Gabriel Cervantes Morales
Expediente 396/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 396/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Gabriel Cervantes Morales
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiséis de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan estos autos y toda vez que conforme al Acuerdo General 4/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitido el diecisiete de marzo de dos mil veinte, en el que se determinó adoptar una serie de medidas preventivas con la finalidad de evitar la concentración de personas y, con ello la propagación del coronavirus COVID-19, así como sus acuerdos modificatorios todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el periodo de la vigencia, se advierte que éste concluyó el treinta y uno de julio de dos mil veinte. Asimismo, mediante Circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, emitida por el Coordinador de Asesores de Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, se estableció en su punto primero que se regresaba al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública del virus COVID-19, por lo que únicamente se daría trámite a los escritos iniciales que se calificaran como "urgentes", ya sea que se presentaran de manera física o electrónica, y se daría seguimiento a los asuntos ya radicados que tengan esa misma calidad. Asimismo, se recibirían y tramitarían los casos nuevos y los que puedan tramitarse en su totalidad a través del juicio en línea, "con excepción de aquellos en los cuales se requiriera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que sea necesaria la presencia física de las partes y que no puedan desahogarse mediante videoconferencias, o cuando resulte necesaria la práctica de notificaciones". Asimismo se estableció que se suspendían los plazos y términos procesales, con la única salvedad de que podrán resolverse aquellos expedientes que estén listos para sentencia, y que esta medida tendría vigencia del veintiuno de diciembre de dos mil veinte, al once de enero de dos mil veintiuno; periodo durante el cual se suspenden los plazos y términos, con las salvedades del referido punto. De igual manera, mediante Circular SECNO/1/2021 de ocho de enero de dos mil veintiuno, suscrita por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, del Consejo de la Judicatura Federal, se estableció en su punto dos, por lo que respecta a este Circuito, que la operación de este Juzgado será el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. Por tanto, se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, IV, V y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el doce de febrero de dos mil veintiuno. En virtud de lo anterior y toda vez que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este Juzgado Federal el dieciséis de octubre de dos mil veinte, por la cual se sobreseyó en el presente juicio; con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo, se declara que aquella resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, toda vez que en la resolución dictada por este Juzgado, se sobreseyó en el presente juicio de amparo, no obran agregados documentos originales y carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en el artículo 21 inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en términos del artículo 29, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, Encargado del Despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la licenciada Juana Mecalco Collí, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticinco de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal de los presentes autos de los que se advierte que hasta la presente fecha no obra constancia de notificación de los oficios 12981/2020-VII-II, 12982/2020-VII-II y 12983/2020-VII-II dirigidos al Secretario de Seguridad Pública, Director de la Secretaría de Seguridad Pública y Policía Municipal, todos del Estado, con sede en esta ciudad, con los que se les comunicó la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, reenvíense dichos oficios para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Juana Mecalco Collí, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
En la ciudad de Mérida, capital del Estado de Yucatán, siendo las diez horas con cuarenta minutos dieciséis de octubre de dos mil veinte, hora y día señalados para la audiencia constitucional en el juicio de amparo número 396/2020-VII-II, se procede a celebrarla ante la presencia del licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa ante la secretaria Juana Mecalco Collí, que autoriza y da fe, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo en vigor. El Juez declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes. A continuación, la secretaria hizo relación de las constancias que obran en el expediente entre las que se encuentran: el escrito de demanda de amparo de uno de marzo de dos mil veinte, en la cual Rodrigo Jafed Zapata Sulub promueve juicio de amparo a favor de Gabriel Cervantes Morales, auto de uno de marzo del año en curso, en el que se decretó la suspensión de plano de los actos reclamados y se previno al directo quejoso Gabriel Cervantes Morales para que ratificara la demanda instaurada a su favor por Rodrigo Jafed Zapata Sulub, constancia de notificación en la cual el referido quejoso ratificó la demanda de amparo; auto de uno de marzo de dos mil veinte, en el que se admitió a trámite la demanda; constancias de notificación a las autoridades responsables, a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción e informes justificados rendidos por las autoridades responsables; y con las demás constancias que obran en autos. Acto seguido, el Juez acuerda: que se tenga por hecha la anterior relación de constancias para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, la secretaria da cuenta con las copias certificadas que el Director de la Policía Municipal de Mérida, adjuntó a su informe justificado, en proveído de seis de marzo de dos mil veinte. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales de referencia, las cuales se desahogan por su propia naturaleza; con lo anterior se cierra este período. Enseguida, se abre el periodo de alegatos, en el cual se hace constar que la Agente del Ministerio Público Federal adscrita, no formuló alegaciones, con lo cual se concluye la fase de referencia. Finalmente, no habiendo diligencia pendiente por desahogar y al encontrarse integrado este expediente se procede a dictar la correspondiente resolución. Doy fe. Vistos, para resolver el juicio de amparo 396/2020-VII-II promovido por Rodrigo Jafed Zapata Sulub a favor de Gabriel Cervantes Morales, contra actos del Secretario de Seguridad Pública del Estado y otras autoridades por violación a los artículos 14, 16 y 22 constitucionales; y, R e s u l t a n d o: Primero. Por escrito recibido en línea el uno de marzo de dos mil veinte, Rodrigo Jafed Zapata Sulub a favor de Gabriel Cervantes Morales solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama del Secretario y Director de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, autoridades señaladas como responsables en este asunto, el cual hizo consistir en la privación ilegal de la libertad fuera de procedimiento (detención), violación al debido proceso y derecho de audiencia, incomunicación y malos tratos que aduce sufre el directo quejoso. Segundo. Acuerdo suspensión de plano. Por auto de uno de marzo de dos mil veinte, se decretó de oficio y de plano la suspensión de los actos reclamados respecto a la incomunicación, malos tratos y privación ilegal dela libertad fuera de procedimiento (detención), que se adujo era víctima el directo quejoso, ordenándose buscarlo con el fin de que manifestara si era su deseo ratificar la demanda de amparo presentada a su favor; por lo que una vez que se realizó la localización del directo quejoso en los separos de la Policía Municipal de Mérida, éste ratificó la demanda de amparo promovida a su favor. Tercero. Admisión de la demanda. Por auto de uno de marzo de dos mil veinte, se admitió la demanda de amparo, se solicitó su correspondiente informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y, se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento se realizó en el acta que antecede. Cuarto. Acuerdo de ampliación por diversa autoridad responsable. Por acuerdo de uno de marzo de dos mil veinte, se tuvo por ampliada la demanda de amaro, por lo que respecta a la Policía Municipal de Mérida, toda vez que el directo quejoso Gabriel Cervantes Morales, se encontraba detenido en los separos de dicha autoridad, concediéndose de igual forma la suspensión de plano de los actos reclamados consistentes en la incomunicación, malos tratos y privación ilegal dela libertad fuera de procedimiento (detención). Quinto. Acuerdo de vista de ampliación de la demanda. Mediante acuerdo de ocho de septiembre de dos mil veinte, este Juzgado advirtió que la detención del aquí quejoso derivó de una sanción administrativa consistente en un arresto de veinte horas que fue impuesto por el Juez Calificador en turno de la Policía Municipal del Ayuntamiento de Mérida, por lo que se requirió al quejoso para que manifestara si señalaba como acto reclamado dicho arresto, sin que hubiera ampliado la demanda respecto a ese acto; por tanto, en auto de catorce de octubre de dos mil veinte, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en el propio acuerdo, por lo que este asunto se resolvería únicamente por los actos reclamados señalados inicialmente en la demanda y por las autoridades señaladas como responsables en este asunto. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y del Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Juzgado de Distrito; lo anterior, porque los actos reclamados tuvo ejecución dentro del territorio en el que este Juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es determinar cuál es el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio de amparo. La privación ilegal de la libertad fuera de procedimiento (detención). Incomunicación. Malos tratos. Tercero. Sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados. Al rendir su informe justificado el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, por sí y en representación del Secretario de dicha corporación, negó la totalidad de los actos reclamados. Por tanto, al no haber sido desvirtuada dicha negativa por el quejoso, lo que procede es sobreseer en el juicio, con apoyo en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo aplicable. Tiene aplicación al caso por similitud de razón, la Tesis Jurisprudencial número 310, visible en la página 209 Tomo VI, Materia Común del Apéndice 1917-1995 al Semanario Judicial de la Federación y rubro: "INFORMES JUSTIFICADOS. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las autoridades responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esta negativa procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarto. Existencia de los actos reclamados. El Director de la Policía Municipal de Mérida, autoridad señalada como responsable, manifestó que sí es cierto el acto reclamado consistente en la detención del quejoso Gabriel Cervantes Morales. Quinto. Estudio de las causales de improcedencia. Establecida la existencia del acto reclamado, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este Órgano Jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Por lo que toca a la detención del que fue objeto el quejoso Gabriel Cervantes Morales, surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, toda vez que ha cesado en sus efectos, porque si bien el Director de la Policía Municipal de Mérida, al rendir su informe justificado manifestó que el uno de marzo de dos mil veinte, el hoy quejoso Gabriel Cervantes Morales fue detenido por elementos de dicha dependencia y recluido en la cárcel pública; sin embargo, también se advierte que el Juez Calificador en turno de la Policía Municipal del Ayuntamiento de Mérida, el uno de marzo de dos mil veinte, ordenó la inmediata libertad al referido quejoso por haber cumplido su sanción de pago de multa según se determinó en audiencia que se celebró ante dicha autoridad, por cometer una infracción señalada en los artículos 12 fracción I en relación con el diverso 13 fracción II del Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Mérida, Yucatán. De lo anterior se colige que el acto reclamado consistente en la detención del quejoso, ha cesado en sus efectos, toda vez que el directo quejoso fue puesto en libertad el uno de marzo de dos mil veinte. Lo anterior, se corrobora con las documentales que remitió el Director de la Policía Municipal de Mérida con su informe justificado, las cuales tienen el valor probatorio que les asignan los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado por mandato expreso del artículo 2° de la Ley de Amparo. Bajo ese orden, y partiendo de la base de que el acto reclamado, consistente en la detención del impetrante es de carácter positivo, y que implicó una restricción a la facultad deambulatoria; es claro que esa actuación produjo sus efectos mientras duró, de modo tal que al decretarse la libertad, las cosas volvieron al estado que tenían antes de que se ejecutara esa limitación al derecho, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, precisamente porque el directo quejoso Gabriel Cervantes Morales volvió a disfrutar del goce del derecho fundamental que le fue afectado. Es aplicable, la jurisprudencia que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese sentido, al actualizarse la causal de improcedencia de mérito lo que procede es sobreseer en el presente asunto en relación a los actos reclamados por el quejoso, con fundamento en la fracción V, del artículo 63, del ordenamiento legal de mérito. Sexto. Protección de datos personales. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista en la ley. Por lo expuesto y considerado y con apoyo además en los artículos del 76 al 78 y 192 de la Ley de Amparo. Se resuelve: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Rodrigo Jafed Zapata Sulub a favor de Gabriel Cervantes Morales contra actos del Secretario de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad y otras autoridades, por los motivos expuestos en el cuerpo de esta resolución. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Juana Mecalco Collí, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, catorce de octubre de dos mil veinte. Vista la cuenta que antecede de la que se advierte que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa en proveído de ocho de septiembre del año en curso, a fin de que precisara si señalaba como acto reclamado la sanción administrativa consistente en un arresto de veinte horas, que le fue impuesto el uno de marzo del año en curso, por el Juez Calificador en turno de la Policía Municipal del Ayuntamiento de Mérida, sin que hiciera manifestación al respecto; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el acuerdo de mérito, por lo que no se tiene por ampliada la demanda de amparo respecto de dicha autoridad, continuándose el trámite del presente juicio de amparo por lo que respecta a los actos reclamados inicialmente y por las autoridades señaladas como responsables en este asunto. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Juana Mecalco Collí, secretaria que autoriza y da fe.
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