Gabriel Barboza Inoue

Expediente 314/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 6 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
314/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
22/08/2022

Partes del expediente

  • Gabriel Barboza Inoue

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de agosto de dos mil veintidós.Vista la certificación que antecede, se advierte que el plazo de quince días establecido en el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de inconformidad contra de la resolución de veintiséis de julio de dos mil veintidós, por la que se declaró cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto, transcurrió sin que alguna de las partes lo hubiera interpuesto, según se advierte de la certificación que antecede. Consecuentemente, de conformidad con el citado artículo 202, de la ley de la materia, aplicado en sentido contrario, se declara que dicha resolución de cumplimiento ha causado estado para todos los efectos legales. Háganse las anotaciones en el libro respectivo, y en su oportunidad archívese este expediente como asunto concluido. Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. El presente expediente es susceptible de depuración dentro del plazo de cinco años, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de abril de dos mil veintidós, pues en el presente asunto se concedió el amparo y protección de la justicia federal. Esta juzgadora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. También, una vez concluido el plazo de cinco años, dentro de los siguientes noventa días, este órgano jurisdiccional deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación.Finalmente, el juicio de amparo en que se actúa, coincide en su totalidad respecto de su versión electrónica, en términos de lo dispuesto en el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo.Notifíquese.Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    VISTA LA CONSTANCIA DE LA ACTUARIA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE OCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; ocho de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio 798/2022, signado por el Juez Primero Civil del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad; y en atención a su contenido, se le tiene informando que dejó sin efecto el auto de seis de abril de dos mil veintidós, dictado en el juicio de origen, y que el seis de los corrientes emitió uno diverso, atendiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo; adjuntando para tal efecto copia certificada de dicha determinación. Atento a lo anterior, con el contenido del oficio y anexo de cuenta, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196, primer párrafo, de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y tercero interesado por el plazo de tres días, computado legalmente para que manifieste lo que a su derecho convenga. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercero interesado.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; primero de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia de trece de junio de dos mil veintidós, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto. En consecuencia, con fundamento en los artículos 86, 104 y 105 de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, acorde a lo dispuesto por el artículo 2 de esta legislación, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes; háganse las anotaciones en el libro respectivo. Ahora, en el presente asunto se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, para el siguiente efecto: [...] a) deje sin efectos el auto de seis de abril de dos mil veintidós, dictado en el juicio ordinario civil ******* de su índice; y, b) emita uno diverso, en el cual, con libertad de jurisdicción, funde y motive debidamente lo relativo al cumplimiento voluntario de las condenas decretadas en el referido juicio. [...] Por tanto, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere al Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que quede legalmente notificado de este proveído, cumplan con la sentencia de amparo, y lo informen a este juzgado, con las constancias relativas, debidamente certificadas. Apercibida que de no hacerlo así, dentro del término que se le señala: a) Con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2, fracción III y 3 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización; y b) Se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, en esta ciudad, para seguir el trámite de inejecución de sentencia que puede culminar en la separación de su cargo y su consignación. Notifíquese por lista electrónica a las partes y por oficio a las autoridades. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    VISTA LA CONSTANCIA DE LA ACTUARIA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA SENTENCIA DE TRECE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad, el diecinueve de abril de dos mil veintidós, turnado a este órgano jurisdiccional ese mismo día, ***********, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, y otra autoridad, residentes en esta ciudad. SEGUNDO. Derechos Constitucionales que se estimaron violados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda de amparo. Por auto de veinte de abril de dos mil veintidós, se registró la demanda de amparo bajo el consecutivo 314/2022-VI; se admitió a trámite, se solicitó el informe con justificación a las autoridades responsables, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal correspondiente y se emplazó al tercero interesado, se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la que previo diferimiento, se celebró al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94 y 103, de la Constitución Federal, 35, primer párrafo, 37, tercer párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que se reclama un acto ejecutado en el territorio donde este juzgador de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación clara y precisa del acto reclamado a las autoridades responsables. Del análisis integral del escrito inicial de demanda, y de los presentes autos se desprende que la quejosa reclama al Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, y Secretaria de esa adscripción, lo siguiente: El proveído dictado el seis de abril de dos mil veintidós, en el juicio ordinario civil E7 ********, promovido por ***********, en contra del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Por ende, se tiene a tal acto como el reclamado en esta instancia constitucional. Para la fijación de los actos, se atiende al contenido de la jurisprudencia VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, de abril de 2004, página 255, del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe con justificación, el Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos y la Secretaria de su adscripción, aceptaron la existencia del acto reclamado; remitiendo para tal efecto copia certificada del expediente E7 ***********, de su índice. Constancias que cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Constitución, la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal, la que se analiza en forma profunda de acuerdo con el texto del artículo 62 de la ley en cita. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo estudio del fondo de la constitucionalidad del acto reclamado, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se estima actualizada. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en las página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece lo siguiente: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías En el caso, la suscrita estima que respecto al acto reclamado a la Secretaria del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1°, fracción I y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que textualmente establecen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.] De los preceptos transcritos se colige que por Autoridad debe entenderse aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. El concepto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, ha sido ampliamente estudiado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos asuntos; así, el Pleno señala que por Autoridad responsable debe considerarse a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. Por no oponerse a lo dispuesto por el artículo 6º transitorio de la Ley de Amparo, resulta aplicable la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al estudiar el concepto Autoridad para efectos del juicio de amparo, que se encuentra plasmados en la tesis P. XXVII/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo V, febrero de 1997, página 118, del tenor siguiente: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término «autoridades» para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Asimismo, es ilustrativo para distinguir cuándo se está en presencia de una autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo y que complementan a los anteriores, son los criterios sustentados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los que estableció que las notas distintivas de los actos de autoridad son las siguientes: 1) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. 3) Que emita actos unilaterales por virtud de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. 4) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2ª. CCIV/2001, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XIV, noviembre de 2001, página 39, del texto: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. El concepto de autoridades se refiere a aquellos entes que cuentan con la facultad para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente los intereses legítimos de los gobernados, sin la posibilidad de someter su decisión a los órganos jurisdiccionales; esto es, para efectos del juicio de amparo, las autoridades son aquellas que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, o en el caso de particulares, también tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos o intereses de los interesados y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Es importante puntualizar, que la Ley de Amparo incorporó el concepto de autoridad responsable, de manera más amplia, que el contenido en el artículo 11 de la ley anterior; en ese contexto, para determinar la calidad de autoridad responsable, es indispensable analizar las características particulares de aquel a quien se imputa el acto reclamado y la naturaleza de éste, es decir, a quién y qué se reclama en el juicio de amparo. Conforme a lo expuesto no todo acto, aun emitido por un ente del Estado, puede ser considerado como acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, porque los organismos públicos realizan cotidianamente acciones que pueden afectar a un particular, pero que no obedecen necesariamente a una relación de supra a subordinación. En efecto, el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. Ahora, si bien es cierto que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 178 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, los Secretarios de Acuerdos tienen la facultad de autorizar con su firma las resoluciones pronunciadas por el Juez de su adscripción, en la forma que señalen las leyes de procedimientos judiciales y reglamentos respectivos; redactar los autos del acuerdo diario; elaborar los proyectos de acuerdo y de sentencia que se les encomienden y elaborar la correspondencia; y tienen fe pública en todo lo relativo al ejercicio de su cargo; empero, dichas funciones asignadas no implican que resuelva conjuntamente con el juzgador, quien es el único responsable de su fallo, y solamente, el referido secretario autoriza, en función de fedatario, sin imperio ni facultad decisoria; consecuentemente, esa autoridad, en forma autónoma, no puede adquirir la jerarquía de responsable para los efectos del juicio de amparo, por lo que es improcedente el presente juicio respecto al acto reclamado a la Secretaria del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos. Ilustra lo antes expuesto la Jurisprudencia III.2o.C. J/21, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XX, Octubre de 2004, página 2292, que dice: SECRETARIO DE ACUERDOS. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Por disposición del artículo 27, fracción III (vigente hasta el 26 de julio de 1994, de contenido similar al artículo 112, fracción II, de la ley que entró en vigor el 2 de julio de 1997), de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, el secretario de Acuerdos de los Juzgados de lo Civil está facultado, entre otras cuestiones, para autorizar las diligencias y resoluciones que emita el titular, tarea ésta que de ninguna manera involucra de su parte, actos de decisión, pues solamente significa dar fe o confirmar que las determinaciones en que va puesta su firma fueron real y efectivamente pronunciadas por el funcionario de quien es subalterno. De lo anterior se desprende que el referido servidor público, al no estar investido de atributos decisorios en el desempeño de sus funciones, no puede ser considerado como autoridad para efectos del juicio constitucional. Asimismo, la diversa Jurisprudencia I.2o.P. J/20, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación. Tomo VII, Enero de 1991, página 87, que establece: SECRETARIO DE ACUERDOS. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. Si bien es cierto que de acuerdo a los artículos 64, fracción III, 79 y 80 de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal, entre las facultades del secretario de acuerdos se encuentra la de autorizar toda clase de resoluciones dictadas por el juez; empero, dicha función asignada no implica que resuelva conjuntamente con el juzgador, quien es el único responsable de su fallo, y solamente, el referido secretario autoriza, en función de fedatario, sin imperio ni facultad decisoria; consecuentemente, esa autoridad, en forma autónoma, no puede adquirir la jerarquía de responsable para los efectos del juicio de garantías, por lo que es improcedente dicho juicio por el acto que se le reclama. Igualmente, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación. Tomo II, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1988, página 132, que dispone: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO, NO LO ES EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO. Es improcedente el juicio de amparo directo respecto del secretario de acuerdos del juzgado, porque no tiene el carácter de autoridad, en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, pues sólo es fedatario de los actos del juez; por lo que debe sobreseerse en el juicio, con apoyo en la fracción XVIII, del artículo 73, en relación con el 74, fracción III, ambos de la Ley de Amparo. Por lo tanto, conforme al artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, en relación con al acto reclamado a la Secretaria del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, pues al respecto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5, fracción II, primer párrafo, del propio ordenamiento legal, interpretado en sentido contrario. QUINTO. Determinación que adopta este juzgado. La quejosa en el capítulo de conceptos de violación señala que el acto reclamado consistente en el proveído dictado por el Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos y la Secretaria de su adscripción, el seis de abril de dos mil veintidós, en el juicio ordinario civil E7 **********, vulnera lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El concepto de violación esgrimido por la quejosa resulta esencialmente fundado. Al respecto es oportuno precisar que de acuerdo a lo establecido en el numeral 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las exigencias legales que debe contener todo acto de autoridad, se traducen, por lo que toca a la motivación, en el señalamiento preciso de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto de autoridad a través de una serie de razonamientos lógicos jurídicos, sobre el porqué se consideró que el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa. Mientras que la fundamentación, es la obligación de la autoridad que emite el acto, de citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos, en que se apoye la determinación adoptada, como lo ha sostenido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 338, visible a página 338, del Tomo VI, Parte SCJN, séptima época, Apéndice de 1995, registro 394,294, con el rubro y texto siguientes: "MOTIVACIÓN, CONCEPTO DE. La motivación exigida por el artículo 16 constitucional consiste en el razonamiento, contenido en el texto mismo del acto autoritario de molestia, según el cual quien lo emite llega a la conclusión de que el acto concreto al cual se dirige se ajusta exactamente a las prevenciones de determinados preceptos legales. Es decir, motivar un acto es externar las consideraciones relativas a las circunstancias de hecho que se formula la autoridad para establecer la adecuación del caso concreto a la hipótesis legal." Luego, cuando el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la obligación para las autoridades de fundar y motivar sus actos, dicha exigencia se satisface, desde el punto de vista formal, cuando se expresan los numerales legales aplicables, así como los hechos que hacen que el caso encuadre en las hipótesis normativas a través de un razonamiento sustancial estrictamente necesario para que se comprenda el argumento expresado, habida cuenta que la omisión total de motivación, o la que sea tan imprecisa que no dé elementos al afectado para defender sus derechos o impugnar el razonamiento aducido por las autoridades, conduce a la concesión del amparo por falta formal de motivación y fundamentación. En el caso, de las constancias que obran en autos se aprecia que el veintinueve de marzo de dos mil veintidós, el apoderado de la parte actora ***********, solicitó al juez de origen, girar oficio a la institución bancaria denominada **************. a fin de que procediera a asegurar la cuenta bancaria del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y poner a disposición de la actora la cantidad de $*********), correspondiente a la suma de las prestaciones a las que fue condenado en sentencia definitiva y resoluciones interlocutorias, establecida en el proveído de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, dictado en el juicio ordinario civil E7 **************, de su índice. Ante la petición de la parte quejosa, la autoridad responsable el seis de abril de dos mil veintidós, emitió un acuerdo, el cual constituye el acto reclamado, y cuyo contenido literal es el siguiente: CIUDAD JUÁREZ, A SEIS DE ABRIL DE DOS MIL VENDIDOS. ---Dada cuenta con un escrito presentado por el Licenciado [************] con la personalidad que tiene acreditada en autos, y en atención a lo que solicita, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad su petición, en virtud de que, conforme lo dispuesto por el artículo 4 del Código Federal De Procedimientos Civiles, en contra de las Instituciones, Servicios y Dependencias de la Administración Publica de la Federación y de las Entidades Federativas, no puede dictarse en su contra mandamiento de ejecución ni providencia de embargo, y las resoluciones que se dicten en su contra serán cumplimentadas por las autoridades correspondientes, dentro de los límites de sus atribuciones; por lo que, se dejan a salvo los derechos de la actora para que proceda conforme a derecho. Es aplicable al punto la siguiente jurisprudencia confirmada por contradicción de tesis: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2017969 Instancia: Plenos de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Administrativa Tesis: PC.I.C. J/74 C (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo II, página 1280 Tipo: Jurisprudencia ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA FEDERACIÓN Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. LA FALTA DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE SUS ÓRGANOS A LA CONDENA IMPUESTA EN UN JUICIO ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, SIN QUE SEA NECESARIO EL DICTADO DE UNA RESOLUCIÓN QUE DECLARE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA O MATERIAL PARA CUMPLIRLA. En términos del criterio que informa la jurisprudencia 2a./J. 85/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. LA OMISIÓN EN DAR CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN UN JUICIO EN EL QUE FIGURARON COMO DEMANDADAS, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO (ARTÍCULO 4o. DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES).", en la que se dilucidó que en caso de que el cumplimiento voluntario a la sentencia no se dé, esa omisión constituye un acto de autoridad que puede combatirse en el juicio de amparo, pues con ello se afecta la esfera legal del particular, al impedirle obtener la prestación que demandó en el juicio en el que se dictó sentencia a su favor, en atención a que si bien es cierto que a las entidades referidas les resulta aplicable el artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos Civiles, que prohíbe dictar en su contra mandamiento de ejecución o providencia de embargo, conforme al espíritu legislativo -por el interés público que reviste el que los órganos del Estado no se coaccionen entre sí y no se afecten con mandamientos de ejecución o embargo de sus bienes, máxime que el Estado se considera siempre solvente y, por tanto, en aptitud de dar cumplimiento a una sentencia condenatoria-, también lo es que, basta la falta de cumplimiento voluntario para que se instituya tal omisión, que da motivo al juicio de amparo indirecto, sin que sea menester esperar al dictado de una resolución en la que "se declare la imposibilidad jurídica o material de dichos órganos estatales para cumplir con los fallos firmes de condena líquida dictados en su contra"; por ello, dicho supuesto no actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, que contienen las reglas de procedencia del juicio de amparo indirecto hasta que se dicte la "última resolución" en el procedimiento de ejecución de sentencia. PLENO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Contradicción de tesis 8/2018. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero, Décimo y Quinto, todos en Materia Civil del Primer Circuito. 3 de julio de 2018. Mayoría de trece votos de los Magistrados Neófito López Ramos, José Rigoberto Dueñas Calderón, Luz Delfina Abitia Gutiérrez, Francisco Javier Sandoval López, Mauro Miguel Reyes Zapata, Edith E. Alarcón Meixueiro, Carlos Manuel Padilla Pérez Vertti, Elisa Macrina Álvarez Castro, José Juan Bracamontes Cuevas, Ana María Serrano Oseguera, J. Refugio Ortega Marín, María Concepción Alonso Flores y Carlos Arellano Hobelsberger. Disidente: J. Jesús Pérez Grimaldi. Ponente: Elisa Macrina Álvarez Castro. Secretaria: Ruth Edith Pacheco Escobedo. Criterios contendientes El sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 26/2015, el sustentado por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver los amparos en revisión 335/2017 y 290/2014, y el diverso sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión civil RC. 48/2017. Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 85/2011 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, julio de 2011, página 448. Esta tesis se publicó el viernes 28 de septiembre de 2018 a las 10:37 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 01 de octubre de 2018, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. NOTIFÍQUESE: ---Así lo acordó y firma el Licenciado JORGE PAYAN FIGUEROA, Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial BRAVOS, en unión de la secretaria de acuerdos Licenciada ANA LILIA GALINDO BERNÉS, con quien actúa y da fe. Al respecto, el artículo 4º del Código Federal de Procedimientos Civiles, dispone lo siguiente: ARTICULO 4º.- Las instituciones, servicios y dependencias de la Administración Pública de la Federación y de las entidades federativas, tendrán dentro del procedimiento judicial, en cualquier forma en que intervengan, la misma situación que otra parte cualquiera; pero nunca podrá dictarse, en su contra, mandamiento de ejecución ni providencia de embargo, y estarán exentos de prestar las garantías que este Código exija de las partes. Las resoluciones dictadas en su contra serán cumplimentadas por las autoridades correspondientes, dentro de los límites de sus atribuciones. La intervención que, en diversos casos, ordena la ley que se dé al Ministerio Público, no tendrá lugar cuando, en el procedimiento, intervenga ya el Fiscal General de la República o uno de sus Agentes, con cualquier carácter o representación Del precepto normativo trascrito con antelación se desprende, en lo que aquí interesa, que las instituciones, servicios y dependencias de la Administración Pública de la Federación y de las entidades federativas, tendrán dentro del procedimiento judicial, en cualquier forma en que intervengan, la misma situación que otra parte cualquiera; pero nunca podrá dictarse, en su contra, mandamiento de ejecución ni providencia de embargo, y estarán exentos de prestar las garantías que el referido código exija de las partes; y que las resoluciones dictadas en su contra serán cumplimentadas por las autoridades correspondientes, dentro de los límites de sus atribuciones. Ahora, la excepción al principio de igualdad procesal consagrado en el artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos Civiles a favor de las dependencias de la Administración Pública de la Federación y de las entidades federativas al disponer que nunca podrá dictarse en su contra mandamiento de ejecución ni providencia de embargo, no significa la posibilidad de incumplimiento a una sentencia condenatoria por parte de los órganos estatales, sino que parte de que la entidad estatal cumplirá voluntariamente, por lo que es innecesario acudir a la vía de apremio, lo que así se señala en el segundo párrafo de dicho precepto, al establecer que las resoluciones dictadas en su contra serán cumplimentadas por las autoridades correspondientes, dentro de los límites de sus atribuciones. En efecto, lo fundado de dichos argumentos, encuentra sustento en el hecho de que la autoridad responsable, mediante el auto de seis de abril de dos mil veintidós, en el juicio ordinario civil 708/15 de su índice, proveyera que no podía dictarse en contra del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores mandamiento de ejecución, ni providencia de embargo; y que dejaba a salvo los derechos de la actora para que procediera conforme a derecho; lo anterior, no obstante que el numeral invocado, como se precisó, establece que las resoluciones dictadas en contra de instituciones, servicios y dependencias de la Administración Pública de la Federación y de las entidades federativas, serán cumplimentadas por las autoridades correspondientes, dentro de los límites de sus atribuciones. Esto es, la responsable se limitó a dejar a salvo los derechos de la actora para que procediera conforme a derecho, sin exponer las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a considerar que no estaba en aptitud de cumplimentarse la sentencia e interlocutorias dictadas en el juicio de origen, en términos de la normatividad aplicable. Máxime que la impartición de justicia no únicamente se puede limitar a que los tribunales resuelvan las controversias que se susciten entre las partes en conflicto, sino que una vez que se diriman mediante la emisión de una sentencia, ésta se debe hacer efectiva en contra de las instituciones, servicios o dependencias de la Administración Pública de la Federación o de las entidades federativas, que fueron condenadas, en términos de las diversas disposiciones aplicables. Aunado a la circunstancia de que el Estado se considera siempre solvente y, por tanto, en aptitud de dar cumplimiento voluntario a una sentencia condenatoria. Por ende, lo anterior pone de manifiesto que la responsable en el acuerdo dictado el seis de abril de dos mil veintidós, fue dogmática al negarse a cumplimentar las condenas decretadas en el juicio ordinario civil *********, de su índice; pues, como se precisó, únicamente refirió, entre otras cosas, que no podía dictarse en su contra mandamiento de ejecución ni providencia de embargo; y que se dejaban a salvo los derechos de la actora para que procediera conforme a derecho; fundamentando dicha negativa en el artículo 4º del Código Federal de Procedimientos Civiles. Por tanto, no bastaba que el acto de autoridad apenas observara una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, impidiendo la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente. Lo anterior, sin exigir una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando las normas habilitantes y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción. Apoya lo antes expuesto la Jurisprudencia 420 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Séptima Época, del Apéndice de 1975, Parte III, Sección Administrativa, cuyo rubro indica: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, GARANTÍA DE. Asimismo la diversa I.4o.A. J/43, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Mayo de 2006, página: 1531, cuyo rubro indica lo siguiente: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. Finalmente, no se soslaya que en caso de que no se dé el cumplimiento voluntario de la sentencias e interlocutorias dictadas en el referido juicio ordinario civil **********, por parte del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, dicha omisión constituye un acto de autoridad que puede combatirse en el juicio de amparo indirecto; sin embargo, dicha omisión resulta ajena a la litis planteada en el presente asunto. Corrobora lo antes expuesto la Jurisprudencia 2a./J. 85/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIV, Julio de 2011, página 448, que dice: DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. LA OMISIÓN EN DAR CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN UN JUICIO EN EL QUE FIGURARON COMO DEMANDADAS, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO (ARTÍCULO 4o. DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). La excepción al principio de igualdad procesal consagrado en el artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos Civiles a favor de las dependencias de la Administración Pública de la Federación y de las entidades federativas al disponer que nunca podrá dictarse en su contra mandamiento de ejecución ni providencia de embargo, no significa la posibilidad de incumplimiento a una sentencia condenatoria por parte de los órganos estatales, sino que parte de que la entidad estatal cumplirá voluntariamente, por lo que es innecesario acudir a la vía de apremio, lo que así se señala en el segundo párrafo de dicho precepto, al establecer que las resoluciones dictadas en su contra serán cumplimentadas por las autoridades correspondientes, dentro de los límites de sus atribuciones. Sin embargo, en caso de que tal cumplimiento voluntario no se dé, dicha omisión constituye un acto de autoridad que puede combatirse en el juicio de amparo, pues se surten las condiciones para considerar al ente estatal como autoridad en virtud de que: a) Se encuentra colocado en un plano de desigualdad frente al particular, atendiendo precisamente a su calidad de órgano del Estado, pues se le otorga el privilegio de no ser sujeto a ejecución forzosa; b) Tal prerrogativa deriva de la ley, pues ésta responde al cumplimiento voluntario del órgano estatal; c) El uso indebido de ese beneficio implica transgredir la obligación legal de cumplimiento voluntario y afecta la esfera legal del particular porque le impide obtener la prestación que demandó en el juicio en que se dictó sentencia a su favor; y d) La actitud contumaz de la autoridad coloca al particular en estado de indefensión ante la imposibilidad de lograr por las vías ordinarias la justicia que mandata el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por ende, lo procedente es conceder a ***********, el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, realice lo siguiente: a) deje sin efectos el auto de seis de abril de dos mil veintidós, dictado en el juicio ordinario civil E7 ********* de su índice; y, b) emita uno diverso, en el cual, con libertad de jurisdicción, funde y motive debidamente lo relativo al cumplimiento voluntario de las condenas decretadas en el referido juicio. Lo expuesto encuentra sustento en la tesis aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIII, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y nueve, página 579, que es del tenor siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, EFECTOS DE LA CONCESIÓN DE AMPARO EN CASO DE FALTA DE. La omisión de la autoridad de revelar los motivos y fundamentos que le sirven de apoyo para dictar un determinado acto, impide calificar la constitucionalidad de su contenido dado que se ignoran cuáles fueron las razones y los preceptos legales que se tuvieron en cuenta para dictarlo; por ello el efecto del amparo que se otorga contra un acto carente de motivación y fundamentación obliga a la autoridad responsable a dejarlo insubsistente, pero no restringe sus atribuciones para dictar otro siempre que cumpla con la exigencia de fundarlo y motivarlo." Finalmente, se hace la precisión que las tesis y jurisprudencias transcritas en apoyo a las consideraciones plasmadas en el cuerpo de este fallo, que fueron integradas conforme a la anterior Ley de Amparo, se estima que continúan vigentes, virtud a que contienen los mismos principios de la ley vigente y son aplicables al caso; lo anterior, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo. Por lo anteriormente expuesto, fundado y considerado, con apoyo en los artículos 61, 63, 73, primer párrafo, 74, 75, 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: Primero.- Se sobresee en el presente juicio de amparo respecto al acto reclamado a la Secretaria del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerado cuarto de la presente determinación. Segundo. La justicia de la unión ampara y protege a ***********, contra el acto del Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad, en los términos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada María Guadalupe Contreras Jurado, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Elizabeth Ortiz Sánchez. Doy fe.

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