Gabriel Bernardo Talamantes
Expediente 705/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 7 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 705/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 07/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Gabriel Bernardo Talamantes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio y anexo de cuenta, suscrito y enviado por el Actuario Judicial adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual transcribe auto de cinco de julio del presente año, e informa que ha quedado firme el auto de veinticuatro de junio del año en curso, por el cual se desechó por improcedente el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Acúsese recibo de estilo a la superioridad.
- Principal
Colegiado informa que desecha de plano, el recurso de revisión .
- Principal
En diez de septiembre de dos mil veinte En la ciudad de Chihuahua, capital del Estado del mismo nombre, siendo las once treinta horas del jueves diez de septiembre de dos mil veinte; fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 2133/2019, el licenciado Arturo Alberto González Ferreiro, Juez Segundo de Distrito en el Estado, asistido del Secretario licenciado Jonnathan Palma Ortiz, quien autoriza y da fe, la declara abierta sin la asistencia personal de las partes. DOCUMENTALES. Abierto el período probatorio, se da cuenta con las documentales que la parte quejosa anexó a su demanda de amparo, así como con las que la autoridad responsable anexó a su informe con justificación. PRUEBAS. Se tiene por hecha la relación de constancias, por rendido el informe justificado de la autoridad responsable antes citada y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 119 y 123, ambos de la Ley de Amparo, se admite y se tiene por desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, las pruebas documentales de mérito. ALEGATOS. En la etapa de alegatos se hace constar que no fueron formulados por las partes. CIERRE. A continuación y no habiendo pruebas pendientes de recibirse, sin alegatos de las partes, sin pedimento del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado en materia de amparo, el suscrito Secretario Encargado del Despacho, tomando en cuenta lo actuado, procede a dictar la siguiente resolución: V I S T O S; para resolver en sentencia definitiva el juicio de amparo indirecto 2133/2019, promovido por Adela García Gutiérrez, por su propio derecho. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, recibido en este Juzgado de Distrito el día hábil siguiente, Adela García Gutiérrez, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad y por los actos siguientes: La trasgresión a mis derechos humanos relacionados con la dignidad y subsistencia humanas, al perturbarme mi derecho al consumo de agua y en consecuencia a la salud, toda evz que me asiste ese derecho fundamental cosiste en el acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y domestico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. En específico los siguientes actos que constituyen consecuencia inmediata de los anteriores. SEGUNDO. Trámite del juicio. En proveído de dos de diciembre de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda, se registró el juicio en el libro de gobierno con el número correspondiente, se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito en materia de amparo, la intervención legal correspondiente, quien no formuló pedimento; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se desahogó al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal, 1°, fracción I, 37, 107, fracción I, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Cuarto Punto, fracción XVII, primer párrafo del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que el acto reclamado fue emitido por una autoridad que reside dentro del territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción y competencia. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previo a abordar lo relativo a la certeza de los actos reclamados, resulta necesario precisar cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que debe señalarse que para tales efectos se analiza en su integridad la demanda de garantías, atendiendo a la jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, página 32, que al rubro y texto, expresa: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 74.- Las sentencias deben contener: La fijación clara y precisa del acto reclamado;.". De la transcripción anterior se desprende que, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación, debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso, con la totalidad de la| información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Al caso concreto, es aplicable el criterio contenido en la tesis VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, página 255, cuya literalidad indica: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En cumplimiento a lo anterior, de la lectura cabal de la demanda de garantías y sus anexos, se advierte que los actos reclamados por la parte quejosa en esencia se hacen consistir en: El corte de suministro de agua potable en el domicilio ubicado en calle Anton Makarenko 69, colonia Tierra y Libertad de esta ciudad, derivado el contrato 137401, originado con motivo de un adeudo incorrecto, así como la exigencia de recibir solo el pago de la cantidad total. Lo anterior, atento a los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias de amparo. Sirve de sustento jurídico la jurisprudencia 55/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, correspondiente al mes de agosto de mil novecientos noventa y ocho, página 227, con el rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo". TERCERO. Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, al rendir informe justificado negó los actos que se reclaman. Sin embargo, dicha negativa se desvirtúa porque del contenido del propio informe se desprende que realizó manifestaciones que evidencian su certeza, pues señaló: ".nante la nula emisión de actos unilaterales a través de los cuales se crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular, sino que basó su actuación en estricto apego al contrato de adhesión existente,." Sirve de apoyo a lo anterior la tesis sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, localizada en la página 391, tomo XIV, de julio de 1994, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA." Máxime que la certeza de los actos reclamados a la autoridad responsable se corrobora con las constancias que exhibió la parte quejosa con su escrito de demanda, consistentes en el recibo de pago del contrato o137401, del medidor 245950, con vencimiento a partir del veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, documental que fuer exhibida en original, la cual tiene valor probatorio pleno de conformidad con lo que disponen los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2. CUARTO. Estudio de causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, lo procedente es analizar las causales de improcedencia, sea que las partes las hagan valer o que este órgano jurisdiccional de oficio las advierta, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 814, publicada en la página 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua aduce que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, de la Ley de Amparo, pues no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, toda vez que los actos que le reclaman los emitió en un plano de igualdad con la ahora quejosa. Da sustento a su argumento con la jurisprudencia siguiente: Época: Novena Época Registro: 189353 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIV, Julio de 2001 Materia(s): Constitucional Tesis: P./J. 92/2001 Página: 693 "AGUA POTABLE. CUANDO EL ESTADO PRESTA EL SERVICIO MEDIANTE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE ADHESIÓN, LA RELACIÓN JURÍDICA ENTRE LAS PARTES NO CORRESPONDE A LA DE SUPRA A SUBORDINACIÓN QUE EXISTE ENTRE UNA AUTORIDAD Y UN GOBERNADO, SINO A UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN VOLUNTARIA ENTRE EL PRESTADOR DEL SERVICIO Y EL PARTICULAR. Al constituir el suministro de agua potable la prestación de un servicio público por el Estado como medio para la realización de un fin, que es el interés general y que se lleva a cabo mediante la celebración de un contrato administrativo de adhesión, en el que se estipulan las obligaciones y contraprestaciones entre las partes, donde el prestador de servicios y el beneficiario adquieren derechos y obligaciones recíprocos, bajo condiciones que fija el proveedor, la relación jurídica existente entre el prestador y el usuario del servicio no corresponde a la que supone la garantía consagrada en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, a la existente entre una autoridad y un gobernado, sino a la de coordinación voluntaria y de correspondencia entre el interés del prestador del servicio de suministro de agua y el particular, y aun cuando la prestación del mencionado servicio público está sujeta a una contraprestación, consistente en el pago de una cantidad de dinero proporcional al servicio recibido, cuando aquél no se cubre, dará lugar a que el prestador del mismo ejerza la facultad legal de suspenderlo, acto que, al ser consecuencia del incumplimiento, no exige que deba cumplirse con la garantía de legalidad a que se refiere el artículo 16 de la propia Constitución Federal, pues la suspensión del servicio no es un acto de autoridad que deba estar fundado y motivado, sino que resulta del ejercicio de una facultad que se ejerce cuando se surte el incumplimiento del contrato. En estas condiciones, resulta inconcuso que el ejercicio de la facultad del prestador de servicios para suspender el suministro de agua potable a los usuarios, previo apercibimiento en los casos de falta de pago, o cuando se comprueben derivaciones no autorizadas o un uso distinto al convenido, de acuerdo con lo estipulado en el contrato de prestación de servicios, no implica que se prive al usuario de la vida, de la libertad, propiedades, posesiones o derechos, pues lo que acontece es una consecuencia lógica y jurídica del incumplimiento de un contrato de suministro de agua; de ahí que el prestador del servicio no tenga que acudir a los tribunales para exigir el cumplimiento del contrato, ya que, por regla general, en este tipo de relaciones jurídicas de adhesión se establece que si no se cubre el pago por el servicio, éste se suspenderá, previa oportunidad de cumplimiento de pago por el usuario, cuando se le aperciba de que se encuentra en los casos de suspensión. Además, si bien la falta de pago o la desviación, o uso indebido del agua, traen como consecuencia la suspensión del servicio, ello no se puede equiparar a la hipótesis de hacerse justicia por propia mano o de ejercer violencia para reclamar un derecho, prohibida en el numeral 17 de la Carta Magna, toda vez que dicha suspensión deriva del incumplimiento del contrato de suministro y adhesión y encuentra su fundamento en la ley relativa a la que esté sujeto." No obstante, es infundada la causal invocada por la responsable en atención a lo siguiente. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el Amparo en Revisión 1007/2016 en el que se señaló como acto reclamó el corte de suministro de agua y retiro del medidor de toma industrial "2" y cuyo problema jurídico fue determinar si fue correcta la resolución de la Juez de Distrito en la que consideró sobreseer en el juicio, teniendo por actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 5º, fracción II, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo, por considerar que al Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova y Frontera, Coahuila de Zaragoza, no le reviste carácter de autoridad para los efectos del amparo, determinó, en lo que interesa, lo siguiente: 1) A diferencia de la Ley de Amparo anterior, la vigente atribuye la calidad de autoridad, con independencia de la naturaleza formal del órgano o sujeto que emite el acto. Es decir, el concepto de autoridad responsable quedó desvinculado de su naturaleza formal y atiende ahora, al tipo de acto que se impugne, el cual debe ser susceptible de crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas, de forma unilateral y obligatoria, precisando que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. 2) Así, de conformidad con lo antedicho, a partir del tres de abril de dos mil trece, día en que entró en vigor la Ley de Amparo por disposición del artículo primero transitorio del decreto respectivo, para definir cuándo se está en presencia de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, debe cumplirse con los siguientes requisitos: La existencia de un ente y organismo del Estado, independientemente de su naturaleza formal; Que emita actos jurídicos, desde luego, derivados de las facultades que les confiera una norma jurídica u omita hacerlos; y Que cree, modifique o extinga una situación jurídica en forma unilateral y obligatoria. 3) Válidamente puede afirmarse que se está en presencia de un organismo del Estado, por lo que se cumple con el inciso a) antes señalado, consistente en que estemos ante un organismo del Estado, independientemente de su naturaleza formal. 4) Por lo que respecta al requisito contenido en el inciso b), éste también se actualiza en el caso del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova y Frontera, Coahuila de Zaragoza, [Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova y Frontera, Coahuila (SIMAS)], cuando se le reclama la aparente violación del derecho al agua al haber realizado un corte de suministro del servicio, porque el organismo actúa con base en las disposiciones contenidas en la Ley de Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza y el Decreto 300 sobre la creación del Organismo Público Descentralizado Intermunicipal para los Municipios de Monclova y Frontera, Coahuila, con personalidad jurídica y patrimonio propios, denominado "Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova y Frontera, Coahuila", que define las facultades y responsabilidades del mismo; y el Reglamento interior del citado organismo, que describe su estructura orgánica y funciones. 5) El Sistema Intermunicipal actúa con fundamento en una norma jurídica cuando corta el suministro de agua a un usuario, concretamente en el artículo 86 de la ley citada; lo que hace unilateralmente, puesto que no tiene la obligación de acudir a instancias jurisdiccionales para que se le autorice, ya que la ley le otorga directamente esas facultades, por lo que su actuar, además de unilateral, se convierte en obligatorio para éste y en ese sentido se da el supuesto del inciso c), para considerar que estamos ante la actuación de una autoridad para efectos del juicio de amparo. 6) No obsta lo dicho por la Juez de Distrito, en el sentido de que el organismo proporciona el servicio en términos del convenio que para tal efecto celebra con los gobernados, mediante la firma de un contrato de adhesión en el que las partes estipulan contraprestaciones y el corte de agua que realice será una consecuencia lógica y jurídica del incumplimiento de un contrato de suministro de agua de naturaleza comercial celebrado entre particulares, porque no se está ante un contrato de adhesión de naturaleza civil o mercantil en que se atienda a la voluntad de las partes, ya que no puede verse éste en forma aislada como si se tratara de un convenio de intereses particulares, ya que el documento de contratación del suministro de agua constituye un guión administrativo o contrato administrativo de adhesión que funciona únicamente como forma de expresión de voluntad del usuario para el acceso al sistema de suministro de agua, que es manejado por el organismo descentralizado mencionado, pero en el cual, no existe libertad contractual, pues las partes no pueden pactar las cláusulas a su conveniencia, ya que el contenido deriva directamente de las funciones y facultades establecidas en las leyes, reglamentos y decretos precitados. 7) Más allá de la relación que tengan las partes, los jueces de distrito deberán verificar si el acto que se reclama pudiera constituir una violación a los derechos humanos y dado que el derecho al agua ha sido reconocido como derecho humano primordial, es necesario garantizar la protección efectiva del mismo, y en ese sentido, es claro que cuando un ente u organismo -independientemente de su naturaleza jurídica o de la relación entre las partes-, puede, derivado de las facultades que le confiere una norma jurídica, afectar directamente el derecho humano al agua al realizar su corte, el juicio de amparo que se promueva contra ese acto, será procedente. Además, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó en la ejecutoria de referencia que tampoco resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 92/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de julio de 2001, de rubro: "AGUA POTABLE. CUANDO EL ESTADO PRESTA EL SERVICIO MEDIANTE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE ADHESIÓN, LA RELACIÓN JURÍDICA ENTRE LAS PARTES NO CORRESPONDE A LA DE SUPRA A SUBORDINACIÓN QUE EXISTE ENTRE UNA AUTORIDAD Y UN GOBERNADO, SINO A UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN VOLUNTARIA ENTRE EL PRESTADOR DEL SERVICIO Y EL PARTICULAR"; puesto que la acción de inconstitucionalidad de la que deriva correspondía a una interpretación anterior a la reforma constitucional en materia de derechos humanos de diez de junio de dos mil once. Circunstancia que se corrobora con el diverso criterio de contradicción de tesis del Pleno del Trigésimo Circuito, que es del tenor siguiente: Época: Décima Época Registro: 2012408 Instancia: Plenos de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 33, Agosto de 2016, Tomo III Materia(s): Común, Administrativa Tesis: PC.XXX. J/15 A (10a.) Página: 2190 "SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE. LA RELACIÓN JURÍDICA ENTRE EL CONCESIONARIO Y LOS USUARIOS DOMÉSTICOS, SE UBICA EN UN PLANO DE SUPRA A SUBORDINACIÓN, RESPECTO DE LOS ACTOS REALIZADOS POR AQUÉL RELACIONADOS CON EL COBRO Y SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES). El artículo 4o., sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adicionado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de febrero de 2012, reconoce el derecho de toda persona al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, así como la obligación del Estado de garantizarlo, el cual, en el ámbito local del Estado de Aguascalientes, se reglamenta en la Ley de Agua para esta entidad; de ahí que los actos emitidos por la concesionaria, que se subrogó en las obligaciones del ente del Estado para prestar el servicio y cumplir con ese derecho fundamental a favor de los particulares, se rigen por la normativa referida, que es la que debe prevalecer, y no por lo que pudiera fijarse en el contrato de adhesión por voluntad de las partes, como si se tratara de un acto de comercio. Por tanto, como los actos realizados por la concesionaria con motivo de la prestación del servicio de agua para consumo personal y doméstico, relacionados con el cobro y suspensión del suministro, se rigen por la legislación local, en particular, por sus artículos 20, 46, fracción I, 47, 96, 102 y 104, que regulan su actividad y fijan sus límites, es claro que gozan de unilateralidad y obligatoriedad, al estar investidos de potestad pública cuyo ejercicio es irrenunciable, en la medida en que con las condiciones y funcionamiento de la prestación del servicio, se crean, modifican o extinguen derechos de los usuarios y, por ende, se consideran emitidos en un plano de supra a subordinación, toda vez que el derecho humano de acceso al agua, garantizado para todas las personas mediante la prestación del servicio público de agua potable, está fuera del alcance de la voluntad contractual y, por tanto, se encuentra excluido del régimen del derecho privado, por lo que con independencia de que exista un contrato administrativo de adhesión, éste no puede prevalecer sobre lo que señalan la Constitución y la legislación mencionada; sin que resulte aplicable la jurisprudencia P./J. 92/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, julio de 2001, página 693, con el rubro: "AGUA POTABLE. CUANDO EL ESTADO PRESTA EL SERVICIO MEDIANTE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE ADHESIÓN, LA RELACIÓN JURÍDICA ENTRE LAS PARTES NO CORRESPONDE A LA DE SUPRA A SUBORDINACIÓN QUE EXISTE ENTRE UNA AUTORIDAD Y UN GOBERNADO, SINO A UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN VOLUNTARIA ENTRE EL PRESTADOR DEL SERVICIO Y EL PARTICULAR.", toda vez que ésta surgió antes de la mencionada adición constitucional y tomando como base que el suministro de agua sólo dependía del acuerdo de voluntades expresadas en el contrato administrativo de adhesión, sin considerar que la prestación de ese servicio obedece a un derecho humano que el Estado debe garantizar a los particulares." En el criterio transcrito se llegó a la misma conclusión porque en la jurisprudencia P./J. 92/2001, el Alto Tribunal analizó la norma Constitucional antes de la adición al artículo 4, sexto párrafo Constitucional, mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de febrero de dos mil doce. Siendo que en el caso, ese derecho fundamental al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico se encuentra reglamentado en la Ley de Agua del Estado de Chihuahua, por ello, los actos reclamados gozan de unilateralidad y obligatoriedad. Por ello, atento a lo determinado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este Juzgado de Distrito estima que no se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5º, fracción II, de la Ley de Amparo. Al no existir otro motivo de improcedencia que se actualice o que se haya hecho valer, se procede al estudio del fondo del asunto. QUINTO. Estudio sobre la constitucionalidad del acto. No se transcriben los conceptos de violación, toda vez que en la Ley de Amparo, no existe artículo alguno que obligue a ello. Lo anterior tiene sustento, en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor literal siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.". En su segundo concepto de violación, la quejosa argumenta que la autoridad responsable al emitir la resolución reclamada viola en su perjuicio la garantía consagrada en el numeral 16 de la Constitución, dado que la responsable no justificó el cobro que le exigen. Afirma lo anterior, porque la responsable no expuso de qué manera se tomó la lectura para calcular el consumo. En relación con el concepto de violación a estudio, se advierte que su causa de pedir está encaminada a combatir la indebida motivación en el acto reclamado, de ahí que el análisis correspondiente se hará bajo la óptica del mencionado artículo 16 constitucional, el cual dispone: "Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." Concerniente al derecho público subjetivo que se consagra en la norma constitucional que se invoca, en términos generales estatuye la garantía de legalidad que deben respetar las autoridades frente a los gobernados. En efecto, el precepto 16 constitucional establece en su primera parte que cualquier acto de autoridad que pueda implicar una molestia, debe reunir las siguientes formalidades: Constar por escrito. Provenir de autoridad competente. Fundar y motivar la causa legal del procedimiento. El primero de los requisitos en cuestión exige que la conducta de la autoridad conste por escrito, asegurando con ello la certeza sobre su existencia, y que el afectado conozca con precisión qué autoridad lo emitió, su contenido y sus consecuencias, y de esa manera sea factible su análisis y confrontación con las normas en que se debe fundar, para determinar su legalidad y, por ende, su constitucionalidad. El segundo, constituye sin duda el principio de legalidad que rige dentro del sistema jurídico mexicano, en el que las facultades de las autoridades deben reconocerse en una ley, lo que implica que su conducta se encuentra indefectiblemente subordinada a un ordenamiento de carácter general, abstracto e impersonal, requisito que sin duda debe contenerse de manera específica en el acto mismo de molestia, de modo tal que se otorgue al justiciable la oportunidad de verificar si la actuación de la autoridad se adecua exactamente a la norma, acuerdo o decreto que invocó, o que ésta sea contradictoria a la ley fundamental o secundaria, y en caso contrario, controvertir, además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la autoridad para emitirlo. Sustenta lo anterior la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 10/94 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doce del tomo 77, mayo de 1994, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dispone: "COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD. Haciendo una interpretación armónica de las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales, se advierte que los actos de molestia y privación deben, entre otros requisitos, ser emitidos por autoridad competente y cumplir las formalidades esenciales que les den eficacia jurídica, lo que significa que todo acto de autoridad necesariamente debe emitirse por quien para ello esté facultado expresándose, como parte de las formalidades esenciales, el carácter con que se suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que otorgue tal legitimación. De lo contrario, se dejaría al afectado en estado de indefensión, ya que al no conocer el apoyo que faculte a la autoridad para emitir el acto, ni el carácter con que lo emita, es evidente que no se le otorga la oportunidad de examinar si su actuación se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo, y es conforme o no a la Constitución o a la ley; para que, en su caso, esté en aptitud de alegar, además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la autoridad para emitirlo, pues bien puede acontecer que su actuación no se adecue exactamente a la norma, acuerdo o decreto que invoque, o que éstos se hallen en contradicción con la ley fundamental o la secundaria." También es aplicable la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 115/2005 de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, consultable en la página 310, tomo XXII, septiembre de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE. De lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia P./J. 10/94 del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número 77, mayo de 1994, página 12, con el rubro: "COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.", así como de las consideraciones en las cuales se sustentó dicho criterio, se advierte que la garantía de fundamentación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales que facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia de que se trate, al atender al valor jurídicamente protegido por la exigencia constitucional, que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios. En congruencia con lo anterior, se concluye que es un requisito esencial y una obligación de la autoridad fundar en el acto de molestia su competencia, pues sólo puede hacer lo que la ley le permite, de ahí que la validez del acto dependerá de que haya sido realizado por la autoridad facultada legalmente para ello dentro de su respectivo ámbito de competencia, regido específicamente por una o varias normas que lo autoricen; por tanto, para considerar que se cumple con la garantía de fundamentación establecida en el artículo 16 de la Constitución Federal, es necesario que la autoridad precise exhaustivamente su competencia por razón de materia, grado o territorio, con base en la ley, reglamento, decreto o acuerdo que le otorgue la atribución ejercida, citando en su caso el apartado, fracción, inciso o subinciso; sin embargo, en caso de que el ordenamiento legal no los contenga, si se trata de una norma compleja, habrá de transcribirse la parte correspondiente, con la única finalidad de especificar con claridad, certeza y precisión las facultades que le corresponden, pues considerar lo contrario significaría que el gobernado tiene la carga de averiguar en el cúmulo de normas legales que señale la autoridad en el documento que contiene el acto de molestia, si tiene competencia por grado, materia y territorio para actuar en la forma en que lo hace, dejándolo en estado de indefensión, pues ignoraría cuál de todas las normas legales que integran el texto normativo es la específicamente aplicable a la actuación del órgano del que emana, por razón de materia, grado y territorio." El último requisito exigido por el numeral invocado, consiste en que en todo acto de autoridad ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. De lo expuesto se obtiene que todo acto de autoridad dirigido a un particular debe hacerse por escrito, estar debidamente fundado y motivado, es decir, invocar los supuestos de la norma dentro de los cuales encuadran los hechos origen de tal acto, y además, la autoridad que lo emita debe acreditar su competencia especificando el o los preceptos de la ley que la regulan, dada la diferencia existente entre fundar el acto y justificar la competencia del funcionario que lo suscribe, pues para que éste adquiera eficacia legal, es indispensable que sea emitido por quien para ello se encuentre legitimado, circunstancia que se debe acreditar expresando, además del carácter de la autoridad que lo suscribe, el dispositivo legal, acuerdo o decreto que la faculte para tal efecto. Al respecto, se cita la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, tomo sesenta y cuatro, abril de mil novecientos noventa y tres, página cuarenta y tres, de epígrafe y sinopsis: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.- De acuerdo con el artículo 16 constitucional, todo acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, que también deben señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa. Esto es, que cuando el precepto en comento previene que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, está exigiendo a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de que ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. En materia administrativa, específicamente, para poder considerar un acto autoritario como correctamente fundado, es necesario que en él se citen: a).- Los cuerpos legales y preceptos que se estén aplicando al caso concreto, es decir, los supuestos normativos en que se encuadra la conducta del gobernado para que esté obligado al pago, que serán señalados con toda exactitud, precisándose los incisos, subincisos, fracciones y preceptos aplicables, y b).- Los cuerpos legales, y preceptos que otorgan competencia o facultades a las autoridades para emitir el acto en agravio del gobernado." En el caso, la accionante de amparo aduce que le están cobrando mensualmente un consumo de diez a doce metros cúbicos de agua potable para uso doméstico, cuando en realidad la lectura de su medidor es de 1.303 metros cúbicos de consumo, sin que exista un mandamiento debidamente fundado y motivado, que vive sola y que no le permiten hacer pagos parciales pues le exigen el total del adeudo. Ahora, de la documental que exhibió la quejosa con su escrito de demanda, que fue valorada en el considerando tercero, consistente en el recibo de pago del contrato o137401, del medidor 245950, con vencimiento a partir del veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, se desprende que le están cobrando la cantidad de $2,249.13 (dos mil doscientos cuarenta y nueve pesos 13/100 M.N.), precisando una lectura actual de 1,303 metros cúbicos, y que no ha pagado desde noviembre de dos mil diecinueve. Por su parte la autoridad responsable al rendir informe justificado, exhibió el estado de cuenta al catorce de enero de dos mil veinte, del contrato o137401, de la cuenta 4408888000008, a nombre, según su dicho, del difunto esposo de la quejosa Manuel Fernando Hernández González en la dirección calle Anton Makarenko 69, colonia Tierra y Libertad de esta ciudad, donde se advierten movimientos mensuales desde enero de dos mil once, los respectivos cargos con algunos pagos, y los saldos resultantes. También exhibió otro estado de cuenta al treinta de diciembre de dos mil diecinueve, del contrato o37401, de la cuenta 4408888000008, a nombre del difunto esposo de la quejosa Manuel Fernando Hernández González en la dirección calle Anton Makarenko 69, colonia Tierra y Libertad de esta ciudad, donde únicamente se advierten algunos cargos generados al treinta de diciembre de dos mil diecinueve y un total del adeudo de $3,156.00 (tres mil ciento cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.). Documentales que fueron exhibidas en copia certificada, las cuales tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo que disponen los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2, al ser expedidas por un funcionario público con facultades. Sobre el tema es importante destacar que de conformidad con la Lay de Agua del Estado de Chihuahua la autoridad responsable, puede determinar el cobro por el consumo de agua potable en uso doméstico, para lo cual debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 26 de ese ordenamiento legal, en el que se establece que se tomará como base los criterios de: a) porcentaje de incremento de los insumos; b) los costos de extracción de agua, según la zona; c) los incrementos en el costo por consumo de energía eléctrica; d) el pago de derechos federales de extracción; e) los gastos de operación; f) los gastos de saneamiento, entre otros. Del mismo modo, es necesario traer a contexto el contenido de los dispositivos 3, fracción XL, 4, 18, 20, 21 Bis, fracción XVI, 40, 45 y 47 de la Ley del Agua del Estado de Chihuahua, que prevén: "Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: [.] XL. USUARIO: Las personas físicas, los ejidos, las comunidades, las asociaciones, las sociedades y demás personas morales a las que la Ley reconozca personalidad jurídica, con las modalidades y limitaciones que establezca la misma, que reciban los servicios de abastecimiento de agua, alcantarillado sanitario, saneamiento y tratamiento de aguas residuales o el abasto de agua residual tratada." "Artículo 4.- Los servicios públicos de agua potable, alcantarillado sanitario, saneamiento, tratamientos de aguas residuales y disposición final de lodos, en los términos de la presente Ley, estarán a cargo de: I.- La Junta Central, a través de las juntas operadoras y comités del agua. II.- Los organismos operadores municipales, señalados en el Título Primero, Capítulo V de esta Ley." "Artículo 18.- Las juntas municipales de agua y saneamiento son organismos públicos descentralizados del Poder Ejecutivo, bajo la coordinación sectorial de la Junta Central, de conformidad con lo señalado en los artículos 42 y 43 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, facultados para la prestación de los servicios de agua, alcantarillado sanitario, saneamiento, tratamiento de aguas residuales y disposición final de lodos, requeridos dentro de una circunscripción territorial determinada. El domicilio legal de dichas juntas será dentro del municipio en el que operen." "Artículo 20.- Las juntas municipales tendrán un Consejo de Administración integrado por: [.]" "Artículo 21 Bis.- El Consejo de Administración de las Juntas Municipales tendrá las siguientes facultades: [.] XVI. Aprobar la celebración de contratos de obra y adquisiciones, servicios profesionales, saneamiento, tratamiento de aguas residuales, disposición final de lodos y demás actos de la junta operadora, así como todos los actos de carácter extraordinario. [.]" "Artículo 40.- Ningún usuario estará exento del pago de los derechos correspondientes, trátese de particulares o de dependencias o entidades de la administración pública de cualquier orden, por lo que en ningún momento se recibirán pagos en especie, salvo disposición expresa del Consejo de Administración de la Junta Central u organismo operador municipal." "Artículo 45.- Los usuarios tienen el deber de pagar los servicios públicos que le preste la junta operadora u organismo operador municipal en los términos y plazos que así se determinen por la estructura tarifaria, el contrato de adhesión, el reglamento y demás disposiciones de carácter legal. Cuando no exista consumo de agua o no se utilice el desagüe de alcantarillado autorizado, la persona usuaria podrá optar por suspender el servicio o bien cubrir el monto de los derechos mínimos fijados en la tarifa correspondiente; en el caso de que sea suspendido el servicio, su reconexión generará un pago relativo a tal fin, el que deberá ser acorde al servicio prestado. Los adeudos generados por cualquiera de los conceptos de derechos y servicios a que se refiere esta Ley, los contenidos en las tarifas, así como las sanciones, tendrán el carácter de créditos fiscales, por lo que las juntas municipales y rurales, como organismos fiscales autónomos, podrán hacerlos efectivos mediante el procedimiento administrativo de ejecución previsto en el Código Fiscal del Estado. En caso de mora, se causarán los recargos que fije este último ordenamiento legal." "Artículo 47.- El servicio de agua potable o de abasto de agua residual tratada deberá ser medido. Cuando no haya dispositivos de medición instalados, el consumo se pagará por cuota o tarifa fija, previamente establecida." De las normas insertas se advierten, en lo que interesa, las premisas siguientes: La Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Chihuahua, es un organismo público descentralizado del Poder Ejecutivo, bajo la coordinación sectorial de la Junta Central, de conformidad con lo señalado por los artículos 42 y 43 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, facultados para la prestación de los servicios de agua, alcantarillado sanitario, saneamiento, tratamiento de aguas residuales y disposición final de lodos, requeridos dentro de una circunscripción territorial determinada. Los usuarios son las personas que reciben los servicios de abastecimiento de agua, alcantarillado sanitario, saneamiento y tratamiento de aguas residuales o el abasto de agua residual tratada. Las Juntas Municipales de Agua y Saneamiento tendrán a través del Consejo de Administración la facultad de aprobar la celebración de contratos que los prestadores de los servicios públicos indicados celebren con los usuarios y los requisitos que aquéllos establezcan para proporcionar tales servicios deberán cumplir con lo establecido por la legislación invocada. Los usuarios tendrán el deber de pagar los servicios públicos que les preste la Junta operadora u organismo operador municipal en los términos y plazos que así se determinen por la estructura tarifaria, el contrato de adhesión, el reglamento y las demás disposiciones de carácter legal. Los adeudos generados por cualquiera de los conceptos de derechos y servicios a que se refiere esa ley, los contenidos en las tarifas y las sanciones tendrán el carácter de créditos fiscales, por lo que las Juntas municipales y rurales como organismos fiscales autónomos podrán hacerlos efectivos mediante el procedimiento administrativo de ejecución previsto por el Código Fiscal del Estado. El servicio de agua potable deberá ser medido para su determinar su cobro conforme a las tarifas establecidas por las propias juntas. Sentado lo anterior, este resolutor considera que la responsable al emitir el acto reclamado no cumplió con la garantía de legalidad contenida en el artículo 16 Constitucional, dado que, en primer término, no demostró de qué manera tomó la lectura del medidor de la quejosa. Así como tampoco precisó a cuánto asciende el consumo mensual en metros cúbicos de agua potable desde la fecha en que presentó rezagos, esto para dar seguridad de cómo es que obtuvo el total de la cantidad que se le está cobrando. En efecto, la responsable tenía la obligación de llevar a cabo la medición del servicio, para lo cual en cumplimiento a la garantía de legalidad, debía hacer la aclaración del citado rezago, precisando los consumos mensuales en metros cúbicos y su respectiva tarifa, para que la quejosa estuviera en aptitud de manifestarse al respecto, y de ser el caso solicitar alguna inspección en la toma de agua. Y de ese modo, una vez colmado lo anterior, proseguir con la suspensión del servicio en caso de falta de pago. Lo que permite concluir que la resolución reclamada es ilegal, ya que el Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, no fundó ni motivó debidamente la justificación que originó el cobro reclamado. De ahí, lo fundado del concepto de violación en estudio y por ende, suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que la responsable: Deje insubsistente el recibo de pago de octubre de dos mil diecinueve, del contrato o137401, relativo al medidor 245950, con vencimiento a partir del trece de noviembre de dos mil diecinueve y; Con libertad de jurisdicción dicte uno nuevo en el que deberá precisar la manera en tomó la lectura del medidor, las cantidades mensuales de consumo de agua en metros cúbicos desde la fecha en que presentó rezago, con la aplicación de las tarifas correspondientes a cada uno de los cargos, mismo que deberá notificar al usuario. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 107, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Adela García Gutiérrez, en contra del acto reclamado, por los motivos y exclusivamente para los efectos señalados en el último considerando de este fallo.Así lo resolvió y firma el licenciado Arturo Alberto González Ferreiro, Juez Segundo de Distrito en el Estado, ante el Secretario licenciado Jonnathan Palma Ortiz, quien autoriza y da fe de sus actos.- Doy fe. Por vía de notificación, para su conocimiento y efectos legales del caso; con el presente le remito a Usted copia autorizada de la resolución pronunciada el día hoy, en los autos del juicio de amparo 2133/2019, promovido por Adela García Gutiérrez, contra actos de Usted. Protesto a Usted mi atenta consideración. Chihuahua, Chih., diez de septiembre de 2020. EL SECRETARIO. LIC. JONNATHAN PALMA ORTIZ. 1145/2020 LENG DIRECTOR EJECUTIVO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, CON SEDE EN ESTA CIUDAD (AUTORIDAD RESPONSABLE) EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO NÚMERO 2133/2019, PROMOVIDO POR ADELA GARCÍA GUTIÉRREZ, CONTRA ACTOS DE USTED, SE DICTÓ UN AUTO Y/O RESOLUCIÓN EL CUAL LE REMITO EN COPIA CERTIFICADA AUTORIZADA PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. En la ciudad de Chihuahua, capital del Estado del mismo nombre, siendo las once treinta horas del jueves diez de septiembre de dos mil veinte; fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 2133/2019, el licenciado Arturo Alberto González Ferreiro, Juez Segundo de Distrito en el Estado, asistido del Secretario licenciado Jonnathan Palma Ortiz, quien autoriza y da fe, la declara abierta sin la asistencia personal de las partes. DOCUMENTALES. Abierto el período probatorio, se da cuenta con las documentales que la parte quejosa anexó a su demanda de amparo, así como con las que la autoridad responsable anexó a su informe con justificación. PRUEBAS. Se tiene por hecha la relación de constancias, por rendido el informe justificado de la autoridad responsable antes citada y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 119 y 123, ambos de la Ley de Amparo, se admite y se tiene por desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, las pruebas documentales de mérito. ALEGATOS. En la etapa de alegatos se hace constar que no fueron formulados por las partes. CIERRE. A continuación y no habiendo pruebas pendientes de recibirse, sin alegatos de las partes, sin pedimento del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado en materia de amparo, el suscrito Secretario Encargado del Despacho, tomando en cuenta lo actuado, procede a dictar la siguiente resolución: V I S T O S; para resolver en sentencia definitiva el juicio de amparo indirecto 2133/2019, promovido por Adela García Gutiérrez, por su propio derecho. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, recibido en este Juzgado de Distrito el día hábil siguiente, Adela García Gutiérrez, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad y por los actos siguientes: La trasgresión a mis derechos humanos relacionados con la dignidad y subsistencia humanas, al perturbarme mi derecho al consumo de agua y en consecuencia a la salud, toda evz que me asiste ese derecho fundamental cosiste en el acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y domestico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. En específico los siguientes actos que constituyen consecuencia inmediata de los anteriores. SEGUNDO. Trámite del juicio. En proveído de dos de diciembre de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda, se registró el juicio en el libro de gobierno con el número correspondiente, se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito en materia de amparo, la intervención legal correspondiente, quien no formuló pedimento; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se desahogó al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal, 1°, fracción I, 37, 107, fracción I, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Cuarto Punto, fracción XVII, primer párrafo del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que el acto reclamado fue emitido por una autoridad que reside dentro del territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción y competencia. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previo a abordar lo relativo a la certeza de los actos reclamados, resulta necesario precisar cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que debe señalarse que para tales efectos se analiza en su integridad la demanda de garantías, atendiendo a la jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, página 32, que al rubro y texto, expresa: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 74.- Las sentencias deben contener: La fijación clara y precisa del acto reclamado;.". De la transcripción anterior se desprende que, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación, debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso, con la totalidad de la| información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Al caso concreto, es aplicable el criterio contenido en la tesis VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, página 255, cuya literalidad indica: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En cumplimiento a lo anterior, de la lectura cabal de la demanda de garantías y sus anexos, se advierte que los actos reclamados por la parte quejosa en esencia se hacen consistir en: El corte de suministro de agua potable en el domicilio ubicado en calle Anton Makarenko 69, colonia Tierra y Libertad de esta ciudad, derivado el contrato 137401, originado con motivo de un adeudo incorrecto, así como la exigencia de recibir solo el pago de la cantidad total. Lo anterior, atento a los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias de amparo. Sirve de sustento jurídico la jurisprudencia 55/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, correspondiente al mes de agosto de mil novecientos noventa y ocho, página 227, con el rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo". TERCERO. Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, al rendir informe justificado negó los actos que se reclaman. Sin embargo, dicha negativa se desvirtúa porque del contenido del propio informe se desprende que realizó manifestaciones que evidencian su certeza, pues señaló: ".nante la nula emisión de actos unilaterales a través de los cuales se crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular, sino que basó su actuación en estricto apego al contrato de adhesión existente,." Sirve de apoyo a lo anterior la tesis sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, localizada en la página 391, tomo XIV, de julio de 1994, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA." Máxime que la certeza de los actos reclamados a la autoridad responsable se corrobora con las constancias que exhibió la parte quejosa con su escrito de demanda, consistentes en el recibo de pago del contrato o137401, del medidor 245950, con vencimiento a partir del veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, documental que fuer exhibida en original, la cual tiene valor probatorio pleno de conformidad con lo que disponen los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2. CUARTO. Estudio de causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, lo procedente es analizar las causales de improcedencia, sea que las partes las hagan valer o que este órgano jurisdiccional de oficio las advierta, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 814, publicada en la página 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua aduce que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, de la Ley de Amparo, pues no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, toda vez que los actos que le reclaman los emitió en un plano de igualdad con la ahora quejosa. Da sustento a su argumento con la jurisprudencia siguiente: Época: Novena Época Registro: 189353 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIV, Julio de 2001 Materia(s): Constitucional Tesis: P./J. 92/2001 Página: 693 "AGUA POTABLE. CUANDO EL ESTADO PRESTA EL SERVICIO MEDIANTE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE ADHESIÓN, LA RELACIÓN JURÍDICA ENTRE LAS PARTES NO CORRESPONDE A LA DE SUPRA A SUBORDINACIÓN QUE EXISTE ENTRE UNA AUTORIDAD Y UN GOBERNADO, SINO A UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN VOLUNTARIA ENTRE EL PRESTADOR DEL SERVICIO Y EL PARTICULAR. Al constituir el suministro de agua potable la prestación de un servicio público por el Estado como medio para la realización de un fin, que es el interés general y que se lleva a cabo mediante la celebración de un contrato administrativo de adhesión, en el que se estipulan las obligaciones y contraprestaciones entre las partes, donde el prestador de servicios y el beneficiario adquieren derechos y obligaciones recíprocos, bajo condiciones que fija el proveedor, la relación jurídica existente entre el prestador y el usuario del servicio no corresponde a la que supone la garantía consagrada en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, a la existente entre una autoridad y un gobernado, sino a la de coordinación voluntaria y de correspondencia entre el interés del prestador del servicio de suministro de agua y el particular, y aun cuando la prestación del mencionado servicio público está sujeta a una contraprestación, consistente en el pago de una cantidad de dinero proporcional al servicio recibido, cuando aquél no se cubre, dará lugar a que el prestador del mismo ejerza la facultad legal de suspenderlo, acto que, al ser consecuencia del incumplimiento, no exige que deba cumplirse con la garantía de legalidad a que se refiere el artículo 16 de la propia Constitución Federal, pues la suspensión del servicio no es un acto de autoridad que deba estar fundado y motivado, sino que resulta del ejercicio de una facultad que se ejerce cuando se surte el incumplimiento del contrato. En estas condiciones, resulta inconcuso que el ejercicio de la facultad del prestador de servicios para suspender el suministro de agua potable a los usuarios, previo apercibimiento en los casos de falta de pago, o cuando se comprueben derivaciones no autorizadas o un uso distinto al convenido, de acuerdo con lo estipulado en el contrato de prestación de servicios, no implica que se prive al usuario de la vida, de la libertad, propiedades, posesiones o derechos, pues lo que acontece es una consecuencia lógica y jurídica del incumplimiento de un contrato de suministro de agua; de ahí que el prestador del servicio no tenga que acudir a los tribunales para exigir el cumplimiento del contrato, ya que, por regla general, en este tipo de relaciones jurídicas de adhesión se establece que si no se cubre el pago por el servicio, éste se suspenderá, previa oportunidad de cumplimiento de pago por el usuario, cuando se le aperciba de que se encuentra en los casos de suspensión. Además, si bien la falta de pago o la desviación, o uso indebido del agua, traen como consecuencia la suspensión del servicio, ello no se puede equiparar a la hipótesis de hacerse justicia por propia mano o de ejercer violencia para reclamar un derecho, prohibida en el numeral 17 de la Carta Magna, toda vez que dicha suspensión deriva del incumplimiento del contrato de suministro y adhesión y encuentra su fundamento en la ley relativa a la que esté sujeto." No obstante, es infundada la causal invocada por la responsable en atención a lo siguiente. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el Amparo en Revisión 1007/2016 en el que se señaló como acto reclamó el corte de suministro de agua y retiro del medidor de toma industrial "2" y cuyo problema jurídico fue determinar si fue correcta la resolución de la Juez de Distrito en la que consideró sobreseer en el juicio, teniendo por actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 5º, fracción II, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo, por considerar que al Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova y Frontera, Coahuila de Zaragoza, no le reviste carácter de autoridad para los efectos del amparo, determinó, en lo que interesa, lo siguiente: 1) A diferencia de la Ley de Amparo anterior, la vigente atribuye la calidad de autoridad, con independencia de la naturaleza formal del órgano o sujeto que emite el acto. Es decir, el concepto de autoridad responsable quedó desvinculado de su naturaleza formal y atiende ahora, al tipo de acto que se impugne, el cual debe ser susceptible de crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas, de forma unilateral y obligatoria, precisando que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. 2) Así, de conformidad con lo antedicho, a partir del tres de abril de dos mil trece, día en que entró en vigor la Ley de Amparo por disposición del artículo primero transitorio del decreto respectivo, para definir cuándo se está en presencia de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, debe cumplirse con los siguientes requisitos: La existencia de un ente y organismo del Estado, independientemente de su naturaleza formal; Que emita actos jurídicos, desde luego, derivados de las facultades que les confiera una norma jurídica u omita hacerlos; y Que cree, modifique o extinga una situación jurídica en forma unilateral y obligatoria. 3) Válidamente puede afirmarse que se está en presencia de un organismo del Estado, por lo que se cumple con el inciso a) antes señalado, consistente en que estemos ante un organismo del Estado, independientemente de su naturaleza formal. 4) Por lo que respecta al requisito contenido en el inciso b), éste también se actualiza en el caso del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova y Frontera, Coahuila de Zaragoza, [Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova y Frontera, Coahuila (SIMAS)], cuando se le reclama la aparente violación del derecho al agua al haber realizado un corte de suministro del servicio, porque el organismo actúa con base en las disposiciones contenidas en la Ley de Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza y el Decreto 300 sobre la creación del Organismo Público Descentralizado Intermunicipal para los Municipios de Monclova y Frontera, Coahuila, con personalidad jurídica y patrimonio propios, denominado "Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova y Frontera, Coahuila", que define las facultades y responsabilidades del mismo; y el Reglamento interior del citado organismo, que describe su estructura orgánica y funciones. 5) El Sistema Intermunicipal actúa con fundamento en una norma jurídica cuando corta el suministro de agua a un usuario, concretamente en el artículo 86 de la ley citada; lo que hace unilateralmente, puesto que no tiene la obligación de acudir a instancias jurisdiccionales para que se le autorice, ya que la ley le otorga directamente esas facultades, por lo que su actuar, además de unilateral, se convierte en obligatorio para éste y en ese sentido se da el supuesto del inciso c), para considerar que estamos ante la actuación de una autoridad para efectos del juicio de amparo. 6) No obsta lo dicho por la Juez de Distrito, en el sentido de que el organismo proporciona el servicio en términos del convenio que para tal efecto celebra con los gobernados, mediante la firma de un contrato de adhesión en el que las partes estipulan contraprestaciones y el corte de agua que realice será una consecuencia lógica y jurídica del incumplimiento de un contrato de suministro de agua de naturaleza comercial celebrado entre particulares, porque no se está ante un contrato de adhesión de naturaleza civil o mercantil en que se atienda a la voluntad de las partes, ya que no puede verse éste en forma aislada como si se tratara de un convenio de intereses particulares, ya que el documento de contratación del suministro de agua constituye un guión administrativo o contrato administrativo de adhesión que funciona únicamente como forma de expresión de voluntad del usuario para el acceso al sistema de suministro de agua, que es manejado por el organismo descentralizado mencionado, pero en el cual, no existe libertad contractual, pues las partes no pueden pactar las cláusulas a su conveniencia, ya que el contenido deriva directamente de las funciones y facultades establecidas en las leyes, reglamentos y decretos precitados. 7) Más allá de la relación que tengan las partes, los jueces de distrito deberán verificar si el acto que se reclama pudiera constituir una violación a los derechos humanos y dado que el derecho al agua ha sido reconocido como derecho humano primordial, es necesario garantizar la protección efectiva del mismo, y en ese sentido, es claro que cuando un ente u organismo -independientemente de su naturaleza jurídica o de la relación entre las partes-, puede, derivado de las facultades que le confiere una norma jurídica, afectar directamente el derecho humano al agua al realizar su corte, el juicio de amparo que se promueva contra ese acto, será procedente. Además, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó en la ejecutoria de referencia que tampoco resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 92/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de julio de 2001, de rubro: "AGUA POTABLE. CUANDO EL ESTADO PRESTA EL SERVICIO MEDIANTE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE ADHESIÓN, LA RELACIÓN JURÍDICA ENTRE LAS PARTES NO CORRESPONDE A LA DE SUPRA A SUBORDINACIÓN QUE EXISTE ENTRE UNA AUTORIDAD Y UN GOBERNADO, SINO A UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN VOLUNTARIA ENTRE EL PRESTADOR DEL SERVICIO Y EL PARTICULAR"; puesto que la acción de inconstitucionalidad de la que deriva correspondía a una interpretación anterior a la reforma constitucional en materia de derechos humanos de diez de junio de dos mil once. Circunstancia que se corrobora con el diverso criterio de contradicción de tesis del Pleno del Trigésimo Circuito, que es del tenor siguiente: Época: Décima Época Registro: 2012408 Instancia: Plenos de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 33, Agosto de 2016, Tomo III Materia(s): Común, Administrativa Tesis: PC.XXX. J/15 A (10a.) Página: 2190 "SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE. LA RELACIÓN JURÍDICA ENTRE EL CONCESIONARIO Y LOS USUARIOS DOMÉSTICOS, SE UBICA EN UN PLANO DE SUPRA A SUBORDINACIÓN, RESPECTO DE LOS ACTOS REALIZADOS POR AQUÉL RELACIONADOS CON EL COBRO Y SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES). El artículo 4o., sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adicionado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de febrero de 2012, reconoce el derecho de toda persona al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, así como la obligación del Estado de garantizarlo, el cual, en el ámbito local del Estado de Aguascalientes, se reglamenta en la Ley de Agua para esta entidad; de ahí que los actos emitidos por la concesionaria, que se subrogó en las obligaciones del ente del Estado para prestar el servicio y cumplir con ese derecho fundamental a favor de los particulares, se rigen por la normativa referida, que es la que debe prevalecer, y no por lo que pudiera fijarse en el contrato de adhesión por voluntad de las partes, como si se tratara de un acto de comercio. Por tanto, como los actos realizados por la concesionaria con motivo de la prestación del servicio de agua para consumo personal y doméstico, relacionados con el cobro y suspensión del suministro, se rigen por la legislación local, en particular, por sus artículos 20, 46, fracción I, 47, 96, 102 y 104, que regulan su actividad y fijan sus límites, es claro que gozan de unilateralidad y obligatoriedad, al estar investidos de potestad pública cuyo ejercicio es irrenunciable, en la medida en que con las condiciones y funcionamiento de la prestación del servicio, se crean, modifican o extinguen derechos de los usuarios y, por ende, se consideran emitidos en un plano de supra a subordinación, toda vez que el derecho humano de acceso al agua, garantizado para todas las personas mediante la prestación del servicio público de agua potable, está fuera del alcance de la voluntad contractual y, por tanto, se encuentra excluido del régimen del derecho privado, por lo que con independencia de que exista un contrato administrativo de adhesión, éste no puede prevalecer sobre lo que señalan la Constitución y la legislación mencionada; sin que resulte aplicable la jurisprudencia P./J. 92/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, julio de 2001, página 693, con el rubro: "AGUA POTABLE. CUANDO EL ESTADO PRESTA EL SERVICIO MEDIANTE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE ADHESIÓN, LA RELACIÓN JURÍDICA ENTRE LAS PARTES NO CORRESPONDE A LA DE SUPRA A SUBORDINACIÓN QUE EXISTE ENTRE UNA AUTORIDAD Y UN GOBERNADO, SINO A UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN VOLUNTARIA ENTRE EL PRESTADOR DEL SERVICIO Y EL PARTICULAR.", toda vez que ésta surgió antes de la mencionada adición constitucional y tomando como base que el suministro de agua sólo dependía del acuerdo de voluntades expresadas en el contrato administrativo de adhesión, sin considerar que la prestación de ese servicio obedece a un derecho humano que el Estado debe garantizar a los particulares." En el criterio transcrito se llegó a la misma conclusión porque en la jurisprudencia P./J. 92/2001, el Alto Tribunal analizó la norma Constitucional antes de la adición al artículo 4, sexto párrafo Constitucional, mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de febrero de dos mil doce. Siendo que en el caso, ese derecho fundamental al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico se encuentra reglamentado en la Ley de Agua del Estado de Chihuahua, por ello, los actos reclamados gozan de unilateralidad y obligatoriedad. Por ello, atento a lo determinado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este Juzgado de Distrito estima que no se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5º, fracción II, de la Ley de Amparo. Al no existir otro motivo de improcedencia que se actualice o que se haya hecho valer, se procede al estudio del fondo del asunto. QUINTO. Estudio sobre la constitucionalidad del acto. No se transcriben los conceptos de violación, toda vez que en la Ley de Amparo, no existe artículo alguno que obligue a ello. Lo anterior tiene sustento, en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor literal siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.". En su segundo concepto de violación, la quejosa argumenta que la autoridad responsable al emitir la resolución reclamada viola en su perjuicio la garantía consagrada en el numeral 16 de la Constitución, dado que la responsable no justificó el cobro que le exigen. Afirma lo anterior, porque la responsable no expuso de qué manera se tomó la lectura para calcular el consumo. En relación con el concepto de violación a estudio, se advierte que su causa de pedir está encaminada a combatir la indebida motivación en el acto reclamado, de ahí que el análisis correspondiente se hará bajo la óptica del mencionado artículo 16 constitucional, el cual dispone: "Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." Concerniente al derecho público subjetivo que se consagra en la norma constitucional que se invoca, en términos generales estatuye la garantía de legalidad que deben respetar las autoridades frente a los gobernados. En efecto, el precepto 16 constitucional establece en su primera parte que cualquier acto de autoridad que pueda implicar una molestia, debe reunir las siguientes formalidades: Constar por escrito. Provenir de autoridad competente. Fundar y motivar la causa legal del procedimiento. El primero de los requisitos en cuestión exige que la conducta de la autoridad conste por escrito, asegurando con ello la certeza sobre su existencia, y que el afectado conozca con precisión qué autoridad lo emitió, su contenido y sus consecuencias, y de esa manera sea factible su análisis y confrontación con las normas en que se debe fundar, para determinar su legalidad y, por ende, su constitucionalidad. El segundo, constituye sin duda el principio de legalidad que rige dentro del sistema jurídico mexicano, en el que las facultades de las autoridades deben reconocerse en una ley, lo que implica que su conducta se encuentra indefectiblemente subordinada a un ordenamiento de carácter general, abstracto e impersonal, requisito que sin duda debe contenerse de manera específica en el acto mismo de molestia, de modo tal que se otorgue al justiciable la oportunidad de verificar si la actuación de la autoridad se adecua exactamente a la norma, acuerdo o decreto que invocó, o que ésta sea contradictoria a la ley fundamental o secundaria, y en caso contrario, controvertir, además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la autoridad para emitirlo. Sustenta lo anterior la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 10/94 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doce del tomo 77, mayo de 1994, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dispone: "COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD. Haciendo una interpretación armónica de las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales, se advierte que los actos de molestia y privación deben, entre otros requisitos, ser emitidos por autoridad competente y cumplir las formalidades esenciales que les den eficacia jurídica, lo que significa que todo acto de autoridad necesariamente debe emitirse por quien para ello esté facultado expresándose, como parte de las formalidades esenciales, el carácter con que se suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que otorgue tal legitimación. De lo contrario, se dejaría al afectado en estado de indefensión, ya que al no conocer el apoyo que faculte a la autoridad para emitir el acto, ni el carácter con que lo emita, es evidente que no se le otorga la oportunidad de examinar si su actuación se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo, y es conforme o no a la Constitución o a la ley; para que, en su caso, esté en aptitud de alegar, además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la autoridad para emitirlo, pues bien puede acontecer que su actuación no se adecue exactamente a la norma, acuerdo o decreto que invoque, o que éstos se hallen en contradicción con la ley fundamental o la secundaria." También es aplicable la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 115/2005 de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, consultable en la página 310, tomo XXII, septiembre de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE. De lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia P./J. 10/94 del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número 77, mayo de 1994, página 12, con el rubro: "COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.", así como de las consideraciones en las cuales se sustentó dicho criterio, se advierte que la garantía de fundamentación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales que facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia de que se trate, al atender al valor jurídicamente protegido por la exigencia constitucional, que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios. En congruencia con lo anterior, se concluye que es un requisito esencial y una obligación de la autoridad fundar en el acto de molestia su competencia, pues sólo puede hacer lo que la ley le permite, de ahí que la validez del acto dependerá de que haya sido realizado por la autoridad facultada legalmente para ello dentro de su respectivo ámbito de competencia, regido específicamente por una o varias normas que lo autoricen; por tanto, para considerar que se cumple con la garantía de fundamentación establecida en el artículo 16 de la Constitución Federal, es necesario que la autoridad precise exhaustivamente su competencia por razón de materia, grado o territorio, con base en la ley, reglamento, decreto o acuerdo que le otorgue la atribución ejercida, citando en su caso el apartado, fracción, inciso o subinciso; sin embargo, en caso de que el ordenamiento legal no los contenga, si se trata de una norma compleja, habrá de transcribirse la parte correspondiente, con la única finalidad de especificar con claridad, certeza y precisión las facultades que le corresponden, pues considerar lo contrario significaría que el gobernado tiene la carga de averiguar en el cúmulo de normas legales que señale la autoridad en el documento que contiene el acto de molestia, si tiene competencia por grado, materia y territorio para actuar en la forma en que lo hace, dejándolo en estado de indefensión, pues ignoraría cuál de todas las normas legales que integran el texto normativo es la específicamente aplicable a la actuación del órgano del que emana, por razón de materia, grado y territorio." El último requisito exigido por el numeral invocado, consiste en que en todo acto de autoridad ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. De lo expuesto se obtiene que todo acto de autoridad dirigido a un particular debe hacerse por escrito, estar debidamente fundado y motivado, es decir, invocar los supuestos de la norma dentro de los cuales encuadran los hechos origen de tal acto, y además, la autoridad que lo emita debe acreditar su competencia especificando el o los preceptos de la ley que la regulan, dada la diferencia existente entre fundar el acto y justificar la competencia del funcionario que lo suscribe, pues para que éste adquiera eficacia legal, es indispensable que sea emitido por quien para ello se encuentre legitimado, circunstancia que se debe acreditar expresando, además del carácter de la autoridad que lo suscribe, el dispositivo legal, acuerdo o decreto que la faculte para tal efecto. Al respecto, se cita la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, tomo sesenta y cuatro, abril de mil novecientos noventa y tres, página cuarenta y tres, de epígrafe y sinopsis: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.- De acuerdo con el artículo 16 constitucional, todo acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, que también deben señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa. Esto es, que cuando el precepto en comento previene que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, está exigiendo a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de que ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. En materia administrativa, específicamente, para poder considerar un acto autoritario como correctamente fundado, es necesario que en él se citen: a).- Los cuerpos legales y preceptos que se estén aplicando al caso concreto, es decir, los supuestos normativos en que se encuadra la conducta del gobernado para que esté obligado al pago, que serán señalados con toda exactitud, precisándose los incisos, subincisos, fracciones y preceptos aplicables, y b).- Los cuerpos legales, y preceptos que otorgan competencia o facultades a las autoridades para emitir el acto en agravio del gobernado." En el caso, la accionante de amparo aduce que le están cobrando mensualmente un consumo de diez a doce metros cúbicos de agua potable para uso doméstico, cuando en realidad la lectura de su medidor es de 1.303 metros cúbicos de consumo, sin que exista un mandamiento debidamente fundado y motivado, que vive sola y que no le permiten hacer pagos parciales pues le exigen el total del adeudo. Ahora, de la documental que exhibió la quejosa con su escrito de demanda, que fue valorada en el considerando tercero, consistente en el recibo de pago del contrato o137401, del medidor 245950, con vencimiento a partir del veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, se desprende que le están cobrando la cantidad de $2,249.13 (dos mil doscientos cuarenta y nueve pesos 13/100 M.N.), precisando una lectura actual de 1,303 metros cúbicos, y que no ha pagado desde noviembre de dos mil diecinueve. Por su parte la autoridad responsable al rendir informe justificado, exhibió el estado de cuenta al catorce de enero de dos mil veinte, del contrato o137401, de la cuenta 4408888000008, a nombre, según su dicho, del difunto esposo de la quejosa Manuel Fernando Hernández González en la dirección calle Anton Makarenko 69, colonia Tierra y Libertad de esta ciudad, donde se advierten movimientos mensuales desde enero de dos mil once, los respectivos cargos con algunos pagos, y los saldos resultantes. También exhibió otro estado de cuenta al treinta de diciembre de dos mil diecinueve, del contrato o37401, de la cuenta 4408888000008, a nombre del difunto esposo de la quejosa Manuel Fernando Hernández González en la dirección calle Anton Makarenko 69, colonia Tierra y Libertad de esta ciudad, donde únicamente se advierten algunos cargos generados al treinta de diciembre de dos mil diecinueve y un total del adeudo de $3,156.00 (tres mil ciento cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.). Documentales que fueron exhibidas en copia certificada, las cuales tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo que disponen los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2, al ser expedidas por un funcionario público con facultades. Sobre el tema es importante destacar que de conformidad con la Lay de Agua del Estado de Chihuahua la autoridad responsable, puede determinar el cobro por el consumo de agua potable en uso doméstico, para lo cual debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 26 de ese ordenamiento legal, en el que se establece que se tomará como base los criterios de: a) porcentaje de incremento de los insumos; b) los costos de extracción de agua, según la zona; c) los incrementos en el costo por consumo de energía eléctrica; d) el pago de derechos federales de extracción; e) los gastos de operación; f) los gastos de saneamiento, entre otros. Del mismo modo, es necesario traer a contexto el contenido de los dispositivos 3, fracción XL, 4, 18, 20, 21 Bis, fracción XVI, 40, 45 y 47 de la Ley del Agua del Estado de Chihuahua, que prevén: "Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: [.] XL. USUARIO: Las personas físicas, los ejidos, las comunidades, las asociaciones, las sociedades y demás personas morales a las que la Ley reconozca personalidad jurídica, con las modalidades y limitaciones que establezca la misma, que reciban los servicios de abastecimiento de agua, alcantarillado sanitario, saneamiento y tratamiento de aguas residuales o el abasto de agua residual tratada." "Artículo 4.- Los servicios públicos de agua potable, alcantarillado sanitario, saneamiento, tratamientos de aguas residuales y disposición final de lodos, en los términos de la presente Ley, estarán a cargo de: I.- La Junta Central, a través de las juntas operadoras y comités del agua. II.- Los organismos operadores municipales, señalados en el Título Primero, Capítulo V de esta Ley." "Artículo 18.- Las juntas municipales de agua y saneamiento son organismos públicos descentralizados del Poder Ejecutivo, bajo la coordinación sectorial de la Junta Central, de conformidad con lo señalado en los artículos 42 y 43 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, facultados para la prestación de los servicios de agua, alcantarillado sanitario, saneamiento, tratamiento de aguas residuales y disposición final de lodos, requeridos dentro de una circunscripción territorial determinada. El domicilio legal de dichas juntas será dentro del municipio en el que operen." "Artículo 20.- Las juntas municipales tendrán un Consejo de Administración integrado por: [.]" "Artículo 21 Bis.- El Consejo de Administración de las Juntas Municipales tendrá las siguientes facultades: [.] XVI. Aprobar la celebración de contratos de obra y adquisiciones, servicios profesionales, saneamiento, tratamiento de aguas residuales, disposición final de lodos y demás actos de la junta operadora, así como todos los actos de carácter extraordinario. [.]" "Artículo 40.- Ningún usuario estará exento del pago de los derechos correspondientes, trátese de particulares o de dependencias o entidades de la administración pública de cualquier orden, por lo que en ningún momento se recibirán pagos en especie, salvo disposición expresa del Consejo de Administración de la Junta Central u organismo operador municipal." "Artículo 45.- Los usuarios tienen el deber de pagar los servicios públicos que le preste la junta operadora u organismo operador municipal en los términos y plazos que así se determinen por la estructura tarifaria, el contrato de adhesión, el reglamento y demás disposiciones de carácter legal. Cuando no exista consumo de agua o no se utilice el desagüe de alcantarillado autorizado, la persona usuaria podrá optar por suspender el servicio o bien cubrir el monto de los derechos mínimos fijados en la tarifa correspondiente; en el caso de que sea suspendido el servicio, su reconexión generará un pago relativo a tal fin, el que deberá ser acorde al servicio prestado. Los adeudos generados por cualquiera de los conceptos de derechos y servicios a que se refiere esta Ley, los contenidos en las tarifas, así como las sanciones, tendrán el carácter de créditos fiscales, por lo que las juntas municipales y rurales, como organismos fiscales autónomos, podrán hacerlos efectivos mediante el procedimiento administrativo de ejecución previsto en el Código Fiscal del Estado. En caso de mora, se causarán los recargos que fije este último ordenamiento legal." "Artículo 47.- El servicio de agua potable o de abasto de agua residual tratada deberá ser medido. Cuando no haya dispositivos de medición instalados, el consumo se pagará por cuota o tarifa fija, previamente establecida." De las normas insertas se advierten, en lo que interesa, las premisas siguientes: La Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Chihuahua, es un organismo público descentralizado del Poder Ejecutivo, bajo la coordinación sectorial de la Junta Central, de conformidad con lo señalado por los artículos 42 y 43 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, facultados para la prestación de los servicios de agua, alcantarillado sanitario, saneamiento, tratamiento de aguas residuales y disposición final de lodos, requeridos dentro de una circunscripción territorial determinada. Los usuarios son las personas que reciben los servicios de abastecimiento de agua, alcantarillado sanitario, saneamiento y tratamiento de aguas residuales o el abasto de agua residual tratada. Las Juntas Municipales de Agua y Saneamiento tendrán a través del Consejo de Administración la facultad de aprobar la celebración de contratos que los prestadores de los servicios públicos indicados celebren con los usuarios y los requisitos que aquéllos establezcan para proporcionar tales servicios deberán cumplir con lo establecido por la legislación invocada. Los usuarios tendrán el deber de pagar los servicios públicos que les preste la Junta operadora u organismo operador municipal en los términos y plazos que así se determinen por la estructura tarifaria, el contrato de adhesión, el reglamento y las demás disposiciones de carácter legal. Los adeudos generados por cualquiera de los conceptos de derechos y servicios a que se refiere esa ley, los contenidos en las tarifas y las sanciones tendrán el carácter de créditos fiscales, por lo que las Juntas municipales y rurales como organismos fiscales autónomos podrán hacerlos efectivos mediante el procedimiento administrativo de ejecución previsto por el Código Fiscal del Estado. El servicio de agua potable deberá ser medido para su determinar su cobro conforme a las tarifas establecidas por las propias juntas. Sentado lo anterior, este resolutor considera que la responsable al emitir el acto reclamado no cumplió con la garantía de legalidad contenida en el artículo 16 Constitucional, dado que, en primer término, no demostró de qué manera tomó la lectura del medidor de la quejosa. Así como tampoco precisó a cuánto asciende el consumo mensual en metros cúbicos de agua potable desde la fecha en que presentó rezagos, esto para dar seguridad de cómo es que obtuvo el total de la cantidad que se le está cobrando. En efecto, la responsable tenía la obligación de llevar a cabo la medición del servicio, para lo cual en cumplimiento a la garantía de legalidad, debía hacer la aclaración del citado rezago, precisando los consumos mensuales en metros cúbicos y su respectiva tarifa, para que la quejosa estuviera en aptitud de manifestarse al respecto, y de ser el caso solicitar alguna inspección en la toma de agua. Y de ese modo, una vez colmado lo anterior, proseguir con la suspensión del servicio en caso de falta de pago. Lo que permite concluir que la resolución reclamada es ilegal, ya que el Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, no fundó ni motivó debidamente la justificación que originó el cobro reclamado. De ahí, lo fundado del concepto de violación en estudio y por ende, suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que la responsable: Deje insubsistente el recibo de pago de octubre de dos mil diecinueve, del contrato o137401, relativo al medidor 245950, con vencimiento a partir del trece de noviembre de dos mil diecinueve y; Con libertad de jurisdicción dicte uno nuevo en el que deberá precisar la manera en tomó la lectura del medidor, las cantidades mensuales de consumo de agua en metros cúbicos desde la fecha en que presentó rezago, con la aplicación de las tarifas correspondientes a cada uno de los cargos, mismo que deberá notificar al usuario. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 107, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Adela García Gutiérrez, en contra del acto reclamado, por los motivos y exclusivamente para los efectos señalados en el último considerando de este fallo. Notifíquese vía SISE a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Arturo Alberto González Ferreiro, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la (el) Secretaria (o) licenciada (o) , quien autoriza y da fe de sus actos.- DOY FE". DOS RUBRICAS ILEGIBLES. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOS FIRMAS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Chihuahua, Chihuahua, a diez de septiembre de dos mil veinte, el suscrito licenciado Jonnathan Palma Ortiz, Secretario adscrito al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que la presente copia es fiel y exacta a su original, que obra en el juicio de amparo 2133/2019, promovido por Adela García Gutiérrez, contra los actos reclamados al DIRECTOR EJECUTIVO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, CON SEDE EN ESTA CIUDAD. Lo que certifico para los fines legales correspondientes. Doy fe. LA (EL) SECRETARIA (O). LIC. JONNATHAN PALMA ORTIZ. Juicio de Amparo 2133/2019 Promoción: En diez de septiembre de dos mil veinte, el Secretario da cuenta al Juez, con un oficio.- Conste. Chihuahua, Chihuahua, diez de septiembre de dos mil veinte.
- Principal
Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio y anexo de cuenta, signado por la Jefa del Departamento Jurídico Fiscal, de la Dirección Jurídica, de la Secretaria de Hacienda, del Poder Ejecutivo del Estado, mediante el cual manifiesta contar con cheque número 1150885, de ocho de abril de dos mil veintidós, a cargo de la institución bancaria Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BANORTE, a nombre del quejoso JORGE CIPRIANO MORALES GONZALEZ el cual se encuentra a su disposición en las oficinas que ocupa dicho Departamento Jurídico Fiscal; en esa virtud, con lo anterior, dése vista al quejoso a efecto de que comparezca ante dicha responsable debidamente identificado para que se le haga entrega del cheque de referencia.
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