Gabriel Castro Díaz
Expediente 1361/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1361/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Gabriel Castro Díaz
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a treinta de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el plazo de cinco días que establece el numeral 98, de la Ley de Amparo para interponer el recurso de queja, en contra de la determinación que desechó la presente demanda de amparo, ha transcurrido según se desprende de la certificación de cuenta y de la constancia de notificación que obra en este expediente, sin que la parte quejosa lo haya interpuesto; por tanto, QUEDA FIRME la resolución de referencia. Lo anterior, comuníquese a las partes, y en consecuencia, en su oportunidad archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y del expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de la hipótesis contemplada en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a la parte promovente que cuenta con el término de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presente debidamente identificada en días y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales que se hubieren exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a diez de noviembre de dos mil veintidós Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por la cónyuge supérstite de la parte quejosa, mediante el cual en cumplimiento a la vista ordenada el dieciocho de octubre de la presente anualidad, manifiesta que promovió juicio sucesorio intestamentario y solicita se interrumpa este juicio de amparo, hasta en tanto se haga la designación de albacea de la sucesión de bienes. Al respecto, ténganse por hechas sus manifestaciones, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, con apoyo en el numeral 16 de la Ley de la materia que a la letra dice: "Artículo 16. En caso de fallecimiento del quejoso o del tercero interesado, siempre que lo planteado en el juicio de amparo no afecte sus derechos estrictamente personales, el representante legal del fallecido continuará el juicio en tanto interviene el representante de la sucesión." Y toda vez que la parte quejosa cuenta con autorizados en términos amplios dentro del presente juicio de amparo, dígasele a la ocursante que no ha lugar de acordar favorable su petición; en consecuencia, continúese con el procedimiento hasta en tanto se haga la designación de albacea de la sucesión de bienes. De igual forma, requiérase a los autorizados en términos amplios de la parte quejosa, para que informen el número con el que se radicó el juicio sucesorio intestamentario en el Juzgado Noveno Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos y para que una vez que sea designado el representante de dicha sucesión -albacea-, informen a esta autoridad sus datos de localización. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Roberto Bravo Vargas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos la razón de imposibilidad suscrita por la actuaria adscrita, por el cual manifiesta la imposibilidad que tuvo para entregar el oficio 33518/2022, dirigido a la autoridad denominada "Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del Estado de Morelos", toda vez que se tuvo por inexistente el pasado tres de enero del año en curso; en consecuencia, se tiene por hecha la comunicación que se trata, e instrúyase al Oficial Judicial "A" encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que realice las anotaciones correspondientes respecto la inexistencia de dicha autoridad. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a diecisiete de octubre de dos mil veintidós Vista la razón asentada por el fedatario de la adscripción, mediante la cual manifiesta la imposibilidad que tiene para notificar personalmente a la tercero interesada Ana María Vicente Montes, también conocida como Ana Ma. Vicente Montes, por las razones que señala en la misma; al respecto, con fundamento en lo previsto por la fracción III, inciso a) del artículo 27 y 29, de la Ley de Amparo, la notificación de la resolución de catorce de octubre de dos mil veintidós, el presente acuerdo, así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, hágansele a la parte tercero interesada, por medio de lista que se fija en los estrados de éste Juzgado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. EN ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN LÍNEAS QUE ANTECEDEN, SE NOTIFICA A LA TERCERO INTERESADA ANA MARÍA VICENTE MONTES POR MEDIO DE LISTA LA SIGUIENTE DETERMINACIÓN: VISTO, para resolver el juicio de amparo 1216/2021, promovido por LORENA SANTIBAÑEZ JIMENEZ contra actos del JUEZ DE PAZ DE CUERNAVACA, MORELOS, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el catorce de junio de dos mil veintiuno, ante la autoridad señalada como responsable Juez de Paz de Cuernavaca, Morelos, LORENA SANTIBAÑEZ JIMENEZ solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: Autoridad responsable: ° Juzgado de Paz del Municipio de Cuernavaca del Estado de Morelos. Acto reclamado: ".SENTENCIA DEFINITIVA DEL JUICIO QUE A RUBRO SE CITA POR LA NO CITACIÓN DE LA QUEJOSA AL DEBIDO PROCESO.". SEGUNDO. Por auto de catorce de junio de dos mil veintiuno, la autoridad señalada como responsable tuvo por presentada la demanda de amparo directo en contra de la sentencia definitiva de nueve de enero de dos mil quince, emitida dentro de los autos del expediente 189/2013, de su índice, ordenando rendir el informe justificado correspondiente y concedió la suspensión provisional del acto reclamado. TERCERO. El veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, fueron remitidos los autos del expediente 189/2013, índice de la autoridad señalada como responsable, con el correspondiente informe justificado, lo cual fue recibido por el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Octavo Circuito, en esta ciudad, el veintinueve de junio de dos mil veintiuno. CUARTO. El doce de julio de dos mil veintiuno, el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Octavo Circuito, en esta ciudad, radicó el asunto con el número 299/2021, y se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por Lorena Santibañez Jiménez. QUINTO. El catorce de julio de dos mil veintiuno, se recibió el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, en esta ciudad, por el cual remitió el juicio de amparo directo 299/2021, con motivo de la incompetencia planteada; asimismo el quince de mismo mes y año, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos. SEXTO. Por auto de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, este Juzgado Federal, radicó el asunto con el número de expediente 1216/2021, se avocó al conocimiento del asunto y dictó auto de prevención; por lo anterior, una vez desahogada la prevención por auto del diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. SÉPTIMO. Mediante escrito presentado el veintisiete de abril de dos mil veintidós, en atención al requerimiento formulado en autos, la quejosa amplío la demanda de amparo señalando como acto reclamado destacado "el ilegal o nulo emplazamiento de doce de agosto de dos mil catorce" y por auto del veintiocho del mismo mes y año, se admitió la ampliación de la demanda de amparo, se requirió a la autoridad señalada como responsable, se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se señaló hora y fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar dichos actos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Conforme a dicho precepto, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte quejosa reclama el emplazamiento de doce de agosto de dos mil catorce, en el juicio de origen 189/2013, índice de la autoridad señalada como responsable. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Juez de Paz Municipal de Cuernavaca, Morelos, pues así se advierte del contenido del informe justificado, lo que se corrobora con las copias certificadas que acompaña a su informe justificado; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Por su parte, la secretaria de acuerdos en funciones de Actuaria del Juzgado de Paz Municipal de Emiliano Zapata, únicamente hizo manifestaciones relativas al acto reclamado, sin embargo, no hizo pronunciamiento sobre su certeza o inexistencia; al respecto, debe tenerse por cierto en razón de que como se advierte de las constancias acompañadas por la autoridad ordenadora, y las cuales fueron valoradas en el párrafo anterior, se advierte la diligencia reclamada de doce de agosto de dos mil catorce, llevada a cabo por el secretario de acuerdos del Juzgado de Paz de Emiliano Zapata, en funciones de actuario. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. En este apartado se estima conveniente hacer una reseña de los antecedentes del acto reclamado, apoyado en las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se ha otorgado el valor probatorio de ley, y de donde se advierte lo siguiente: El ocho de enero de dos mil trece, se presentó demanda en la vía ejecutiva mercantil, por parte de Ana María Vicenta Montes, a través del Licenciado Uriel Gante Gutierrez, en contra de la hoy quejosa Lorena Santibañez Jiménez. Por auto de trece de febrero de dos mil trece, recayó prevención a la demanda antes descrita, para el efecto de la aclaración del nombre del endosante, al diferir con el documento base de la acción. Mediante acuerdo del uno de abril de dos mil trece, fue admitida la demanda en la vía ejecutiva mercantil y en ejercicio de la acción cambiaria directa, registrándose bajo el número 189/2013, contra la hoy quejosa Lorena Santibañez Jiménez, dictándose auto de exequendo, ordenando en el propio auto girar exhorto al Juez de Paz Municipal de Emiliano Zapata, Morelos, para que en auxilio de la autoridad señalada como responsable se corriera traslado y emplazara a la demandada en ese juicio natural. En diligencia de notificación, requerimiento de pago, embargo en su caso, traslado y emplazamiento de doce de agosto de dos mil catorce, se requirió de pago a la demandada por conducto de María Jiménez Figueroa, quien refirió que la demandada aquí quejosa es su hija y por su conducto se le requirió de pago, y como no lo efectúo, bajo la responsabilidad de la actora, se trabó formal embargo respecto de la parte que garantizara el pago de las prestaciones reclamadas. Por auto de cuatro de septiembre de dos mil catorce, se tuvo por perdido el derecho que tuvo la demandada para contestar la demanda en su contra, ordenándose notificarle mediante boletín judicial que edita el Tribunal Superior de Justicia. Seguido el juicio, el nueve de enero de dos mil quince, se dictó sentencia en la que se condenó a la demandada al pago de la cantidad de $7,000.00 (siete mil pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de suerte principal y al pago del interés moratorio a razón del (5%), en términos del considerando cuarto de ese fallo. Asimismo, se precisó que para el caso de que la parte demandada no hiciera pago voluntario de las prestaciones a que fue condenada, se procedería al remate de los bienes embargados en la diligencia de doce de agosto de dos mil catorce y que con su producto pagarse al acreedor. Por auto de ocho de abril de dos mil veintiuno, se hizo efectivo el apercibimiento a María Jiménez Figueroa, por lo que el Juez señalado como responsable consideró necesario el uso de medidas de apremio contempladas en la Ley de la materia. De ahí que el emplazamiento de doce de agosto de dos mil catorce, practicado a la quejosa, así como sus consecuencias, relativas a la orden de embargo de mérito, constituyen los actos reclamados en este juicio de amparo. QUINTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo. Al no existir causa de improcedencia que se haga valer o que se advierta de oficio, se procede a atender los conceptos de violación formulados. SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es innecesario realizar su transcripción, al no existir algún precepto en la Ley de Amparo que así lo establezca. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". No obstante, en resumen, ha de señalarse que la parte quejosa, en su escrito de demanda, expone los conceptos de violación siguientes: Que se violan en su perjuicio los artículos 1º, 14, 16, 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1068 y 1068 Bis del Código de Comercio. Lo anterior, toda vez que refirió que el emplazamiento se entenderá con el interesado y en caso de no encontrarse el buscado y previo cercioramiento del domicilio buscado, y la exposición de los medios por los cuales el notificador se cercioró de que ahí lo tiene la persona que debía ser notificado, lo que no aconteció, en razón de que por la omisión de la responsable de cerciorarse de que el domicilio era habitado o frecuentado por la quejosa, lo que refirió resultaba falso e imposible ya que dicha quejosa nunca ha vivido o habitado el domicilio calle "Francisco I. Madero número 10, Colonia Centro, Cuernavaca, Morelos", y que el domicilio en que vivía y arrendaba era el "condominio 2B casa 3, Unidad Habitacional Tezoyuca, Morelos", precisando que el domicilio primeramente mencionado corresponde a su hermano. Por lo anterior, argumenta que no se le citó legalmente a través del emplazamiento lo que le impidió defenderse e imponerse a cualquier pretensión en su carácter de demandada, lo que viola el artículo 17 de la Constitución Federal. Que no se acreditó que la hoy quejosa habitara en propiedad o posesión el inmueble en donde se llevó a cabo la diligencia de emplazamiento, sin embargo, que sí correspondía a su madre la cual no frecuentaba, ya que dentro de las formalidades del emplazamiento se encuentra el relativo a debe practicarse en el domicilio donde vive el demandado. Que con lo actuado con posterioridad al emplazamiento se vulnera en agravio del quejoso las garantías de audiencia y seguridad jurídica tutelados por el artículo 14 y 16 Constitucional. Los conceptos de violación expuestos por la quejosa resultan fundados, por las razones que a continuación se expondrán. Ahora bien, de las constancias que obran en el juicio natural, se advierte que la diligencia de emplazamiento al deudor principal se hizo a las doce horas con quince minutos del doce de agosto de dos mil catorce. Además la diligencia de emplazamiento se efectuó en el domicilio señalado por la parte actora y en compañía del endosatario en procuración, y la persona con la que se entendió el emplazamiento reclamado (María Jimenez Figueroa), manifestó ser la mamá de la buscada; sin embargo, en efecto como lo señala la parte quejosa, dicha persona con la que se entrevistó el Actuario responsable, no manifestó que habitara la casa donde se constituyó para realizar la notificación, no obstante el cercioramiento a través de los signos exteriores del inmueble como un rotulado metálico con el nombre de la calle, así como el de la colonia y el número diez señalado en el domicilio buscado. De ahí que, es posible afirmar que la aquí quejosa no conoció de las actuaciones que la actuaria responsable dejó en poder de María Jiménez Figueroa. En relación a la garantía de audiencia y debido proceso, los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la letra señalan: "Artículo 14. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.". "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.". De lo anterior se infiere que, solamente a través de la autoridad judicial, mediante orden por escrito, debidamente fundada y motivada, dictada dentro de juicio en el que se cumplan los requisitos de forma y fondo establecidos en las leyes procesales que para tal efecto sean expedidas, se podrá privar de los derechos, propiedades o posesiones de que goce cualquier individuo. En relación con el emplazamiento, debe puntualizarse que es la primera notificación que se hace en el juicio a la parte demandada y reviste gran importancia porque permite el cumplimiento del derecho fundamental de audiencia, establecido en el artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese orden de ideas, el emplazamiento es el requisito que debe cumplirse a fin de que en todo procedimiento se respete a favor del gobernado el aludido derecho fundamental de audiencia; emplazamiento que se traduce como: el acto formal en virtud del cual se hace saber al demandado la existencia de la demanda entablada en su contra por el actor, y el plazo que se le concede para contestar dicha demanda. Por lo que el emplazamiento o llamamiento a juicio es el acto formal indispensable para que se integre debidamente la relación procesal, donde se dé oportunidad al demandado o demandados de ocurrir en defensa de sus intereses, por lo que su inexistencia o ilegalidad es la violación más grave en el procedimiento, en razón de que deja a la parte demandada en estado de indefensión, dado que lo priva del derecho de conocer los datos indispensables del juicio instaurado en su contra, privándole así de poder preparar una adecuada defensa y violando por ende, sus derechos públicos subjetivos. Ahora, al derivar los actos que aquí se reclaman de un juicio ejecutivo mercantil, el emplazamiento reclamado debe analizarse con base a los artículos 1393 y 1394 del Código de Comercio. Tales preceptos disponen: "Artículo 1393. No encontrándose el deudor a la primera busca en el inmueble señalado por el actor, pero cerciorado de ser el domicilio de aquél, se le dejará citatorio fijándole hora hábil, dentro de un lapso comprendido entre las seis y las setenta y dos horas posteriores, y si no aguarda, se practicará la diligencia de embargo con los parientes, empleados o domésticos del interesado, o cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, siguiéndose las reglas del Código Federal de Procedimientos Civiles, respecto de los embargos." "Artículo 1394. La diligencia de embargo se iniciará con el requerimiento de pago al deudor, su representante o la persona con la que se entienda, de las indicadas en el artículo anterior; de no hacerse el pago, se requerirá al demandado, su representante o la persona con quien se entiende la diligencia, para que señale bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, apercibiéndolo que de no hacerlo, el derecho para señalar bienes pasará al actor. A continuación se emplazará al demandado. En todos los casos se le entregará a dicho demandado cédula en la que se contengan la orden de embargo decretada en su contra, dejándole copia de la diligencia practicada, corriéndole traslado con la copia de demanda, de los documentos base de la acción y demás que se ordenan por el artículo 1061...". Conforme a los citados artículos, tratándose de notificaciones personales en los juicios ejecutivos mercantiles, deben cumplirse los siguientes requisitos: 1. El notificador deberá cerciorarse por cualquier medio que en el lugar en que se constituyó, vive la persona buscada. 2. La diligencia se practicará con el interesado o su representante legal; 3. Si en la primera búsqueda no se encuentra la persona que deba ser notificada, se le dejará citatorio para hora hábil, dentro de un lapso comprendido entre las seis y las setenta y dos horas posteriores; 4. Si no aguarda, se practicará la diligencia de embargo con los parientes, empleados o domésticos del interesado, o cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado; 5. Deberá asentarse razón pormenorizada de la diligencia; y, 6. En todo caso, se dejará cédula de notificación, que contendrá la orden de embargo decretada, y de la diligencia practicada; además, correrá traslado con la copia de la demanda y los anexos que la acompañaron. En el caso, de la diligencia de cita de espera y emplazamiento reclamada realizada por el actuario adscrita al Juzgado de Paz de Emiliano Zapata, Morelos, se advierte que a las doce horas con veintisiete minutos del veintiséis de junio de dos mil catorce, se constituyó en el domicilio ubicado en Calle Francisco I. Madero número 10, Colonia Centro del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, el cual fue proporcionado por la parte actora en el juicio de origen con la finalidad de emplazar a la demandada, aquí quejosa Lorena Santibañez Jiménez. Lugar donde fue atendida por María Jiménez Figueroa, quien manifestó que era "mamá" de la persona buscada; por lo que, la actuaria responsable dejó el citatorio correspondiente para que la demandada la esperara a las nueve horas del veintisiete de junio de dos mil catorce; con el apercibimiento que, de no esperarla entendería la diligencia con quien en ese momento se encontrara en el domicilio, citatorio que no tan solo no manifestó que no viviera la hoy quejosa, y no obstante lo firmó de puño y letra. Con lo anterior, la actuaria responsable incumplió con lo señalado por el artículo 1393 del Código de Comercio, pues no obstante que se cercioró de que fuera el domicilio buscado; y al respecto señaló que, la calle la corroboró al tener a la vista el rotulado de una pared con el nombre de la calle y colonia y el número estampado en el inmueble buscado, con lo que se cercioró que estaba en la calle, colonia y número correcto, lo que fue corroborado por la mamá de la hoy quejosa, sin embargo, no se cercioró si la persona buscada habitaba el domicilio en que se constituyó. De ahí que, se estime que la primera diligencia de cita de espera que se llevó a cabo el veintiséis de junio de dos mil catorce, no se encuentra ajustada a lo señalado por el referido artículo 1393 del Código de Comercio. En la segunda diligencia de emplazamiento de veintisiete de junio de dos mil catorce, llevada a cabo en compañía del actor a través del endosatario en procuración, y previo cercioramiento de encontrarse en el domicilio buscado con los signos exteriores como el nombre de la calle, la colonia y el número en el inmueble buscado, y donde procedió a tocar en el domicilio de referencia por más de tres ocasiones sin que nadie lo atendiera al llamado, y ante la omisión de atender la diligencia, el actuario asentó una oposición por parte de la demandada, dando por terminada la diligencia. Luego entonces, ya en la diligencia de embargo reclamada, esto el doce de agosto de dos mil catorce, el actuario responsable asentó que, se constituyó nuevamente en el domicilio ubicado en Calle Francisco I. Madero, número 10, de la Colonia Centro del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, y previo cercioramiento de encontrarse en el lugar correcto, se entrevistó nuevamente con María Jiménez Figueroa, quien no se identificó pero se describió en el acta su media filiación, y en cumplimiento al auto de exequendo, le procedió a requerir el pago de la suerte principal, accesorios legales y gastos y costas del juicio, por lo que una vez hecho lo anterior manifestó que no sabía del adeudo de su hija y que si es su firma de la demandada la plasmada en el pagaré, por lo que el Actuario responsable procedió a requerirle en diversas ocasiones, y al no dar cumplimiento se le solicitó que señalara bienes de su propiedad en que trabar embargo con la finalidad de garantizar el pago, a lo que manifestó que no tenía bienes, por lo que refirió el Actuario de mérito que en atención a la petición de los intereses de las partes procedió a embargar diversos bienes muebles, designando como depositaria a María Jiménez Figueroa, y una vez que se le hizo del conocimiento de su nombramiento aceptó y protesto el cargo. Asimismo, en relación a la diligencia del emplazamiento propiamente, el Actuario asentó en el acta respectiva que corría traslado con la demanda, así como con las copias simples exhibidas debidamente cotejadas, precisando que emplazaba a la demandada para que en el improrrogable término de ocho días hiciera pago al actor o a quien sus derechos representara, previniéndole para que señalara domicilio para el efecto de oír y recibir notificaciones y que en caso contrario se la harían conforme a las reglas establecidas en los artículos 1396, 1061 y 1069 del Código de Comercio en vigor. Ahora, de las formalidades descritas con anterioridad, debe resaltarse la que obliga al actuario a entregar copia simple de la demanda debidamente cotejada y sellada, y en su caso, copias simples de los documentos que el actor haya exhibido con su demanda. Sobre esa formalidad legal, en la jurisprudencia 1a./J. 39/2020 (10a.) de la Primera Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que para que el emplazamiento sea válido, el notificador debe describir las copias de los documentos que se adjuntaron a la demanda con las que corre traslado. "EMPLAZAMIENTO. DEBE CONSIDERARSE VÁLIDO SÓLO CUANDO AL REALIZAR LA CERTIFICACIÓN RELATIVA, EL NOTIFICADOR DESCRIBE CUÁLES SON LAS COPIAS DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTARON A LA DEMANDA CON LAS QUE CORRE TRASLADO. Hechos: Los órganos colegiados contendientes analizaron si como requisito de validez del emplazamiento, el actuario o notificador debe describir cuáles son las copias de los documentos que se adjuntaron a la demanda con las que corre traslado. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación arriba a la convicción de que si la ley procesal respectiva establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional, a fin de concluir que el emplazamiento debe considerarse válido sólo cuando al realizar la certificación en el acta relativa, el actuario o notificador indica, describe o establece cuáles son los anexos documentales con los que corrió traslado. Justificación: La importancia y trascendencia del emplazamiento han sido reiteradamente reconocidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalando que la falta de emplazamiento o su defectuosa práctica constituyen la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del procedimiento. En ese sentido, los preceptos que establecen las formalidades del emplazamiento a un procedimiento jurisdiccional deben interpretarse de conformidad con las normas constitucionales que reconocen el derecho de audiencia, al debido proceso y de certeza jurídica. Esto último se traduce en que para considerar que el emplazamiento a juicio cumple con su finalidad constitucional de garantizar al demandado el pleno ejercicio a la defensa, la información que a través de él se proporcione al enjuiciado debe otorgar la suficiente certeza jurídica respecto a la fidelidad de los términos en los que el accionante formuló su demanda y de los documentos que adjuntó a ésta. Dicho de otro modo, la finalidad legal y constitucional del emplazamiento no es la de proporcionar al demandado cualquier información o información incompleta respecto al juicio instaurado en su contra por la actora, sino que tal finalidad consiste en que el emplazado tenga conocimiento cierto y completo, no únicamente de las prestaciones que se le reclaman, sino de los documentos en los cuales la accionante sustenta su acción, a fin de estar en posibilidad de ejercer plenamente su derecho a la defensa mediante actos jurídicos como contestar la demanda, oponer todas las excepciones que considere pertinentes y, en su caso, aportar las pruebas que considere necesarias para su defensa. Bajo esta lógica, si la ley procesal respectiva establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional a fin de concluir que el emplazamiento debe considerarse válido sólo cuando al realizar la certificación relativa, el actuario o notificador indica, describe o establece cuáles son esos documentos que se adjuntaron y con cuyas copias corrió traslado. Tal formalidad en el emplazamiento no constituye un requisito irrazonable o difícil de cumplir por parte del actuario o notificador, pues éste sólo debe identificar en el acta de emplazamiento cuáles son, en cada caso, los anexos con cuyas copias corre traslado.". El criterio jurisprudencial invocado es obligatorio para este Juzgador, atento a lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Amparo, y su observancia no implica una aplicación retroactiva. En efecto, respecto a la aplicación retroactiva de la jurisprudencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 199/2016 (10a.), localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 38, Enero de 2017, Tomo I, página 464, Materia Común, Décima Época, cuyo rubro y texto dicen: "JURISPRUDENCIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE AQUÉLLA TUTELADO EN EL ARTÍCULO 217, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY DE AMPARO. De acuerdo al citado principio, la jurisprudencia puede aplicarse a los actos o hechos jurídicos ocurridos con anterioridad a que cobre vigencia, siempre y cuando ello no conlleve un efecto retroactivo en perjuicio de las personas, como acontece cuando: (I) al inicio de un juicio o procedimiento existe una jurisprudencia aplicable directamente a alguna de las cuestiones jurídicas relevantes para la interposición, tramitación, desarrollo y resolución del asunto jurisdiccional; (II) antes de emitir la resolución jurisdiccional respectiva, se emite una jurisprudencia que supera, modifica o abandona ese entendimiento del sistema jurídico; y (III) la aplicación del nuevo criterio jurisprudencial impacta de manera directa la seguridad jurídica de los justiciables. De ahí que si el gobernado orientó su proceder jurídico o estrategia legal conforme a una jurisprudencia anterior, siguiendo los lineamientos expresamente establecidos en ésta -ya sea para acceder a una instancia jurisdiccional, para plantear y acreditar sus pretensiones, excepciones o defensas o, en general, para llevar a cabo alguna actuación jurídica-, no es dable que la sustitución o modificación de ese criterio jurisprudencial afecte situaciones legales definidas, pues ello conllevaría corromper la seguridad jurídica del justiciable, así como la igualdad en el tratamiento jurisdiccional de las mismas situaciones y casos, con lo cual, se transgrediría el principio de irretroactividad tutelado en el artículo 217, párrafo último, de la Ley de Amparo." Conforme al anterior, se sostiene que el principio de irretroactividad de la jurisprudencia, tutelado en el último párrafo del referido artículo 217 de la Ley de Amparo, consiste en que la jurisprudencia puede aplicarse a los actos o hechos jurídicos ocurridos con anterioridad a que cobre vigencia, siempre y cuando ello no conlleve un efecto retroactivo en perjuicio de las personas, como acontece cuando: Al inicio de un juicio o procedimiento existe una jurisprudencia aplicable directamente a alguna de las cuestiones jurídicas relevantes para la interposición, tramitación, desarrollo y resolución del asunto jurisdiccional. Antes de emitir la resolución jurisdiccional respectiva, se emite una jurisprudencia que supera, modifica o abandona ese entendimiento del sistema jurídico. La aplicación del nuevo criterio jurisprudencial impacta de manera directa la seguridad jurídica de los justiciables. Supuestos que no se actualizan en el caso que se analiza, pues no existía un criterio obligatorio sobre la necesidad de describir los anexos de traslado en el emplazamiento; tampoco cambió una regla que generara inseguridad jurídica. Ahora, en el particular, el notificador llevó acabo el emplazamiento en diligencias de veintiséis y veintisiete de junio de dos mil catorce. En la primera, el actuario adscrito al otrora Juzgado de Paz Municipal de Emiliano Zapata, Morelos, dejó citatorio para que la quejosa la esperara en el lugar en el que se constituyó al día siguiente. En la segunda, al no haber esperado en la hora y fecha establecida en la cita, se tuvo como una oposición y se dio por concluida la diligencia de mérito. Además en la diligencia de requerimiento de pago y embargo, así como emplazamiento en lo que interesa se desahogó sustancialmente, en los términos siguientes: ".EN SEGUIDA CORRI TRASLADO DE LA DEMANDA CON LAS COPIAS SIMPLES Y EXHIBIDA Y DEBIDAMENTE COTEJADAS, EMPLAZANDO AL DEMANDADO PARA QUE EN IMPRORROGABLE TERMINO DE OCHO DIAS HAGA PAGO AL ACTOR O QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE O SE OPONGA A LA EJECUCIÓN SI TUVIERE EXCEPCIONES PARA ELLO, PREVINIENDOLO PARA QUE SEÑALE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES DENTRO DE LOS LÍMITES DE LA JURISDICCIÓN DONDE RADIQUE SU JUICIO CASO CONTRARIO LE SURTIRAN LOS EFECTOS, ES DECIR, LAS NOTIFICACIONES SE HARAN CONFORME A LAS REGLAS PARA LAS NOTIFICACIONES QUE NO DEBAN SER PERSONALES DE CONFORMIDAD COMO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 1396, 1061 Y 1069 DEL CÓDIGO DE COMERCIO EN VIGOR. CON LO ANTERIOR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE DILIGENCIA.". Conforme a lo anterior, el emplazamiento que se revisa no cumplió con su finalidad de garantizar al demandado el pleno ejercicio a la defensa, pues la información que a través de él se proporcione al enjuiciado debe otorgar la suficiente certeza jurídica respecto a la fidelidad de los términos en los que el accionante formuló su demanda y de los documentos que adjuntó a esta. Dicho de otro modo, la finalidad legal y constitucional del emplazamiento no es la de proporcionar al demandado cualquier información o información incompleta respecto al juicio instaurado en su contra por la actora, sino que tal finalidad consiste en que el emplazado tenga conocimiento cierto y completo, no únicamente de las prestaciones que se le reclaman, sino de los documentos en los cuales la accionante sustenta su acción, a fin de estar en posibilidad de ejercer plenamente su derecho a la defensa mediante actos jurídicos como contestar la demanda, oponer todas las excepciones que considere pertinentes y, en su caso, aportar las pruebas que considere necesarias para su defensa. Así, en la diligencia de doce de agosto de dos mil catorce, se obtiene que el actuario responsable no actuó a la luz de la interpretación conforme al artículo 14 Constitucional de los de los preceptos ya que no describió cuáles fueron los anexos documentales con los que corrió traslado a la parte demandada. Por ende, ante la deficiencia advertida, se considera que tal y como lo aduce la parte quejosa, el actuar de las responsables infringe el artículo 14 de la Constitución, en el sentido que transgredió en su perjuicio el derecho de audiencia y por sí, el de obtener una defensa adecuada, dentro de los autos del procedimiento judicial de origen; por lo tanto, debe concederse la protección constitucional solicitada. La protección constitucional debe hacerse extensiva a las consecuencias del emplazamiento, consistentes en todo lo actuado en el juicio. SÉPTIMO. Efectos del amparo. En términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, en la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo. En ese tenor, la concesión de amparo será para el efecto siguiente: Dejar insubsistente el emplazamiento y todo lo actuado dentro del juicio ejecutivo mercantil 189/2013, incluyendo el requerimiento y embargo practicados. En relación a lo anterior, resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 28/96, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Octubre de 1996, página 207, Materia Civil, Novena Época, de contenido literal siguiente: "EMPLAZAMIENTO EN JUICIOS EJECUTIVOS MERCANTILES, NULIDAD DEL, COMPRENDE AL REQUERIMIENTO Y EMBARGO PRACTICADOS. Conforme a lo dispuesto en los artículos 1392, 1393, 1394 y 1396 del Código de Comercio, 111 y 112 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación supletoria, el requerimiento de pago y embargo hechos al deudor demandado, necesariamente requieren para su legal existencia de su notificación en la forma establecida en la ley, notificación que no es otra cosa que el emplazamiento a que aluden los preceptos en cita, al cual aquéllos, pese a ser actos jurídicos distintos, se encuentran estrechamente vinculados; luego la nulidad de este último, que entraña la inobservancia del requisito a que se encuentran sujetos los aludidos requerimiento y embargo, lógicamente trasciende a los mismos, sin que sea óbice para ello el hecho de que cronológicamente se hubieran practicado con anterioridad y en forma sucesiva en la misma diligencia, al indicado emplazamiento.". Con excepción del auto de radicación, reponga el procedimiento para, en su caso, ordenar nuevamente el emplazamiento de Lorena Santibañez Jiménez. Por lo antes expuesto, con fundamento en los artículos 1°, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a la parte quejosa Lorena Santibañez Jiménez, contra actos del Juez de Paz Municipal de Cuernavaca, Morelos y Actuario adscrito al Juzgado de Paz Municipal de Emiliano Zapata, Morelos, por los motivos y fundamentos invocados en el considerando sexto y para los efectos precisados la parte final de dicho considerando. Notifíquese personalmente Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de Erik Calderón Ocampo, hasta hoy catorce de octubre de dos mil veintidós, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
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