Gabriel Cortés Zárate

Expediente 1201/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1201/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
25/10/2023

Partes del expediente

  • Gabriel Cortés Zárate

Actuaciones

  1. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veinticinco de octubre de dos mil veintitrés. I. Estado de autos. Como se precisó en la certificación de cuenta, de conformidad con las circulares SGP/02/2023 y 28/2023, respectivamente, de la Secretaría General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal y Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se declararon como días inhábiles el periodo comprendido del dieciséis al veinticuatro de octubre del año en curso y en consecuencia, se suspendieron las labores, términos y plazos procesales comprendidos durante el mismo. En el entendido que respecto de aquellas actuaciones y diligencias que se celebraron entre el dieciséis y dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, subsiste su validez. Ahora bien, la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, se encontraba prevista para que tuviera verificativo el día veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, sin que hubiere sido jurídica y materialmente posible llevar a cabo su celebración con motivo de la citada suspensión de labores. II. Se reprograma audiencia constitucional. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia en términos del numeral 2° de la Ley de Amparo, se señalan las DOCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DÍA VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, a fin de que tenga verificativo la citada audiencia constitucional III. Informe justificado. En otro aspecto, agréguese a los autos el oficio sin número, signado por la: Apoderada Legal de la Comisión Estatal de Aguas, mediante el cual rinde su informe justificado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado de mérito, con el que se da vista a las partes para los efectos legales a que haya lugar. IV. Delegados y domicilio. De conformidad con el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de su parte a las personas que refiere en su informe, y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. V. Datos de localización. Asimismo, ténganse a la autoridad responsable, proporcionando datos de localización, de los que se toma nota para los efectos conducentes VI. Pruebas. Finalmente, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de amparo, se tienen como pruebas de la autoridad responsable las que anexó a su oficio de marras, sin perjuicio de su relación al momento de la celebración de la audiencia constitucional en el presente expediente.

  2. Incidental

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. I. Perito oficial aclara monto de honorarios. Agréguese a los autos el escrito enviado electrónicamente por el perito ****************, con su respectiva evidencia criptográfica; por medio del cual, en atención al requerimiento realizado, aclara el monto de sus honorarios y gastos de conformidad con el arancel correspondiente a la materia que generarán con motivo de la prueba pericial admitida en autos. En consecuencia, previo a requerir al experto que comparezca a aceptar y protestar el cargo conferido, con copia del ocurso de cuenta y el diverso escrito recibido en auto de veinte de septiembre del año en curso, infórmese lo anterior a la Dirección General de Programación, Presupuesto, y Tesorería, del Consejo de la Judicatura Federal, para la prevención de los recursos relativos a la realización del dictamen pericial requerido al experto Saúl Montaño Camacho, para lo cual de la manera más atenta se solicita a dicha autoridad informe la determinación dada a la presente solicitud, a fin de que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de requerir al experto para que comparezca a aceptar y protestar el cargo conferido, así como la emisión del dictamen respectivo y se esté en aptitud de resolver lo que en derecho corresponda en el presente juicio de amparo. II. Comparecencia de ratificación de dictamen. Vista la comparecencia de cuenta, de la cual se desprende que ************, en su calidad de perito de la parte quejosa *******************, ratificó su peritaje exhibido ante este órgano; por tanto, téngase por ratificado su dictamen en materia de topografía y agrimensura, presentado en este Juzgado. Consecuentemente, téngase por emitido el dictamen pericial en materia de topografía y agrimensura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo. Asimismo, de conformidad con el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, con el contenido del citado dictamen, dese vista a las partes, para que en el improrrogable término de tres días hábiles contados a partir de la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga; hágase relación del mismo en la celebración de la audiencia constitucional, lo anterior para los efectos legales conducentes.

  3. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. I. Recepción y demanda. Téngase por recibida la demanda promovida por ***************, por propio derecho, y en representación de su menor hijo **************, contra actos de la Comisión Estatal de Agua. II. Protección a infante. Ahora, toda vez que en el presente juicio se encuentra involucrada una infante, con la finalidad de brindarle la protección a su intimidad y privacidad durante la substanciación del presente, en los casos en que se tenga que hacer referencia a aquellos, hágase a través de su inicial de nombre y apellido P.A.C.; ello con fundamento en los artículos 1 y 4 Constitucionales; 3.1 y 19.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 5°, párrafo primero, 7, 13, fracción XVII, 76, párrafos primero y segundo, 79 y 86, fracción IV, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; así como punto 9 y 10 del "Capítulo III. Reglas de actuación generales" del Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes (Suprema Corte de Justicia de la Nación). III. No ha lugar a designación de representante especial de infante. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria de la Jurisprudencia P./J. 3/2019 (10a.), con registro digital 2019198, de rubro "REPRESENTANTE ESPECIAL DEL MENOR EN EL JUICIO DE AMPARO. CONDICIONES PARA SU NOMBRAMIENTO CUANDO ÉSTE COMPARECE CON EL CARÁCTER DE TERCERO INTERESADO Y NO DE QUEJOSO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 8o. DE LA LEY DE AMPARO) estableció, entre otras cosas, que tratándose de procedimientos jurisdiccionales donde se involucren derechos de menores, los juzgadores tienen la obligación de garantizar que en el juicio estén adecuadamente representados sus derechos, al margen del carácter que ostenten dentro de éste; sin embargo, tal cuestión no puede entenderse ilimitada o irrestricta, sino que se actualiza, precisamente, cuando el propio juzgador considere que existe una posibilidad fundada de que la normativa procesal resulte un mecanismo abiertamente inadecuado para la tutela del interés superior del menor, lo que implicaría realizar un análisis pormenorizado del caso concreto para determinar si es absolutamente necesario nombrar un representante especial. Por lo anterior, es pertinente analizar si dadas las particularidades de este asunto resulta necesario nombrar a un representante especial para la infante involucrada, a efecto de que sus derechos puedan encontrar una tutela adecuada y que sus intereses no se vean supeditados al de sus legítimos representantes. En el caso concreto, *********************************************, sin que se advierta que exista conflicto de intereses con el menor de referencia, sino que ambos guardan la misma situación frente al acto reclamado (corte de suministro de agua), lo que pone de manifiesto que no es procedente designar un representante especial para el infante. IV. Expediente y registro. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el consecutivo 1201/2023, procédase a la digitalización de las constancias existentes para la integración del expediente electrónico, bajo el entendido de que si llegase a ser imposible por causa de su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o de datos personales, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico. Igualmente, se hace saber a las partes que el expediente electrónico está a su disposición en términos del artículo 6, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de junio de dos mil veinte, y en vigor al día siguiente según su artículo transitorio primero. V. Forma de integración de expediente. Se hace del conocimiento que, de conformidad con los artículos 253, 263 y sexto transitorio del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, el expediente físico debe contener únicamente los documentos recibidos en esa vía, mismos que deberán coincidir con su respectiva digitalización en el expediente electrónico. En el entendido de que si tales documentos, por su voluminosidad, protección a su integridad o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. De igual modo, se hace del conocimiento que se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del asunto, pues será el expediente electrónico el que tenga validez para la consulta de las partes. VI. Admisión. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1°, 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 5, 35, 37, 107, 108, 112, 116 y relativos de la Ley de Amparo; SE ADMITE la demanda por cumplir con los requisitos que establece la Ley de Amparo. VII. Tercero interesado. Dada la naturaleza del acto de autoridad que se reclama, en el caso, no hay persona a la que asista el carácter de tercero interesado en términos del artículo 5, fracción III, de la Ley de la Materia. VIII. Incidente de suspensión. Con apoyo, en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, en relación con los diversos numerales 125 y 128, de la Ley de Amparo, tramítese el incidente de suspensión solicitado, en término del artículo 264 del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO. IX. Audiencia constitucional. En consecuencia, se señalan las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio. En el entendido de que dicha audiencia se llevará a cabo sin público, al margen de que subsista la posibilidad de ofrecer pruebas de conformidad con lo que establece el numeral 119 de la Ley de Amparo, mediante escrito presentado electrónicamente, y de forma física sólo en casos urgentes, además de que de acuerdo al artículo 124 de la misma ley, los alegatos pueden formularse de la manera antes indicada, todo ello con la oportunidad debida a la fecha señalada; máxime que en el supuesto de las objeciones respectivas, ello daría lugar a la suspensión del procedimiento. X. Informes justificados. Con fundamento en los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídanse los informes justificados a las autoridades señaladas como responsables mismas que deberán rendirlo DENTRO DEL PLAZO DE QUINCE DÍAS HÁBILES siguientes a aquél en que reciban el oficio por el que se les pide dicho informe, en el entendido que en el mismo deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, haciéndoles saber que de no rendir el informe en el tiempo y forma establecidos, se presumirán ciertos los actos que se les atribuyen, de acuerdo a lo dispuesto por el ordinal 117 de la referida ley. XI. Apercibimiento. Con fundamento en el artículo 260, fracción II, y 238 de la actual Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad responsable, que de no rendir el informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se hará acreedora a una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, en términos del Transitorio Tercero del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el NUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. XII. FORMA DE RECEPCIÓN DE INFORMES PROVENIENTES EXCLUSIVAMENTE DE AUTORIDADES RESPONSABLES. Con el propósito de privilegiar el juicio en línea, y dada la emergencia sanitaria que prevalece, se pone a disposición ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES el correo electrónico institucional 5jdo22ctomacatjf@cjf.gob.mx, PARA QUE HAGAN LLEGAR - DEBIDAMENTE ESCANEADOS Y FIRMADOS- LOS INFORMES O CONSTANCIAS QUE SEAN SOLICITADAS O QUE ESTIMEN NECESARIAS PARA LA RESOLUCIÓN DE ESTE ASUNTO, en el entendido de que el Secretario que corresponda deberá verificar la documentación que reciba de acuerdo a los lineamientos expuestos en la jurisprudencia 27/2007 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LAS REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LAS RECIBE, TIENEN PLENO VALOR PROBATORIO." Al respecto, se puntualiza a la autoridad responsable que, en el caso de recibir confirmación de recepción proveniente de correo electrónico oficial que se proporciona, SE ABSTENGAN DE REENVIAR LA INFORMACIÓN EN FORMA FÍSICA, pues no debe olvidarse que el Consejo de la Judicatura Federal, a través de las normativas indicadas con antelación, ha insistido en privilegiar el uso de firma y medios electrónicos como medio de comunicación, así como de las medidas preventivas para la protección de sus servidoras y servidores públicos y de las personas justiciables en general. XIII. Acuerdo General que rige. Se hace del conocimiento de las partes que conforme al nuevo esquema de trabajo de los órganos jurisdiccionales deberá regir el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO. XIV. Obligación de recibir oficios. Se les hace saber a las autoridades señaladas como responsables que tienen la obligación de recibir los oficios aun cuando su denominación no sea la actual, pero lleven a cabo las funciones de la autoridad que señale el quejoso. Por tanto, en el caso de que alguna de las autoridades señaladas como responsables no se encuentre señalada correctamente, se comisiona al Actuario Judicial a efecto de que dirija el oficio correspondiente, mediante la inserción de la denominación correcta de la autoridad responsable, quedando ésta obligada a cumplimentar lo ordenado por este órgano de control constitucional. En el entendido que, de negarse a recibir los oficios, de conformidad con el artículo 28, fracción I de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 23 fracción II del Acuerdo General 21 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el Actuario deberá informar a las autoridades, que no obstante esa circunstancia, se tendrá por hecha la notificación, por lo que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por practicada y serán responsables de la falta de cumplimiento de la determinación que contenga. XV. Requiere por constancias sobre la actualización de causal de improcedencia. En otra línea, con fundamento en el artículo 64, de la ley del juicio constitucional, se requiere a las partes, para que comuniquen de inmediato ya sea física o vía correo electrónico a este juzgado si durante la secuela de este juicio se actualiza alguna causa de sobreseimiento y sobre todo, informen si es de su conocimiento que la parte ********************ha promovido diverso juicio de amparo, y en su caso, informen el estado procesal del respectivo juicio de amparo. XVI. Intervención al Agente del Ministerio Público de la adscripción. Con base en lo que establece el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, la intervención que le confiere la ley corriéndole traslado con la copia de la demanda. XVII. Pruebas. Con apoyo en lo establecido por el artículo 119 de la ley que rige el juicio constitucional, téngase como prueba de la parte ********************1) las documentales que anexó a su demanda de amparo, que hace valer en su escrito de demanda de amparo; sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas al celebrarse la audiencia constitucional. XVIII. Autorizados y domicilio. Por otra parte, como lo solicita la parte ********************y con fundamento en el artículo 305 del Código Adjetivo Federal, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°, se tiene anunciando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ********************y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a******************** toda vez que al realizar una búsqueda minuciosa en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se encontró registrada la cédula profesional, y para oír y recibir notificaciones a ******************** y a ********************, por no contar con cédula profesional registrada ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, y tampoco proporcionar el número de cedula profesional a efecto de verificarlo en el diverso registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. XIX. No notificaciones al correo electrónico. Ahora, este juzgado toma de conocimiento el correo electrónico que se proporciona en el ocurso que se atiende; sin embargo, no es el caso de tenerle como medios para oír y recibir notificaciones, tomando en consideración que dichos medios no se encuentran en los previstos por el artículo 27 de la Ley de Amparo, el cual establece que las notificaciones podrán realizarse en forma personal, por oficio, por lista o vía electrónica, en ésta última, obteniendo previamente la Firma Electrónica. XX. Habilitación de horas y días inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. XXI. Uso de medios electrónicos. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. XXII. Información sobre transparencia y acceso a la información pública. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, igualmente conforme a lo dispuesto en los artículos 1 a 5, 30, 32 y 33 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información pública en el Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, relativo a la elaboración de versiones públicas de los expedientes judiciales. Se adiciona a lo anterior, el desahogo de audiencias, sesiones o diligencias judiciales que cuenten con intervinientes presenciales en sede judicial y en sedes virtuales, así como las denominadas videoconferencias, en las que se garantizarán la protección de los datos personales de las partes, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en las que la Dirección General de Tecnologías de la Información del propio Consejo, deberá generar las soluciones tecnológicas necesarias para evitar la grabación y eventual diseminación no autorizada del material videograbado, a partir de los lineamientos generados por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, tal y como se proveyó en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables.

  4. Incidental

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. I. Apertura incidente. Como está ordenado en el cuaderno principal, tramítese el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1201/2023, promovido por ***************************, por propio derecho, contra actos de la Comisión Estatal de Aguas del Estado de Querétaro. Igualmente, se hace saber a las partes que el expediente electrónico está a su disposición en términos del artículo 6, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de junio de dos mil veinte, y en vigor al día siguiente según su artículo transitorio primero. II. Protección a infante. Ahora, toda vez que en el presente juicio se encuentra involucrada una infante, con la finalidad de brindarle la protección a su intimidad y privacidad durante la substanciación del presente, en los casos en que se tenga que hacer referencia a aquellos, hágase a través de su inicial de nombre y apellido *************; ello con fundamento en los artículos 1 y 4 Constitucionales; 3.1 y 19.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 5°, párrafo primero, 7, 13, fracción XVII, 76, párrafos primero y segundo, 79 y 86, fracción IV, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; así como punto 9 y 10 del "Capítulo III. Reglas de actuación generales" del Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes (Suprema Corte de Justicia de la Nación). III. No ha lugar a designación de representante especial de infante. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria de la Jurisprudencia P./J. 3/2019 (10a.), con registro digital 2019198, de rubro "REPRESENTANTE ESPECIAL DEL MENOR EN EL JUICIO DE AMPARO. CONDICIONES PARA SU NOMBRAMIENTO CUANDO ÉSTE COMPARECE CON EL CARÁCTER DE TERCERO INTERESADO Y NO DE QUEJOSO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 8o. DE LA LEY DE AMPARO) estableció, entre otras cosas, que tratándose de procedimientos jurisdiccionales donde se involucren derechos de menores, los juzgadores tienen la obligación de garantizar que en el juicio estén adecuadamente representados sus derechos, al margen del carácter que ostenten dentro de éste; sin embargo, tal cuestión no puede entenderse ilimitada o irrestricta, sino que se actualiza, precisamente, cuando el propio juzgador considere que existe una posibilidad fundada de que la normativa procesal resulte un mecanismo abiertamente inadecuado para la tutela del interés superior del menor, lo que implicaría realizar un análisis pormenorizado del caso concreto para determinar si es absolutamente necesario nombrar un representante especial. Por lo anterior, es pertinente analizar si dadas las particularidades de este asunto resulta necesario nombrar a un representante especial para la infante involucrada, a efecto de que sus derechos puedan encontrar una tutela adecuada y que sus intereses no se vean supeditados al de sus legítimos representantes. En el caso concreto, ****************************************, sin que se advierta que exista conflicto de intereses con el menor de referencia, sino que ambos guardan la misma situación frente al acto reclamado (corte de suministro de agua), lo que pone de manifiesto que no es procedente designar un representante especial para el infante. IV. Forma de integración de expediente. Se hace del conocimiento que, de conformidad con los artículos 253, 263 y sexto transitorio del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, el expediente físico debe contener únicamente los documentos recibidos en esa vía, mismos que deberán coincidir con su respectiva digitalización en el expediente electrónico. En el entendido de que si tales documentos, por su voluminosidad, protección a su integridad o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. De igual modo, se hace del conocimiento que se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del asunto, pues será el expediente electrónico el que tenga validez para la consulta de las partes. V. Audiencia incidental. Se fijan las DIEZ HORAS Y CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia incidental. VI. Informes previos. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para que rindan informe previo, dentro del término de CUARENTA Y OCHO HORAS, contadas a partir de que surta efectos la notificación que de este proveído se les haga, en el que expresen si es o no cierto el acto que se les reclama; apercibida que de no hacerlo, se presumirán ciertos los actos reclamados. VII. Apercibimiento. Se apercibe a las autoridades responsables, que de no rendir el informe previo, se les impondrá una multa una equivalente a cien días de salario mínimo vigente, con fundamento en el artículo 260, fracción I, y 238 de la actual Ley de Amparo vigente. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del Transitorio Tercero del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés. VIII. Recepción de informes provenientes de la autoridad responsable. Con el propósito de privilegiar el juicio en línea, se pone a disposición ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES el correo electrónico institucional 5jdo22ctomacatjf@cjf.gob.mx, para que hagan llegar -debidamente escaneados y firmados- los informes o constancias que sean solicitadas o que estimen necesarias para la resolución de este asunto, en el entendido de que el Secretario que corresponda deberá verificar la documentación que reciba de acuerdo a los lineamientos expuestos en la jurisprudencia 27/2007 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LAS REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LAS RECIBE, TIENEN PLENO VALOR PROBATORIO." Al respecto, se puntualiza a las autoridades responsables que, en el caso de recibir confirmación de recepción proveniente de correo electrónico oficial que se proporciona, SE ABSTENGAN DE REENVIAR LA INFORMACIÓN EN FORMA FÍSICA, pues no debe olvidarse que el Consejo de la Judicatura Federal, a través de las normativas indicadas con antelación, ha insistido en privilegiar el uso de firma y medios electrónicos como medio de comunicación, así como de las medidas preventivas para la protección de sus servidoras y servidores públicos y de las personas justiciables en general. IX. Obligación de recibir oficios. Se les hace saber a las autoridades señaladas como responsables que tienen la obligación de recibir los oficios aun cuando su denominación no sea la actual, pero lleven a cabo las funciones de la autoridad que señale el quejoso. Por tanto, en el caso de que alguna de las autoridades señaladas como responsables no se encuentre señalada correctamente, se comisiona al Actuario Judicial a efecto de que dirija el oficio correspondiente, mediante la inserción de la denominación correcta de la autoridad responsable, quedando ésta obligada a cumplimentar lo ordenado por este órgano de control constitucional. En el entendido que, de negarse a recibir los oficios, de conformidad con el artículo 28, fracción I de la Ley de Amparo, el Actuario deberá informar a las autoridades, que no obstante esa circunstancia, se tendrá por hecha la notificación, por lo que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por practicada y serán responsables de la falta de cumplimiento de la determinación que contenga. X. Precisión del acto reclamado. Ahora bien, de la interpretación armónica de la fracción I del artículo 128, en relación con el numeral 138, 140 y 141, ambos de la ley reglamentaria, se advierte que para que el Juez de Distrito pueda pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión del acto reclamado, es requisito que el agraviado la haya solicitado expresamente y, cuando la parte quejosa únicamente solicita la suspensión respecto de los efectos y consecuencias de los actos reclamados, el Juez Federal debe resolver si concede o niega la medida cautelar única y exclusivamente respecto de dichos efectos. Lo anterior, acorde con lo dispuesto en la Jurisprudencia en materia común, número 2a./J. 111/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 98, del tomo XVIII, de Diciembre de dos mil tres, con número de registro 182529, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a letra dice: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS. De la interpretación armónica de la fracción I del artículo 124, en relación con el artículo 131, ambos de la Ley de Amparo, se advierte que para que el Juez de Distrito pueda pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión definitiva del acto reclamado, es requisito que el agraviado la haya solicitado expresamente. Ahora bien, cuando el quejoso solamente solicita la suspensión respecto de las consecuencias del acto reclamado, el Juez Federal debe resolver si concede o niega la suspensión definitiva, única y exclusivamente respecto de ellas, y cerciorarse previamente de la existencia de los actos reclamados a los que se les atribuyen, a fin de que el pronunciamiento que realice sobre la medida cautelar se sustente sobre actos ciertos." En el caso, la parte quejosa hace consistir los actos reclamados en lo siguiente: "[.] ACTOS RECLAMADOS; Reclamo de la autoridad Responsable, el inminente corte del servicio de agua potable en nuestro perjuicio, no obstante ser un derecho fundamental tutelado en el artículo 4 Constitucional, consistente en el corte de suministro, por actos de intimidación y de presión por parte de la Administración del condominio denominado *************************." Asimismo, solicita la suspensión para los siguientes efectos: "[.] Con apoyo en los artículos 124, 125, 128, 132 y demás relativos en la Ley de Amparo, solicito la suspensión d ellos actos reclamados, y a fin demostrar el interés jurídico en esta medida cautelar exhibo los documentos consistentes en los adeudos que le fueron proporcionados por el Condominio denominado Unidad Preventiva 13 A de mi domicilio de depósito." XI. Requisitos de la suspensión. Ahora, en términos de los artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 128, 129, 138 y 139 de la Ley de Amparo, se puede establecer que actualmente coexisten requisitos legales y jurisprudenciales que el juez debe constatar para otorgar la suspensión, en los casos como el que se analiza, siendo tales: 1. Que lo solicite la parte interesada. 2. Haya certidumbre de la existencia del acto respecto del que se pide la suspensión. 3. Quien solicita la medida cuente con interés para obtenerla. 4. La naturaleza del acto reclamado permita suspenderlo. 5. Con su otorgamiento no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Adicionalmente, según sea el caso, debe analizarse, la apariencia del buen derecho. XII. Se niega suspensión respecto del acto reclamado relativo al corte de suministro de servicio de agua. El primer requisito se encuentra colmado, toda vez que la parte quejosa expresamente solicitó la presente medida cautelar. En relación al segundo requisito, se tiene por probado, porque se parte de la base de que son ciertos los actos reclamados, toda vez que así lo manifestó la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, los cuales refiere bajo protesta de decir verdad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 5/93, con número de registro 206395, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12, número 68, agosto de mil novecientos noventa y tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SUSPENSION PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO. Para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional, los Jueces de Distrito deben atender a las manifestaciones del quejoso hechas en su demanda bajo protesta de decir verdad, cuando se duele de que existe peligro inminente de que se ejecute, en su perjuicio, el acto reclamado, ya que, por regla general, son los únicos elementos con que cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar, sin que proceda hacer conjeturas sobre la improbable realización de los actos que el quejoso da por hecho se pretenden ejecutar en su contra, pues para resolver sobre la suspensión provisional, el juez debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Ello sin perjuicio de analizar si en el caso concreto se cumplen o no los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo." Según se advierte del análisis de las constancias exhibidas junto a la demanda de amparo, no se satisface el tercero de los requisitos indicados, pues de conformidad con el artículo 131, párrafo II, de la Ley de Amparo, en ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto constituir aquéllos derechos que no haya tenido la quejosa antes de la presentación de la demanda, por lo que el acto reclamado no es susceptible de suspenderse, lo que es así ya que la parte quejosa no aporta documento idóneo con el cual se acredite, ni siquiera de forma indiciaria, que reside en la propiedad en que refiere se lleva a cabo el acto reclamado. Cobra sustento a lo anterior, por las razones que lo informan, el criterio contenido en la tesis III.5o.C.23 K (10a.), con registro digital 2023989, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación (Libro 9, Enero de 2022, Tomo IV, página 2995), de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO EN LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL. CARECE DE ÉSTE QUIEN NO JUSTIFICA PRESUNTIVA O INDICIARIAMENTE LA TITULARIDAD DEL DERECHO SOBRE EL BIEN EMBARGADO [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA PC.III.C. J/26 K (10a.)]. Cuando el acto reclamado consiste en la orden de embargo sobre un bien específicamente determinado, no basta que el quejoso sea parte en el juicio natural para que se tenga por acreditado el interés jurídico suspensional, para efectos de la suspensión ni las simples manifestaciones que formuló bajo protesta de conducirse con verdad, sino que se requiere que justifique presuntivamente la titularidad del derecho sobre el mismo, porque el interés que deriva de su intervención como parte en el procedimiento no comprende la titularidad del derecho sobre el bien que resulta afectado con el embargo, de tal suerte que para tenerlo por demostrado es menester que acompañe aunque sea copias fotostáticas simples de los documentos que acrediten la titularidad del bien embargado, a fin de que una vez demostrados los demás requisitos que exigen los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo para el otorgamiento de la medida cautelar, dilucidar también los efectos de ésta, sin que sea aplicable la jurisprudencia PC.III.C. J/26 K (10a.), del Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito, de título y subtítulo: "ORDEN DE EMBARGO EMITIDA EN UN JUICIO MERCANTIL DIRIGIDA AL QUEJOSO. PARA DEMOSTRAR EL INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN SU CONTRA, BASTAN LAS MANIFESTACIONES DE AQUÉL QUE LA RECLAMA.", al surgir de asuntos mercantiles en los que se reclama el embargo genérico decretado contra el demandado (obligado o deudor), en donde éste por la naturaleza del acto responde con su patrimonio; de ahí que en estos supuestos no es necesario que acredite la titularidad de los bienes que serán gravados y, por ende, se desconoce sobre cuáles bienes de su patrimonio se ejecutará." Cabe destacar que es a la solicitante de amparo a quien le corresponde aportar las pruebas idóneas para demostrar los hechos que precisa en su la demanda para la procedencia de la medida cautelar solicitada, siendo que, en el caso no existen elementos de prueba que pudieran relacionarse y así generar convicción de que el acto que se reclama se lleva a cabo en el bien inmueble sobre el que aduce la parte quejosa tiene la posesión. Es aplicable, la tesis aislada I.4o.A.15 K (10a.), emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Décima Época, con número de registro 2003294, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, visible en la página 2166, que a la letra dice: "INTERÉS SUSPENSIONAL. SU NOCIÓN EN EL CONTEXTO DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN X, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011. El citado precepto constitucional dispone que para resolver sobre la suspensión de los actos reclamados, cuando la naturaleza de éstos lo permita, el juzgador deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, expresión que destaca diversos elementos que deben tomarse en consideración para decidir sobre la procedencia de esa medida cautelar. En ese contexto, se considera que la noción de interés suspensional, en relación con el diverso numeral 124, fracción III, de la Ley de Amparo, corresponde a la verosimilitud de la titularidad del derecho afectado por la emisión del acto de autoridad o su ejecución, para lo cual se necesita acreditar, al menos indiciariamente, el derecho para obtener la medida cautelar solicitada. En otras palabras, el denominado interés suspensional es el vínculo entre quien solicita la medida cautelar por la posibilidad de afectación a su esfera jurídica, con una determinada relación sustancial, en la inteligencia de que ese interés es distinto de la mera solicitud a que alude la fracción I del citado artículo 124, pues ésta únicamente debe entenderse como una condición para acceder a la medida cautelar, cuya existencia permite al Juez de amparo analizar si se cumplen los requisitos de los que depende su otorgamiento. De ahí que el interés suspensional pueda considerarse comprendido en la apariencia del buen derecho, que se traduce en la justificación preliminar de la titularidad del derecho en juego." Así como la tesis visible en el Tomo XI, Mayo de 1993, Octava Época del Semanario Judicial de la Federal de su Gaceta, que al rubro dice: "SUSPENSION DEFINITIVA, INTERES JURIDICO EN EL INCIDENTE DE. Si de las constancias que informan el expediente del cuaderno incidental de suspensión, ninguna prueba existe para acreditar la propiedad o posesión de los bienes muebles y por consiguiente si el agraviado de manera alguna prueba, aun presuntivamente, el interés jurídico que tiene para que se suspenda el acto reclamado, de suerte que siendo menester acreditar lo anterior, no es suficiente que el quejoso manifieste, bajo protesta de decir verdad, que son ciertos los hechos que afirma en su demanda, para que se tenga por acreditada la presunción aludida, razón suficiente por la que diciéndose tercero extraño al procedimiento de donde emanan los actos reclamados debe probar el supuesto ya dicho." Lo anterior es así, ya que la quejosa únicamente exhibió al ocurso de demanda copia simple de lo que al parecer se trata de un "Saldo Histórico Indivual"; por tanto, con ese documentos no puede tenerse por acreditado que el acto que se reclama se lleva a cabo en el bien inmueble sobre el que aduce la parte quejosa tiene la posesión, ya que dichas documentales carecen de valor probatorio pleno, al ser un documentos en copia simple. En esos términos, se tiene que las copias simples, por sí solas, son insuficientes para que la quejosa acredite el interés jurídico que le asiste para solicitar la suspensión de los actos reclamados, ya que son consideradas como simples indicios que no acreditan la propiedad o posesión sobre el bien jurídico que, constituye la materia del juicio. Por tanto, dado que la solicitante de amparo trata de justificar su interés suspensional únicamente con copias simples de los documentos antes referidos, ello no justifica el primer elemento de la prueba presuncional, consistente en el conocimiento de un hecho conocido, relativo a la existencia del bien mueble o inmueble respecto del cual se aduce recae el acto que se impugna como lesivo de garantías individuales. Tampoco es factible pensar que las copias simples de los documentos allegados a la demanda de amparo sí acreditan presuntivamente el interés jurídico de la quejosa para solicitar la suspensión de los actos reclamados, ante la circunstancia de que los hechos narrados en la demanda se hizo bajo protesta de decir verdad; pues en términos de la jurisprudencia 2a./J. 5/93, citada en párrafos precedentes, ello únicamente tiene el alcance de acreditar presuntivamente la existencia del acto reclamado, sin que dicha narrativa alcance para acreditar la titularidad del inmueble y del derecho que alega la quejosa en el escritao inicial de demanda. Cobra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 1002786, publicada en el Apéndice de 2011. Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto, página 801, de rubro y texto: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. CARECEN, POR SÍ SOLAS, DE VALOR PROBATORIO PLENO Y, POR ENDE, SON INSUFICIENTES PARA DEMOSTRAR EL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO QUE SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO, PARA OBTENER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS, CONSISTENTES EN EL ACTO DE PRIVACIÓN O DE MOLESTIA EN BIENES DE SU PROPIEDAD O QUE TIENE EN POSESIÓN. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, en reiteradas ocasiones, que para que el quejoso esté legitimado para solicitar la suspensión definitiva de los actos reclamados, debe acreditar, aunque sea en forma presuntiva, que tiene interés jurídico para obtener dicha medida cautelar, esto es, que es titular de un derecho respecto del cual recae el acto que se estima inconstitucional; aunado a ello, de lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del diverso numeral 2o. de la Ley de Amparo, se advierte que el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio judicial. Atento lo anterior, se concluye que las copias fotostáticas sin certificación (simples) carecen, por sí mismas, de valor probatorio pleno y, por ende, son insuficientes para demostrar el interés jurídico del quejoso que se ostenta como persona extraña a juicio, para obtener la suspensión definitiva de los actos reclamados, consistentes en el acto de privación o de molestia en bienes de su propiedad o que tiene en posesión, según sea el caso, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente sus derechos jurídicamente tutelados, pues con tales documentos no se acredita el primer requisito para que opere la prueba presuncional, relativo al conocimiento de un hecho conocido, esto es, a la existencia del bien mueble o inmueble respecto del cual se aduce que recae el acto que se impugna como lesivo de garantías individuales; sin que sea óbice a lo anterior el hecho de que en el juicio principal obren los documentos originales o copias certificadas de éstos, pues como el incidente de suspensión es un procedimiento que se sigue por cuerda separada, únicamente pueden ser tomadas en cuenta las probanzas que se ofrezcan en éste. Sin que pase desapercibida la manifestación bajo protesta de decir verdad que refiere en cuanto a que es el domicilio de depósito, medida cautelar decretada por el Juez Quinto Familiar en el expediente ********************; sin embargo, no adjunta constancia que lo acredite, en tanto dicho estándar probatorio es aplicable únicamente respecto a la probable existencia del acto que se reclama, mas no así sobre la supuesta titularidad del derecho que se aduce vulnerado. En consecuencia, se niega la suspensión provisional solicitada, al no haberse colmado el tercer requisito de referencia, lo hace innecesario el estudio de los demás requisitos, pues no se llegaría a una determinación distintita a la aquí determinada. XII. Autorizados y domicilio. Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa y con fundamento en el artículo 305 del Código Adjetivo Federal, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°, se tiene anunciando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ********************y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a******************** toda vez que al realizar una búsqueda minuciosa en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se encontró registrada la cédula profesional, y para oír y recibir notificaciones a ******************** y a ********************, por no contar con cédula profesional registrada ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, y tampoco proporcionar el número de cedula profesional a efecto de verificarlo en el diverso registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. XIII. No notificaciones al correo electrónico. Ahora, este juzgado toma de conocimiento el correo electrónico que se proporciona en el ocurso que se atiende; sin embargo, no es el caso de tenerle como medios para oír y recibir notificaciones, tomando en consideración que dichos medios no se encuentran en los previstos por el artículo 27 de la Ley de Amparo, el cual establece que las notificaciones podrán realizarse en forma personal, por oficio, por lista o vía electrónica, en ésta última, obteniendo previamente la Firma Electrónica. XIV. Pruebas. En términos de lo dispuesto por el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas las documentales que exhibe junto a su escrito de demanda, sin perjuicio de la nueva relación que se haga de ellas al celebrar la audiencia incidental. XV. Habilitación de horas y días inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. XVI. Uso de medios electrónicos. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. XVII. Transparencia y acceso a la información pública. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Se adiciona a lo anterior, el desahogo de audiencias, sesiones o diligencias judiciales que cuenten con intervinientes presenciales en sede judicial y en sedes virtuales, así como las denominadas videoconferencias, en las que se garantizarán la protección de los datos personales de las partes, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en las que la Dirección General de Tecnologías de la Información del propio Consejo, deberá generar las soluciones tecnológicas necesarias para evitar la grabación y eventual diseminación no autorizada del material videograbado, a partir de los lineamientos generados por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, tal y como se proveyó en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos. Notifíquese y, por oficio a la autoridad responsable.

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