Gabriel Alonso Márquez

Expediente 463/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
463/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
03/07/2023

Partes del expediente

  • Gabriel Alonso Márquez

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, tres de julio de dos mil veintitrés. Se tiene recibido el oficio electrónico de cuenta recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E", firmado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Acapulco, Guerrero, mediante el cual informa que se admitió el recurso de queja, interpuesto por el quejoso, por conducto de su autorizado, en contra del auto de veintiuno de abril del año en curso, dictado en el juicio de amparo indirecto 463/2023, en que se actúa; recurso que fue registrado con el número 176/2023; de ello, se toma nota, y glósese a los autos para que obre como constancia, quedando a la espera de que la superioridad resuelva dicho recurso.

  2. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Visto el escrito presentado por José Alberto Jaimes Saldaña, autorizado de los quejosos Gabriel Alonso Márquez y Natividad Pérez Guinto, en atención a su contenido, dígasele que no ha lugar a pronunciarse en relación a la suspensión provisional que refiere; toda vez que en proveído de veintiuno de abril de dos mil veintitrés, se desechó la demanda intentada, posteriormente en auto de cuatro de mayo del año en curso se tuvo a dicha parte procesal interponiendo recurso de queja en contra del referido auto, y el nueve de junio actual, se ordenó remitir copias certificadas al tribunal de alzada para la substanciación del citado recurso. Por tanto una vez que resuelva la superioridad del citado recurso, se acordará lo que en derecho corresponda.

  3. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, cuatro de mayo de dos mil veintitrés. Visto el escrito de cuenta firmado por el quejoso ********************, en su carácter de autorizado de la parte quejosa; atento a su contenido, y con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98 y 99 de la Ley de Amparo, se le tiene interpuesto el recurso de queja planteado en contra del auto de veintiuno de abril del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo intentada. Con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe respectivo, y una vez que se hayan realizado las notificaciones pertinentes, previo acuerdo, remítase el original del escrito de interposición del recurso y expresión de agravios, así como el informe en relación a la queja, al que deberá adjuntarse copia certificada de las constancias respectivas, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, en Turno, con sede en Acapulco, Guerrero, para los efectos legales procedentes.

  4. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintiuno de abril de dos mil veintitrés. Se tiene recibida la demanda de amparo promovida por Gabriel Alonso Márquez y Natividad Pérez Guinto, por propio derecho, contra actos del Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno de gobierno que para tal fin se lleva, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E", como juicio de amparo indirecto 463/2023-g; fórmese expediente impreso y electrónico que corresponde. Ahora, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de amparo, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la de la materia, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Así, del análisis íntegro de la demanda de amparo, es factible para este órgano jurisdiccional, determinar con exactitud la intención de los promoventes de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página treinta y dos, tomo XI, correspondiente a abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En tal sentido, del análisis de la demanda de amparo y sus anexos, se aprecia que los impetrantes medularmente se duelen de: - La resolución de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, dictada por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, en el toca número TJA/SS/REC/002/2023 y su acumulado TJA/SS/REC/003/2023, y que confirma el acuerdo que admite el informe de presunta responsabilidad administrativa, fechado en treinta de enero de dos mil veintitrés, dictado por la Subdirectora de Substanciación del Órgano Interno de Control de la Auditoria Superior del Estado de Guerrero, dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa ASE-OIC-SSMI-0001-2023. En ese orden de ideas, a criterio de este órgano de control constitucional, en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, esta última hipótesis aplicada en sentido contrario; numerales de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que, en su orden y en la parte que interesa, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley..." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados de los que el estado Mexicano sea parte; (...)" [Énfasis añadido] Como se puede ver, el artículo 61, en su fracción XXIII, dispone que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley; en tanto que, el diverso 107, en su fracción V, en forma expresa prevé que el amparo es procedente contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. En ese sentido, debemos entender que para efectos del juicio de amparo, un acto de imposible reparación se entiende como aquél que afecta de modo directo e inmediato los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y los tratados internacionales. Por otra parte, los actos intraprocesales que no reúnen tales características por sí mismos no afectan a los gobernados, puesto que sus efectos pueden o no manifestarse en el contenido de la sentencia que ponga fin al procedimiento, en cuyo caso podrá interponer los medios de defensa conducentes. Así, los actos procesales que tienen efectos sobre las cosas o las personas, no tienen el carácter de irreparables mientras la afectación no incida directamente en sus derechos sustantivos y exista la posibilidad legal que el afectado obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos únicamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vistas a obtener un fallo favorable. En el caso, el impetrante del amparo reclama del Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, a través de esta instancia constitucional, la resolución de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, dictada en el toca número TJA/SS/REC/002/2023 y su acumulado TJA/SS/REC/003/2023, en la que confirma el acuerdo que de admisión, respecto del informe de presunta responsabilidad administrativa, de treinta de enero de dos mil veintitrés, dictado por la Subdirectora de Substanciación del Órgano Interno de Control de la Auditoria Superior del Estado de Guerrero, dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa ASE-OIC-SSMI-0001-2023, misma que no se trata de actos de imposible reparación, dado que no produce una afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo consagrado en los derechos fundamentales. Lo anterior, se considera así, porque la resolución que combate tiene como finalidad única confirmar la iniciación del procedimiento de responsabilidad administrativa, ya que precisamente durante su tramitación la parte -aquí quejosa- tiene la oportunidad procesal de defenderse, ello, en razón de que el efecto que produce es el de someter a las partes a un procedimiento en el que tendrán oportunidad de comparecer en juicio, ofrecer pruebas y alegar lo que a su interés legal convenga; circunstancia que no vulnera de inmediato derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el juicio de amparo indirecto procede contra los actos en el juicio que tengan en las personas o cosas una ejecución irreparable. Se insiste en el caso, el acto reclamado no afecta de forma directa algún derecho sustantivo, ni uno adjetivo en grado predominante y superior, sino que como ya se ha dicho los efectos del acto reclamado son susceptibles de extinguirse a través del dictado de una resolución que puede ser favorable a los intereses de llos impetrantes, y de lo contrario, podrá impugnarla mediante recurso o instancia que corresponda. Apoya lo anterior, el criterio de jurisprudencia I.1o.A.E. J/5 (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y jurisdicción en toda la república, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, página 1902, de la Décima Época, con registro 2011338, de rubro y texto siguiente: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución." De igual forma apoya lo antes expuesto por identidad de razón y contenido jurídico la jurisprudencia 1a./J. 4/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 2, Materia(s): Común, página 942, de la Décima Época, con registro 2001820, de la literalidad siguiente: "ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN O VIOLACIÓN PROCESAL QUE AFECTE EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NO LO CONSTITUYE LA DETERMINACIÓN QUE ADMITE A TRÁMITE UNA DEMANDA DE NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO. La admisión de una demanda de nulidad de juicio concluido, no constituye un acto que afecte en grado predominante o superior a los demandados, puesto que únicamente produce el efecto de someter a las partes a un procedimiento jurisdiccional, donde tendrán la oportunidad de contestar la demanda, ofrecer pruebas y alegar; de ahí que los vicios que pudiera llegar a tener dicha admisión pueden no trascender a su esfera jurídica. No pasa inadvertido que la institución procesal que está en juego con la admisión a trámite de este tipo de procedimientos, es la de la "cosa juzgada" del juicio concluido; sin embargo, ello no constituye un elemento válido para establecer la procedencia del amparo indirecto pues, en todo caso, será la sentencia que recaiga a dicho procedimiento, la que pudiera repercutir en la cosa juzgada del juicio que concluyó." Asimismo, resulta aplicable por las razones que la sustentan la tesis 2a. CIII/2014 (10a.) que a la letra dice: "DEMANDA LABORAL. EL AUTO QUE LA ADMITE NO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN NI CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN QUE AFECTE AL QUEJOSO (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013)." De ahí que, se concluya que no existe una afectación material sobre algún derecho sustantivo reconocido en la Constitución o en los Tratados Internacionales, como la libertad, la propiedad o el derecho a la salud, ya que de que los efectos que se producen con el acto reclamado son solo formales (no materiales), pues pueden desaparecer al obtener una resolución favorable, dado que con la violación reclamada, por el momento no se está en posibilidad de saber si trascenderá al resultado de dicha sentencia, por lo que en caso de que esta violación procesal sea trascendente para un resultado adverso, podrá reclamarla analógicamente mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley. En ese orden de ideas, y como se adelantó, este Juzgado estima que en la especie se actualiza la citada causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, con relación en el diverso 107 fracción V, esta última aplicada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; y por ende, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO INTENTADA, al ser notoriamente improcedente. Sin que la anterior determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. En apoyo a lo anterior se cita la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XXIV, Julio de 2006, p. 921, cuyo rubro y texto son: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." DOMICILIO Téngase como domicilio para oír y recibir toda clase de documentos y notificaciones en el despacho jurídico ubicado en Calle Prolongación Raymundo Abarca Alarcón, número 23, Colonia Centro de esta ciudad. AUTORIZADOS Se tiene como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Gabriel Alonso Márquez, César Alonso Navor, Hegel Mariano Ramírez, José Alberto Jaimes Saldaña, Carlos Román Medina, Juana Mendoza Urbano, Lenin Ramírez López, Rosa Linda Martínez Oliveros, Irving Antonio Zurita, Lizbeth Oliveros Martínez, Gregorio Valente Ramírez, René Ramírez Ortiz, Olga lidia Orduño Bermúdez, Víctor Ernesto Manzanarez Francisco y Lidia Yecenia Martínez Cabello, toda vez que están acreditados para ejercer la profesión de licenciados en derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para recibir notificaciones a Ma. Patricia Guatemala Palma, José Salvador Lomelí Crispín, Faustino Ricardo Valderrama Guerrero y Walter Alarcón González, toda vez que no cuentan con cédula profesional registrada en el citado sistema; y únicamente para imponerse de los autos a Emma Lurdes Calletano Castro, Arturo Rojas Cano, Said Segura Castro, Nelly Valenzuela Estrada, Ma. Del Rosario Carbajal Pacheco y Margarito Santiago Rivera. Adicionalmente, como lo solicita el promovente, y con fundamento en los artículos 77, 79 y 93 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Servicios Tecnológicos a la tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal, desde este momento se le autoriza únicamente consultar el presente expediente electrónicamente, ello, en términos del Artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, en virtud de contar con firma electrónica, siendo los usuarios "JoseAlberto1994", corresponde a José Alberto Jaimes Saldaña; lo anterior se verificó, en la base de datos del "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E. 2.0)", no así recibir citas y notificaciones al no haberlo solicitado así expresamente. Por tanto, se comisiona a la oficial encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E", a fin de que realice los movimientos necesarios en dicho sistema, para el caso de que resultara alguna cuestión no prevista hasta este momento que impidiera lo anterior, se proveerá lo conducente. Lo anterior, sin perjuicio de que por caso fortuito, fuerza mayor o por fallas técnicas se interrumpa el sistema, haciendo imposible el envío y la recepción de promociones dentro de los plazos establecidos en la ley, ante ello, dicho quejoso deberá dar aviso de inmediato a este órgano jurisdiccional para que se tomen las medidas correspondientes. Por otra parte, se tiene al promovente designando como medio de contacto el correo electrónico alonso_asociados@hotmail.com, así como los números de teléfono celular 7471322678 (Lenin); 7471311259 (cesar) y 7471305882 (José Alberto), para establecer comunicación con este Juzgado, en caso de ser necesario, y para cuestiones no procesales el correo electrónico anteriormente citado, sin que sea el caso autorizar notificaciones por esa vía, en razón de que es un medio que no se encuentra previsto en la Ley de la materia, ello, no obstante que durante la contingencia sanitaria que motivó el virus SARS-CoV2 (COVID-19), se autorizó dicho medio, ello, fue a fin de evitar la propagación de infecciones, sin embargo, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, entró en vigor el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo; de ahí, que se considere un medio inapropiado para realizar las notificaciones procesales que deriven de este sumario. REPRERSENTANTE COMÚN. Asimismo, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de la materia, este Juzgado designa como representante común de entre los quejosos a Gabriel Alonso Márquez, atendiendo a que los promoventes no hacen señalamiento al respecto; ello, sin perjuicio de que de considerarlo pertinente, con posterioridad lo sustituyan por otro. AUTORIZACIÓN DE COPIAS. Asimismo, desde este momento, se autoriza la expedición de copias simples o debidamente certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la parte quejosa y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores, fijado para la atención al público en general en días hábiles. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona para la recepción de la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. De igual forma, se hace del conocimiento a las partes que de conformidad con el artículo 3° párrafo cuarto de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, a partir del cuatro de enero de dos mil dieciséis podrán tener acceso al expediente electrónico, promover por vía electrónica y solicitar la recepción de notificaciones por esa vía. TRANSPARENCIA. De acuerdo a lo establecido en los artículos 1º, 3º, 4º, 9º y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la precitada Ley, mediante notificación por lista en los estrados de este Juzgado, hágase del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es publica, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado Anastacio Ochoa Pacheco, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido de la secretaria, licenciada Yuvidalia Pineda Torres, con quien actúa y da fe, quien queda facultada para firmar los oficios correspondientes; asimismo, certifica que esta determinación se autorizó vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con las FIREL del personal actuante. Doy fe.

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