Gabriel Arias Rangel

Expediente 41/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
41/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
01/02/2018

Partes del expediente

  • Gabriel Arias Rangel

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de veintidós de enero de dos mil dieciocho, por el que se desechó de plano la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Por tanto, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTIDÓS DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por **********, por su propio derecho, contra actos de la Presidente Municipal de Jerécuaro, Guanajuato, y otra autoridad, fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el expediente 41/2018-I. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, dispositivos que estatuyen: Bajo ese contexto, en la especie el suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6°, ambos de la Ley de Amparo que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados. "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." De la transcrita fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley y, en el caso que se analiza, la causa que se manifiesta resulta del numeral 6° de dicho ordenamiento legal. De la literalidad de este último precepto se advierte que el juicio de amparo solamente lo puede promover la persona física o moral que con la norma general, el acto o la omisión reclamados de la autoridad, haya sufrido o sufra una lesión o una afectación personal y directa en alguno de sus derechos sustantivos fundamentales, que la Constitución tutela. Es decir, sólo lo puede promover la parte que con el acto reclamado sufra un agravio actual y no futuro e incierto, en forma directa e inmediata, ya sea en su libertad, en su persona, en su familia, en su domicilio, o bien, en sus propiedades o posesiones; y dicha promoción la puede hacer por derecho propio, por medio de su representante legal o apoderado, o por cualquier persona en los casos en que la ley lo permita expresamente. A contrario sensu, cuando el amparo lo promueve quien no sufre con el acto, la omisión o la norma general reclamados de la autoridad un agravio actual o inminente en forma directa e inmediata, ya sea en su libertad, en su persona, en su familia, en su domicilio, o bien, en sus propiedades o posesiones, el juicio de amparo resulta improcedente. Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa esencialmente reclama la carta invitación 03/2018 emitida el ocho de enero de dos mil dieciocho, por el Jefe Jurídico de la Presidencia Municipal de Jerécuaro, Guanajuato, que contiene la invitación a asistir a una audiencia de tipo conciliatoria. Bajo las consideraciones anteriores, se estima que la referida carta invitación no causa a la parte quejosa un agravio personal y directo, que para la procedencia del juicio de amparo establece el artículo 6º de la Ley de la materia, ya que no produce en su esfera jurídica una lesión o perjuicio que la legitimen para solicitar la protección de la justicia federal, Se afirma lo anterior, ya que se advierte que el Jefe Jurídico de la Presidencia Municipal de Jerécuaro, Guanajuato, emitió el documento denominado "carta-invitación", de ocho de enero de dos mil dieciocho, con la finalidad de que se lleve a cabo una audiencia de tipo conciliatoria. Por tanto, tal invitación sólo tiene como propósito llevar a cabo el desahogo de una audiencia de tipo conciliadora y, por sí misma, no genera un perjuicio al gobernado traducido en una afectación o menoscabo a su patrimonio jurídico, pues sólo se le comunica lo referido con antelación, convocándolo a que comparezca a una audiencia de tipo conciliatoria. Además, cuando el particular no está de acuerdo con el contenido de la invitación que le formula la autoridad municipal, existe la posibilidad de que el impetrante se presente en las oficinas de la autoridad responsable con el fin de aclarar que, en su caso, no desea acudir a la audiencia conciliatoria. Por ello, se estima que la autoridad responsable no ha ejercido alguna acción coercitiva en contra del solicitante del amparo, por lo que, no se trata de una resolución que afecte de manera inmediata los derechos del quejoso y, como consecuencia, no le causa perjuicio para los efectos de la procedencia del juicio de amparo. De lo antes expuesto se concluye que el quejoso no sufre un agravio personal y directo que lo legitime para promover el presente juicio de amparo, toda vez que la sola expedición del documento denominado "carta invitación" para que comparezca a una audiencia de tipo conciliatorio, no le genera perjuicio alguno, ya que se trata de una simple invitación a realizar los actos que en ella se contienen, la cual no conlleva la imposición de sanción alguna, por lo que tal invitación no es un acto de molestia, ni un requerimiento, por lo que la esfera jurídica del peticionario del amparo no se ve afectada de manera alguna. En otras palabras, como en la invitación para que comparezca a una audiencia de tipo conciliatorio ante la responsable no se determinó ninguna sanción, ni apercibimiento alguno, sino que de ella únicamente se advierte la invitación al ahora quejoso para que se presente en la hora y fecha señaladas ante la autoridad municipal, sin que se establezca consecuencia alguna para el caso de no atenderla, es inconcuso que no afecta su esfera jurídica. De ahí que se estime que el promovente del amparo no está legitimado para acudir a solicitar la protección constitucional, al carecer de uno de los supuestos necesarios para su procedencia. Debe de ponerse de relieve, que este criterio fue sustentado en el juicio de amparo 749/2017-I del índice de este órgano, donde se decretó su desechamiento, el cual fue impugnado vía recurso de queja y que por razón de turno tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Administrativa del Decimosexto Circuito, radicado bajo la queja administrativa 113/2017 de su estadística, donde la Superioridad determinó confirmar la providencia recurrida al resultar infundado el recurso de queja interpuesto. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6°, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Por otra parte, como lo solicita el gestionante, con fundamento en los numerales 27, fracción III, inciso a), en relación con el 29 de la Ley de Amparo, la presente determinación, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, practíquensele mediante lista de acuerdos que se fije en los referidos estrados de este órgano jurisdiccional. Por otro lado, se tiene al promovente autorizando en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a ****************, toda vez que no cuenta con cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

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