Gabriel Campos Torres
Expediente 389/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 389/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 15/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Gabriel Campos Torres
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, quince de mayo de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio 836 signado por la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, remite testimonio de la ejecutoria dictada en el recurso de queja 110/2017, interpuesto por Gabriel Campos Torres, por su propio derecho y en su carácter de Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, concluyendo con el punto resolutivo que es del tenor siguiente: "Único. Es infundado el presente recurso de queja." En mérito de lo anterior, remítase copia autorizada del presente proveído a la Superioridad, en vía de acuse de recibo de la ejecutoria dictada en el recurso de queja 110/2017. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, tomando en consideración que en el presente juicio se interpuso recurso de queja en contra del auto de ocho de marzo del año en curso, por el cual se desechó de plano de demanda de amparo promovida por Gabriel Campos Torres, por propio derecho y en su carácter de Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos y el Tribunal de Alzada, declaró infundado el recurso de queja, por consiguiente, de acuerdo al supuesto previsto en la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintisiete de marzo de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el escrito signado por Rafael Franco Melgarejo, autorizado del quejoso GABRIEL CAMPOS TORRES, mediante el cual señala las copias certificadas que deberán remitirse al Tribunal de Alzada, que conocerá del recurso de queja interpuesto mediante auto de diecisiete de marzo de dos mil diecisiete; agréguese únicamente a los autos para que obre como legalmente corresponda, ya que si bien, mediante auto de diecisiete de marzo actual, se asentó que la quejosa no señaló las constancias para remitir, este Juzgado remitió testimonio certificado con la totalidad de las constancias que integran el presente juicio de amparo. Por otra parte, se tiene por recibido el oficio signado por la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, mediante el cual, acusa recibo de las constancias relativas al juicio de amparo 389/2017-IV, asimismo, informa que por acuerdo de veintitrés de marzo actual, se admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, quedando registrado el expediente 110/2017; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE...
- Principal
En diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, el Secretario Jadilson Alonso Navarro, Encargado del trámite de la sección de Amparo, CERTIFICA: que los datos, fechas e información plasmados en el presente proveído los constaté personalmente y bajo esas circunstancias, doy cuenta con la promoción registrada con folio 12173 y 12876.- Conste. Cuernavaca, Morelos, diecisiete de marzo de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por medio del cual informa que no ha recibido el exhorto 54/2017-JE4, asimismo, solicita a este juzgado remita las constancias referentes al exhorto citado; el que se ordena agregar a los autos para que obre como legalmente corresponda. En atención a lo solicitado por la autoridad responsable, remítase copia certificada de las constancias que refiere en su oficio de cuenta, para los efectos legales correspondientes. Por consiguiente, requiérase a la Presidenta de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, para que dentro del término de tres días, siguientes a las que reciban el oficio en el que se le transcribe el presente proveído remita copia certificada del acuerdo que haya recaído al exhorto 54/2017JE-4, que remitió la Presidenta de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México. Apercibido que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 237 de la ley de la materia, con relación con el diverso artículo 259 . NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el Licenciado Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por licencia del titular en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación así determinada por oficio CCJ/ST/0506/2017 signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal el treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, ocho de marzo de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el escrito presentado por ********************, por su propio derecho y en su carácter de Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, contra actos de CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS y otras autoridades. Fórmese el expediente respectivo y regístrese bajo el número de orden que lo corresponde 389/2017-IV. DESECHAMIENTO. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la actual Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo DESECHARÁ DE PLANO. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta: Esta lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo interpuesta por los promoventes, La parte quejosa señala como actos reclamados lo siguiente: IV.- ACTOS QUE SE RECLAMAN: .. DE LA AUTORIDAD ORDENADORA, 1.- EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, LA INCONSTITUCIONAL CREACIÓN DEL ARTÍCULO 124 FRACCIÓN I DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, POR: A- LA FALTA DE INICIATIVA DE LEY EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 42 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. B.- EL TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN O COMISIONES LEGISLATIVAS ASÍ COMO LA FALTA DE DICTAMEN EMITIDO POR ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO. C.- LA FALTA DE TRÁMITE ANTE EL PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, ASÍ COMO LA FALTA DE APROBACIÓN POR EL PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, POR LAS DOS TERCERAS PARTES DE LOS DIPUTADOS INTEGRANTES, EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 44 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, ASI COMO SUS EFECTOSY CONSECUENCIAS. 2.- EL GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, LA SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL TIERRA Y LIBERTAD DEL ARTÍCULO 124 FRACCIÓN I DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS 44, 47 Y 70 FRACCIÓN XVII INCISO A). DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, ASI COMO SUS EFECTOS Y CONSECUENCIAS. 3.- EL SECRETARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, LA FALTA DE REFRENDO Y PUBLICACIÓN EN ELPERIÓDICO OFICIAL TIERRA Y LIBERTAD DEL ARTÍCULO 124 FRACCIÓN I DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO; 76 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, ASI COMO SUS EFECTOS Y CONSECUENCIAS. 4.- EL DIRECTOR DEL PERIODICO OFICIAL, TIERRA Y LIBERTAD ORGANO DE INFORMACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, LA PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL TIERRAY LIBERTAD DEL ARTÍCULO 124 FRACCIÓN I DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, ASI COMO SUS EFECTOSY CONSECUENCIAS. 5.- EL SECRETARIO DE TRABAJO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, LA FALTA DE REFRENDO DEL ARTÍCULO 124 FRACCIÓN I DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 76 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, ASI COMO SUS EFECTOSY CONSECUENCIAS. 6.- DEL PLENO DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILLACLÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS: A QUIEN RECLAMO EL INCONSTITUCIONAL ACUERDO DE FECHA VEINTISÉIS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE DENTRO DEL JUICIO LABORAL 01/577/06 EN EL CUAL SE ME HACE DEL CONOCIMIENTO QUE EN DICHO ACUERDO SE ME APERCIBE QUE SE ME IMPONDRA UNA MULTA COMO TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA. MORELOS. ASÍ COMO LO MANIFIESTA EL ARTÍCULO 124 FRACCIÓN I DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS Y DE IGUAL FORMA. ASÍ COMO SUS EFECTOSY CONSECUENCIAS. B.- AUTORIDADES EJECUTORAS: 7.- PRESIDENTE EJECUTOR DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILLACLÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS, A QUIEN RECLAMO LA INMINENTE APLICACIÓN DE LA NORMA GENERALIDAD TILDAD NSTITUCIONAL Y ORDEN DE EJECUTAR LOS ACTOS RECLAMADOS EL CUAL LO CONSTITUYE EL ACUERDO DE FECHA VEINTISÉIS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE DICTADO DENTRO DEL EXPEDIENTELABORAL 01/577/06; EN EL CUAL SE ME APERCIBEQUE SE ME IMPONDRA UNA MULTA DE QUINCE SALARIOS MINIMOS EN EL CARGO DE TESORERO MUNICIPA( DEL AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA MORELOS, EN TERMINOS DE LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 124 FRACCIÓN I DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS. ASÍ COMO SUS EFECTOSY CONSECUENCIAS Y LAS INMINENTES ÓRDENES DE EJECUTAR LOS ACTOS RECLAMADOS ASI COMO SUS EFECTOS Y CONSECUENCIAS. 8.- ACTUARIO TRIBUNAL ESTATAL DE CONCLLLACIÓN ARBITRAJE DEL ESTADO: A QUIEN RECLAMO LA INMINENTE APLICACIÓN DE LA NORMA GENERALTILDAD DE INCONSTITUCIONAL Y ORDEN DE EJECUTAR LOS ACTOS RECLAMADOS EL CUAL LO CONSTITUYE EL INCONSTITUCIONAL ACUERDO DE FECHA VEINTISÉIS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE DICTADO DENTRO DEL EXPEDIENTELABORAL 01/577/06. EN EL CUAL SE ME APERCIBE SE ME IMPONDRA UNA MULTA AL CARGO QUE REPRESENTO COMO TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, MORELOS. EN TERMINOS DE LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 124 FRACCIÓN I DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS. ASÍ COMO SUS EEFECTOSY CONSECUENCIAS Y LAS INMINENTES ÓRDENES DE EJECUTAR LOS ACTOS RECLAMADOS. ASI COMO SUS EFECTOSY CONSECUENCIAS. Ahora bien, el quejoso refiere que en auto de veintiséis de febrero del año dos mil quince, se le apercibe con que se le impondrá una multa al cargo que representa como Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, con fundamento la fracción I del artículo 124 de la ley del servicio civil, asimismo, de las constancias allegadas por el quejoso, se advierte que en el citado acuerdo, se precisó lo siguiente: ".se comisiona al C. Actuario adscrito a este Tribunal para que asociado de la actora Lucia Virginia Meza, se constituyan en el domicilio de la demandada H. Ayuntamiento Constitucional de Cuautla, Morelos y le requiera de pago y para el caso de existir negativa, se le apercibe, se procederá conforme a lo dispuesto por el artículo 124 fracción I de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. . haciendo del conocimiento que el requerimiento y cumplimiento de laudo emitido por este Tribunal debe ser a cargo del Tesorero del H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, apercibido de que en caso de no hacerlo dentro del término legal concedido para tal efecto se dará cuenta al Pleno de este H. Tribunal para que se les haga efectiva la aplicación del artículo 124 fracción I, a dicho funcionario, consistente en una multa de quince salarios mínimo." Luego entonces, este Juzgado Federal advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 61, fracción XXIII, y el artículo 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, los citados preceptos, establecen lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." La disposición imperativa de la fracción XXIII transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo que no se ubican en ninguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación, del artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo que a la letra se dispone: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]". En efecto, el artículo 5°, de la Ley de Amparo, define las partes en el juicio de garantías y establece que el quejoso es aquél quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por ello, quien ejerza la acción constitucional y no reúna tales características, el juicio será improcedente al tenor de lo dispuesto por el numeral 61, fracción XII, de la Ley de la Materia, al disponer la improcedencia del juicio de amparo: "Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;."., lo cual es acorde con lo dispuesto en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, que establece, como principio esencial del juicio de amparo, que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada. Ese lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, ya que no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. En el caso, el peticionario de amparo reclama el apercibimiento que se le formuló, -en caso de incumplimiento- con base en el artículo 124, fracción I, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, por parte del Actuario adscrito al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, al requerirle en su carácter de Tesorero Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Cuautla, Morelos, el pago a favor del trabajador dentro del expediente laboral número 01/577/06, en cumplimiento al acuerdo dictado el veintiséis de febrero del año dos mil quince. Sin embargo, dicho apercibimiento consistente en el apercibimiento de multa, no es susceptible de combatirse en esta instancia constitucional, al no producir por el momento una afectación actual, real y directa, por ser un acto futuro e incierto que está condicionada a que el obligado, en este caso, el inconforme con la calidad de servidor público municipal, cumpla o no con la medida, así como de que la autoridad decida llevar a cabo lo ordenado en cuanto a imponer efectivamente los apercibimientos con que se les mediante auto de veintiséis de febrero del año dos mil quince, por lo que tal acto no es inminente, y por ende, resulta improcedente el juicio de amparo que se intenta, en términos de los numerales antes invocados, en relación con la fracción XXIII, del ordinal 61, de la Ley de la Materia, dicho de otro modo, es incierto que se haga efectivo el apercibimiento de multa realizado a Tesorero Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Cuautla, Morelos; pues tal evento depende, a saber: 1.-De la actividad previa del propio peticionario frente al mandato judicial, es decir, cuando el Actuario adscrito a la autoridad responsable, le requiera del cumplimiento de pago y éste se niegue a dicho pago. 2.- El Actuario de cuenta al Presidente Ejecutor de dicha contumacia. 3.- Que el Presidente Ejecutor determine que sí es procedente aplicar alguna de las fracciones del artículo 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y, en su caso, convoque al Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje para que en sesión determinen hacer efectivo el apercibimiento consistente en la multa. 4.- En sesión de Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del estado de Morelos, decidan ejercer o no las atribuciones que les confiere la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y hagan efectivo dicho apercibimiento y ordenen se multe al infractor. Al respecto, se aplica por analogía la jurisprudencia número PC.I.L. J/14 L (10a.), emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 2321, del Libro 26, Enero de 2016, Tomo III, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "MULTA. APERCIBIMIENTO DE. NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN ACTUAL, REAL Y DIRECTA, POR SER UN ACTO FUTURO E INCIERTO, QUE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El apercibimiento de multa en caso de incumplimiento a lo ordenado por una Autoridad no produce una afectación actual, real y directa al impetrante, conforme al artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ni constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, en razón de que la imposición de multa no se decreta como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que el obligado cumpla o no con la medida, así como de que la Autoridad decida llevar a cabo lo ordenado, por lo que no es inminente, al no existir certeza de que se va a ejecutar; lo cual actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral citado, pues basta el escrito de demanda para tener conocimiento de cuál es el acto reclamado y advertir su naturaleza, por lo que, aun sustanciándose el procedimiento no sería posible arribar a una convicción diversa con los elementos que pudieran aportar las partes; lo que da lugar al desechamiento de la demanda con fundamento en el artículo 113 de la misma ley." Ahora bien, y en virtud de la conclusión alcanzada, se hace extensivo el desechamiento anterior, respecto del artículo 124 fracción I de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, tildado de inconstitucional, pues no puede desvincularse el estudio de la ley del que concierne a su aplicación, pues éste es precisamente el que causa perjuicio al particular y no la ley por sí sola considerada en abstracto, tomando en consideración que el ordenamiento que aquí se impugna, tiene la característica de heteroaplicativa, tal y como lo reclama la parte quejosa en la presente instancia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, el siguiente criterio jurisprudencia, con el rubro y texto siguientes: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." Al igual que la tesis de jurisprudencia con el rubro y texto siguientes: "LEYES O REGLAMENTOS. AMPARO PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACION. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación, necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación." Sirve de apoyo por analogía la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE. EL AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN AQUÉL SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA DEFINITIVA, A PESAR DE QUE SE IMPUGNE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. El procedimiento administrativo de ejecución regulado por los artículos 145 a 196 del Código Fiscal de la Federación no tiene como finalidad la resolución de alguna controversia entre partes contendientes, por lo que en rigor no puede decirse que se trate de un procedimiento seguido en forma de juicio, en los términos literales del artículo 114, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, pero consta de una serie coherente y concordante de actos tendientes a la obtención ejecutiva del cumplimiento de una obligación con base en una liquidación firme que constituye la prueba legal de la existencia del crédito, de su liquidez y de su inmediata reclamación y, como tal, presupuesto formal del comentado procedimiento de ejecución, similar en estos aspectos a una sentencia ejecutoriada. Por tanto, se justifica que el juicio de amparo sólo pueda promoverse hasta que se dicte en el citado procedimiento de ejecución fiscal la resolución con la que culmine, es decir, la definitiva en que se apruebe o desapruebe el remate, pudiéndose reclamar en tal oportunidad todas las violaciones cometidas dentro de dicho procedimiento. De lo contrario, si se estimara procedente el juicio de garantías contra cada uno de los actos procesales de modo aislado, se obstaculizaría injustificadamente la secuencia ejecutiva, lo cual no debe permitirse aunque se reclame la inconstitucionalidad de las leyes que rigen ese procedimiento, ya que de la interpretación relacionada de la citada fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, acerca de que el amparo contra remates sólo procede contra la resolución definitiva que los apruebe o desapruebe, y de la fracción III del mismo precepto legal, se desprende que, en lo conducente, la intención del legislador ha sido la de que no se entorpezcan, mediante la promoción del juicio constitucional, los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas, a pesar de que éstas no deriven de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, por lo que operan las mismas razones para sostener que, tratándose del mencionado procedimiento, el juicio de amparo puede promoverse hasta que se dicte la última resolución que en aquél se pronuncie." Como consecuencia, al surtirse en forma manifiesta e indudable las causales de improcedencia precisadas con anterioridad, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por ********************, por su propio derecho y en su carácter de Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, en términos del artículo 113 de la propia ley. DOMICILIO PROCESAL Y PERSONAS AUTORIZADAS. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa, asimismo, se tiene por autorizados para tales efectos a Claudia Cejudo Ramírez, Judith Yahaira Millán Fuentes, Arturo Campos García y Jozue Hernández Ángeles, toda vez que no acreditan ante este Juzgado Federal, ni en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de conformidad con el Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, estar debidamente autorizados para ejercer la profesión de abogado como lo exige el artículo 12 de la Ley de Amparo, por lo que una vez que registre su cédula profesional y se haga del conocimiento de lo anterior a este tribunal, se proveerá de nueva cuenta sobre el carácter y facultades con las que en el caso concreto se le autoriza y en tanto no exista este último acuerdo, se insiste, sólo será para efectos de oír y recibir notificaciones. En términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, únicamente se tiene a Alejandro Luna Maldonado y Rafael Franco Melgarejo. GRATUIDAD EN EL SERVICIO. Por último, se recuerda a las partes que de conformidad con lo que dispone el artículo 17 de la carta magna, todos los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos; asimismo, se indica que las promociones que dirija a este juicio de amparo, deben contener el número de expediente y mesa de trámite. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA...
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