Gabriel Cano Zavala
Expediente 407/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 407/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 03/10/2016
Partes del expediente
- Gabriel Cano Zavala
Actuaciones
- Principal
Ensenada, Baja California, tres de octubre de dos mil dieciséis. Visto el oficio de cuenta, suscrito por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Quinto Circuito, con sede en Tijuana, Baja California; atento a su contenido, queda enterado este juzgado que mediante proveído de veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, dicho órgano colegiado determinó que es competente para conocer del juicio de amparo promovido por Gabriel Cano Zavala, contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, el cual quedó registrado con el número de juicio de amparo directo laboral 315/2016-V, ello en atención a la incompetencia legal planteada por este juzgado de distrito. En consecuencia, archívese este asunto como totalmente concluido; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el punto Décimo Primero, integrante del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace constar que el presente asunto no tiene relevancia documental. Asimismo, con fundamento en el capítulo quinto, referente a la depuración y destrucción de expedientes judiciales, disposición general vigésima, fracción I del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se declara que este cuaderno de antecedentes es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran seis meses contados a partir de que se ordenó su archivo. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma el licenciado Víctor Miguel Bravo Melgoza, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, quien actúa ante el licenciado Jaime Romero Gámez, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Ensenada, Baja California, nueve de septiembre de dos mil dieciséis. Vista la constancia actuarial de cuenta, de la que se advierte la imposibilidad para notificar personalmente al quejoso Gabriel Cano Zavala, el acuerdo de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, en virtud que el domicilio procesal que señaló en su demanda de amparo, no corresponde a la residencia del impetrante, en términos de lo asentado por la Actuaria de la adscripción; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, hágase dicha notificación a la parte quejosa y las subsecuentes aún de carácter personal por medio de lista, que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional, hasta en tanto señale nuevo domicilio para tal efecto. NOTIFÍQUESE.
- Principal
procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado, a la PARTE QUEJOSA GABRIEL CANO ZAVALA, el auto de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, dictado dentro del Juicio de Amparo 407/2016, que en lo substancial dice: "...ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS. Visto el escrito de demanda de garantías, formulado por GABRIEL CANO ZAVALA, contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de la ciudad de Ensenada, Baja California, por violaciones a las garantías individuales consagradas en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese expediente de amparo y regístrese en el libro de gobierno con el número 407/2016. Del análisis integral de la demanda de garantías, se desprende que el quejoso reclama sustancialmente la resolución de uno de agosto de dos mil dieciséis, en la cual la autoridad responsable anteriormente aludida, resolvió la tercería excluyente de dominio presentada por Julián Hipólito Muñoz Rodríguez, Eliazar Meza Murillo y/o Eleazar Meza Murillo y la señora Maria del Carmen García Ríos, la que declaró procedente. Atento a la naturaleza del acto reclamado, este órgano jurisdiccional considera carecer de competencia legal para conocer del presente asunto, virtud que dicho acto debe ser materia de amparo directo, en términos de lo que disponen los artículos 47, 48 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, los citados normativos disponen lo siguiente: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley. Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva. Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; [.] Así, en el presente caso, por ser una resolución que declaró procedente la tercería excluyente de dominio que promovieron Julián Hipólito Muñoz Rodríguez, Eliazar Meza Murillo y/o Eleazar Meza Murillo y la señora Maria del Carmen García Ríos, aquí terceros interesados, al tener la naturaleza de un juicio y no de incidente; por ende al decidir el fondo, se trata de una sentencia definitiva, y en ese orden, al poner fin a un juicio, es un acto que solamente puede impugnarse a través del amparo directo. Para demostrar lo anterior es necesario trascribir los numerales 976 a 978 de la Ley Federal del Trabajo, que regulan el trámite y resolución de las tercerías en materia laboral: "[.] Artículo 976. Las tercerías pueden ser excluyentes de dominio o de preferencia. Las primeras tienen por objeto conseguir el levantamiento del embargo practicado en bienes de propiedad de terceros; las segundas obtener que se pague preferentemente un crédito con el producto de los bienes embargados. Artículo 977. Las tercerías se tramitarán y resolverán por el Pleno, por la Junta Especial o por la de Conciliación que conozca del juicio principal, sustanciándose en forma incidental, conforme a las normas siguientes: I. La tercería se interpondrá por escrito, acompañando el título en que se funde y las pruebas pertinentes; II. La Junta ordenará se tramite la tercería por cuerda separada y citará a las partes a una audiencia, dentro de los diez días siguientes, en la que las oirá y después de desahogadas las pruebas, dictará resolución; III. En cuanto al ofrecimiento, admisión y desahogo de las pruebas, se observará lo dispuesto en los capítulos XII, XVII y XVIII del título catorce de esta ley; IV. Las tercerías no suspenden la tramitación del procedimiento. La tercería excluyente de dominio suspende únicamente el acto de remate; la de preferencia el pago del crédito; y V. Si se declara procedente la tercería, la Junta ordenará el levantamiento del embargo y, en su caso, ordenará se pague el crédito declarado preferente." Artículo 978. El tercerista podrá presentar la demanda ante la autoridad exhortada que practicó el embargo, debiendo designar domicilio en el lugar de residencia de la Junta exhortante, para que se le hagan las notificaciones personales; si no hace la designación, todas las notificaciones se le harán por boletín o por estrados. La autoridad exhortada, al devolver el exhorto, remitirá la demanda de tercería. [.]" De la lectura de los artículos transcritos se desprende que, las tercerías constituyen una acción distinta a la que se debate en el juicio principal, la cual se ejerce por un tercero ajeno a la controversia; es decir, en ellas se discute un problema sustantivo diferente al que se controvierte en el procedimiento del que derivan. Asimismo, se advierte que su promoción no suspende el curso del negocio del cual derivan; que se ventilan por cuerda separada a través de un procedimiento propio en forma incidental, en el que se oye a las partes y se cumplen las formalidades esenciales del procedimiento, como consecuencia de lo cual el tercerista tiene los derechos, cargas y obligaciones que en todo juicio tienen las partes. Así las cosas, las tercerías son verdaderos juicios, tanto material como formalmente, dado que en las mismas se tramita una acción de oposición ejercida por un tercero respecto de la propiedad de bienes embargados, o en cuanto a la preferencia de los créditos que deban cubrirse con el producto de aquéllos, que forzosa y necesariamente debe resolverse mediante la sustanciación de un procedimiento contradictorio en el que se dé oportunidad a las partes de plantear sus pretensiones, rendir pruebas y formular alegatos, y la circunstancia de que se siga de manera incidental, no le hace perder esa naturaleza porque lo que se debate en ella difiere de la cuestión de fondo planteada en el juicio laboral con el que se vincula. Lo anterior es así, en atención a que la materia de la controversia en la tercería es distinta a la que se debate en el juicio principal, pues aun cuando éste es el que le da origen, lo cierto es que lo que a través de ella se pretende, es que no se afecten los derechos del tercerista por la resolución que se emita en el juicio principal, derechos que en ambas contiendas son distintos; por tanto, la resolución que recaiga a la tercería con carácter de cosa juzgada, no se ve afectada por lo que se resuelva en el juicio de donde derivó. Ahora, aunque el artículo 977 de la Ley Federal del Trabajo dispone que las tercerías se tramitarán en forma incidental, ello no significa que participen de la naturaleza de un verdadero incidente, ya que esa disposición sólo se refiere al aspecto formal procesal en que se tramita, con semejanza al procedimiento que siguen los incidentes, pero su naturaleza y fines son propios del juicio, como anteriormente se estableció. Trasciende a lo expuesto, la tesis 2a./J. 54/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 172659, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Abril de 2007, Materia Laboral, página 531, Novena Época, que a continuación se transcribe: "TERCERÍAS EN MATERIA LABORAL. A LAS RESOLUCIONES QUE SE DICTEN EN DICHOS PROCEDIMIENTOS NO LES SON APLICABLES LAS REGLAS DE LOS ARTÍCULOS 885 AL 890 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 126/2005, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, octubre de 2005, página 952, sostuvo que las tercerías excluyentes de dominio o de preferencia en materia laboral tienen la naturaleza de juicio y no de incidente para efecto de la procedencia del juicio de amparo directo; sin embargo, de ello no se sigue que para el dictado de las resoluciones en dichos procedimientos deban colmarse las formalidades señaladas en los artículos 885 al 890 de la Ley Federal del Trabajo, máxime que en la referida jurisprudencia se aclaró que el trámite incidental establecido por la Ley para las tercerías sólo se refiere a la forma procesal, pero no a su naturaleza sustancial, de ahí que todo lo concerniente a aspectos adjetivos deba regirse conforme a lo previsto para los incidentes, dentro de cuyas cuestiones evidentemente está el dictado de la resolución, por lo que se concluye que a las resoluciones recaídas a las tercerías no les son aplicables las reglas para el dictado de los laudos." De lo anterior es dable concluir que, en materia laboral, las tercerías excluyentes de dominio tienen la naturaleza jurídica de un verdadero juicio, consecuentemente, las resoluciones que las deciden deben ser impugnadas a través del juicio de amparo directo, tal como lo estatuye el artículo 170 de la Ley de Amparo, ya que constituye una resolución que puso fin al juicio. De la referida disposición se desprende que el órgano jurisdiccional competente para conocer del juicio de amparo directo es el Tribunal Colegiado que corresponda, según la materia de la litis que deba dilucidarse, a través del juicio de amparo directo, el cual como ya ha quedado establecido procede contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, por tanto, si el acto reclamado es una resolución que puso fin al juicio, misma que, si bien no decidió el principal -juicio laboral-, también lo es que lo dio por concluido, en tanto que la junta responsable declaró procedente la tercería excluyente de dominio que declaró procedente en el expediente laboral 305/2009, de su índice. Lo cual implica que este Juzgado de Distrito resulte legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo, en tanto que la resolución emitida por la responsable dentro de la tercería excluyente de dominio, se trata de una resolución que puso fin a tal juicio, en tanto que lo dio por concluido, por ende, es impugnable en amparo directo, en términos de los artículos 47 y 170 de la Ley de Amparo, por tanto, corresponde conocer y resolver tal juicio es al Tribunal Colegiado. Esta consideración tiene sustento en la Jurisprudencia 2a./J. 126/2005, Registro Digital 176797, de la Novena Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, octubre de dos mil cinco, materia laboral, página novecientos cincuenta y dos, de rubro: "TERCERÍAS EXCLUYENTES DE DOMINIO O DE PREFERENCIA DE CRÉDITO EN MATERIA LABORAL. TIENEN NATURALEZA DE JUICIO Y NO DE INCIDENTE, POR LO QUE LA SENTENCIA QUE LAS RESUELVE ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO." Igualmente consolida lo expuesto, la tesis XVII.25 L, del Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con registro 178852, observable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Marzo de 2005, Materia Laboral, página 1254, Novena Época, con título: "TERCERÍAS EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. AL SER JUICIOS AUTÓNOMOS, LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN ELLAS POR LAS JUNTAS, FUNCIONANDO EN PLENO, SON IMPUGNABLES EN AMPARO DIRECTO." En tales condiciones, se impone declarar la legal incompetencia para conocer respecto de dicho acto reclamado, y se ordena la remisión de la demanda original y copias de traslado al Tribunal Colegiado en Materia Laboral del Decimoquinto Circuito en turno, con residencia en Tijuana, Baja California, por conducto de la oficialía de correspondencia común de los Tribunales Colegiados de dicho circuito con sede en la ciudad en mención, para que en términos de lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley de Amparo, decida si confirma o revoca la presente determinación, solicitando atentamente se sirva acusar de recibo. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo; para lo cual deberá dejarse copia certificada de las actuaciones que en original se remiten a la superioridad. Para el adecuado despacho de los asuntos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27 de la citada Ley de Amparo. Con fundamento en lo establecido por el artículo 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda, se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Alfredo Velarde Guido y José Guadalupe Salazar González, ya que acredita estar facultado para ejercer la profesión de abogado, al tener registrada su cédula profesional ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA QUEJOSA..." Lo anterior en cumplimiento al auto de nueve de septiembre de dos mil dieciséis, dictado dentro del propio juicio de amparo, con fundamento en el artículo 27 fracción II, inciso b, de la Ley de Amparo
- Principal
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS. Visto el escrito de demanda de garantías, formulado por GABRIEL CANO ZAVALA, contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de la ciudad de Ensenada, Baja California, por violaciones a las garantías individuales consagradas en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese expediente de amparo y regístrese en el libro de gobierno con el número 407/2016. Del análisis integral de la demanda de garantías, se desprende que el quejoso reclama sustancialmente la resolución de uno de agosto de dos mil dieciséis, en la cual la autoridad responsable anteriormente aludida, resolvió la tercería excluyente de dominio presentada por Julián Hipólito Muñoz Rodríguez, Eliazar Meza Murillo y/o Eleazar Meza Murillo y la señora Maria del Carmen García Ríos, la que declaró procedente. Atento a la naturaleza del acto reclamado, este órgano jurisdiccional considera carecer de competencia legal para conocer del presente asunto, virtud que dicho acto debe ser materia de amparo directo, en términos de lo que disponen los artículos 47, 48 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, los citados normativos disponen lo siguiente: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley. Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva. Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; [.] Así, en el presente caso, por ser una resolución que declaró procedente la tercería excluyente de dominio que promovieron Julián Hipólito Muñoz Rodríguez, Eliazar Meza Murillo y/o Eleazar Meza Murillo y la señora Maria del Carmen García Ríos, aquí terceros interesados, al tener la naturaleza de un juicio y no de incidente; por ende al decidir el fondo, se trata de una sentencia definitiva, y en ese orden, al poner fin a un juicio, es un acto que solamente puede impugnarse a través del amparo directo. Para demostrar lo anterior es necesario trascribir los numerales 976 a 978 de la Ley Federal del Trabajo, que regulan el trámite y resolución de las tercerías en materia laboral: "[.] Artículo 976. Las tercerías pueden ser excluyentes de dominio o de preferencia. Las primeras tienen por objeto conseguir el levantamiento del embargo practicado en bienes de propiedad de terceros; las segundas obtener que se pague preferentemente un crédito con el producto de los bienes embargados. Artículo 977. Las tercerías se tramitarán y resolverán por el Pleno, por la Junta Especial o por la de Conciliación que conozca del juicio principal, sustanciándose en forma incidental, conforme a las normas siguientes: I. La tercería se interpondrá por escrito, acompañando el título en que se funde y las pruebas pertinentes; II. La Junta ordenará se tramite la tercería por cuerda separada y citará a las partes a una audiencia, dentro de los diez días siguientes, en la que las oirá y después de desahogadas las pruebas, dictará resolución; III. En cuanto al ofrecimiento, admisión y desahogo de las pruebas, se observará lo dispuesto en los capítulos XII, XVII y XVIII del título catorce de esta ley; IV. Las tercerías no suspenden la tramitación del procedimiento. La tercería excluyente de dominio suspende únicamente el acto de remate; la de preferencia el pago del crédito; y V. Si se declara procedente la tercería, la Junta ordenará el levantamiento del embargo y, en su caso, ordenará se pague el crédito declarado preferente." Artículo 978. El tercerista podrá presentar la demanda ante la autoridad exhortada que practicó el embargo, debiendo designar domicilio en el lugar de residencia de la Junta exhortante, para que se le hagan las notificaciones personales; si no hace la designación, todas las notificaciones se le harán por boletín o por estrados. La autoridad exhortada, al devolver el exhorto, remitirá la demanda de tercería. [.]" De la lectura de los artículos transcritos se desprende que, las tercerías constituyen una acción distinta a la que se debate en el juicio principal, la cual se ejerce por un tercero ajeno a la controversia; es decir, en ellas se discute un problema sustantivo diferente al que se controvierte en el procedimiento del que derivan. Asimismo, se advierte que su promoción no suspende el curso del negocio del cual derivan; que se ventilan por cuerda separada a través de un procedimiento propio en forma incidental, en el que se oye a las partes y se cumplen las formalidades esenciales del procedimiento, como consecuencia de lo cual el tercerista tiene los derechos, cargas y obligaciones que en todo juicio tienen las partes. Así las cosas, las tercerías son verdaderos juicios, tanto material como formalmente, dado que en las mismas se tramita una acción de oposición ejercida por un tercero respecto de la propiedad de bienes embargados, o en cuanto a la preferencia de los créditos que deban cubrirse con el producto de aquéllos, que forzosa y necesariamente debe resolverse mediante la sustanciación de un procedimiento contradictorio en el que se dé oportunidad a las partes de plantear sus pretensiones, rendir pruebas y formular alegatos, y la circunstancia de que se siga de manera incidental, no le hace perder esa naturaleza porque lo que se debate en ella difiere de la cuestión de fondo planteada en el juicio laboral con el que se vincula. Lo anterior es así, en atención a que la materia de la controversia en la tercería es distinta a la que se debate en el juicio principal, pues aun cuando éste es el que le da origen, lo cierto es que lo que a través de ella se pretende, es que no se afecten los derechos del tercerista por la resolución que se emita en el juicio principal, derechos que en ambas contiendas son distintos; por tanto, la resolución que recaiga a la tercería con carácter de cosa juzgada, no se ve afectada por lo que se resuelva en el juicio de donde derivó. Ahora, aunque el artículo 977 de la Ley Federal del Trabajo dispone que las tercerías se tramitarán en forma incidental, ello no significa que participen de la naturaleza de un verdadero incidente, ya que esa disposición sólo se refiere al aspecto formal procesal en que se tramita, con semejanza al procedimiento que siguen los incidentes, pero su naturaleza y fines son propios del juicio, como anteriormente se estableció. Trasciende a lo expuesto, la tesis 2a./J. 54/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 172659, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Abril de 2007, Materia Laboral, página 531, Novena Época, que a continuación se transcribe: "TERCERÍAS EN MATERIA LABORAL. A LAS RESOLUCIONES QUE SE DICTEN EN DICHOS PROCEDIMIENTOS NO LES SON APLICABLES LAS REGLAS DE LOS ARTÍCULOS 885 AL 890 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 126/2005, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, octubre de 2005, página 952, sostuvo que las tercerías excluyentes de dominio o de preferencia en materia laboral tienen la naturaleza de juicio y no de incidente para efecto de la procedencia del juicio de amparo directo; sin embargo, de ello no se sigue que para el dictado de las resoluciones en dichos procedimientos deban colmarse las formalidades señaladas en los artículos 885 al 890 de la Ley Federal del Trabajo, máxime que en la referida jurisprudencia se aclaró que el trámite incidental establecido por la Ley para las tercerías sólo se refiere a la forma procesal, pero no a su naturaleza sustancial, de ahí que todo lo concerniente a aspectos adjetivos deba regirse conforme a lo previsto para los incidentes, dentro de cuyas cuestiones evidentemente está el dictado de la resolución, por lo que se concluye que a las resoluciones recaídas a las tercerías no les son aplicables las reglas para el dictado de los laudos." De lo anterior es dable concluir que, en materia laboral, las tercerías excluyentes de dominio tienen la naturaleza jurídica de un verdadero juicio, consecuentemente, las resoluciones que las deciden deben ser impugnadas a través del juicio de amparo directo, tal como lo estatuye el artículo 170 de la Ley de Amparo, ya que constituye una resolución que puso fin al juicio. De la referida disposición se desprende que el órgano jurisdiccional competente para conocer del juicio de amparo directo es el Tribunal Colegiado que corresponda, según la materia de la litis que deba dilucidarse, a través del juicio de amparo directo, el cual como ya ha quedado establecido procede contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, por tanto, si el acto reclamado es una resolución que puso fin al juicio, misma que, si bien no decidió el principal -juicio laboral-, también lo es que lo dio por concluido, en tanto que la junta responsable declaró procedente la tercería excluyente de dominio que declaró procedente en el expediente laboral 305/2009, de su índice. Lo cual implica que este Juzgado de Distrito resulte legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo, en tanto que la resolución emitida por la responsable dentro de la tercería excluyente de dominio, se trata de una resolución que puso fin a tal juicio, en tanto que lo dio por concluido, por ende, es impugnable en amparo directo, en términos de los artículos 47 y 170 de la Ley de Amparo, por tanto, corresponde conocer y resolver tal juicio es al Tribunal Colegiado. Esta consideración tiene sustento en la Jurisprudencia 2a./J. 126/2005, Registro Digital 176797, de la Novena Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, octubre de dos mil cinco, materia laboral, página novecientos cincuenta y dos, de rubro: "TERCERÍAS EXCLUYENTES DE DOMINIO O DE PREFERENCIA DE CRÉDITO EN MATERIA LABORAL. TIENEN NATURALEZA DE JUICIO Y NO DE INCIDENTE, POR LO QUE LA SENTENCIA QUE LAS RESUELVE ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO." Igualmente consolida lo expuesto, la tesis XVII.25 L, del Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con registro 178852, observable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Marzo de 2005, Materia Laboral, página 1254, Novena Época, con título: "TERCERÍAS EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. AL SER JUICIOS AUTÓNOMOS, LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN ELLAS POR LAS JUNTAS, FUNCIONANDO EN PLENO, SON IMPUGNABLES EN AMPARO DIRECTO." En tales condiciones, se impone declarar la legal incompetencia para conocer respecto de dicho acto reclamado, y se ordena la remisión de la demanda original y copias de traslado al Tribunal Colegiado en Materia Laboral del Decimoquinto Circuito en turno, con residencia en Tijuana, Baja California, por conducto de la oficialía de correspondencia común de los Tribunales Colegiados de dicho circuito con sede en la ciudad en mención, para que en términos de lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley de Amparo, decida si confirma o revoca la presente determinación, solicitando atentamente se sirva acusar de recibo. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo; para lo cual deberá dejarse copia certificada de las actuaciones que en original se remiten a la superioridad. Para el adecuado despacho de los asuntos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27 de la citada Ley de Amparo. Con fundamento en lo establecido por el artículo 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda, se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Alfredo Velarde Guido y José Guadalupe Salazar González, ya que acredita estar facultado para ejercer la profesión de abogado, al tener registrada su cédula profesional ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA QUEJOSA.
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