterior no es óbice el dejar de analizar los argumentos alegados por el peticionario de amparo, pues al actualizarse de manera indudable la causa de sobreseimiento invocada, ello impide entrar al estudio de las cuestiones de fondo. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." QUINTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia, y ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado en el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XVII, 74 a 76 y demás aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Gabriel de Jesús Carrillo Ortíz, contra los actos precisados en el considerando segundo, que atribuye al 1. Jefe de la Unidad de Policía Naval de la Secretaría de Marina, con residencia en la Ciudad de México, 2. Comandante Accidental de la Sexta Región Naval y 3. Jefatura Administrativa de Sexta Región Naval, ambos con sede en Guaymas, Sonora, por las razones que quedaron precisadas en el considerando cuarto de la presente sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de la presente sentencia, en términos del considerando sexto de esta resolución. Notifíquese en términos de ley. Así lo sentenció y firma el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Verónica Yazmín Bautista Soto, que autoriza y da fe. "Firmas. Rúbricas." Lo que transcribo a usted para su conocimiento y debido cumplimiento. A t e n t a m e n t e. Boca del Río, Ver., 03 de febrero de 2023. La secretaria. Verónica Yazmín Bautista Soto. (Firma electrónica) JUICIO II-872/2022-1 RECIBO DE NOTIFICACIÓN A AUTORIDADES LOCALES CONFORME AL ARTICULO 28, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, FIRMAN Y SELLAN DE RECIBIDO LA PRESENTE, LAS AUTORIDADES NOTIFICADAS O LAS PERSONAS A QUIEN SE ENTREGA EN SU OFICINA. Boca del Río, Ver., 03 de febrero de 2023. Representación social 2840 Agente Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado en materia de amparo Veracruz, Ver. tres de febrero de dos mil veintitrés.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, cuatro de enero de dos mil veintitrés. Atento al estado procesal de autos, se advierte que en proveído de diecisiete de noviembre del año próximo pasado se señaló la audiencia constitucional para el día de hoy; sin embargo, como el Titular de este órgano jurisdiccional se encuentra de licencia del dos al cuatro de enero del año en curso, y el suscrito como encargado del despacho en términos del artículo 44, párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, no está autorizado para resolver en definitiva. En consecuencia, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las ONCE HORAS DEL TRES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, como nueva fecha para su verificativo. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por el 2. Comandante Accidental de la Sexta Región Naval, con residencia en Guaymas, Sonora; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, téngase por rendido su INFORME JUSTIFICADO, y con el mismo, dese vista a las partes por el plazo de OCHO DÍAS, para que manifiesten lo que a derecho corresponda, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el artículo 124 de la ley de la materia. Asimismo, téngasele señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que cita en su informe y designando como delegados de su parte a las personas que alude en el mismo, en términos del numeral 9 de la citada ley de la materia. Notifíquese en términos de ley.

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