Gabriel Avila Osorio

Expediente 548/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
548/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
08/08/2022

Partes del expediente

  • Gabriel Avila Osorio

Actuaciones

  1. Principal

    CAUSA ESTADO DESECHAMIENTO DE DEMANDA.

  2. Principal

    II-Vista la demanda y escrito aclaratorio del quejoso Gabriel Ávila Osorio, con los cuales solicita amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que atribuye al juez Civil de Primera instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, regístrese en el libro de gobierno. En principio, debe precisarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo dispone que: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Congruente con lo anterior, se estima que en el caso se debe desechar de plano la demanda de amparo al actualizarse de manera notoria e indudable la causal de improcedencia. En efecto, de la lectura integral a la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se advierte que la parte quejosa reclama el acuerdo de veinticuatro de junio de dos mi veintidós, en el juicio ordinario civil 275/2017, que negó declarar la caducidad de instancia. En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo de que se trata, se observa que se surte de manera manifiesta e indudable la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, teniendo en consideración que los actos reclamados, no son de aquellos que tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo indirecto. Ciertamente, los numerales citados disponen lo siguiente en las partes aludidas: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". Ahora, por actos de imposible reparación debe entenderse los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, que sus consecuencias son susceptibles de afectar, de modo directo, alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tales como la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, entre otros. Lo anterior, porque esa afectación o sus consecuencias, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio. Por otra parte, los actos que sí son reparables se actualizan respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar lesión en su esfera jurídica. En esta perspectiva, el amparo indirecto procede contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, cuando los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, en virtud de afectar sus derechos sustantivos, pero no procede cuando se trata de cuestiones adjetivas. La distinción entre un derecho sustantivo y uno de carácter adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versa en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Al respecto, ilustra lo expuesto la jurisprudencia P./J. 24/92, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Visible en la página once del tomo LVI, agosto de mil novecientos noventa y dos, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época que al efecto dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV, previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Así como, la jurisprudencia 3a./J. 43 29/89, sostenida por la otrora Tercera Sala del Máximo Tribunal Constitucional, publicada en la página 291, Tomo IV, primera parte, julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 , fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación ... El alcance de tal disposición obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en el amparo directo". En el caso, el acto que reclama la parte quejosa por esta vía, se advierte que fue emitido dentro de un juicio ordinario civil 275/2017, que consiste en la negativa de declarar la caducidad de la instancia. Así, la emisión de la resolución reclamada que no declaró procedente dicha caducidad, únicamente tiene como efecto que se continúe con el trámite del juicio de origen y sus efectos son sólo intraprocesales, pues no impide el libre ejercicio de algún derecho y, por otro lado, no afecta los derechos sustantivos del quejoso. Para sostener lo anterior, se cita la jurisprudencia P./J.1/2016 (10a), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo." Al tenor de la jurisprudencia transcrita, es advertible que es improcedente el juicio de amparo indirecto que se promueva contra la resolución que revoca la diversa que decretó la caducidad en la primera instancia; esto es, aquella de segundo grado en que no se decrete la caducidad de la instancia, porque no constituye un acto de imposible reparación, en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, porque no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos y, por ello, dicha resolución únicamente podrá combatirse como violación procesal mediante el amparo directo que se interponga contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio respectivo. Por tanto, es improcedente el amparo indirecto cuando se reclama la resolución que confirma la diversa que no acuerda de conformidad la caducidad de la primera instancia, al actualizarse la causal establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, toda vez que esa resolución no constituye un acto de imposible reparación, porque no afecta derechos sustantivos, sino únicamente derechos adjetivos o procesales. Ilustra a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 97/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 98/19, visible en el libro 69, tomo III, página 2401, agosto de 2019, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CADUCIDAD EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. PROCEDE SU ANÁLISIS EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE RECLAME LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE DECLARARLA DE OFICIO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE PUEBLA Y DE JALISCO). De acuerdo con los artículos 96 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla y 138 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios (este último en su texto vigente antes y después de la reforma publicada en el Periódico Oficial local el 30 de mayo de 2017), el tribunal declarará la caducidad a petición de parte interesada o de oficio; en el primer supuesto, la declaración derivará de la petición de la parte a quien interese el decretamiento de dicha figura, y en el segundo, con motivo del cercioramiento oficioso, previo al dictado del laudo, de que no ha operado la caducidad, lo cual llevará a declarar su existencia cuando se estime consumada. De ese modo, si bien la declaración de la caducidad por parte de la autoridad puede tener origen en la petición de parte, ello no exime al tribunal laboral de analizar si se actualiza o no previamente al dictado del laudo correspondiente, para así tener plena certeza de que no existe algún impedimento técnico para emitir un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, por lo que si aquél no se pronunció oficiosamente sobre la caducidad, ni alguna de las partes la hizo valer, implícitamente se tiene por determinado que no se actualiza la caducidad por inactividad procesal. En tal virtud, en vía de amparo directo es posible analizar conceptos de violación donde se combata como violación a las leyes del procedimiento en términos de los artículos 171 y 172, fracción XII, de la Ley de Amparo, la omisión del tribunal de pronunciarse oficiosamente respecto de la actualización de la caducidad, pues el laudo combatido aún no está elevado a la categoría de cosa juzgada al ser objeto del juicio constitucional, por lo que no existe impedimento técnico que, por preclusión, obstaculice su planteamiento vía conceptos de violación, máxime si se tiene en cuenta que no sería procedente combatir la omisión de declarar la caducidad a través del amparo indirecto, por no tratarse de un acto de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos. De ese modo, cuando la legislación que rige el acto prevea que la caducidad del procedimiento laboral se declarará a instancia de parte o de manera oficiosa por el tribunal, sí será posible analizar en el juicio de amparo directo todo lo concerniente a dicha figura procesal, independientemente de que las partes no la hicieran valer en el juicio de origen y de que el tribunal no la analizara oficiosamente." Sin que se actualice en el caso alguna excepción al numeral que se analiza, pues como ya se dijo, la referida resolución reclamada dictada en los autos del juicio ordinario civil de origen, no constituyen actos de imposible reparación en los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; lo que resulta suficiente para establecer la improcedencia manifiesta e indudable de este juicio de amparo. Apoya lo antes considerado, el criterio sustentado en la tesis P. LVII/2004, Instancia: Pleno, Tomo: XX, octubre de 2004, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible a página: 9, del rubro y tenor: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo.De tal modo, que esos actos no ameritan ser analizados de inmediato mediante el juicio de amparo indirecto, sin que ello deje en estado de indefensión a la parte amparista, pues aún tiene la posibilidad de impugnar el fallo definitivo en caso de que se sea desfavorable, ya sea a través del medio de impugnación ordinario o, en su caso, por medio del juicio de amparo directo; de ahí, que en el particular, se sostenga la improcedencia del juicio respecto de los aludidos actos que por esta vía reclama la quejosa, dado que es claro que las determinaciones reclamadas no constituyen la resolución definitiva. En esas condiciones, al haberse actualizado ese motivo manifiesto e indudable de improcedencia, procede desechar la demanda promovida por el quejoso Gabriel Ávila Osorio, con fundamento en el artículo 111, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, en virtud de actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 107, fracción III, interpretado en sentido contrario, del citado ordenamiento legal. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    II-Con la demanda de amparo de cuenta, se tiene a Gabriela Ávila osorio, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama del juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 548/2022-II-D. El artículo 108 de la Ley de Amparo señala: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación." Por su parte, el artículo 114 del mismo ordenamiento, dice: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Toda vez que el numeral 112 de la Ley de Amparo, impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre alguna deficiencias, irregularidades u omisiones, mandará prevenir a la parte promovente para que llene los requisitos omitidos o haga las aclaraciones que correspondan, dando oportunidad para que pueda subsanarlas en tiempo. Así, en el capítulo de acto reclamado en el escrito de demanda correspondiente a este juicio de amparo señala: "IV. ACTO RECLAMADO: El auto de fecha 24 de junio de 2022, dictado por la juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, dentro del expediente número 275/2017, publicado en la lista de estrados del H. Juzgado Civil ya citado, el día 27 de junio de 2022." En ese tenor, a efecto de acordar lo que proceda sobre la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, de la imposición del escrito de demanda se denotan irregularidades, toda vez que no se advierte el capítulo de antecedentes del acto reclamado y en consecuencia, impide conocer los pormenores del caso planteado, pues el quejoso reclama un proveído en el cual se negó decretar la caducidad en el procedimiento de origen; sin embargo, no se advierte cuál es el tipo de juicio del que emana dicho acto ni el estado en que se encuentra, lo que resulta necesario precisar para estar en aptitud de acordar lo conducente. Por lo que, a fin de que este órgano jurisdiccional esté en aptitud de proveer en relación con la demanda de que se trata, con fundamento en el artículo 114 fracciones l y IV, en relación con el 108 fracción IV de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS, legalmente computados, por escrito y bajo protesta de decir verdad: 1. Proporcione los antecedentes del acto reclamado; 2. Indique cuál es el tipo de juicio de origen; y. 3. Señale cuál es el estado en que se encuentra el juicio. Se apercibe a la parte promovente que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo concedido, de acuerdo a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. Toda vez que los datos que se le requieren son requisitos esenciales de la demanda a que se refiere el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo, deberá exhibir las copias necesarias del escrito con el que desahogue la prevención de mérito, en términos de lo que establece el artículo 110 de la Ley en cita. Cobra aplicación, por identidad de razón, la tesis de jurisprudencia 36/2001, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACION DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO". Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Asimismo, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, a la profesionista que menciona, toda vez que tiene cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales y con las restricciones señaladas en dicho artículo a la restante persona que menciona. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho humano consagrado en el artículo 17, Constitucional, con fundamento en el arábigo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Con fundamento en el artículo 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena la protección de los datos personales y la información relativa a la vida privada de los particulares, en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en este expediente, en caso de su requerimiento vía solicitud de acceso a la información, no obstante que las partes no se opongan a la publicación de los datos personales. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Con esta fecha se notifica por lista de estrados a la parte quejosa el acuerdo dictado el cinco de julio de dos mil veintidós, el cual en lo conducente dice: Con la demanda de amparo de cuenta, se tiene a Gabriela Ávila osorio, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama del juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 548/2022-II-D. El artículo 108 de la Ley de Amparo señala: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación." Por su parte, el artículo 114 del mismo ordenamiento, dice: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Toda vez que el numeral 112 de la Ley de Amparo, impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre alguna deficiencias, irregularidades u omisiones, mandará prevenir a la parte promovente para que llene los requisitos omitidos o haga las aclaraciones que correspondan, dando oportunidad para que pueda subsanarlas en tiempo. Así, en el capítulo de acto reclamado en el escrito de demanda correspondiente a este juicio de amparo señala: "IV. ACTO RECLAMADO: El auto de fecha 24 de junio de 2022, dictado por la juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, dentro del expediente número 275/2017, publicado en la lista de estrados del H. Juzgado Civil ya citado, el día 27 de junio de 2022." En ese tenor, a efecto de acordar lo que proceda sobre la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, de la imposición del escrito de demanda se denotan irregularidades, toda vez que no se advierte el capítulo de antecedentes del acto reclamado y en consecuencia, impide conocer los pormenores del caso planteado, pues el quejoso reclama un proveído en el cual se negó decretar la caducidad en el procedimiento de origen; sin embargo, no se advierte cuál es el tipo de juicio del que emana dicho acto ni el estado en que se encuentra, lo que resulta necesario precisar para estar en aptitud de acordar lo conducente. Por lo que, a fin de que este órgano jurisdiccional esté en aptitud de proveer en relación con la demanda de que se trata, con fundamento en el artículo 114 fracciones l y IV, en relación con el 108 fracción IV de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS, legalmente computados, por escrito y bajo protesta de decir verdad: 1. Proporcione los antecedentes del acto reclamado; 2. Indique cuál es el tipo de juicio de origen; y. 3. Señale cuál es el estado en que se encuentra el juicio. Se apercibe a la parte promovente que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo concedido, de acuerdo a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. Toda vez que los datos que se le requieren son requisitos esenciales de la demanda a que se refiere el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo, deberá exhibir las copias necesarias del escrito con el que desahogue la prevención de mérito, en términos de lo que establece el artículo 110 de la Ley en cita. Cobra aplicación, por identidad de razón, la tesis de jurisprudencia 36/2001, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACION DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO". Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Asimismo, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, a la profesionista que menciona, toda vez que tiene cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales y con las restricciones señaladas en dicho artículo a la restante persona que menciona. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho humano consagrado en el artículo 17, Constitucional, con fundamento en el arábigo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Con fundamento en el artículo 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena la protección de los datos personales y la información relativa a la vida privada de los particulares, en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en este expediente, en caso de su requerimiento vía solicitud de acceso a la información, no obstante que las partes no se opongan a la publicación de los datos personales. Notifíquese personalmente.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo · 9,571 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano