Gabriel Contreras Garcia

Expediente 1857/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 17 actuaciones registradas, la última del 20 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1857/2016
Año
2016
Actuaciones
17
Última actuación
20/01/2017

Partes del expediente

  • Gabriel Contreras Garcia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Incidental

    Se ordena el archivo de los cuadernos incidentales.

  2. Principal

    CAUSA EJECUTORIA la sentencia y se ordena el archivo del expediente como totalmente concluido.

  3. Principal

    En la ciudad de Colima, Colima, a las nueve horas con cuarenta minutos del treinta de diciembre de dos mil dieciséis, Espiry Javier Correa Guízar, Secretario adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima, encargado del despacho, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, durante el periodo de vacaciones del Juez, en cumplimiento a lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial, en la sesión celebrada el veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, comunicado mediante oficio número CCJ/ST/7676/2016, de la misma fecha, asistido de la Secretaria Liliana Anguiano Casillas quien da fe, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, declara abierta la audiencia constitucional en el juicio de amparo número 1857/2016, promovido por GABRIEL CONTRERAS GARCIA, sin la comparecencia de las partes. A continuación, el (la) Secretario(a) da lectura de las constancias que obran en autos. El Secretario Encargado del Despacho acuerda, se tiene por relacionadas y recibidas las constancias que obran en autos, con apoyo en la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 185, tomo IV, Primera Parte, julio-diciembre de 1989, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, de texto y rubro siguientes: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACION EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". Se abre el periodo de pruebas: Con fundamento en lo que establece el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite por parte de las autoridades responsables, las constancias que adjuntaron a su informe justificado; medios de convicción que se tienen por desahogados dada su naturaleza; por lo que concluye dicho periodo. Acto continuo se abre el diverso de alegatos: en este periodo, el (la) Secretario(a) hace constar que no se formuló alguno, motivo por el cual también se cierra esta fase. En las relatadas condiciones y sin pedimento del Ministerio Público Federal adscrito, finaliza la audiencia y quedan los autos para el dictado de la sentencia que en derecho corresponda. VISTOS, para resolver los autos del presente juicio de amparo; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito exhibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Colima, con sede en Colima, el veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, remitido, por razón de turno, a este Juzgado Primero de Distrito de esta entidad, ubicado en la ciudad de Colima, GABRIEL CONTRERAS GARCIA, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades indicados en la demanda de amparo. SEGUNDO. Admisión y trámite. Por auto de treinta de noviembre de dos mil dieciséis, fue admitida la demanda en cita, se registró con el número 1857/2016 y se ordenó darle el trámite de ley. Durante la substanciación del juicio se recibieron los informes justificados, se dio vista a la parte quejosa y, finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Determinación de la competencia. Este Juzgado Federal resulta legalmente competente para resolver el presente juicio, con fundamento los artículos: 94, 103, fracción I y 107 de la Ley Fundamental; 1, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Debido tanto a que se controvierten actos de autoridad que se afirma pudieran afectar la libertad personal de la parte quejosa, como a que los mismos podrían tener ejecución dentro del ámbito territorial donde este juzgado, sin jurisdicción especial, ejerce competencia. SEGUNDO. Especificación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a efecto de fijar la litis constitucional, debe precisarse que de la integral lectura de la demanda de garantías, se advierte que lo controvertido en lo substancial resulta ser: La orden de aprehensión decretada contra el quejoso, y su ejecución. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Ante todo conviene establecer que, por razón de método, en principio debe analizarse si los actos reclamados en verdad existen, habida cuenta que de no resultar ciertos, devendría innecesario proseguir con el estudio tanto de la procedencia del amparo, como del fondo del asunto, puesto que no existía materia para efectuarlo. Al momento de rendir su informe justificado, el Juez Segundo de lo Penal y Procurador General de Justicia, ambos con residencia en Colima, negaron el acto que se les imputa, de suerte no es a ellas a quien corresponde expresar razonamiento alguno que justifique esa manifestación, ni prueba que demuestre que lo que se les atribuye es inexistente, sino que, por el contrario, recae sobre la parte quejosa la carga de acreditar que es verídico lo que les reclama. Porque sucede que lo que se les reprocha implica un actuar positivo, ya que se traduce en un hacer (básicamente la expedición de alguna orden o mandato que tiene por efecto fundamental el afectar su libertad personal y su ejecución) y, por tanto, ante la negativa de las autoridades responsables, la parte solicitante de la tutela federal debe desvirtuar la misma, como es dable colegir del enlace de los 63, fracción IV, 117 y 124 de la Ley de Amparo; el primero, al prever como motivo de sobreseimiento la inexistencia del acto reclamado, derivado del hecho de que en la audiencia constitucional no se pruebe su existencia; el segundo, considerándose sus párrafos tercero y quinto al aludir tanto a la obligación del quejoso de justificar la inconstitucionalidad del acto reclamado, como a la posibilidad que éste tiene de desvirtuar el contenido informe justificado y el último precepto, precisamente al prever la mencionada audiencia. Pues bien, del análisis del presente sumario no se advierte que la parte quejosa haya allegado prueba alguna tendente a desvirtuar la comentada negativa y, en consecuencia, encaminada a probar la existencia de lo controvertido, no obstante que, según se vio, a ella corresponde acreditar tal cuestión. Consecuentemente, como no se justificó la existencia del actuar reprochado a las responsables, procede sobreseer en su integridad en el presente proceso de amparo, con apoyo en el ya mencionado arábigo 63, fracción IV, de la ley de la materia. Acerca de lo expresado cobra exacta aplicación la jurisprudencia 284 del tomo II, volumen 1, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, que dispone: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. Es cierto el acto reclamado al Juez Primero de lo Penal, Director General de Control de Procesos de la Procuraduría General de Justicia y Director General de la Policía de Procuración de Justicia, todas con residencia en Colima, pues al rendir su informe con justificación, precisaron que existe una orden de aprehensión dictada contra el quejoso, en la causa penal 31/2016, por el delito de fraude, en agravio de Santiago Silva Jiménez y Carlos Bracamontes Pérez. Lo anterior se corrobora con el duplicado de la causa penal 30/2016, remitida por la autoridad responsable ordenadora, documento que al ser elaborado por autoridad en el ejercicio de sus funciones, adquiere el carácter de documental pública; por tanto, se les concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2o; en consecuencia, se prueba plenamente la existencia de la orden de aprehensión que se reclama. Al efecto, aplica el criterio contenido en la Jurisprudencia 305, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Sin embargo, en el caso, no se analizará el fondo de la inconstitucionalidad planteada debido a que se advierte oficiosamente que en la especie se concreta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y como esto conllevará al sobreseimiento en el presente proceso constitucional, esta resolución no se ocupará del estudio relativo a la constitucionalidad del acto reclamado, de acuerdo con la jurisprudencia 413 del tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que ordena: "SOBRESEIMIENTO.- El sobreseimiento en el amparo pone fin al juicio, sin hacer declaración alguna sobre si la Justicia de la Unión ampara o no, a la parte quejosa, y, por tanto, sus efectos no pueden ser otros que dejar las cosas tal como se encontraban antes de la interposición de la demanda, y la autoridad responsable está facultada para obrar conforme a sus atribuciones". El citado numeral en lo conducente, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se considere irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificado de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." El primer párrafo de la fracción en comento, establece la regla general respecto de la improcedencia del juicio de garantías llamada cambio de situación jurídica, la cual consiste en que cuando el acto emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio, de surgir una situación jurídica nueva el amparo será improcedente si de conceder el amparo se afectara ésta y por ello se deben reputar consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, por no poder afectar el nuevo estatus jurídico. Por otra parte, en el segundo párrafo se precisa que cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, únicamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia establecida en este precepto, e impone a la autoridad judicial que conozca del proceso penal, el deber de suspender el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez cerrada la instrucción y hasta que le sea notificada la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente. Esta disposición se refiere a la materia penal, en la cual, la situación jurídica del quejoso deviene de los supuestos que afectan o restringen su libertad personal, llámense aprehensión, detención, prisión preventiva o penal, la existencia de una de ellas excluye la aplicación de las restantes; actualizándose así un cambio de status legal, pues la nueva situación que se genera hace que las violaciones reclamadas se encuentren consumadas de manera irreparable, ya que no es posible decidir sobre las mismas sin afectar la nueva situación jurídica generada, en estas condiciones surge la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. En el caso, mediante oficio número 5073/16 de veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis, el juez responsable remitió copia certificada de la resolución de término constitucional de veinticinco de diciembre del año en curso, dictada en la causa penal 31/2016, en la que decretó al quejoso auto de formal prisión, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude, previsto y sancionado por el artículo 232 en relación al artículo 13 y 20 fracción I, del Código Penal vigente en el Estado, cometido en agravio de Santiago Silva Jiménez y Carlos Bracamontes Pérez, constancias certificadas con valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia. Ahora bien, esta sobrevenida y nueva etapa del proceso hace que se consideren irreparablemente consumadas las presuntas violaciones imputadas a la orden de aprehensión reclamada, ya que no es posible decidir sobre la constitucionalidad de ésta, sin afectar por consiguiente la actual situación jurídica y procesal del quejoso. En ese sentido, debe estimarse plenamente actualizada la causa de improcedencia prevista en el transcrito artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, debiendo hacerse notar que no se está en alguna de las hipótesis de excepción contenidas en el reformado segundo párrafo de dicho dispositivo, el cual, debe recordarse, indica que sólo la sentencia de primera instancia hará que se estimen incorregibles las transgresiones ocurridas en el proceso penal, respecto de las garantías individuales previstas en los artículos 19 y 20 de la Constitución. En el presente caso, en que los actos reclamados tienen su fundamento en el diverso artículo 16 de la Ley Fundamental, para cuya emisión sólo rigen las garantías consagradas en dicho dispositivo, no puede aceptarse la posibilidad de que sea también violatorio de algunas otras, de modo que la excepción mencionada no resulta aplicable al caso, y por tanto, no afecta el sentido de esta resolución. En razón de lo antes expuesto, procede decretar el sobreseimiento del presente juicio, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al haberse actualizado de manera plena la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, del citado ordenamiento jurídico. Resulta ilustrativa por las razones que informa, la jurisprudencia 1a./J. 17/2008, que aparece publicada en la página 270 del tomo XXVII, junio de 2008, material penal, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto". Por lo expuesto y con fundamento además en el arábigo 74, fracción VI, de la ley de la materia, se; RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de garantías promovido por GABRIEL CONTRERAS GARCIA. Notifíquese. Lo proveyó y firma Espiry Javier Correa Guízar, Secretario adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima, encargado del despacho, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, durante el periodo de vacaciones del Juez, en cumplimiento a lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial, en la sesión celebrada el veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, comunicado mediante oficio número CCJ/ST/7676/2016, de la misma fecha, asistido de la Secretaria Liliana Anguiano Casillas quien da fe.

  4. Principal

    Colima, Colima, veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis. Agréguense a los autos el oficio signado por el Juez Primero de lo Penal de Colima, y con fundamento en el artículo 66 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, dese vista a las partes, para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de hacer relación de ello al celebrarse la audiencia constitucional. Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado Espiry Javier Correa Guízar, Secretario adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima, encargado del despacho, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, durante el período de vacaciones del Juez, en cumplimiento a lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial, en la sesión celebrada el veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, comunicado mediante oficio número CCJ/ST/7676/2016, de la misma fecha, asistido del (la) Secretario(a) Liliana Anguiano Casillas, quien da fe.LAC/esm

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