Gabriel Cantera Rubio
Expediente 169/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 169/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Gabriel Cantera Rubio
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única a quien pudiera afectar el fallo dictado en este juicio), haya recurrido la sentencia por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales correspondientes. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina la valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso a) (juicios de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; Es susceptible de destrucción; Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes se deberá destruir este expediente; y Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
- Principal
Visto, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 169/2021; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta población, ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado de Oaxaca, que hizo consistir en: la negativa de acordar su escrito presentado ante la responsable el dieciséis de noviembre de dos mil veinte; que estimó violatorios de sus derechos fundamentales contenidos en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite. Por acuerdo de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito admitió a trámite la demanda, solicitó a la autoridad señalada como responsable su informe justificado, dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde, señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 6º, 107, 108, 124, y demás relativos de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados, Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, reformado mediante Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis. SEGUNDO. Aplicación de criterios. Como cuestión previa, es oportuno señalar que conforme a lo dispuesto por el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito continuará aplicando los criterios de interpretación emitidos durante la vigencia de la legislación de la materia abrogada, en tanto no se opongan a alguna disposición vigente. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El Director de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo, con residencia en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado, negativa que se acepta en los términos planteados. Ello es así, pues la inexistencia del acto reclamado estriba en que el quejoso ********************, no aportó como prueba documental el acuse de recibo original que contenga la petición formulada a la responsable el dieciséis de noviembre de dos mil veinte, del que se advierta el sello fechador de la dependencia o la constancia de recepción con firma original del servidor público respectivo, a fin de acreditar que efectivamente le realizó una petición a la que no ha recaído respuesta; siendo que en asuntos como el presente (falta de contestación a escrito), queda a cargo de la parte quejosa la prueba que determine la existencia del acto reclamado. Se invoca en lo conducente, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 366, Tomo VI, Diciembre de 1997, Novena Época, del siguiente rubro y texto: "ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITUD, AL QUEJOSO CORRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULÓ. La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia, en cuyo sumario se dice: "ACTOS NEGATIVOS.- Tratándose de actos negativos, la prueba corresponde no a quien funda en ellos sus derechos, sino a su contendiente.", constituye una regla genérica que no es aplicable cuando la existencia de la conducta negativa de la autoridad responsable aplicadora requiere, necesariamente y de una manera previa, la existencia de una solicitud del particular -el quejoso- para que la autoridad ejerza la facultad prevista en la ley aplicable, lo cual implica que si bien al quejoso no corresponde probar la conducta omisa de la responsable, sí le toca, en cambio, acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de esta última." Así como, por identidad jurídica sustancial, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Materia Común, Sexta Época, consultable en la página treinta y nueve, del tomo CXXII, tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "PETICIÓN, DERECHO DE. ABSTENCIÓN DE LAS RESPONSABLES A ACCEDER A UNA SOLICITUD. DEBE SOBRESEERSE CUANDO NO SE DEMUESTRA QUE LA AUTORIDAD CONOCIÓ LA SOLICITUD. Cuando el acto reclamado se hace consistir en un hecho positivo, la negativa de la autoridad sobre la existencia de tal hecho obliga al quejoso a desvirtuarla y en caso de que esto no suceda procederá estimar que no existió el acto reclamado y, en consecuencia, deberá sobreseerse en el juicio; en cambio, cuando se reclama un hecho negativo, a saber, una abstención, y las autoridades no obstante negar expresamente su existencia, admiten no haber llevado a cabo el acto cuya abstención se reclama, ello debe dar como resultado, no que se sobresea en el juicio por inexistencia de los actos reclamados, toda vez que la abstención existe, sino que se examine si no se presenta alguna otra causal de improcedencia y en caso contrario se entre al examen de los conceptos de violación y se concluya otorgando o negando el amparo, según se llegue a establecer que dicha abstención fue o no violatoria de garantías. Sin embargo, no existe esa hipótesis en los casos en que no se demuestra que se hubiera presentado a la autoridad el escrito por el que se solicitaba la resolución cuya abstención se reclama, toda vez que al no haberse probado la petición, no puede estimarse existente la abstención a responderla, debiéndose por ello sobreseer en el juicio". En esas condiciones, y al no acreditarse la existencia del acto reclamado, conlleva a sobreseer en el presente asunto en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado y, con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 169/2021, promovido por ********************. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. Adjúntese el oficio del Director de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo, mediante el cual rinde informe justificado; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Con apoyo en el numeral 119 de la ley de la materia, se tiene como prueba documental del citado Director la anexa a su oficio de cuenta, la que se tiene por desahogada en razón de su propia naturaleza y sin perjuicio de hacer relación de ella en la audiencia constitucional respectiva. En términos del artículo 9 de la citada Ley, se tiene como delegados de la responsable, así como domicilio para oír y recibir notificaciones los indicados en el oficio que se provee. Así también, con apoyo en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, publicado el 31 de julio 2020, en el Diario Oficial de la Federación (vigente a partir del 3 de agosto de 2020), reformado en cuanto a su vigencia (del 3 de agosto de 2020 al 15 de enero de 2021), por el Acuerdo General 25/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintiuno de octubre de dos mil veinte, se le tiene proporcionando los correos electrónicos sigda@finanzasoaxaca.gob.mx y sefin.amparos@gmail.com; así como el número telefónico 9515016900 extensión 23274, únicamente como forma de contacto (no para establecer comunicaciones procesales), pues las notificaciones en este asunto se continuarán haciendo en los términos que establece la Ley de Amparo. Así también, se le tiene informando que no existe diverso juicio de amparo promovido en relación a los actos reclamados en el presente juicio. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere y en su lugar se fijan nuevamente las TRECE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA TREINTA DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su celebración. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de febrero de dos mil veintiuno. Radicación de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por GABRIEL CANTERA RUBIO, contra actos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca; con fundamento en los artículos 103, fracción I de la Constitución Federal del País, 35, 37, 107, 108, 115, 117, 124 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo. Fórmese expediente en los términos del artículo 3º de la Ley de Amparo; regístrese con el número 169/2021, que le correspondió; tramítese este juicio sin incidente de suspensión, por no haberlo solicitado la parte quejosa. Requerimiento de informes. Con apoyo en los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe justificado el que deberán rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio que lo solicita, donde expondrán las razones y fundamentos para sostener la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, y en su caso, la improcedencia del juicio o la actualización de alguna causa de sobreseimiento y según el caso, acompañará copia certificada completa y legible de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe. Apercibimientos. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, apercíbase a la autoridad responsable que de no rendir su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado salvo prueba en contrario. Además, de no rendirlo o no hacerlo en el término señalado, es decir, quince días, o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100, moneda nacional ($8,962.00), que resulta de multiplicar el valor diario de la unidad de medida y actualización ($89.62) por cien (100), al momento de incurrir en la conducta prevista por el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia. Dígase a la autoridad responsable que dado el alto riesgo de infección y propagación en el marco de la pandemia derivada del virus COVID-19, se le requiere para que rinda su informe justificado y envíen cualquier oficio, al correo electrónico 3jdo13cto@correo.cjf.gob.mx. Se precisa a la autoridad responsable que en caso de que las constancias que deba remitir en apoyo a su informe justificado resulten ser voluminosas y sea imposible su correcto envío por correo electrónico, en términos del artículo 12 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19 (publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte), reformado en cuanto a su vigencia (del 3 de agosto de 2020 al 15 de enero de 2021), por el Acuerdo General 25/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintiuno de octubre de dos mil veinte, podrá presentarlas de manera física a través de la Oficialía de Partes Común (OPC), que se instala en la entrada del edificio que alberga este órgano jurisdiccional, en un horario de las 15:00 a las 19:00 horas, de lunes a viernes (dado que este juzgado labora de manera presencial sólo por las tardes). Asimismo, cualquiera de las partes deberán informar a este Juzgado Federal, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado o bien si ocurre alguna causa notoria de sobreseimiento, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo que dice: "Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible acompañarán las constancias que la acrediten."; en el entendido que de no hacerlo así, se les impondrá multa de treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a dos mil seiscientos ochenta y ocho pesos 06/100, moneda nacional ($2,688.06) que resulta de multiplicar el valor diario de la unidad de medida y actualización ($89.62) por treinta (30); en términos del artículo 251 de la ley de la materia. Requiérase a la autoridad responsable para que al momento de rendir su informe justificado, manifieste si se ha promovido diverso juicio de amparo en el expediente, del cual emana el acto reclamado, y en caso de ser así, señale ante qué autoridad federal se radicó y remita las constancias relativas que acrediten dicha circunstancia, apercibiéndola que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos 00/100 moneda nacional ($4, 481.00), que resulta de multiplicar el valor diario de la unidad de medida y actualización ($89.62) por cincuenta (50), con fundamento en lo señalado por el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 238 y 259 del mismo ordenamiento. Audiencia constitucional. Se señalan las NUEVE HORAS DEL DÍA DIECISÉIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia constitucional. Notificación a las autoridades. En la inteligencia de que las notificaciones diversas al presente proveído deberán realizarse a la autoridad responsable por medio de lista electrónica que publica este Juzgado de Distrito, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo; esto es, sin necesidad de que se envíen oficios para hacer del conocimiento determinaciones de mero trámite, como lo son los autos que agregan informes y difieren audiencia; a menos que, según el caso, sean trascendentales y necesaria su notificación por oficio, como si fuera de manera personal. Sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la autoridad responsable, dado que la fecha inicial señalada para la celebración de la audiencia constitucional, le será notificada en este auto inicial y, por lo tanto, de no celebrarse, estará en aptitud de consultar la nueva fecha a través de la lista de acuerdos que se publica en el Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo rubro y texto dicen: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.- Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar". Así mismo, con fundamento en el artículo 28, fracción III, y 30 de la Ley de Amparo, se ordena que las notificaciones personales que deban practicarse a las autoridades responsables, a las que tengan el carácter de terceros interesados o que deban intervenir en este juicio, las realice el Actuario adscrito vía correo electrónico, o bien en el portal de servicios en línea si las autoridades tiene celebrado convenido de interconexión, como dispone el apartado B, número 12, de la circular SECNO/7/2020 de seis de mayo de dos mil veinte. Lo anterior, a fin de dar continuidad a este juicio de amparo de forma electrónica, con el objeto de proteger la salud de las partes y del personal de este juzgado. Domicilio y autorizados. Toda vez que el quejoso señaló los estrados de este Juzgado para oír y recibir notificaciones; por tanto se ordena que las notificaciones de carácter personal, se le realicen por medio de la lista que se fija en los estrados de este Tribunal y se publica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; así también se tiene como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a Herminio Hernández Vargas, sin gozar de las demás facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, hasta en tanto acredite encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de abogado, pues no proporciona su número de cédula profesional o de registro en Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Así también, con apoyo en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, publicado el 31 de julio 2020, en el Diario Oficial de la Federación (vigente a partir del 3 de agosto de 2020), se tiene al quejoso proporcionando el correo electrónico licherminiovar@gmail.com, únicamente como forma de contacto (no para establecer comunicaciones procesales), pues las notificaciones en este asunto se continuarán haciendo en los términos que establece la Ley de Amparo. Exhortación a tramitar juicio en línea. En atención al artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que durante la tramitación de este asunto, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. En el entendido que de optar por el "juicio en línea", deberán así expresarlo, solicitar sus notificaciones por esa vía y proporcionar su número de usuario. Así también, las autoridades sean responsables o terceras interesadas deberán señalar en la siguiente promoción, correo electrónico en el que se les harán las subsecuentes notificaciones vía electrónica. Uso de medios electrónicos. Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de sus autorizados o delegados, según sea el caso, puedan hacer uso del escáner, cámaras fotográficas, o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado; es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia 1a./J. 33/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, Materia(s): Común, página 470 de rubro y texto: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 264/2011,(1) estableció que conforme a la ratio legis del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las partes en el juicio de amparo tienen el derecho subjetivo general de solicitar, a su costa, copia certificada de las constancias que fueron integradas al expediente por la autoridad responsable a través de su informe justificado, sin que se prevea restricción alguna. Luego, acotando que la obligación de mantener la reserva y sigilo de constancias establecida en el numeral 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, está dirigida al Ministerio Público y no al Juez de Distrito, se deduce que válidamente puede autorizarse al quejoso la expedición de copias certificadas de las constancias en que aparezca la averiguación previa o la orden de aprehensión girada en su contra, cuando por virtud del informe justificado esas constancias se integren al juicio de amparo, porque no hacerlo podría generar una limitación al derecho de igualdad procesal del quejoso relacionado con el ejercicio del derecho de acceso a la justicia. Lo anterior, sin perjuicio de que conforme al artículo 113 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información contenida en las investigaciones de delitos ante el Ministerio Público, se considera reservada, ya que tal disposición no se ve afectada cuando se trata de información concerniente a la propia persona del quejoso y el acceso a esa información redunda directamente en el ejercicio de su derecho fundamental de defensa; de ahí que la información "reservada o confidencial" contenida en la averiguación previa y/o en la orden de aprehensión aportada mediante el informe justificado, debe entenderse con esa connotación siempre que se trate de personas diversas del quejoso, o se trate de información que no esté relacionada directamente con éste, pues en este supuesto sí debe operar la protección de datos prevista en diverso numeral 114 de la mencionada ley." Habilitación de horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente asunto, y entregue los oficios que del mismo deriven. Intervención. Se otorga a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, la intervención que legalmente le corresponde en términos del artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, para ello, entréguesele copia simple de la demanda. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Integración de expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponde a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, a prudente arbitrio de este juzgador, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a disposición de éstos en un tomo por separado. NOTIFÍQUESE.
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