Gabriel Da Silva Amorim y Otros.
Expediente 308/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 12 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 308/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 18/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Gabriel Da Silva Amorim y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, diecisiete de julio de dos mil veintitrés. Visto el oficio y anexo de cuenta signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito con residencia en Acapulco Guerrero, mediante el cual remite copia con firmas electrónicas del testimonio pronunciado en el conflicto competencial 25/2023 entre el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa con residencia en la ciudad de México y este órgano jurisdiccional; Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien y apareciendo que la superioridad resolvió: "PRIMERO. Se declara al Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa, con sede en la Ciudad de México, legalmente competente para conocer y resolver de la demanda de amparo 615/2023 de su índice. SEGUNDO. Se ordena enviar testimonio a los jueces de Distrito contendientes, remitiendo los autos del juicio de amparo al declarado competente para conocer del mismo." En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación se determina: Conforme a lo estipulado por el artículo 19, fracción I Inciso b) del citado acuerdo, una vez transcurridos seis meses contados a partir de la presente determinación, el juicio en que se actúa será DESTRUIBLE. Aunado a que este juicio no encuadra en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos por el Acuerdo de mérito y no contiene documentos que se hayan determinado como información reservada con motivo de una solicitud de acceso a la información. Por tanto, una vez transcurridos tres años de haberse ordenado el archivo como asunto concluido, el presente expediente deberá transferirse íntegramente al depósito documental que designe el Área coordinadora de archivos. Asimismo, no obran documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, once de mayo de dos mil veintitrés. Visto el oficio y anexo enviado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito con residencia en Acapulco Guerrero, mediante el cual informa que dicho órgano jurisdiccional admitió a trámite el conflicto competencial registrándolo bajo el número 25/2023; por tanto glósese a los autos del cuaderno de antecedentes relativo al juicio de amparo 308/2023. Notifíquese.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Visto; agréguese a los autos el oficio signado por el Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual hace saber que no acepta la competencia declinada a su favor mediante auto de trece de marzo de dos mil veintitrés, y devuelve el original del juicio de amparo 615/2023 de su índice, que formó con motivo del diverso 308/2023 de la estadística de este juzgado, relativo a la demanda de amparo promovido por Moisés Nicolás León Sánchez, en representación de ***************************, *****************************, **********************, ************************, ***********************, **************************, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración de la Ciudad de México y otras autoridades; exponiendo las razones por la cual estima que no le resulta la competencia para conocer del asunto; acúsese el recibo de estilo correspondiente a través del Sistema Integral de Registro de Expedientes (SISE). Ahora bien, el Juzgado remitente, para no aceptar la competencia planteada basa sus argumentos, en que la ejecución del acto reclamado no se está realizando en la Ciudad de México, ya que de las constancias remitidas en copias certificadas por este órgano jurisdiccional, advierte que los quejosos no se encuentran detenidos en la estación migratoria de la Ciudad de México, y que en la actualidad no se está ejecutando acto alguno en la jurisdicción de dicho juzgado. Sentado lo anterior, resulta conveniente establecer que la competencia es una cuestión de orden público, que previamente debe analizarse en cualquier estado del juicio, mientras no se dicte resolución que ponga fin a la instancia. En el caso, este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, insiste en que no es legalmente competente, por razón de territorio, para analizar la constitucionalidad, de los actos reclamados por los quejosos. En efecto los artículos 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 48, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)" "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante jueza o juez de distrito o tribunal colegiado de apelación y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, a la jueza, juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente." Al respecto existen los criterios -los cuales no contravienen a lo dispuesto en la Ley de Amparo en vigor, de conformidad con el artículo sexto transitorio de dicha normatividad- del tenor siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". Ahora, de la intelección de los normativos y criterios apuntados, se obtienen tres supuestos para definir la competencia de los Juzgados de Distrito: a) La primera regla está contenida en el primer párrafo del señalado numeral 37 de la Ley de Amparo; y se caracteriza porque, con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que éste ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; lo cual presupone que dicho acto, es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución. b) La segunda hipótesis, establece que si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un Distrito, y continúa ejecutándose en otro, el juez Federal de cualquiera de esas jurisdicciones que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) La tercera hipótesis, señala que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Entonces, la competencia para conocer de una demanda de amparo, por razón de territorio, deriva de la naturaleza del acto reclamado y de sus consecuencias jurídicas, ya que debe determinarse si éste requiere o no ejecución material, por lo que para resolver sobre dicha competencia, se debe hacer el análisis del acto reclamado, de los hechos contenidos en la demanda, y de las constancias con las que se cuente. En ese aspecto, la norma de competencia contenida en el artículo 37 de la Ley de Amparo, por prelación, toma en cuenta primordialmente la ejecución del acto reclamado para sustentar cuál Juez de Distrito debe conocer de un juicio de amparo. En el particular, los aquí quejosos reclaman del Titular de la Oficina de representación del Instituto Nacional de Migración en la ciudad de México, y del Director de la Estación Migratoria de la Ciudad de México del Instituto Nacional de Migración, la ilegal orden de detención y privación de la libertad. En ese sentido, en el presente asunto se actualiza el principio genérico de competencia a que se refiere el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, toda vez que el representante de los quejosos refirió en su escrito de demanda, que a esa fecha de presentación los quejosos directos se encontraban privados de su libertad personal en la estación migratoria de la Ciudad de México, por lo que, tomando en consideración la naturaleza de los actos reclamados, resulta evidente que éstos se ejecutan, tratan de ejecutarse o se ejecutarán en dicho centro penitenciario. Y que si bien es cierto, posteriormente fueron puestos en libertad por la autoridad migratoria, ello aconteció a virtud de la suspensión de plano concedida mediante proveído de trece de marzo de dos mil veintitrés. Por lo que no se comparte el criterio de establecer que por el hecho de que los quejosos ya no se encuentran privados en la estación migratoria de mérito, se deba considerar que no existió ejecución en ese lugar, pues como se destacó, el egreso de los quejosos de la estación migratoria derivó de la suspensión del plano concedida. Por lo que no existe razón jurídica que conduzca a fincar competencia legal a este Juzgado de Distrito para conocer del presente juicio, toda vez que los actos controvertidos no se ejecutan, tratan de ejecutar, ni se ejecutarán en el Estado de Guerrero. Es decir, el acto que por esta vía combaten los quejosos, se ejecutó dentro de la jurisdicción de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa, con sede en la Ciudad de México, dado que es en aquel territorio donde los quejosos están sujetos a procedimientos administrativos como lo manifestó el Director de la Estación Migratoria en la Ciudad de México, a través de su oficio INM/ORCDMX/EM/2288/2023 de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés (fojas 90 a 118). Esto es así, porque contrario a lo manifestado por el homólogo, el acto aquí reclamado se ejecutó y continuará ejecutándose en la ciudad de México; pues aun y cuando el juez oficiante señala que los quejosos no se encuentran detenidos en la Estación Migratoria de la Ciudad de México, lo cierto es fueron puesto en libertad debido a la suspensión de plano concedida por este órgano jurisdiccional, empero los quejosos llevan su procedimiento administrativo en dicho territorio de ahí que se reitera la competencia del Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. En mérito de lo expuesto, con fundamento en el artículo 37, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, remítanse los autos al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito en turno, con residencia en Acapulco de Juárez, Guerrero, para que resuelva el conflicto competencial que se plantea. Sin necesidad de formar cuaderno de antecedentes toda vez que ya existe, formado con motivo de la incompetencia planteada el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno; por tanto, únicamente se ordena anexar copia autorizada del presente proveído y demás constancias necesarias para quedar debidamente integrado dicho cuaderno. Hágase lo anterior del conocimiento del Juez Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, para los efectos legales procedentes. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, cuatro de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio y anexo de cuenta signado por el Director de la Estación Migratoria en la Ciudad de México, mediante el cual rinde su informe en el incidente por defecto en la suspensión de plano sin que haya lugar a emitir pronunciamiento dado que el treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, se resolvió. Notifíquese.
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