Gabriel Alejandro Flores Velázquez
Expediente 377/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 12 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 377/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 07/07/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Gabriel Alejandro Flores Velázquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Ciudad Juárez Chihuahua; siete de julio de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada en el juicio de garantías en que se actúa; por tanto, con fundamento en el artículo 81 fracción I inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agréguese el cuadernillo original del incidente de suspensión. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de depuración, por lo que deberán conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; veinte de junio de dos mil diecisiete. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo *******, y; RESULTANDO PRIMERO. Por escrito presentado el diecisiete de abril de dos mil diecisiete en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, remitido a este juzgado por razón de turno el mismo día, ******* solicitó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Juez Quinto de lo Civil, Jefe de la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores, de los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores, todos del distrito judicial Bravos, con sede en de Juárez, Chihuahua, de quienes reclamó: IV.- ACTOS QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMAN.- A).-Del C. JUEZ QUINTO DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS, se reclama la totalidad de las actuaciones del juicio especial hipotecario promovido por *******, por conducto de su apoderado legal Lic. ******* en contra de la Sra. ******* y señalando al primero de los mencionados como tercero perjudicado y las demás actuaciones tendientes a la ejecución del mismo. B) De los Ministros Ejecutores (los) adscritos a la central de Actuarios de los Juzgados Civiles y Familiares, de este Distrito Judicial Bravos, se reclama la omisión a no dar cumplimiento al proveído de 10 de noviembre de 2016, en el sentido de notificar personalmente a la demandada Sra. ******* y al pretender cumplimentar la vía de apremio sobre el inmueble que habito desde el cinco de abril de 2010, en vía de arrendamiento. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en el artículo 1, 14, 16 y 17de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite dado al libelo constitucional. Por auto de ocho de abril de dos mil diecisiete, se ordenó formar expediente y registrar el asunto como *******, se admitió la demanda, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente, se ordenó emplazar a la parte tercero interesada, se solicitó a las autoridades responsables informe con justificación y se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la cual, después de diferida, se llevó a cabo de acuerdo al acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I, y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 fracción VI, de la Ley de Amparo y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, dado que se reclama un acto en materia civil, cuya ejecución tiene lugar en el territorio sobre el cual este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de orden, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, incluso tomando en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. En tal sentido, de la lectura íntegra de la demanda y demás constancias que existen en el expediente, se desprende que la parte quejosa reclama: a) Del Juez Tercero de lo Civil del distrito judicial Bravos, todo lo actuado en el juicio especial hipotecario *******, promovido por ******* apoderado de ******* en contra de *******. b) Del Jefe y Ministros Ejecutores adscritos a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos la ejecución de todos los actos ordenados por el Juez Quinto Civil del distrito judicial Bravos, incluso la notificación personal de diez de noviembre de dos mil dieciséis que se le hizo en dicho juicio. Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados en párrafos precedentes, de los que se procederá a su estudio. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El Jefe de la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores y los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores, ambos del distrito judicial Bravos negaron los actos que se les atribuyeron, consistentes en la omisión a dar cumplimiento al auto de diez de noviembre de dos mil dieciséis en el sentido de notificar personalmente a la demanda, sin que la parte quejosa haya aportado pruebas tendientes a desvirtuar dicha negativa. A fin de corroborar su dicho los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores remitieron copia certificada del expediente ******* del índice del Juzgado Quinto de lo Civil del distrito judicial Bravos (fojas 55 a 59), de las cuales se desprende que las autoridades responsables resultan idóneas para acreditar que se llevó acabo la notificación a la demandada *******. Por tanto procede sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo, que dispone: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] CUARTO. Certeza del acto reclamado. El Juez Quinto de lo Civil del distrito Bravos, con sede en esta ciudad, en el informe con justificación señaló que son ciertos los actos de los que se duele la parte quejosa. Para corroborar su dicho, remitió copias certificadas de todo lo actuado en el juicio especial hipotecario 2018/2009, probanza a la cual se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°; por ende se tiene por cierto el acto que se reclama. La valoración asignada a esas documentales tiene sustento en la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 394182, localizable en la página 153, Tomo VI, del Apéndice de 1995 al Semanario Judicial de la Federación, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. De manera que, se tienen como ciertos los actos de que se duele la parte accionante para los efectos de este juicio de amparo. Cobra aplicación, por los motivos que informa, la jurisprudencia 278 sustentada por el Tribunal Pleno de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 231, tomo VI, Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 2000, con registro 917812, que establece: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. QUINTO. Actualización de causa de improcedencia. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Constitución, la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal, la que se analiza en forma profunda de acuerdo con el texto del artículo 62 de la ley en cita. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo estudio del fondo de la constitucionalidad de los actos reclamados, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre las causas de improcedencia que se estiman actualizadas. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en la página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. El accionante del amparo aduce ser extraño al juicio de origen, en la medida que es el arrendatario del bien inmueble cuya propiedad ostentó de la demandada en el juicio de origen *******. El cinco de abril de dos mil diez ******* celebró contrato de arrendamiento con ******* respecto del inmueble ubicado en ******* ante la fe del Notario Público número ******* del distrito judicial Bravos (fojas 44 a 49). Sobre dicho tópico, es necesario explicar que el causahabiente es la persona que ha sustituido o se ha subrogado por cualquier título en el derecho de otra u otras; junto a las partes, en determinados actos jurídicos, están aquellas personas que por un acontecimiento posterior a la realización de éste adquieren en forma derivada los derechos y obligaciones de quienes fueron sus autores. A aquéllos se les conoce con el nombre de causahabientes, y a éstos con el de causantes. Dicho de otro modo, con el término "causahabiente" se considera que se designa a la persona que después de celebrado un acto jurídico adquiere en forma derivada del autor de él, por transmisión, los derechos y obligaciones que nacieron originalmente dentro de la misma relación jurídica. Luego, el causahabiente es quien, con posterioridad al nacimiento de la relación jurídica entre partes distintas a él, entra en el propio acto jurídico celebrado en calidad de sujeto de la relación, colocándose en la posesión de uno de los autores del acto, sustituyendo a éste, a quien se le denomina causante. Bajo la anterior premisa, es evidente que en la especie existió causahabiencia porque el aludido contrato de arrendamiento fue celebrado el cinco de abril de dos mil diez, ante Notario Público número ******* del distrito judicial Bravos, con posterioridad a la data en que la arrendadora había sido emplazada al juicio especial hipotecario ******* esto es el veintisiete de enero de dos mil diez; por lo que, el causahabiente recibió para su uso y disfrute un inmueble en las condiciones ya decididas en aquel juicio. Así, el amparista al ser causahabiente de los derechos controvertidos en el procedimiento de donde emanan los actos que reclama, excluye que pueda ser tenido como tercero extraño al precitado juicio en el que fue llamada o intervino como parte su causante la señora *******. Se afirma lo anterior, porque con la documental que exhibió el impetrante, a la cual se le confiere valor probatorio en términos de los numerales 133 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, acredita que celebraron el arrendamiento con posterioridad al inicio juicio especial hipotecario *******; situación que conlleva a considerar que los amparista formaba parte del procedimiento bajo la concurrencia de la parte demandada a juicio. En esa tesitura, si el quejoso se ostenta como tercero extraños al procedimiento de origen, y en el caso se demostró que es causahabiente de la demandada; entonces, su situación en el amparo es idéntica a la de esa parte, puesto que solamente se ha subrogado en el ejercicio de los derechos correspondientes. Ilustra a lo anterior, la tesis VIII.1o.38 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, que se publicó en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, marzo de dos mil, Tomo XI, Materia Común, con registro 192225, visible en la página 999, con rubro y texto: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, CARECE DE, EL ARRENDATARIO QUE CELEBRÓ CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, CON EL DEUDOR HIPOTECARIO TIEMPO DESPUÉS DE HABERSE INICIADO EL PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE, POR SER AQUÉL CAUSAHABIENTE DE ÉSTE. El arrendatario, promovente del amparo, que celebró contrato de arrendamiento con el deudor hipotecario, tiempo después de iniciado el juicio hipotecario correspondiente, no puede considerarse como un tercero ajeno al citado procedimiento, por el contrario, resulta ser causahabiente de la deudora demandada; lo anterior, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 2795 del Código Civil del Estado de Coahuila, el cual no permite la celebración de contratos de arrendamiento gravosos, en los casos en que el inmueble correspondiente se encuentre hipotecado. Esto es así, toda vez que, la inscripción de la cédula hipotecaria en el Registro Público de la Propiedad, afecta directamente la posesión originaria del predio en el cual se fija, con las características de un embargo formal y privilegiado, dada la naturaleza de la hipoteca, ya que en virtud de la misma, se manda constituir el depósito de la finca afectada en poder de persona distinta al poseedor originario o propietario, derecho que no puede ser afectado por la celebración de ningún acto jurídico vinculado al predio sujeto de cédula hipotecaria, ya sea traslativa de uso o de dominio, además de que en virtud de la publicidad que se da a dicho acto, los terceros no pueden alegar ignorancia respecto de la condición jurídica creada por el procedimiento hipotecario. En consecuencia, es evidente que el quejoso arrendatario que se sitúe en las condiciones antes descritas, carece de interés jurídico al ser causahabiente del demandado, por haber sido oído en el juicio a través de su causante (arrendador y deudor hipotecario), actualizándose la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo. En razón de lo anterior, se debe patentizar que la causahabiencia, por sí sola no es un motivo para sobreseer el juicio de amparo; sin embargo, como en la especie el promovente se ostenta como tercero extraño al procedimiento y de acuerdo a lo expresado en líneas que anteceden, se ha demostrado que su situación es idéntica a la de la parte demandada en juicio, ello motiva que las causales de improcedencia que afectarían a ésta (causante) son válidas también para el impetrante (causahabiente). Tal criterio fue sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 34/2003, con registro 184528, visible en la página 189, tomo XVII, abril de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: CAUSAHABIENCIA. NO ES POR SÍ MISMA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO. El artículo 73 de la Ley de Amparo no establece como causal de improcedencia el fenómeno de la causahabiencia, motivo por el cual no se debe sobreseer en el juicio por esa razón, en sí misma considerada; sin embargo, cuando el promovente se ostenta como tercero extraño a un procedimiento y en el amparo se demuestra que es causahabiente de aquella de las partes a quien afecta el acto reclamado, entonces, su situación en el amparo es idéntica a la de esa parte, puesto que solamente se ha subrogado en el ejercicio de los derechos correspondientes, motivo por el cual las causales de improcedencia que afectarían al causante son válidas también para el causahabiente porque éste está sujeto a la misma situación jurídica de aquél, por tanto, si el amparo que llegara a promover el causante ostentándose como persona extraña al juicio y aduciendo violación a la garantía de audiencia no debe ser sobreseído sino resuelto en cuanto al fondo, esto mismo debe hacerse cuando es el causahabiente quien lo promueve con iguales argumentos. La presente tesis no afecta el criterio sustentado en la diversa jurisprudencia de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo rubro es: 'CAUSAHABIENTE SUBARRENDATARIO, FALTA DE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO.', toda vez que esta última contempla exclusivamente la especie del subarrendamiento no autorizado por el arrendador, situación jurídica de contenido y consecuencias específicas y diversas a lo aquí sustentado. En ese orden, como ya se había anunciado, es innegable que en el caso concreto el quejoso no tiene la calidad de tercero extraño y se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con la fracción IV del numeral 107, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que textualmente establecen: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.] Conforme a lo transcrito debe establecerse que el artículo 61, fracción XXIII, dispone que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley; en tanto que, el diverso 107, fracción IV, segundo párrafo, prevé que el amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido, empero, si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Se precisa que por "última resolución" debe entenderse que es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. La apreciación que antecede, encuentra apoyo en la jurisprudencia por contradicción de tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 920673, que se puede consultar a foja siete, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, actualización al dos mil uno, correspondiente a la Novena Época, que dice: AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente. Por consiguiente, la apertura a la vía de apremio y todas las actuaciones dictadas en el juicio ejecutivo mercantil 2018/2009, no constituyen la última resolución a que se ha hecho referencia. Esto es, resulta incuestionable que dichos actos no pueden considerarse como una "última resolución" dictada dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, de ahí que en la especie, el que suscribe estime actualizada la causal de improcedencia que nos ocupa. Se precisa que en el caso no se puede transmitir a otro más de lo que se tiene, es evidente que cuando se celebre un contrato de arrendamiento en las circunstancias apuntadas, el derecho de posesión que transmita el demandado al arrendatario no es un derecho pleno, en la medida en que estará gravado o restringido su disfrute a lo que se decida en el juicio correspondiente, lo que significa que el demandado, en su calidad de depositario judicial, deberá entregarlo cuando así se le requiera por resolución que se emita en ese procedimiento, sin que el inquilino pueda oponerse a tal mandamiento, puesto que carece de interés jurídico propio para acudir al juicio de amparo como tercero extraño al juicio de origen, pues como causahabiente del demandado en el juicio hipotecario el derecho de defensa que protege la garantía de audiencia se ejerce a través de su causante. En apoyo de esta consideración se cita la tesis número I.3º.C.463 C., sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con registro 180704, publicada en la página 1734, tomo XX, septiembre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: CAUSAHABIENCIA. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PARA EL CAUSANTE AFECTA EN FORMA IDÉNTICA AL CAUSAHABIENTE. Es verdad que la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el rubro "CAUSAHABIENCIA. NO ES POR SÍ MISMA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO", señala que la causahabiencia no se encuentra prevista como una causa de improcedencia en el artículo 73 de la ley de la materia, por lo que no se puede sobreseer en el juicio por ese motivo en si mismo considerado, sin embargo, tal criterio no impide estimar que cuando el promovente del amparo que se ostenta como tercero extraño y está probado que es causahabiente de la parte a la que afecta el acto reclamado, su situación es idéntica a la de esa parte porque no es más que subrogatario de ella, por lo que las causas de improcedencia que afectarían al causante también perjudican al causahabiente en tanto que ambos están sujetos a la misma situación jurídica. No se opone a lo anterior que en la referida jurisprudencia también se sostiene que si el causante o el causahabiente promueven amparo ostentándose terceros extraños a juicio y aduciendo violación a la garantía de audiencia, no debe ser sobreseído sino resuelto en cuanto al fondo, salvo la excepción que se prevé para el causahabiente subarrendatario, sin embargo, esa conclusión no debe desvincularse del resto del contexto, conforme al cual actualizada una causa de improcedencia respecto del causante, también afecta en forma idéntica al causahabiente, y sólo en el caso de que no se dé alguna hipótesis de improcedencia del juicio de garantías (en la inteligencia de que la causahabiencia no es una de ellas en si misma considerada) entonces debe existir un pronunciamiento en cuanto al fondo del amparo. Por tanto, al actualizarse las causas de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 107 de la misma legislación aplicado a contrario sensu lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la legislación reglamentaria en consulta. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 103 y 107 Constitucionales, 63, fracción V, 74 y 75 de la Ley de Amparo en vigor, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo ******* promovido por *******, contra los actos emitidos por el Jefe de la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del distrito judicial Bravos, los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del distrito judicial Bravos y Juez Quinto de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, por los motivos expuesto en el considerando quinto de este fallo. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de junio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito de la parte quejosa por medio del cual se le tiene haciendo diversas manifestaciones en vía de alegatos sin perjuicio de hacer relación del mismo en la audiencia constitucional, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciocho de mayo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por parte de la autoridad responsable, Juez Quinto de lo Civil, Distrito Judicial Bravos y anexo que lo acompaña; tal como disponen los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención y de la documental que se recibe, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Por otro lado, de la certificación secretarial de cuenta se advierte que se encuentra programada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional, sin embargo, no se encuentra en aptitud de llevarla a cabo por los motivos asentados en párrafos precedentes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo se difiere la celebración de la aludida audiencia, y se fijan las nueve horas con veinte minutos del veinte de junio de dos mil diecisiete. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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