Gabriel Arauz Zavala

Expediente 515/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 13 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
515/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
01/08/2022

Partes del expediente

  • Gabriel Arauz Zavala
  • Rubén Omar Cova Sandoval

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a uno de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito del tercero interesado **********, atento a su contenido, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su ordinal 2°, expídase a su costa copia certificada de las constancia que indica, previa identificación, toma de razón y recibo que obre en autos. Por tanto, a fin de que la parte interesada esté en posibilidad acudir a este órgano jurisdiccional para la reproducción de las constancias solicitadas, de conformidad con los lineamientos previstos en el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno de Consejo de la Judicatura Federal, comuníquesele que deberá ingresar al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en el apartado de servicios jurisdiccionales, específicamente en el rubro de "Agenda OJ", y atendiendo a las fechas y horas disponibles en que pueda acceder a este Juzgado de Distrito y al horario de labores del centro de fotocopiado (de nueve a doce horas), deberá generar un Código QR que le permitirá ingresar a estas instalaciones para realizar el trámite correspondiente a la entrega de las copias certificadas; ello, con el fin de acatar las medidas sanitarias tendientes a evitar la concentración de personal y la propagación del virus Covid-19 con motivo de la situación de emergencia sanitaria actual. Además, se le informa que de resultarle de suma importancia las copias en mención, puede obtenerlas del expediente electrónico, si cuenta con usuario, y tiene ya, acceso al mismo; pues las actuaciones cargadas en dicho expediente al incluir la evidencia criptográfica, se consideran copias certificadas electrónicamente. Notifíquese.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a dieciocho de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito del tercero interesado Rubén Omar Cova Sandoval, por medio del cual solicita cause ejecutoria la sentencia emitida en el presente juicio. Al respecto, dígasele que deberá estarse a lo acordado en auto de trece de julio de dos mil veintidós, donde se proveyó lo referente a su petición. Notifíquese.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a trece de julio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley en comento, contra de la sentencia de veintitrés de junio de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó y negó en el presente juicio de amparo la protección constitucional, en virtud de lo anterior con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que ha causado ejecutoria la sentencia de mérito. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos legales procedentes y toda vez que no existen diligencias por realizar archívese este juicio como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Conforme a lo anterior y toda vez que en el presente asunto se negó la protección constitucional a la parte quejosa, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es DEPURABLE; por lo que transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído, deberá procederse a su depuración, para lo cual solo deberá conservarse la demanda de amparo, la sentencia que puso fin al juicio y el presente acuerdo. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado, y siguiendo las directrices ahí detalladas, este órgano jurisdiccional, dentro de los noventa días siguientes, realizará la depuración correspondiente y concluida la misma, solicítese la trasferencia al depósito documental dependiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Finalmente, remítase al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Tres de Tlaxcala, la copia certificada del expediente 179/2017, sin que haya lugar acuse recibo dado que no se trata de documentos originales. Notifíquese.

  4. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, siendo las diez horas con quince minutos del veintitrés de junio de dos mil veintidós, hora y día señalados en autos para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 515/2022-V, promovido por Gabriel Arauz Zavala, se procede a efectuarla en presencia de la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, asistida de Rolando Cruz Delfín, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe, por lo cual la declara abierta. Acto seguido, el Secretario certifica: Que en las instalaciones del órgano jurisdiccional no se presentó en la hora indicada ninguna persona solicitando comparecer a la audiencia físicamente ni por escrito, aunado a que las partes no manifestaron su deseo de comparecer a través de videoconferencia, por lo que se desahoga sin asistencia de las partes. A continuación, el Secretario relaciona las constancias de autos, entre las que se encuentra la demanda de amparo presentada por Gabriel Arauz Zavala; auto admisorio de veintiocho de abril de dos mil veintidós e informe justificado rendido por la autoridad responsable. Asimismo, se hace constar que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito Rubén Omar Cova Sandoval se encuentra debidamente emplazado. En relación a lo anterior, la Juez de Distrito acuerda: con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, tómese en consideración al momento de resolver este expediente el informe justificado rendido por la autoridad responsable y téngase por emplazado al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Abierto el periodo de pruebas, el Secretario hace constar que la autoridad responsable Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Tres de Tlaxcala remitió copia certificada del expediente 179/2017. A lo que la Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas antes referidas, dada su propia y especial naturaleza, con lo anterior se cierra el periodo probatorio. Abierta la fase de alegatos, el Secretario hace constar que las partes no hicieron valer tal derecho; a lo que la Juez acuerda: en virtud de que no se formularon alegatos se cierra esta etapa y se procede a dictar la siguiente: S E N T E N C I A A la vista, los autos, para resolver en sentencia, el juicio de amparo indirecto número 515/2021, promovido por Gabriel Arauz Zavala, por propio derecho, contra actos del Magistrado del Tribunal Agrario del Distrito Treinta y Tres, con sede en Tlaxcala, Tlaxcala, y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Recepción de demanda. Por escrito recibido el veintiséis de abril de dos mil veintidós, ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, y turnado al día siguiente a este Órgano Jurisdiccional Gabriel Arauz Zavala, por propio derecho, demandó en amparo indirecto a las autoridades y por el acto siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE: ORDENADORAS: Magistrado del Tribunal Agrario del Distrito Treinta y Tres, con sede en Tlaxcala, Tlaxcala Secretario de Acuerdos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Tres, con sede en Tlaxcala, Tlaxcala. EJECUTORAS: Actuario adscrito al Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Tres, con sede en Tlaxcala, Tlaxcala. ACTO RECLAMADO: La declaración de improcedencia respecto al incidente de nulidad de notificaciones a partir de la notificación de la sentencia dicta en el juicio agrario 179/2017, contenida en proveído de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. SEGUNDO. Radicación, admisión y trámite del juicio de amparo. Mediante proveído de veintiocho de abril de dos mil veintidós, se radicó el referido juicio de amparo indirecto, se admitió a trámite, se requirió el informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada, se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 35, 37 y 107, fracción VII de la Ley de Amparo; y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, relacionados con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como su adición contenida en el diverso acuerdo 3/2021 difundido en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de abril de dos mil veintiuno, en virtud de que el acto reclamado por grado es del conocimiento de un juez de distrito; y, porque las autoridades a quien se les reprochan tienen su residencia dentro de la jurisdicción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión de los Actos Reclamados. El acto reclamado por la parte promovente consiste en: La declaración de improcedencia respecto al incidente de nulidad de notificaciones a partir de la notificación de la sentencia dicta en el juicio agrario 179/2017, contenida en proveído de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado, lo que se corrobora de las constancias que remitió en copia certificada del expediente generador del acto reclamado juicio agrario 179/2017, mismos que obra en dos tomos de pruebas por separado y que se tienen a la vista para resolver el presente asunto. Copias certificadas que cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, al haber sido autentificadas por funcionario público en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Causal de improcedencia del juicio. Causal de improcedencia advertida de oficio. En el caso, la suscrita advierte que respecto al acto reclamado que se reclama del Secretario de Acuerdo adscrito al juzgado señalado como responsable, opera la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 63, fracción V, y 5 fracción II, aplicado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo; ya que en cuanto a la dicha autoridad señalada si bien firma el auto reclamado junto con la titular del Juzgado; empero, su intervención es únicamente con el objeto de dar fe de dicho acto. Luego, es claro que en términos de lo dispuesto por el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, sólo al Juez es a quien se debe considerarse como autoridad responsable, no así al Secretario de Acuerdo adscrito a dicho juzgado, pues como se dijo, sólo da fe del acto; de ahí que este juicio resulte improcedente en cuanto a tales autoridades. Apoya lo anterior, la jurisprudencia número VII.2º.C J/2, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, septiembre de 1995, Materia Civil, página 388, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD RESPONSABLE. EN EL PRONUNCIAMIENTO DE LOS ACUERDOS EN EL PROCEDIMIENTO, LO ES EL JUEZ Y NO EL SECRETARIO DEL JUZGADO. (LEGISLACION DEL ESTADO DE VERACRUZ). Si bien los acuerdos pronunciados en un juicio son firmados, además de por el juez, por el secretario del juzgado, la intervención de éste es únicamente con el objeto de dar fe de dichos actos, como se desprende del contenido de los artículos 38 del Código de Procedimientos Civiles de la entidad, y 34, inciso A), fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, de ahí que la responsabilidad en el pronunciamiento de lo acordado en el procedimiento sea del juez, por ser quien dicta los acuerdos que constituyen lo actuado en el procedimiento, por ende, en términos de lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Amparo, es a éste a quien, en tales casos, debe considerarse como autoridad responsable y no al secretario del juzgado, de quien, en tal aspecto, deviene improcedente el juicio de garantías en términos del artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 11 de dicho ordenamiento legal". En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente asunto, únicamente en cuanto al Secretario de Acuerdos adscrito al Secretario de Acuerdos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Tres, con sede en Tlaxcala, Tlaxcala. QUINTO. Antecedentes del Acto Reclamado. Para una mejor compresión del presente asunto se estima pertinente exponer los antecedentes más destacados del acto reclamado, lo cual se desprende de los anexos que acompañó la autoridad responsable a su informe de ley, los cuales son los siguientes: 1. Mediante proveído de dos de junio de dos mil diecisiete el Tribunal Unitario Agrario responsable tuvo por recibida la demanda presentada por Rubén Omar Cova Sandoval en contra de Gabriel Arauz Zavala, demandando la declaración por resolución definitiva de propietario y titular de diversas parcelas, el titular del órgano unitario radicó el juicio agrario bajo el número 179/2017, y admitió la controversia, ordenó el emplazamiento de la parte demandada, y señaló fecha para la celebración de audiencia de ley. 2.- Se emplazó a la parte demandada aquí quejoso Gabriel Arauz Zavala, quien compareció a juicio en la fecha señalada para la celebración de la audiencia de conciliación de cuatro de octubre de dos mil diecisiete, ello mediante escrito que exhibió en la misma mediante el cual promovió reconvención y dio contestación a la demanda instaurada. De igual forma el ahora quejoso, en dicho escrito señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados del tribunal agrario. 3.- Previos trámites y diferimientos de la audiencia de ley, y una vez agotada la secuela procesal en el juicio agrario, en cuatro de febrero de dos mil veinte la responsable dictó sentencia, en la cual determinó que resultaba procedente la pretensión y restitución en su favor. (Fojas 570 a 616 del tomo I de pruebas). 4.- Contra dicha determinación tanto el ahora quejoso como tercero interesado, promovieron demanda de amparo directo mismo que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, radicado bajo los números 220/2020 y 226/2020, mismos que fueran resueltos mediante sesión ordinaria celebrada en veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, en el cual el órgano Colegiado determinó por cuanto hace al demandado aquí quejoso Gabriel Arauz Zavala negar el amparo solicitado al demandado aquí quejoso (fojas 648 a 684 ídem), asimismo por cuanto hace al aquí tercero interesado Rubén Omar Cova Sandoval, (fojas 729 a 759 ibídem) conceder el amparo solicitado para efectos que la responsable dejara sin efectos la resolución dictada determinara que el aquí quejoso carecía de interés jurídico para demandar nulidad de certificados parcelarios y toda vez que el mismo poseía las parcelas en litigio, debía el Tribunal responsable condenar a la restitución, desocupación y entrega al aquí tercero interesado. 5.- En cumplimiento a la ejecutoria de amparo en veintiséis de octubre de dos mil veintiuno el Tribunal responsable dictó resolución correspondiente (fojas 765 a 811 del Tomo I de pruebas), esta determinación se notificó al ahora quejoso Gabriel Arauz Zavala, por medio de los estrados del Tribunal Unitario Agrario responsable (foja 816 ídem). 6.- En dieciocho de enero de dos mil veintidós el Tribunal responsable tuvo por recibido el oficio signado por Magistrado Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en el cual le comunicó que dicho órgano jurisdiccional había declarado cumplida la ejecutoria de amparo (Foja 820 ídem). 7.- En quince de febrero de dos mil veintidós el Magistrado responsable decretó que la sentencia dictada en autos, causaba ejecutoria y ordenó la ejecución de las consecuencias de dicha determinación (foja 827 del Tomo I de pruebas). Esta determinación fue notificada al aquí quejoso el catorce de marzo siguiente, por medio de los estrados del Tribunal responsable (foja 832 ídem). 8. Luego, por escrito presentado ante la autoridad responsable en diecisiete de marzo de dos mil veintidós, Gabriel Arauz Zavala, promovió incidente de nulidad en contra de las notificaciones a partir de la realizada de la sentencia de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, dictada en el expediente de origen.(fojas 868 a 899 ídem) 9.- A lo anterior recayó el proveído de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, en donde el magistrado responsable desechó por improcedente la incidencia planteada (foja 900 ibídem). Siendo esta la determinación reclamada en vía de amparo. Son infundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, sin que se advierta queja deficiente que suplir, de ahí que deba negarse el amparo solicitado. La parte quejosa aduce en sus conceptos de violación que en su contra se violentan los derechos protegidos en los artículos 1, 14 y 16, pues sostiene que se han llevado a cabo nulas e inexistentes notificaciones, lo cual vulnera su derecho al debido proceso, asimismo que la resolución recurrida se encuentra falta de fundamentación y motivación. No asiste razón jurídica a la parte quejosa. Lo anterior pues, como se adelantó, este Juzgado de Distrito estima ajustado a derecho el acuerdo reclamado de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, dictado por el Magistrado responsable, en el expediente agrario 179/2017, por medio del cual declaró improcedente el incidente de nulidad de notificaciones a partir de la sentencia dictada en veintiséis de octubre de dos mil veintiuno que promoviera el aquí quejoso. Quien aquí resuelve, considera que la decisión de declarar improcedente el incidente planteado fue correcta, pues tal como lo observó la responsable, el mismo era improcedente. Se afirma lo anterior, toda vez que el quejoso intentó cuestionar las notificaciones realizadas a partir de la sentencia de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, bajo el argumento de que las mismas no se le realizaron y que si así hubiera sucedido fueron de manera oscura e irregular. No obstante, la autoridad responsable consideró que el incidente planteado era infundado, improcedente y frívolo en Atención a que: 1.- Resolvió de conformidad con lo establecido en los numerales 173 y 192 de la Le Agraria, con relación a los numerales 57, 309 y 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles. 2.- Que mediante escritos de reconvención y contestación de demanda y de conformidad con el numeral 173 de la Ley Agraria el ahora quejoso Gabriel Arauz Zavala, señaló los estrados del Tribunal para oír y recibir notificaciones. 3.- Que en atención a ello, la actuaria de la adscripción atento a lo ordenado en la sentencia de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno y en el acuerdo de quince de febrero de dos mil veintidós, dictado en aquellos autos, le notificó por medio de los estrados de dicho órgano jurisdiccional. 4.- Que de las constancias procesales se observaba que se había cumplido con notificarle de la manera en que lo solicitó el demandado ahora quejoso. 5.- Así determinó que era improcedente la incidencia planteada pues no acreditaba los dos supuestos normativos en los que se basa su procedencia (artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles), esto era que se hubiera omitido o se hubiera realizado de manera distinta a la prevista en la ley, ello pues consideró que las notificaciones realizadas por estrados como lo fue solicitado por el ahora quejoso, cumplía los extremos de notificación personal, al haber sido el domicilio que el demandado ahora quejoso había señalado para ello. Ahora bien, se estiman apegadas a derecho las consideraciones que adoptó la autoridad responsable, pues del análisis del escrito de la incidencia planteada, se advierte que la pretensión era improcedente. Y así, el Código Federal de procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Agraria, según su artículo 2, establece la oportunidad que los tribunales desechen de plano un incidente cuando adviertan que es notoriamente improcedente, como aconteció en el caso. Ello, porque tal como lo estimó el Magistrado de instancia, el quejoso pretendía cuestionar a través del incidente de nulidad, las notificaciones que se le practicaron por medio de los estrados del tribunal, con las cuales se le hizo del conocimiento el dictado de la sentencia de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno y el diverso auto por el cual causó ejecutoria aquélla. Sin embargo como bien lo consideró el Magistrado responsable, el incidente planteado era a todas luces improcedente y, por ende, su tramitación resultaría inoperante, pues desde el momento de la presentación del escrito incidental, se podía advertir que el mismo no le generaría beneficio alguno; es decir, se pudo determinar que las notificaciones cuestionadas se realizaron correctamente. Lo anterior pues bastaba acudir al escrito mediante el cual el ahora quejoso dio contestación a la demanda instaurada en su contra y promovió reconvención, para advertir que fue su voluntad, que sus notificaciones se realizaran por medio de estrados, lo que la autoridad realizó durante toda la secuela del procedimientos desde la instrucción hasta ejecución; de tal modo que, a ningún fin práctico hubiese conducido el aperturar el incidente de nulidad para verificar la legalidad de las notificaciones que se practicaron por ese medio, ello pues se insiste, fue solicitud directa de la parte demandada, aquí quejosa, que las mismas se realizaran de tal manera. En tales condiciones quien aquí resuelve, considera que la decisión asumida por la responsable al dictar el auto reclamado, se encuentra ajustada a derecho. Sin que obste a lo anterior la manifestación de la parte quejosa en el sentido de que fueron violentados en su contra los derechos protegidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales. Pues se advierte que la determinación recurrida cumple con los requisitos establecidos en el artículo 16 Constitucional de fundamentación y motivación, pues expresa con precisión los preceptos legales aplicables al caso (fundamentación), señala con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se tuvieron en consideración para la emisión del acto reclamado (motivación) y la existencia adecuada entre los motivos aducidos y normas aplicables (relación entre la fundamentación y motivación), ello pues al emitir el acto la responsable lo hizo de conformidad con lo establecido en los numerales 173 y 192 de la Le Agraria, con relación a los numerales 57, 309 y 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles y en ese sentido determinó que el incidente era planteado por no encontrarse en los supuestos que rige la norma y por tanto lo declaró improcedente, en consecuencia es que se considera no existe la violación alegada al marco constitucional. Asimismo tampoco se advierte violación al debido proceso que ahora alega la parte quejosa, pues el mismo se refiere a que se cumplieran las formalidades del procedimiento, lo cual sí se realizó, ya que se le dio oportunidad de defenderse en el juicio, pues tuvo ocasión para ofrecer y desahogar las pruebas que estimó convenientes, la de alegar y la del dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas, por un tribunal previamente establecido y conforme a leyes expedidas con anterioridad a los hechos, y asimismo resolvió de plano la incidencia planteada; de ahí que contrario a lo manifestado por la parte quejosa no se violenta en su contra el contenido del artículo 14 Constitucional. Apoya lo anterior la Jurisprudencia1a./J. 11/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, página 396 Materias(s): Constitucional, Común, de rubro y texto siguientes: "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Dentro de las garantías del debido proceso existe un "núcleo duro", que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al "núcleo duro", las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia", las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos especies: la primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza." Bajo tales consideraciones, al resultar infundados los conceptos de violación, ello ante la legalidad del acto reclamado y en virtud que no se advierten razones suficientes para suplir la deficiencia en los argumentos expuestos, se niega el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Dicha negativa del amparo se hace extensiva al diverso acto reclamado a la diversa autoridad responsable ejecutora, lo anterior, puesto que no se combate el acto a ella reclamado por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender del acto que reclamó a la autoridad ordenadora. SEXTO Publicación de sentencia. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, genérese la versión pública, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese al expediente el acuse de recibo. SÉPTIMO. Expedición de copias. Por otra parte, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, sin necesidad de acuerdo posterior, expídase copia certificada de esta sentencia a la parte que acredite estar legitimada para su recepción, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos, para debida constancia. Por tanto, a fin de que la parte interesada esté en posibilidad de acudir ante este órgano jurisdiccional para la reproducción de la presente sentencia, de conformidad con los lineamientos previstos en el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comuníquesele que deberá ingresar al portal de servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en el apartado de servicios jurisdiccionales, específicamente en el rubro de "Agenda OJ", y atendiendo a las fechas y horarios disponibles en que pueda acceder a este órgano jurisdiccional y al horario de labores del centro de foto copiado (hasta las doce horas), deberá generar un Código QR que le permitirá ingresar a estas instalaciones para realizar el trámite correspondiente a la entrega de las copias certificadas; ello, con el fin de acatar las medidas sanitarias tendentes a evitar la concentración de personal y la propagación del virus Covid-19 con motivo de la situación de emergencia sanitaria actual. Además, se le informa que de resultarle de suma importancia las copias en mención puede, en caso de no tenerlo, solicitar la continuación del juicio en línea, desde el portal de servicios en línea de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal, para lo cual es indispensable contar con firma electrónica y solicitar notificaciones por medios electrónicos así como su nombre de usuario (lo cual incluye el acceso al expediente electrónico), en términos de los artículos 36 y 55 del Acuerdo General 12 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y así estar en aptitud de imprimir desde el Sistema Integral de Seguimiento del Expedientes las actuaciones que requiera ya que se encuentran acompañadas de evidencia criptográfica lo cual en términos de la fracción VI, del artículo 3 y 22 del citado Acuerdo General, tienen validez legal suficiente al ser firmadas electrónicamente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregadas al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ellas su evidencia criptográfica. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 1°, 103, 107 de la constitución federal; 73 y 74 de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se: R E S U E LV E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Gabriel Arauz Zavala, por propio derecho, por cuanto hace a la autoridad responsable, por el acto reclamado y por las consideraciones precisadas en el considerando CUARTO del presente fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Gabriel Arauz Zavala, por propio derecho, contra la autoridad y por el acto que fue precisado en el resultando primero, por las razones expuestas en el considerando quinto del presente fallo. SEGUNDO. Captúrese la presente sentencia, genérese la versión pública y, agréguese el acuse de recibo. TERCERO. Entréguese copia autorizada de esta sentencia a la parte que lo solicite, previo pago y razón que por su recibo se deje en autos. Notifíquese Así lo resolvió y firma, Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, ante el Licenciado Rolando Cruz Delfín, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

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