Gabriel Brand Rodríguez
Expediente 1135/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1135/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Gabriel Brand Rodríguez
Actuaciones
- Principal
XI... Agréguese el escrito signado por el quejoso Gabriel ..., a través del cual desahoga la prevención ordenada en auto de once de septiembre actual, por lo que se provee lo siguiente: Vista de nueva cuenta la demanda de amparo promovida por el mencionado solicitante del amparo por propio derecho, contra los actos del Juez Décimo Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Nicolás Romero, Estado de México. Ahora bien, el acto que por esta vía de amparo se combate consiste en: La resolución dictada el quince de agosto de dos mil veintitrés, en el recurso de revocación que interpuso el aquí quejoso, contra el acuerdo de trece de julio de dos mil veintitrés, en el expediente 196/2022, que declaró parcialmente fundados los agravios que hizo valer; y ordenó correr traslado y emplazar como parte demandada a la sucesión de María Curbelo Viuda de Arizmendi y otros. En principio es menester verificar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. En ese contexto, como se precisó, la parte quejosa reclama en la presente instancia la resolución dictada el quince de agosto de dos mil veintitrés, en el recurso de revocación que interpuso el aquí quejoso, contra el acuerdo de trece de julio de dos mil veintitrés, en el expediente 196/2022, que declaró parcialmente fundados los agravios que hizo valer; y ordenó correr traslado y emplazar como parte demandada a la sucesión de María Curbelo Viuda de Arizmendi y otros. Del análisis integral de la demanda de garantías, de oficio se advierte actualizado el supuesto previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, toda vez que existen causas manifiestas e indudables de improcedencia, que dan lugar a su desechamiento de plano. En el particular se actualiza la hipótesis normativa contenida en el ordinal 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la ley de la materia, interpretada a contrario sensu. En ese contexto, en el presente asunto, es necesario destacar que para efectos de la procedencia de la acción constitucional, los actos dentro de juicio a que se refieren los numerales en comento, han sido precisados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquellos que afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afecten derechos adjetivos o procesales. .. Por lo que, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versa en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. En ese sentido, los diversos 107 fracción III, inciso b) Constitucional y 107 fracción V, de la Ley de Amparo, disponen que cuando se reclamen actos dentro del juicio, el amparo sólo procederá contra aquéllos cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido precisados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquellos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Carta Magna y nunca en los casos en que se refieran a aquellos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto respecto de cualquier acto dentro del juicio. Es decir, que procede éste solamente en contra de actos autoritarios que lesionen de manera directa derechos sustantivos de las partes y que trasciendan del ámbito puramente procesal para incidir en la esfera de derechos materiales de los gobernados, resultando por lo tanto improcedente el que se promueva en contra de los que únicamente los producen de carácter formal dentro del proceso que correspondan a las posiciones que las partes van adquiriendo con vista a la obtención de un fallo favorable, pues cuando este objetivo se obtiene, se extinguen aquellos derechos sin afectar los derechos fundamentales. De modo tal, que el concepto de irreparabilidad no consiste en la imposibilidad jurídica de que la violación de que se trate pueda ser analizada nuevamente al dictar la resolución, sino en que con motivo de sentencia favorable, no se actualice el daño o perjuicio, pues de acuerdo con los principios procesales de preclusión y firmeza de las resoluciones judiciales, no todas las actuaciones del procedimiento son reclamables en el amparo indirecto, ya que de otro modo se contravendría la regla del inciso a), fracción III, del artículo 107, Constitucional. En el caso, se estima actualizada la causal de improcedencia advertida porque del análisis integral del ocurso de garantías, se observa que la parte quejosa reclama esencialmente la resolución dictada el quince de agosto de dos mil veintitrés, en el recurso de revocación que interpuso el aquí quejoso, contra el acuerdo de trece de julio de dos mil veintitrés, en el expediente 196/2022, que declaró parcialmente fundados los agravios que hizo valer; y ordenó correr traslado y emplazar como parte demandada a la sucesión de María Curbelo Viuda de Arizmendi y otros. En las relatadas condiciones, se actualiza la causal de improcedencia advertida, en razón de que dicho acto reclamado no reviste el carácter de imposible reparación para considerar procedente el juicio de constitucional, pues conforme a la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto, establecida en los preceptos citados en párrafos precedentes, dicha actuación tiene el carácter de procesal y no trae como consecuencia una ejecución irreparable hacia la parte quejosa, en virtud de que el hecho de que haya emplazado a la sucesión mencionada, en sustitución de los inicialmente demandados, por ser un hecho notorio para el A quo, la existencia de dicha sucesión, no es un acto que afecta directamente alguno de los derechos sustantivos del gobernado como la vida, la libertad, la propiedad, entre otros, y que tutela la Constitución General de la República Mexicana; sino que, en el caso, salvaguarda derechos adjetivos de quien dio inicio a la contienda. Luego, debe decirse que tal acto no puede considerarse como emitido dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues sólo produce efectos formales, cuyas consecuencias son susceptibles de extinguirse con la sentencia que llegue a pronunciarse en el expediente de origen, en caso de no serle favorable al peticionario de amparo, y en el supuesto de no ser así, éste estará en aptitud de impugnar lo relativo, a través del juicio de amparo directo que promueva en contra de la misma. En efecto, los artículos 170 y 171, de la Ley de Amparo, se apoyan en el principio de economía procesal, pues lo que con ello se pretende evitar es la proliferación o una cadena interminable de juicios de garantías con motivo de diversas actuaciones procesales; es decir, el legislador de amparo ha pretendido evitar que las partes contendientes en un procedimiento seguido ante tribunales judiciales, laborales o administrativos puedan agotar el juicio de garantías tantas veces como violaciones se cometan en el procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la resolución del conflicto. Con lo anterior, se pretende así que continúe el curso del procedimiento, sin mayores trabas y que el afectado con el fallo correspondiente, al impugnarlo, pueda hacer valer al mismo tiempo las violaciones de fondo y tantas violaciones al procedimiento como estimara le hubieran sido cometidos. Por tanto, es evidente que tal acto reclamado, no debe considerarse como emitido dentro de un juicio que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, ya que no afecta directamente alguno de los derechos sustantivos de los gobernados, protegidos por las garantías individuales consagradas en la Carta Magna; que deba impugnarse a través del amparo indirecto, de conformidad con lo establecido por la fracción V, del ordinal 107, de la ley reglamentaria del juicio de garantías, interpretado a contrario sensu, sino que en todo caso, se combatirán hasta que se dicte la sentencia definitiva en la hipótesis que ésta sea desfavorable al afectado, mediante el juicio de amparo directo, a través del cual se podrá subsanar tal violación. Máxime que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido como regla excepcional para la procedencia del amparo indirecto, tratándose de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales que ordinariamente deben ser combatidas en amparo directo, cuando se reclame la sentencia definitiva; aquellos que por sus consecuencias, afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, y que la afectación no podría repararse aun obteniendo una sentencia favorable en el juicio de origen, por haberse consumado irreparablemente la violación a la garantía individual de que se trate; o aquellos actos procesales o formales, cuando afecten a las partes en grado predominante o superior, cuya violación sea de tal trascendencia y magnitud que justifique la procedencia del juicio de amparo biinstancial por tratarse de una acto de ejecución irreparable, hipótesis que en el caso a estudio tampoco se actualiza, de ahí la notoria improcedencia de la presente demanda de amparo en relación con el acto que se analiza. En consecuencia, al actualizarse de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia advertida, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo en relación con el 61, fracción XXIII, y el diverso 107, fracción V, aplicados a contrario sensu, del mismo ordenamiento, se desecha de plano la demanda de amparo.
- Principal
X... C. A.. Visto el escrito signado por la quejosa Sofía..., a efecto de acordarse, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Ahora bien, en atención a su contenido dígasele que no es posible acordar lo solicitado, toda vez que de conformidad al punto Décimo y Vigésimo Primero, fracción IV del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de fecha quince de octubre del año dos mil nueve, dictado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia y digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se ordenó la destrucción del expediente del que deriva este cuadernillo, la cual se materializó el cinco de septiembre dos mil veintidós.
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