Gabriel Castro Espitia
Expediente 92/2023 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 24 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 92/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 30/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Gabriel Castro Espitia
- Ayuntamiento de Santiago Tianguistenco, Estado de México
- Luis Fernando Domínguez Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Juicio de Amparo Directo
Visto lo de cuenta se declara consentida la determinación que tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Notifíquese a la autoridad responsable. Toda vez que en este expediente no falta notificación alguna, no contiene relevancia documental y tampoco documentos originales, se ordena su archivo como concluido, previas anotaciones de ley. Por ello, en acatamiento a los artículos contenidos en los capítulos 3, 4 y 5 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión de diez de mayo de dos mil veintitrés, se concluye que este expediente es susceptible de ser CONSERVABLE, y no es catalogado de relevancia documental. Por lo anterior, procédase a su conservación por tres años en el archivo de este tribunal.
- Juicio de Amparo Directo
Intégrese al expediente electrónico el oficio de cuenta, signado electrónicamente por Magistrado Presidente de la Primera Sala Colegiada Civil de Ecatepec de Morelos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, mediante el cual acusa recibo de la misiva 1225 de este índice, con la que se remitió testimonio de la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria aquí dictada. Atendiendo al estado de autos, toda vez que se encuentra transcurriendo el término establecido por el artículo 202 de la Ley de Amparo, en el momento procesal oportuno dese nueva cuenta para proveer lo conducente.
- Juicio de Amparo Directo
SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO.
- Juicio de Amparo Directo
EN CUMPLIMIENTO A LOS PROVEÍDOS DE VEINTIOCHO DE FEBRERO Y DIECISIETE DE MAYO, AMBOS DE DOS MIL VEINTITRÉS, SE NOTIFICA LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE TRES DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERA INTERESADA, POR MEDIO DE LISTA, MISMA QUE SURTE EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL, LA CUAL FUE DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO 92/2023, QUE A CONTINUACIÓN SE INSERTA: Toluca, Estado de México, a tres de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se constata que el presente juicio de amparo directo se encuentra en su etapa de cumplimiento. El artículo 192 de la ley de la materia establece que las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas; que cuando causa ejecutoria una sentencia dictada en amparo directo el tribunal la notificará sin demora a las partes; requerirá a la autoridad responsable para que la cumpla dentro del plazo de tres días, bajo apercibimiento que de no hacerlo sin justa causa, se le impondrá una multa y el expediente se remitirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En el caso, la sentencia de amparo decretada por este órgano jurisdiccional se dictó el once de mayo de dos mil veintitrés, en la cual se concedió el amparo a ++++++++++ y por auto de seis de junio posterior, se indicó que no se interpuso recurso de revisión en contra de la ejecutoria de amparo, por lo que ese día se requirió su cumplimiento. Mediante oficio ++++++++++de nueve de junio subsecuente, la autoridad responsable Primera Sala Colegiada Civil de Ecatepec del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México remitió a este órgano jurisdiccional el proveído dictado en la misma fecha, a través del cual dejó insubsistente la sentencia de trece de diciembre de dos mil veintidós, dictada en el toca de apelación ++++++++++; asimismo, solicitó se le ampliara el plazo otorgado por la ley de materia, para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, habiéndose concedido el efecto una prórroga por el plazo de diez días en acuerdo de trece de junio posterior. Por auto de treinta de junio del año en curso, se tuvo por recibido el oficio ++++++++++de veintiocho de junio previo, mediante el cual la autoridad responsable remitió copia certificada de la sentencia de veintisiete de junio anterior, con la cual sostiene el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, dicha determinación se hizo del conocimiento de las partes quejosa y tercera interesada; proveído que les fue notificado por lista el tres de julio posterior, por lo que el término de diez días que se les otorgó transcurrió del cinco de julio al dos de agosto de dos mil veintitrés, descontando los días ocho y nueve de julio del año en curso, por ser sábado y domingo respectivamente, así como del quince al treinta y uno de julio del año que transcurre, por corresponder al primer periodo vacacional de este órgano jurisdiccional, desahogando la vista el quejoso mediante escrito presentado el uno de agosto de dos mil veintitrés. A continuación, se procede a corroborar si la autoridad responsable dio exacto cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Para una mejor comprensión y análisis del fallo emitido por la autoridad responsable, en cumplimiento a la ejecutoria emitida por este órgano constitucional, se elabora el siguiente cuadro comparativo: EFECTOS DE LA EJECUTORIA DE AMPARO CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO a. Deje insubsistente la sentencia reclamada; a) Mediante acuerdo de nueve de junio de dos mil veintitrés, la autoridad responsable dejó insubsistente la sentencia de trece de diciembre de dos mil veintidós, dictada en el toca de apelación ++++++++++ (fojas 79 y 80 del cuaderno de amparo). b. En la nueva que emita, parta de la premisa que por virtud del contrato de compraventa base de la acción, el comprador puede deducir la acción real reivindicatoria para lograr la entrega material de la cosa adquirida en contra de cualquier persona, sin distinción, incluida la parte que le vendió el inmueble que pretende reivindicar y, desde esa perspectiva analice los agravios que le fueron planteados por el accionante, y b. El veintisiete de junio de dos mil veintitrés, la autoridad responsable emitió una nueva sentencia, en la que sostuvo que si el bien materia de la compraventa queda en poder del vendedor, el comprador puede ejercer la acción personal de cumplimiento de contrato o la acción reivindicatoria, porque con independencia del acuerdo celebrado por las partes, si el inmueble vendido se encuentra en posesión del vendedor y la compraventa ya surtió todos sus efectos, la relación personal no constituye un aspecto relevante, porque concluyó desde que el comprador adquirió el carácter de propietario, lo legitima para demandar de cualquier persona, sin distinción alguna, la reivindicación del inmueble, por ello declaró procedente la acción reivindicatoria, con independencia de la existencia de una relación personal. En ese orden, procedió al estudió de la acción reivindicatoria, de la cual destacó los elementos requeridos para su acreditación: a) la propiedad de la cosa que se reclama; b) la posesión por el demandado de la cosa perseguida; y, c) la identidad de la misma. En ese contexto, precisó que el primero de los elementos se encuentra acreditado con la escritura pública ++++++++++ pasada ante la fe del Notario Público ++++++++++ del Estado de México, donde se hizo constar el contrato privado de compraventa celebrado el veintinueve de julio de dos mil veinte por el quejoso, en su calidad de comprador, y los terceros interesados, en su calidad de vendedores, respecto del bien inmueble materia de litis. No obstante, en relación con el segundo de los elementos de la acción, la sala responsable advirtió no encontrarse demostrado, pues con las pruebas ofrecidas por el actor no se evidencia que los demandados se encuentren en posesión del inmueble materia de litis, y no existe instrumental de actuaciones o presuncional legal o humana en términos del artículo 1.356 del código adjetivo de la materia en vigor, que conlleve al acreditamiento del segundo de los elementos de la acción reivindicatoria, aunado a que la prueba idónea para acreditar dicha posesión lo es la testimonial, misma que el accionante fue omiso en ofrecer. De tal modo, resultó innecesario el estudio del tercer elemento de la acción, ya que al no evidenciarse el segundo, a nada práctico conduciría el estudio del restante, pues no variaría el sentido del fallo, siendo igualmente innecesario el análisis de las excepciones y defensas hechas valer por los demandados, así como los medios de convicción ofrecidos por estos a fin de acreditar las mismas (fojas 83 a 102 del cuaderno de amparo). c. Una vez hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción resuelva lo que en derecho proceda. Al resultar esencialmente fundados los agravios expresados por el apelante, la autoridad responsable revocó la sentencia impugnada; determinó procedente la vía ordinaria civil tramitada por el quejoso, quien no acreditó el segundo elemento de la acción reivindicatoria pretendida, en consecuencia, absolvió a los demandados de las prestaciones reclamadas y no condenó en costas (foja 99 del cuaderno de amparo). Del anterior cuadro comparativo se advierte el cumplimiento de la ejecutoria pronunciada por este tribunal. No obstan las manifestaciones que al efecto hiciera valer el quejoso mediante escrito fechado el uno de agosto de dos mil veintitrés, a través del cual aduce que la sentencia emitida por la autoridad responsable se encuentra viciada de defecto en su cumplimiento. Lo anterior, porque a decir del solicitante del amparo, este tribunal colegiado, en el caso, dio por sentado (porque así lo resolvieron las dos instancias del fuero común) que la posesión del inmueble a reivindicar se encuentra en posesión de los vendedores-demandados (hoy terceros interesados), razonamiento que obra, entre otros, en la página veintitrés, segundo párrafo, de la ejecutoria, mismo que transcribe. Así, el razonamiento que transcribe, adminiculado con el efecto marcado en el inciso b), de los efectos de la sentencia de amparo, a decir del quejoso, obliga a la sala responsable a que se deba constreñir a atender que se encuentra procesalmente acreditado que la posesión del inmueble materia de la litis lo detentan los demandados, hoy terceros interesados. Por ello, afirma que el razonamiento de forma simplificada y que es violado por la responsable es el siguiente: promueve acción reivindicatoria en contra de los poseedores que fueron quienes le vendieron el inmueble reclamado; debido a que los vendedores tienen la posesión, el juez de primera instancia y la sala responsable consideraron que no es factible una acción real porque los vendedores tienen la posesión; este tribunal colegiado resuelve que la acción reivindicatoria es factible aun y cuando los vendedores sean los que detentan la posesión. El quejoso señala que en el caso, la responsable, contrario a lo resuelto por este tribunal colegiado, resuelve en la sentencia que se le ordena emitir, que no se acreditó en juicio que los vendedores tengan la posesión. Razonamiento que indica, es contrario a la lógica, pues de no acreditar que los vendedores del inmueble reclamado tenían la posesión, no habría sido negado el estudio de la acción reivindicatoria, se habría estudiado sin cumplir con el elemento posesorio de los demandados y no enviando a una acción personal derivada de un contrato de compraventa. Entonces, el quejoso menciona que no es posible considerar que, si este tribunal otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal para los efectos precisados, y ordenara "sin distinción, incluida la parte que le vendió el inmueble que pretende reivindicar", hoy la demandada (sic) simplemente en un desacato por este colegiado pretenda desconocer lo que ya se había fijado en la litis y resuelto por las dos instancias del fuero común y en el juicio de amparo en que se actúa. Ahora, y a manera de ilustrar de dónde surge la certeza de la posesión que este tribunal consideró, transcribe algunos razonamientos de la sentencia de primera instancia (páginas cuatro, siete y ocho, para enseguida afirmar que se reconoce que los demandados-vendedores actualmente tienen la posesión, así como que el juzgador reconoce que los demandados-vendedores tienen la posesión, pero que en el caso, no explicó cómo es que la detentan, pues supuestamente se la entregaron. A continuación refiere que en la sentencia de segunda instancia (página veinte), la sala responsable también consideró que los vendedores-demandados (hoy terceros interesados) eran quienes ostentan la posesión, lo cual confirma que lo razonado por el juez de primera instancia en el sentido de que la acción que debió ejercitar debía ser personal y no real. El quejoso concluye que en caso de este tribunal colegiado considere que la responsable ha incumplido con el cumplimiento ordenado, solicita que, independientemente de lo que se ordene, en su caso la responsable deberá atender la prestación reclamada en su escrito inicial de demanda marcada con el inciso D), consistente en: "El pago del perjuicio que me genera la posesión indebida del inmueble, desde el momento en que se constituyó la propiedad a mi favor y hasta que me sea reivindicado." No asiste razón al quejoso, en virtud de que parte de la equivocada premisa de que este tribunal colegiado y, previamente, las autoridades de instancia, reconocieron que la parte demandada se encontraba en posesión del inmueble, de ahí que afirme que es ilógico que ahora se determine por la autoridad responsable que resultó improcedente su acción reivindicatoria al no haber demostrado en juicio que los vendedores tuvieran la posesión del inmueble a reivindicar. Lo infundado de estas alegaciones estriba, en primer término, en la circunstancia de que basta revisar el cuadro comparativo en el que se indicaron los efectos para los cuales se concedió el amparo, para advertir que en ninguno de ellos se estableció que la autoridad responsable debería partir de la premisa de encontrarse acreditada la posesión del inmueble por parte de los demandados, lo que de suyo es suficiente para desestimar los argumentos expuestos por el promovente, toda vez que si expresamente no se señaló ese lineamiento, luego no tenía porqué vincular o ser respetado por la autoridad responsable al emitir el nuevo fallo en acatamiento a la sentencia protectora. En segundo lugar, el pronunciamiento que emitió este tribunal en relación con la posesión, fue la de señalar que procedía la acción reivindicatoria o cualquier otra acción, porque la ejerció el propietario y los demandados se encontraban en posesión del inmueble, lo cual evidentemente solo tiene el alcance de mencionar la posesión de los demandados como un aspecto relevante para la procedencia de la acción reivindicatoria, a fin de poner de manifiesto que no se trataba de una acción personal como la autoridad responsable originalmente señaló; sin embargo, el hecho de indicar que los demandados tenían la posesión como elemento de la acción, de ninguna manera limitó o restringió a la autoridad responsable para que efectuara el análisis del segundo elemento de la acción reivindicatoria, ni la vinculó a señalar que con las pruebas aportadas se demostró que efectivamente los demandados se encontraban en posesión física del inmueble cuya reivindicación se solicitó. En esa tesitura, queda de relieve que en ninguna parte de la ejecutoria de amparo se efectuó un análisis de fondo o pormenorizado en torno a la posesión de los demandados, sino que la mención solo obedeció a explicar la procedencia de una acción reivindicatoria y no de una de carácter personal, de ahí lo infundado de sus argumentos. Por consiguiente, resulta inatendible su petición de hacer un pronunciamiento sobre la prestación que reclamó marcada con el inciso D), consistente en el pago de perjuicios, porque ese pronunciamiento lo pide como consecuencia de declarar este tribunal incumplida la sentencia por el tema de la posesión, lo que como ya quedó visto es infundado, y en todo caso, de cualquier manera ese aspecto no constituye materia de la declaratoria de cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En esas condiciones, la autoridad responsable cumplió cabalmente la ejecutoria de amparo; sin que este órgano de control de constitucionalidad advierta exceso o defecto en el cumplimiento. Por tanto, como la sala responsable cumplió con lo determinado en el fallo protector, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo en vigor, se declara cumplida la ejecutoria de amparo, razón por la cual procede ordenar el archivo de este expediente como asunto concluido, una vez que cause estado la presente resolución.
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