Gabriel Bustos Martínez
Expediente 670/2017 tramitado ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 8 actuaciones registradas, la última del 30 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 670/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 30/07/2018
Partes del expediente
- Gabriel Bustos Martínez
- Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Juicio de Amparo Directo
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a treinta de julio de dos mil dieciocho. Vista la certificación hecha por la secretaria, en la que se hizo constar que transcurrió el plazo de quince días que concede el artículo 202 de la Ley de Amparo, a las partes para inconformarse contra la resolución en la que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, sin que hayan hecho manifestación alguna; consecuentemente, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena su archivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Finalmente, atendiendo a lo previsto en el punto cuarto del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la valoración de los expedientes judiciales y auxiliares, en relación con el Acuerdo General Conjunto 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, cabe señalar que este expediente no tiene relevancia documental y es depurable, lo que deberá anotarse en su carátula, así como la fecha del presente proveído. Notifíquese.
- Juicio de Amparo Directo
Razón. El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, la Secretaria de Acuerdos de este Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, da cuenta al magistrado presidente con el estado que guardan los presentes autos del juicio de amparo directo 670/2017, en etapa de cumplimiento.- Conste. Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintinueve de junio de dos mil dieciocho. Visto, el estado que guardan los autos del que se advierte que sólo la parte quejosa ejerció su derecho a manifestar lo atinente al cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada por este órgano jurisdiccional, en el sentido de expresar su conformidad con el cumplimiento dado por la responsable. Ahora bien, para estar en aptitud de establecer si las actuaciones realizadas por la autoridad responsable cumplen con los lineamientos fijados en la sentencia de amparo, es preciso tomar en cuenta las premisas jurídicas y antecedentes que se exponen a continuación: En sesión de ocho de marzo de dos mil dieciocho ; este órgano jurisdiccional resolvió conceder la protección constitucional solicitada por la parte quejosa, para los siguientes efectos: 1) Deje insubsistente la sentencia que constituye el acto reclamado de fecha veintidós de septiembre de dos mil diecisiete; y, 2) Dicte otra en la que se pronuncie sobre la cuestión efectivamente planteada en el agravio hecho valer en revisión, considerando la verdadera intención de la recurrente, en cuanto al tema relativo a la acreditación, o no, del daño o perjuicio causado al Gobierno Estatal, como elemento para la imposición de la responsabilidad administrativa resarcitoria, y resuelva conforme a derecho. En cumplimiento a lo anterior, mediante oficio TJA/SGA/2056/2018, de dieciséis de abril de dos mil dieciocho , la Secretaria General de Acuerdos de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, con residencia en Toluca, remitió copia certificada de la sentencia de misma fecha, dictada en el recurso de revisión 609/2017, con la que pretende dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Sentencia de la que se destaca lo siguiente : 1) En el considerando "IV", se observa que la autoridad responsable dejó insubsistente la sentencia de veintidós de septiembre de dos mil diecisiete. 2) En el considerando "V" declaró fundados los agravios de la recurrente, aquí quejosa, en los que evidencia que respecto del bien mueble sobre el cual se le atribuyó falta de cuidado, se acreditó su existencia y que fue dado de baja mediante formato de mobiliario y equipo de oficina, con número de folio 279445 de veintiocho de agosto de dos mil quince, por lo que no se ocasionó ningún daño al erario público. 3) Agregó, que el supuesto menoscabo al patrimonio del Gobierno del Estado de México, se sustentó en el hecho de la "pérdida o extravío del sillón respaldo alto con número de inventario 0000464293, por lo que si en la especie se corroboró que a través de la documental denominada "Baja de Mobiliario y Equipo de Oficina" con número de folio 279445 de veintiocho de agosto de dos mil quince, Gabriela Bustos Martínez, acreditó la baja del sillón en comento por ser un bien inservible, era inconcuso que no era factible sustentar la supuesta pérdida o extravío y, por tanto, el daño atribuido a la servidora pública; y, 4) Concluyó, que al no haberse acreditado uno de los elementos de la responsabilidad administrativa de carácter resarcitorio, lo procedente era modificar la sentencia recurrida para el efecto de declarar la invalidez de la resolución de tres de febrero de dos mil diecisiete, dictada en el procedimiento administrativo CI/SGG/AU/001/2015, únicamente por cuanto hacía, a la responsabilidad administrativa de carácter resarcitoria, fincada a la quejosa en cantidad de $2,711.70 (dos mil setecientos once pesos 70/100 moneda nacional). Al respecto, se estima que el tribunal responsable emitió una sentencia acorde a los lineamientos dados en la parte considerativa del fallo protector. Lo anterior, pues, como se destacó, en los efectos de la ejecutoria de amparo se ordenó a la autoridad responsable que dejara insubsistente la resolución de veintidós de septiembre de dos mil diecisiete y, dictara otra, en la que, se pronunciara sobre la cuestión efectivamente planteada en el agravio hecho valer en revisión, considerando la verdadera intención de la recurrente, en cuanto al tema relativo a la acreditación, o no, del daño o perjuicio causado al Gobierno Estatal, como elemento para la imposición de la responsabilidad administrativa resarcitoria, y resolviera conforme a derecho. En ese contexto, en cumplimiento al fallo protector la sección responsable, dejó insubsistente la resolución reclamada y dictó otra en la que estudió el agravio ordenado, considerando la verdadera intención de la recurrente, en cuanto al tema relativo a la acreditación, o no, del daño o perjuicio causado al Gobierno Estatal, como elemento para la imposición de la responsabilidad administrativa resarcitoria, y resolvió conforme a derecho consideró. Con lo antes expuesto, se considera que la responsable cumplió los efectos precisados en la sentencia protectora. Por ende, con fundamento en los artículos 192, 196, último párrafo, y 214 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo. Finalmente, hágase saber la parte quejosa, y tercero interesado, que cuentan con un plazo de quince días para interponer inconformidad en contra de esta resolución, en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo. En apoyo a lo anterior, resulta aplicable la jurisprudencia número P./J.16/2013 (10), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto, es el siguiente: "INCONFORMIDAD EN EL AMPARO DIRECTO. PARA RESOLVERLA DEBE REALIZARSE UN EXAMEN COMPARATIVO GENERAL O BÁSICO ENTRE LAS CONDUCTAS SEÑALADAS POR EL ÓRGANO JURISDICCIONAL COMO EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO Y LAS ADOPTADAS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. La inconformidad prevista en el artículo 105, párrafo tercero, de la Ley de Amparo (vigente hasta el 2 de abril de 2013) constituye un medio de impugnación contra la resolución que tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, cuyo estudio atiende a la materia determinada por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia Federal; así, cualquiera de las partes que considere incorrecta la determinación en el sentido de que se ha cumplido la sentencia de amparo, puede interponer la inconformidad dentro de los 5 días siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución correspondiente. Ahora bien, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, para resolver la inconformidad contra la resolución de un Tribunal Colegiado de Circuito que tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, debe realizar un examen comparativo general o básico entre las conductas señaladas por el órgano jurisdiccional como efecto de la concesión del amparo y las adoptadas por la autoridad responsable para determinar si la decisión de cumplimiento del Tribunal Colegiado de Circuito se ajustó o no a derecho y así calificarla de infundada o fundada. Lo anterior, sin que en las consideraciones efectuadas al realizar dicho examen comparativo se prejuzgue sobre la legalidad de las consideraciones de la autoridad responsable, conservando las partes su derecho a interponer otros medios de impugnación, como el recurso de queja previsto en el artículo 95, fracción IX, de la referida Ley de Amparo o, en su caso, un nuevo juicio de amparo." De igual manera, hágase de su conocimiento que el aludido recurso, de interponerse, se sustanciará ante este tribunal colegiado, ya que derivado de la reforma de siete de septiembre de dos mil diecisiete, se adicionó la fracción IV del punto Octavo y se modificó el párrafo segundo y la fracción IV del punto Noveno del Acuerdo General número 5/2013, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservara para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados, dicho medio de impugnación procede contra las resoluciones de cumplimiento dictadas por los presidentes de los tribunales colegiados, y se resolverá por el Pleno del Tribunal Colegiado. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, así como por oficio a la autoridad tercera interesada y, en su oportunidad, archívese el presente asunto. Así lo acordó y firma David Cortés Martínez, magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, ante María Elena Vargas Burgos, secretaria de acuerdos que autoriza y da fe.
- Juicio de Amparo Directo
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a dieciséis de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio sin número suscrito por el Contralor Interno de la Secretaría General de Gobierno del Estado de México, por el cual pretende desahogar la vista concedida en auto de veinte de abril de dos mil dieciocho, respecto al cumplimiento que la autoridad responsable pretende dar a la ejecutoria en este juicio de amparo directo, presentados fuera del término previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, como se desprende de la certificación de cuenta, toda vez que el citado oficio fue presentado el quince de mayo de dos mil dieciocho, ante la oficialía de partes de este tribunal colegiado. Notifíquese. Así, lo acordó y firma David Cortés Martínez, magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, ante María Elena Vargas Burgos, secretaria de acuerdos que autoriza y da fe.
- Juicio de Amparo Directo
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a cuatro de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de la quejosa Gabriela Bustos Martínez, por propio derecho, mediante el cual desahoga la vista concedida en proveído de veinte de abril de dos mil dieciocho. Ahora bien, atento a su contenido, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene a la quejosa desahogando la vista concedida, respecto del cumplimiento que la autoridad responsable pretende dar a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo directo. Notifíquese.
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