Gabriel Cazarez Nevarez

Expediente 724/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
724/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
26/07/2021

Partes del expediente

  • Gabriel Cazarez Nevarez

Actuaciones

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, veintiséis de julio de dos mil veintiuno. Agréguese oficio signado con evidencia criptográfica de la Secretaría del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, mediante el cual informa que dicho órgano aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento del presente asunto, y a su vez, solicita que se le remitan los informes que se requirieron a las autoridades responsables, así como las constancias relativas al exhorto que se giró para notificar al agraviado. En atención a su solicitud, remítase impresión certificada de los informes que solicita, los cuales fueron recibidos vía correo electrónico institucional, así como copia certificada del exhorto que refiere. En consecuencia, hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  2. Principal

    Intégrese a los autos los oficios del Director, Coordinadora del Área, Asistente el Área Médica, Comandante (Extensión Medidas Especiales) y Subcomandante (Extensión Medidas Especiales), todos del Centro de Reinserción Social "El Hongo", mediante el cual informan el acatamiento a la suspensión de plano. Por lo anterior, considerando que el acto reclamado se refiere al derecho a la salud de persona privada de libertad, con fundamento en los artículos 4° y 18 de la Constitución Federal, en relación con los numerales 75 de la Ley de Amparo, y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, requiérase a la referida autoridad responsable para que en el término de tres días, contados a partir de la notificación del presente auto, remita copias certificadas de las constancias con las que acredite, en caso de haber sido practicados, los exámenes médicos respectivos al quejoso, así como la información que permita identificar la atención médica brindada de acuerdo con la condición de salud propia del interno y conforme al tratamiento asignado por el profesionista de la salud tratante; es decir, lo que puede considerarse como expediente clínico y todas aquellas constancias con las que se demuestre el respeto al derecho a la salud del peticionario de amparo. Lo anterior, bajo apercibimiento que en caso de no dar cumplimiento a lo ordenado, se le impondrá multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente, de conformidad con los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Intégrese a los autos el oficio de la Secretaría del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto local 165/2021-4, lo que se advierte de las constancias actuariales de nueve de julio. Ahora, en la constancia referente a la entrega de los oficios girados a las responsables, asentó que el oficio 17680/2021 dirigido al Comisionado del Sistema Estatal Penitenciario, no fue recibido en el Centro de Reinserción Social "El Hongo, toda vez que dicha autoridad tiene domicilio en esta ciudad. En ese sentido, se comisión al Actuario de la adscripción para que lleve a cabo la entrega del oficio de referencia, a fin de que la responsable en cita este en posibilidad de cumplir con el requerimiento de nueve de los corrientes.

  3. Principal

    Demanda Vista la demanda promovida por ..., en favor de Gabriel Cázarez Nevarez, contra actos del Comisariado Estatal Penitenciario Titular del CERESO del Hongo 1 y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 724/2021-1; así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). A efecto de determinar lo que en derecho corresponda en relación con la demanda descrita, conviene precisar que su lectura permite advertir, primero, que los actos reclamados los constituyen la negativa de la responsable a proporcionar atención médica de calidad y realizar las pruebas de diagnóstico especializadas y no proporcionar el medicamento prescrito. Además, que el quejoso se encuentra recluido en el Centro de Reclusión "El Hongo", ubicado en el municipio de Tecate, Baja California. Así, aunque de manera preliminar se advierta razón para que este órgano jurisdiccional carezca de legal competencia para conocer de dicha demanda, dado que los actos reclamados implican afectación al derecho a la salud de persona privada de libertad, conforme lo tutelado por los artículos 4 y 18 constitucionales, en el caso, se aborda a continuación lo relativo a la suspensión de plano con base en el artículo 125 de la Ley de Amparo. Suspensión de plano En esencia, el promovente aduce la falta de atención médica. De ahí lo relevante de garantizar el derecho a la salud de la quejosa mediante la suspensión de plano. Ahora, el derecho a la salud, se encuentra previsto en el artículo 4 constitucional, 25, fracción I, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como el artículo XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. El derecho a la salud se incorporó en la constitución en 1983, este derecho involucra contar con el mayor bienestar físico y mental posible, así como el deber del Estado en adoptar medidas que aseguren la plena efectividad de la salud de los individuos. Sin duda, después de la vida, el derecho fundamental más importante es la salud, pues dada su característica interdependiente es posible disfrutar del derecho a la integridad física, sano desarrollo y la vida. Al respecto, al resolver el amparo en revisión 378/2014, la Segunda Sala recordó que el derecho a la salud no se limita a prevenir y tratar una enfermedad, sino que comprende aspectos externos e internos, como el buen estado mental y emocional del individuo, es decir, se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva un derecho fundamental más, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica. Estas ideas, fueron concentradas en los criterios que se leen bajo el título: "DERECHO A LA SALUD. NO SE LIMITA AL ASPECTO FÍSICO, SINO QUE SE TRADUCE EN LA OBTENCIÓN DE UN DETERMINADO BIENESTAR GENERAL"; y "DERECHO A LA SALUD. SU TUTELA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO". De ahí que si la parte quejosa acude a esta vía combatiendo la omisión de la autoridad de brindar atención médica especializada en relación a su padecimiento de dolor en la columna vertebral, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de oficio y de plano, para el efecto de que la responsable, en el ámbito de su competencia garantice el derecho a la salud del quejosp para lo que deberá: 1. Proporcionar una atención médica adecuada, suficiente y necesaria que requiera la parte quejosa, lo que deberá hacerse a la brevedad posible; en el entendido que, al rendir su informe sobre el cumplimiento a la suspensión de plano, deberá informar a este juzgado los actos de atención médica que haya realizado para la debida atención al derecho de acceso a la salud. 2. Bajo su estricta responsabilidad, instruya al personal médico adscrito a dicho centro de reinserción social a efecto que se valore médicamente al quejoso Gabriel Cázarez Nevarez y, en caso de que el diagnóstico lo indique, se le proporcionen los tratamientos que su condición de salud amerite, lo que deberá ser de prioridad siempre que así se prescriba para garantizar el derecho a la salud del paciente. Es necesario precisar que esta suspensión no tiene el alcance de modificar o revocar ninguna pena de prisión o medida cautelar restrictiva de la libertad; en tanto que la libertad de los reclusos no es consecuencia de la omisión reclamada, ya que el menoscabo que sufre el derecho a la libertad, es producto de la pena o medida cautelar que no es materia de este juicio de amparo. Puntualizado lo anterior, a fin de tener certeza que han cesado los actos reclamados en los términos decretados en este proveído, se requiere a la responsable para que dentro del término de veinticuatro horas, informe sobre el cumplimiento de la suspensión de plano aquí decretada. Asimismo, se le previene, que de no cumplir con lo que aquí se ordena podrá incurrir en la hipótesis que establece el artículo 266, fracción I, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 266. Se impondrá pena de tres a siete años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a siete años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos al juez de distrito o la autoridad que conozca de un juicio de amparo o del incidente respectivo, cuando dolosamente: I. No suspenda el acto reclamado a sabiendas de que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y se lleva a efecto su ejecución; y [.]" Además, la medida cautelar que se concede en términos del artículo 136 de la Ley de Amparo, la cual surte efectos a partir de esta fecha. Notificación al quejoso Ahora, del escrito de cuenta se advierte que el quejoso señaló como domicilio procesal el Centro de Reinserción Social "El Hongo 1", en Tecate, Baja California; en consecuencia, con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, gírese atento exhorto vía electrónica al Juez de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California en turno, con sede en Tijuana, a fin de que, por su conducto y en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, comisione al Actuario de su Adscripción para que notifique el presente auto a José de Jesús López Calderón en el Centro de Reinserción Social "El Hongo 1", en Tecate, Baja California; al efecto se instruye al Analista Jurídico SISE adscrito para que proceda a la digitalización del presente proveído, para que en su versión electrónica sea remitido adjunto al exhorto de que se trata, a fin de que en su oportunidad, la autoridad exhortada notifique al citado quejoso del presente auto. Asimismo, dada la urgencia de que las citadas autoridades responsables estén notificadas del presente proveído, se le solicita que de igual manera se haga entrega de los oficios girados a las autoridades que se indican, los cuales se anexan a la presente comunicación oficial para los efectos legales a que haya lugar. Hágase del conocimiento de la autoridad exhortada que se encuentran habilitadas horas y días inhábiles para la práctica de la diligencia que se solicita, con fundamento en el último párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo. Incompetencia Acorde con la descripción previa del acto reclamado y tomando en consideración que el quejoso manifestó estar actualmente recluido en el Centro de Reinserción Social "El Hongo 1", en Tecate, Baja California, es posible establecer que este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, carece de legal competencia por razón de territorio, para conocer de la demanda de amparo que se trata, conforme las razones que a continuación se exponen. En efecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo establece las reglas para definir la competencia del Juez de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda. A. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto de reclamo. B. Si el acto de reclamo puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, C. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el caso, se estima actualizada la primera hipótesis para definir la incompetencia de este órgano jurisdiccional, ya que los efectos y consecuencias de la omisión reclamada, se producirán indefectiblemente en el Centro de Reinserción Social con sede en el Municipio de Tecate, Baja California, es decir, fuera de la jurisdicción de este Juzgado, conforme al Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, al reclamarse la omisión de la responsable de brindar atención médica y medicamentos, en el lugar en el que actualmente se encuentra recluido -Tecate, Baja California- y, ante ello, es competente para conocer del presente juicio el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del centro penitenciario en el que se encuentran el impetrante. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 86/2019 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo: Libro 73, Diciembre de 2019 Tomo I, página 254 (2021191), Décima Época, que señala: "OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. ES LEGALMENTE COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL DOMICILIO DONDE SE ENCUENTRE EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO EN EL QUE SE ENCUENTRE RECLUIDA LA PERSONA. De conformidad con el numeral 4o. de la Constitución Federal en relación con los artículos 34, 73, 74, 76 y 77 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las autoridades penitenciarias se encuentran obligadas a proporcionar atención médica a las personas que se encuentran privadas de su libertad. En ese contexto, la omisión de brindar atención médica por parte de las autoridades penitenciarias, produce consecuencias materiales en el mundo fáctico, pues existe un vínculo indisoluble entre: a) la obligación del Estado de proporcionar atención médica a las personas privadas de su libertad en su centro de reinserción social; b) la omisión de proporcionar dichos servicios a dichas personas; y c) la afectación del derecho fundamental a la salud en éstos, en el caso de que tal servicio no se proporcione. De esta manera, se actualiza la regla de competencia prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, por lo que debe conocer de dicha demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio del centro penitenciario donde se encuentre recluido el promovente de amparo." Ahora, el Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en su considerando segundo, fracción XII, que a su vez remite al punto XV, establece lo siguiente: "[.] XV. DECIMOQUINTO CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el municipio de Mexicali del Estado de Baja California y por el municipio de San Luis Río Colorado del Estado de Sonora. [.] Los juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Playas de Rosarito, Tecate y Tijuana. De la porción trascrita se desprende que los Juzgados de Distrito, con residencia en Tijuana, Baja California, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial que comprende Playas de Rosarito, Tecate y Tijuana. Bajo esa tesitura, es claro que la competencia para conocer del presente juicio se surte a favor del Juzgado de Distrito correspondiente, con sede en Tijuana, Baja California, donde tendrán lugar los efectos positivos del acto de omisión reclamado a la responsable. Por tanto, se declina la competencia para conocer de la demanda que se trata, en favor del Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales del Estado de Baja California, con sede en Tijuana, en turno. Asimismo, solicítese al Juez de Distrito correspondiente, que de no tener inconveniente alguno, una vez que se pronuncie respecto a la competencia que se declina a su favor, haga del conocimiento a este órgano jurisdiccional la determinación que asuma al respecto. Domicilio del quejoso Se tiene designado como domicilio procesal el lugar de reclusión del quejoso en el Centro de Reclusión 1 "El Hongo", en Mexicali, Baja California. Habilitación de días y horas. En términos del artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales para que de ser necesario puedan llevar a cabo en días y horas inhábiles las diligencias derivadas del presente asunto. Transparencia Asimismo, en apego al Segundo Transitorio, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su publicación, que establece que ".En tanto no se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad federal en la materia."; por consiguiente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8° y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el numeral 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley en cita, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales, conforme al artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como, que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. Asimismo, hágaseles ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la citada ley general y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce.

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