Gabriel Campos Vera
Expediente 1018/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 21 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1018/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 18/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Gabriel Campos Vera
- Juez de Primera Instancia En Materia Penal, del Sistema Acusatorio Y Oral del Distrito Judicial de San Pedro de las Colonias Coahuila
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Torreón, Coahuila, a dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Ejecutoria. Visto lo de cuenta, se advierte que transcurrió el término legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia que se negó el amparo en el presente juicio, motivo por el cual lo conducente en el caso es, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por expresa disposición de su numeral 2°, declarar que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella toda vez que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es depurable, conforme al artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Incidente. En el expediente atinente, provéase lo relativo a la depuración o destrucción del incidente, en términos del referido Acuerdo General. Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, la secretaria de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Anotaciones y archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Reitérese al actuario judicial de la adscripción, que deberá atender las recomendaciones preventivas que el Consejo de la Judicatura Federal ha establecido para los servidores públicos que realizan actividades fuera del órgano jurisdiccional. Notifíquese.
- Incidental
Torreón, Coahuila, a dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado de autos, y toda vez que del juicio principal del que derivan los presentes cuadernos de suspensión se desprende que se ordenó el archivo definitivo del citado juicio, advirtiéndose además que este incidente se encuentra totalmente concluido, por tanto lo conducente es, enviarlo al archivo definitivo. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro relativo. Garantía. No hay. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Depuración y destrucción. Por carecer de relevancia documental, el original del presente incidente de suspensión es depurable, y el duplicado destruible, en términos de los artículos 18 y 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, la secretaria de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Notifíquese.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Torreón, Coahuila de Zaragoza, a las doce horas con treinta minutos del veintisiete de octubre de dos mil veintidós, hora y fecha fijadas para la audiencia constitucional en el presente juicio, el licenciado Yuri Alí Ronquillo Vélez, Juez Primero de Distrito en La Laguna, quien actúa en unión del licenciado Ernesto Rubio Hernández, Secretario que da fe, la declaró abierta, sin la comparecencia de las partes. Acto seguido, el Secretario da cuenta al Juez con las constancias obrantes en autos, entre las que se encuentran el ocurso inicial, los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, así como la constancia de notificación del agente del Ministerio Público del Federación adscrito,. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias de que se trata. Se abre el periodo probatorio. Se da cuenta con las pruebas existentes en este juicio. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas y desahogadas las probanzas de que se trata, las que se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno, con lo que concluye la etapa que nos ocupa. A continuación, se abre el periodo de alegatos. Se hace constar que la agente del ministerio público federal formuló alegatos. El Juez acuerda: Ténganse por reproducidas sus manifestaciones y por perdido el derecho de las demás partes sobre el particular. Con lo anterior se da por terminada la fase de mérito y, consecuentemente, la presente audiencia pública, motivo por el cual lo conducente ahora es dictar el fallo relativo.VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación del juicio de amparo. Mediante escrito presentado el veintisiete de junio de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, con sede en esta ciudad, Gabriel Campos Vera, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que enseguida se digitalizan: En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló que los derechos humanos que, en su concepto, se violaron son los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17 y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite. La demanda de amparo se turnó a este Juzgado Federal. Por acuerdo de veintiocho de junio de dos mil veintidós, fue admitida en sus términos y se ordenó la formación del expediente relativo, registrándose con el número 1018/2022-VI, motivo por el cual se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional, se solicitaron los informes justificados correspondientes, se emplazó a la parte tercero interesada y se dio vista al Ministerio Público de la Federación. Seguido que fue el juicio por las fases procesales respectivas, tuvo verificativo la audiencia constitucional. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como del Acuerdo General 3/2013, en relación con el Acuerdo General 28/2016, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues, aunado a que los actos reclamados en este juicio corresponden a la vía indirecta, además su ejecución podría tener lugar en territorio donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación del acto reclamado en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación y rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511.) "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255.) Así pues, el detenido examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, se desprende que la parte quejosa en esta vía reclama lo siguiente: i. La orden de aprehensión librada en su contra, dentro de la causa penal 363/2022; y, su ejecución. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte gestora del amparo, lo procedente es examinar la existencia del acto de que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, que es del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto atribuido a la autoridad responsable Juzgado de Primera instancia en Materia Penal del sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de San Pedro, Coahuila de Zaragoza, pues al rendir su respectivo informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado que se le atribuye, consistente en la orden de aprehensión librada en contra del quejoso. Lo cual, sin duda, es una confesión expresa con valor probatorio pleno para tener acreditados los actos de que se trata, en términos de los artículos 199 y 200, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. Al efecto, cabe invocar la tesis de jurisprudencia setecientos cuarenta y nueve, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, que es del tenor que sigue: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Esta confesión, lejos de estar desvirtuada o contradicha en el juicio de amparo, se encuentra corroborada con las constancias que remitió la autoridad judicial responsable, relativa a la orden de aprehensión dictada en la causa penal 363/2022 y el disco versátil digital (DVD), que en copia certificada fueron allegados a este juicio; a los que por tener la calidad de documentos públicos, se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, mismas que resultan aptas para acreditar la existencia del acto reclamado. Aplica al caso la jurisprudencia 1a./J.43/2013, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, visible en la página 703, de contenido y rubro siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Lo anterior además con apoyo en la Jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, con el rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por lo anterior, no hay duda de que en este juicio de amparo quedó plenamente demostrada la existencia del acto reclamado por la parte quejosa, desde luego, en los términos de que se trata, por lo cual lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. CUARTO. Causales de improcedencia del juicio. Por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causales de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. Luego, al no advertirse causal de improcedencia ni alegada por las partes, resulta procedente analizar los conceptos de violación que formula la parte quejosa. QUINTO. Conceptos de violación. No se transcriben los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, atento a que no existe precepto legal alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, mayo de dos mil diez, página ochocientos treinta, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SEXTO. Decisión judicial. Son infundados los conceptos de violación que se plantean en la demanda de amparo sin que se advierta deficiencia de la queja que se deba suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. A fin de justificar lo anterior, es pertinente precisar que por decreto de reforma y adición publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, el Constituyente Permanente determinó reformar, entre otros, los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para introducir el sistema procesal penal acusatorio con sus efectos inmediatos: (oralidad, publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación). La reforma procesal penal tiene como finalidad que con la aplicación de dichos principios se cumpla con los objetivos del sistema penal acusatorio que son: determinar la verdad real, histórica o procesal, determinar la existencia de un hecho típico, identificar a su autor, resolver el conflicto suscitado entre las partes, procurar efectivamente la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido, aplicar a favor de las partes e intervinientes los principios del debido proceso, reconociendo los principios y derechos procesales, dar celeridad al proceso con la aplicación reglada de los criterios de oportunidad y las formas alternativas de solución de conflictos, así como facilitar con la admisión de cargos del procedimiento abreviado. En tal virtud, se cambiaron los estándares probatorios que conforme al sistema penal inquisitorio se exigen para el dictado de una orden de aprehensión e incluso, de un auto de formal prisión, el cual conforme al sistema penal acusatorio se denomina auto de vinculación a proceso. En ese orden de ideas, de lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de las aludidas reformas el Constituyente Reformador, entre otras cuestiones, determinó la no formalización, en principio, de las pruebas en la fase de investigación del procedimiento penal, bajo el sistema acusatorio, salvo excepciones, basándose sólo en el grado de razonabilidad de los datos que establezcan que se ha cometido un hecho y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió; el impedimento a los Jueces del proceso oral para revisar las actuaciones practicadas en la indagatoria con el fin de evitar que prejuzguen, manteniendo con ello la objetividad e imparcialidad de sus decisiones; así como el principio de igualdad y contradicción dada la horizontalidad de la posición de las teorías del caso y de los contendientes; por una parte el agente del Ministerio Público, víctima u ofendido y por otra el imputado y la defensa, en relación a un hecho o hechos que la ley señale como delitos (hecho ilícito, núcleo del tipo), y exista la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión, ya que así se advierte de la redacción del citado numeral que a la letra dispone: "Artículo 16 (.) No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. (.)." De lo anterior, se advierte que basta que el órgano de acusación presente al juzgador, datos que establezcan la realización concreta del hecho que la ley señala como delito y la probable intervención del imputado en el mismo, sea como autor o como partícipe, para el libramiento de una orden de aprehensión. En ese orden de ideas, para el dictado de una orden de aprehensión dentro del sistema penal acusatorio, el Juez de garantía debe analizar y resolver, únicamente con base en los datos de investigación que en la solicitud de una orden de aprehensión haga referencia el Ministerio Público, o bien, con los que se desahoguen en la aludida audiencia, ya que únicamente en el caso de que exista controversia entre los intervinientes, respecto del contenido de la carpeta de investigación, podrá acceder a esta última. En la especie, de la audiencia oral de veintiuno de mayo de dos mil veintidós, presidida por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de San Pedro, Coahuila de Zaragoza, relativa a la solicitud de orden de aprehensión por parte de la fiscalía imputadora y el libramiento de la misma, por hechos constitutivos del delito de violación impropia de persona menor de quince años con instrumento distinto al natural, previsto y sancionado en el artículo 229, fracción II, del Código Penal vigente para el Estado de Coahuila. Como está demostrado con la videograbación de la audiencia reclamada, el juez responsable ordenó la aprehensión del quejoso instruida en su contra por hechos constitutivos del delito de violación impropia de persona menor de quince años con instrumento distinto al natural, previsto y sancionado en el artículo 229, fracción II, del Código Penal vigente para el Estado de Coahuila, en virtud de la solicitud de la agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Litigación ;esa I de San Pedro, Coahuila, en términos del numeral 141 y 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales; medio de conducción al procedimiento, que se dio de esa manera en atención a que la representación social imputadora advirtió en su petición la necesidad de cautela. De igual manera, a efecto de cumplir con lo establecido por el numeral 142, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la representación social en su solicitud de orden de aprehensión, hizo una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada de forma precisa en los datos de prueba recabados en su carpeta de investigación, exponiendo al juez de control responsable, las razones por las que consideró actualizadas las exigencias señaladas en el numeral 141, del mencionado ordenamiento legal. Así las cosas, el juez de control responsable, resolvió sobre la solicitud de orden de captura en la misma audiencia pronunciándose sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud; ello, exclusivamente con la presencia de la representación social, como se advierte de la reproducción del disco óptico acompañado como sustento del acto reclamado. Por lo que, la autoridad judicial responsable, una vez analizada la petición de la Representación Social, estimó correctamente que la misma era procedente, toda vez que fundó y motivó su resolución sustancialmente en lo siguiente: 1. Que existe un hecho que la ley señala como delito, particularmente el de violación impropia de persona menor de quince años con instrumento distinto al natural, previsto y sancionado en el artículo 229, fracción II, del Código Penal vigente para el Estado de Coahuila, toda vez que Gabriel Campos Vera, el catorce de mayo de dos mil veintidós, en la casa de su abuela metió sus dedos en la vagina de la víctima, lo cual corroboró con el dictamen médico, acta de nacimiento de la menor, entrevistas de la abuela y la mamá de la niña, dictamen criminalística de campo y dictamen psicológico. 2. La probable responsabilidad de Gabriel Campos Vera, en la comisión del delito de particularmente el de violación impropia de persona menor de quince años con instrumento distinto al natural, previsto y sancionado en el artículo 229, fracción II, del Código Penal vigente para el Estado de Coahuila, toda vez que con la entrevista de la menor bajo el protocolo de Michigan se actualiza su probable participación en la comisión del delito. 3. En cuanto a la necesidad de cautela, se actualiza con la entrevista de la abuela de la menor, pues Gabriel Campos Vera, fue corrido por la misma del domicilio y ya no ha regresado al domicilio y que ellos viven en Estados Unidos y que solamente regresan a San Pedro de forma esporádica. En tal virtud, al cumplirse los requisitos del artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a su legalidad y necesidad de cautela, además conforme lo dispuesto en los numerales 141, 142 y 143, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Juez de Control del Estado correctamente libró orden de aprehensión en contra del quejoso por su probable participación en la comisión del hecho constitutivo del delito de violación impropia de persona menor de quince años con instrumento distinto al natural, previsto y sancionado en el artículo 229, fracción II, del Código Penal vigente para el Estado de Coahuila. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Gabriel Campos Vera, contra el acto reclamado a las diversas autoridades responsables, por los motivos vertidos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Oficio. Visto lo de cuenta, se ordena agregar a los autos el oficio del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de San Pedro de las Colonias, Coahuila, mediante el cual remite la constancia de emplazamiento efectuado a la víctima/ofendido en su carácter de tercero interesado. Acuerdo. Suprímanse los anexos del oficio de cuenta en el expediente digital y respecto al expediente físico no sean integrados al mismo, por contener datos de sigilo para el presente asunto. Notifíquese.
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