Gabriel Cuauhtemoc Cerón Sánchez
Expediente 332/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 332/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 02/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Gabriel Cuauhtemoc Cerón Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a dos de diciembre de dos mil veinte. Ténganse por recibido y con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los presentes autos el oficio signado por la Magistrada Semanera de la Primera Sala Regional Familiar de Tlalnepantla, Estado de México, por medio del cual en atención al requerimiento inserto en proveído de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, acusa recibo de las constancias remitidas con el oficio 17442/2020, de este índice; en consecuencia, se tiene a la citada autoridad responsable, remitiendo el acuse en comento, por lo que se deja sin efectos el apercibimiento con el cual fue conminada. Notifíquese a las partes en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintiséis de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de cuarto de noviembre de dos mil veinte, dictada por este órgano jurisdiccional, en la cual la Justicia de la Unión no amparó ni protegió a --------------, albacea de la sucesión a bienes de -------------- y --------------, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno de este Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en el juicio de amparo en que se actúa no existe diligencia ni trámite pendiente que realizar, se ordena su archivo definitivo. Asimismo, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; capítulo séptimo, numeral 18 inciso b), que dicen: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: . II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; ." "CAPÍTULO SÉPTIMO EXPEDIENTES DEPURABLES Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito: (.) b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional; y (.) En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido estos expedientes. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, el órgano jurisdiccional deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. La justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Terminado el proceso de depuración, el órgano jurisdiccional deberá solicitar la transferencia de estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación." En mérito de lo anteriormente expuesto, se estima que este expediente es susceptible de depuración, con excepción de la demanda y la sentencia definitiva dictada en el expediente principal, de las cuales se ordena el desglose en su oportunidad, asimismo, se ordena se realice la copia digitalizada de las mismas. En ese orden, no se omite precisar que el presente asunto, en términos del citado acuerdo, no es considerado asunto de relevancia documental, ni tiene valor jurídico e histórico para su conservación. Por otra parte y toda vez que ya no son necesarias las constancias remitidas por la autoridad responsable Presidenta de la Primera Sala Familiar Regional Tlalnepantla, México, al momento de rendir su informe justificado; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen, para todos los efectos legales a que haya lugar, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Se apercibe a la autoridad requerida, que de no dar cumplimiento a lo aquí ordenado, o no informar la imposibilidad que tenga para ello, con fundamento en el artículo 237 fracción I y 259 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de $4,344.00 (cuatro mil trescientos cuenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cincuenta unidades diarias de medida y actualización. Cabe precisar que la multa a que se hace referencia en el presente acuerdo, está fundamentada en los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, el valor de dicha unidad emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, divulgada en el mencionado medio de difusión oficial de diez de enero de dos mil veinte, cuyo monto vigente es de $86.88 (ochenta y seis pesos 88/100 moneda nacional). Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
VISTOS los autos para pronunciar sentencia en el juicio de amparo 332/2020-III, promovido por ---------, albacea de la sucesión a bienes de --------- y ---------, contra acto de la Primera Sala Regional Familiar de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; y, RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito recibido el diecisiete de marzo de dos mil veinte, ------------, albacea de la sucesión a bienes de ------------- y --------------, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad siguientes: Autoridad responsable. "Primera Sala Regional Familiar de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México". Acto reclamado. "De la autoridad señalada como responsable: la resolución sobre el recurso de apelación dictada en los autos del toca número 92/2020, relativo al juicio sucesorio intestamentario en el expediente número 1922/2014 radicado en el Juzgado Séptimo de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, México, a bienes de ---------, en contra de la sentencia de fecha veinticinco de febrero de dos mil veinte." SEGUNDO. En atención al Acuerdo General 4/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, así como en los diversos Acuerdos Generales 6/2020, 9/2020, del propio Pleno, que reforman y adicionan el primero de los Acuerdos en cita, con la finalidad de evitar la concentración de personas y, con ello, la propagación del virus, este órgano jurisdiccional suspendió en su totalidad las labores del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, con excepción de los casos previstos en tales Acuerdos. Así, una vez que se reanudaron en su totalidad las labores del Poder Judicial Federal, por acuerdo dictado el tres de agosto de la presente anualidad, este Juzgado previno la demanda y el dieciocho de agosto de dos mil veinte, admitió a trámite la demanda de amparo, solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, dio la intervención que legalmente corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento. Asimismo, por auto de seis de octubre de dos mil veinte, se apersonaron al presente juicio las terceras interesadas ---------, ---------,---------. Finalmente, se celebró la audiencia constitucional conforme al acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para conocer el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I y VII, de la Constitución General de la República; 33 fracción IV, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 en relación con el 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como la fracción II de la Sección Cuarta del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintitrés de enero de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en relación al Acuerdo General 53/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el quince de enero de dos mil diecinueve en el Diario Oficial de la Federación; ya que el acto reclamado no requiere ejecución y fue emitido por una autoridad cuya residencia se encuentra en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, lugar en el que este resolutor ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, con el fin de estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, debe precisarse que de la lectura integral de la demanda y las diversas constancias que obran en el expediente, el acto reclamado en el presente juicio es: La resolución de veinticinco de febrero de dos mil veinte, dictada por la Primera Sala Regional Familiar de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, que confirma la determinación de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, dictada por el Juez Séptimo de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, que removió al quejoso de cargo de albacea de las sucesiones a bienes de --------- y --------- . TERCERO. La Primera Sala Regional Familiar de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, al rendir su informe justificado aceptó haber dictado la resolución reclamada. CUARTO. La procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público, merece estudio preferente, lo aleguen o no las partes, tal y como lo estatuye el artículo 62 de la Ley de Amparo. Pues bien, en el presenta caso las partes no hicieron valer alguna causal de improcedencia, ni el suscrito advierte de oficio su actualización, por lo tanto, se procede al estudio de fondo respecto de ese acto. QUINTO. La resolución de veinticinco de febrero de dos mil veinte, dictada por la Primera Sala Regional Familiar de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, que confirma la determinación de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, dictada por el Juez Séptimo de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, que removió al quejoso de cargo de albacea de las sucesiones a bienes de --------- y ---------, se basó en las siguientes consideraciones: Consideraciones. - Que fueron inoperantes por insuficientes todos y cada uno de los motivos de agravio en los que el inconforme se ciñó a reproducir el fallo impugnado, así como los argumentos de la juez de origen, donde determinó la procedencia del incidente de remoción de albacea, debido a que no esgrimió argumento alguno tendente a atacar los fundamentos legales y consideraciones en que se sustenta el sentido del fallo. - Que la autoridad advirtió del escrito de expresión de agravios, que el recurrente se limitó a indicar de manera general, que ha cumplido con sus obligaciones de albacea y los motivos que considera tiene su antagonista para removerlo del cargo, pero no expuso nada en relación con la causal que se consideró justificada para su remoción, esto es, respecto a la obligación procesal de proponer al Juez la formulación bimestral de distribución provisional de los productos de los bienes hereditarios, señalando la parte de ellos que tendría que entregarse a los herederos o legatarios, tal como lo prevé el numeral 6.228 del Código Civil de la Entidad - precepto legal que sanciona con la separación del cargo para el caso de incumplimiento-. - Que a ningún fin práctico llevaría realizar pronunciamiento respecto si ha cumplido con las obligaciones propias de su cargo, pues no fue removido por la deficiencia o incumplimiento de todas ellas o las contempladas en el dígito 6.227 del Código Civil, sino la prevista en el numeral 6.228 del Código Civil de la Entidad -como se propuso en el incidente-. - Que fueron fundados pero inoperantes los motivos de disenso en los que planteó que la juzgadora de origen no analizó el caudal probatorio ofrecido por el inconforme, porque las pruebas de cuya falta de valoración se duele, no tienen una relación intrínseca con la contestación que dio al incidente planteado por su contraria (remoción del albacea consistente en no haber propuesto la formulación bimestral de distribución de los productos de los bienes hereditarios que el artículo 6.228 del Código Civil del Código Civil de la Entidad). Por tanto, las pruebas que aportadas en el incidente, no podrían tener como efecto subsanar las deficiencias de la demanda o de su contestación, ya que es en éstas donde deben plasmarse respectivamente, la acción y las excepciones, así como los hechos de los que se hacen derivar, siendo la base de donde las partes deben y pueden desplegar su acción o defensa; de ahí que pretender perfeccionar o subsanar deficiencias de la demanda o de la contestación a través del resultado de cualquier probanza, no sería jurídico y traería como consecuencia que la parte contraria quedara en estado de indefensión. - Que no aportó beneficio alguno al recurrente reconocer que la sucesión obtuvo frutos por rentas durante un año, y que con ello realizó el pago de diversos gastos e impuestos, pues ello, no lo relevaba de la obligación procesal de realizar la propuesta de distribución de los productos de manera bimestral; sino que, como se indicó, ello le perjudica al constituir confesión en el sentido de que los bienes de la sucesión sí generaron productos y éste los dispuso de manera extrajudicial, sin realizar las propuestas de distribución bimestrales a que lo constriñe el propio artículo 6.228 del Código Civil de la entidad. Que fue infundado su argumento donde adujo que, para no tener problemas con la administración del dinero entre los herederos, no dispuso de un remanente de dinero, porque entre las causas de remoción de albacea propuestas por la actora, no fue deducida alguna sustentada en la manera en que se lleva la administración del dinero o la falta de acuerdos entre los interesados para disponer del remanente, sino en la obligación consistente que el albacea debía proponer al Juez la distribución provisional de los productos, lo que debería de formular dentro de los quince días siguientes a la aprobación del inventario y avalúo; plazo que comenzó a correr con posterioridad al proveído de fecha dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, por el cual se aprobó la segunda sección. - Que no se puede pretender perfeccionar o subsanar deficiencias de la contestación al incidente, a través de la valoración de las pruebas, es decir, si en su escrito de contestación al incidente, el albacea no expuso las circunstancias que justificaran el debido cumplimiento a la obligación consistente en que, dentro de los quince días posteriores a la aprobación de la segunda sección realizara la propuesta al Juez, sobre la distribución provisional de los productos, y tampoco mencionó encontrarse imposibilitado legalmente para no hacerlo, luego, los elementos de convicción que propuso al contestar su incidente, no pueden tener como fin, el acreditamiento de esas cuestiones no planteadas al dar contestación al incidente; por tanto, a ningún fin práctico llevaría abordar el análisis de las pruebas de cuya falta de valoración se duele. Conceptos de violación. En contra de las anteriores consideraciones la parte quejosa planteó los siguientes conceptos de violación: Que la autoridad inobservó en perjuicio del quejoso lo dispuesto en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Que tanto el planteamiento del incidente, como su contestación, constituyen una unidad y como tal debió considerarse por la autoridad responsable, quien no consideró que se trata de una cuestión del orden familiar donde los formalismos exacerbados no tienen lugar. Que la resolución impugnada, no entra al estudio de las cuestiones planteadas por un esquema rigorista, sujeto a formas rígidas y solemnes para que el tribunal emprenda su estudio. Que deberán tenerse como motivos de disenso todos los razonamientos que aparezcan en el escrito respectivo, aunque no estén en el capítulo relativo o, aunque no guarden un apego estricto a determinada estructura, sólo es suficiente que se expresen en los agravios la causa de pedir. Que el tribunal de origen no procedió al estudio de sus pruebas ofrecidas. Que de las pruebas que ofreció en el incidente del que emana el acto reclamado, se advierte que viene cumpliendo con las obligaciones inherentes a su cargo, como lo son el aseguramiento de los bienes de la sucesión, el inventario y avalúo de los bienes que integran ambas sucesiones, administración de los bienes y la rendición de cuentas de su albaceazgo. Que ha presentado un proyecto de partición y adjudicación de los bienes y defendido a la sucesión en diversos juicios de los que ha sido parte. Que lo único que pretende la señora Noelia Cerón Sánchez es retardar el procedimiento en las sucesiones, de ejercer el cargo de albacea con el único propósito de que se siga prolongando la tramitación de esta sucesión y sobre todo que se acentúe el deterioro de los bienes que integran el acervo hereditario y las relaciones entre los herederos. Que no hay razón para que se le revoque del cargo, máxime que los coherederos, han solicitado la prórroga del cargo de albacea, inclusive a las que promueven este incidente, se les dio vista sin que hicieran oposición alguna por esta petición. Respuesta. De la comparación entre los razonamientos que sustentan la resolución reclamada y lo argumentado por el quejoso en sus conceptos de violación, se advierte que sus argumentos son inoperantes. Lo anterior es así, pues el quejoso no atacó las consideraciones que sustentaron el fallo, pues se limitó a indicar que no se valoró el acervo probatorio con el cual demostró que ha cumplido con sus obligaciones de albacea, y los motivos que considera tiene su antagonista para removerlo del cargo, pero no expuso nada en relación con la causal que se consideró justificada para su remoción, prevista en el numeral 6.228 del Código Civil de la Entidad, asimismo, que a ningún fin práctico llevaría realizar pronunciamiento respecto si ha cumplido con las obligaciones propias de su cargo, pues no fue removido por la deficiencia o incumplimiento de todas ellas o las contempladas en el dígito 6.227 del Código Civil, sino la prevista en el numeral 6.228 del Código Civil de la Entidad. De igual forma, que las pruebas de cuya falta de valoración se duele, no tienen una relación intrínseca con la contestación que dio al incidente planteado por su contraria (remoción del albacea consistente en no haber propuesto la formulación bimestral de distribución de los productos de los bienes hereditarios). Por tanto, las pruebas aportadas en el incidente, no podrían tener como efecto subsanar las deficiencias de la demanda o de su contestación, ya que es en éstas donde deben plasmarse respectivamente, la acción y las excepciones, así como los hechos de los que se hacen derivar, siendo la base de donde las partes deben y pueden desplegar su acción o defensa. En suma, el quejoso en su recurso de apelación pretendió que se subsanaran las deficiencias de la contestación al incidente, a través de la valoración de las pruebas, sin embargo, para ello era necesario que en ese escrito expusiera las circunstancias que justificaran el debido cumplimiento a la obligación consistente en que dentro de los quince días posteriores a la aprobación de la segunda sección propusiera al juez la distribución provisional de los productos, y tampoco mencionó encontrarse imposibilitado legalmente para no hacerlo, luego, los elementos de convicción que propuso al contestar su incidente, no pueden tener como fin, el acreditamiento de esas cuestiones no planteadas al dar contestación al incidente. En tales circunstancias, si el quejoso se limitó a referir que con las pruebas que ofreció en el incidente del que emana el acto reclamado, demostró que viene cumpliendo con las obligaciones inherentes a su cargo, ello no lo eximía de exponer las razones para acreditar que era infundada la causa de remoción propuesta por la incidentista - debía proponer al Juez la distribución provisional de los productos, lo que debería de formular dentro de los quince días siguientes a la aprobación del inventario y avalúo-. Sin que fuera obligación de la autoridad valorar las pruebas propuestas por el quejoso, pues subsanarlo implicaría dejar en estado de indefensión a su contraparte. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 19/2012, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 731, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y textos siguientes: "AGRAVIOS INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN TODAS LAS CONSIDERACIONES CONTENIDAS EN LA SENTENCIA RECURRIDA. Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que los agravios son inoperantes cuando no se combaten todas y cada una de las consideraciones contenidas en la sentencia recurrida. Ahora bien, desde la anterior Tercera Sala, en su tesis jurisprudencial número 13/90, se sustentó el criterio de que cuando el tribunal de amparo no ciñe su estudio a los conceptos de violación esgrimidos en la demanda, sino que lo amplía en relación a los problemas debatidos, tal actuación no causa ningún agravio al quejoso, ni el juzgador de amparo incurre en irregularidad alguna, sino por el contrario, actúa debidamente al buscar una mejor y más profunda comprensión del problema a dilucidar y la solución más fundada y acertada a las pretensiones aducidas. Por tanto, resulta claro que el recurrente está obligado a impugnar todas y cada una de las consideraciones sustentadas por el tribunal de amparo aun cuando éstas no se ajusten estrictamente a los argumentos esgrimidos como conceptos de violación en el escrito de demanda de amparo." También es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible a página 1086, Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, REITERA LA MISMA TÉCNICA DE ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO QUE LA LEGISLACIÓN ABROGADA. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 74, fracción II, 76, 79, 108, fracción VIII y 175, fracción VII, de la Ley de Amparo, en su texto vigente, se advierte que reitera la misma técnica de análisis de la constitucionalidad del acto reclamado que la ley anterior, conforme a la cual, dicho examen se efectúa con base en los conceptos de violación planteados, excepto en aquellos casos en que procede suplir la queja deficiente, previstos por el artículo 79 de ese ordenamiento. En consecuencia, los conceptos de violación deben estar dirigidos a controvertir de manera eficaz y directa todas las consideraciones en que se sustenta el acto o sentencia reclamados, pero si no las atacan o dejan de controvertir una o más, que por sí solas sean suficientes para regir su sentido, es claro que el tribunal de amparo no puede abordar el estudio oficioso de las consideraciones no impugnadas, lo que trae como consecuencia que éstas permanezcan intocadas y continúen rigiendo el sentido de dicho acto; de donde resulta, precisamente, lo inoperante de los conceptos de violación. Como también ocurre cuando éstos sí controvierten las consideraciones en que se apoya la sentencia reclamada, pero dadas las circunstancias particulares del caso, existe un impedimento técnico que imposibilita su examen, como sucede, por ejemplo, cuando se relacionan con un aspecto sobre el que ya existe cosa juzgada, a virtud de un juicio de amparo anterior; introducen cuestiones novedosas que no fueron planteadas ante la autoridad responsable en la litis del juicio natural o bien en el recurso que originó la emisión del acto reclamado; o se basan en postulados no verídicos; entre otros supuestos, que deberán atenderse caso por caso. En las relatadas condiciones, al resultar inoperantes los conceptos de violación expuestos por el quejoso, sin que se advierta algún motivo para suplir la deficiencia de la queja, lo procedente es negar la protección constitucional solicitada. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, así como en el numeral 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve: ÚNICO. La justicia de la unión no ampara ni protege a ---------, albacea de la sucesión a bienes de --------- y ---------, en términos del considerando último de esta sentencia. Notifíquese a las partes el presente acuerdo por medio de lista, en los términos que establece el artículo 212 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de octubre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo la vista de ocho días otorgada a los terceros interesados, mediante proveído de veintidós de septiembre del dos mil veinte, con el informe justificado rendido por la Presidenta de la Primera Sala Familiar Regional Tlalnepantla. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional y se fijan las once horas del cuatro de noviembre de dos mil veinte, hora y día disponibles en la agenda que para tal efecto se lleva en este juzgado. Al respecto, con apoyo en el numeral 251 , para el efecto de que las partes estimen conveniente estar presentes de manera virtual en la audiencia constitucional, es menester que soliciten por escrito su deseo de dicha circunstancia; para lo cual, se les concede el plazo de tres 1 Artículo 25. Utilización de videoconferencias por regla general. Con independencia de que un asunto se tramite bajo el esquema tradicional, bajo el de juicio en línea, o en una combinación de ambos, las y los titulares procurarán que el desahogo de diligencias, alegatos y audiencias se realice utilizando las videoconferencias como regla general. Se podrán realizar a distancia la protesta del cargo de peritos y la ratificación del correspondiente dictamen pericial, siempre que la persona juzgadora se pueda cerciorar de su identidad. Al respecto, deberán seguirse las reglas previstas en el Acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo (en adelante "AG 12/2020"). Cuando se estime indispensable la comparecencia física de las partes, de testigos, peritos u otros intervinientes, o cuando algunas de estas personas carezcan de herramientas tecnológicas para comparecer por videoconferencia, se practicará la actuación correspondiente garantizando la distancia entre las partes y procurando hacer uso de los equipos de cómputo disponibles en el órgano jurisdiccional para asegurar la sana distancia entre quienes acudan presencialmente. Las partes, o sus representantes y personas autorizadas si asisten en lugar de ellas, podrán hacerlo acompañadas de una sola persona. Si a juicio de la juzgadora o juzgador, es previsible que la dinámica de una comparecencia o audiencia pueda impedir la sana distancia, se solicitará el apoyo de la administración del edificio." días legalmente computados, de conformidad con el precepto 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para que manifiesten tal situación, y en caso de no hacerlo, se tendrán por desinteresados y se llevará acabo, sin su asistencia. Ello, sin perjuicio que puedan alegar u ofrecer medios de convicción procedentes antes de la celebración de la audiencia de Ley, de manera física o en línea. Para el caso de que las partes asistan de manera virtual al desahogo de la audiencia constitucional, es menester que cuenten con la aplicación 'Cisco Webex Meetings', misma que deberán descargar en cualquier dispositivo móvil o computadora personal (PC), y que se encuentran a su disposición en Apple store y google play. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 212 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
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