Gabriel Alejandro Chávez Carrillo
Expediente 1237/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1237/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Gabriel Alejandro Chávez Carrillo
Actuaciones
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE FECHA DIEZ DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTITRÉS QUE EN SÍNTESIS DICE: Morelia, Michoacán, diez de octubre de dos mil veintitrés. 1. Efectos del fallo protector. De autos se desprende que mediante sentencia dictada el dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, misma que causo ejecutoria el trece de junio de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Alberto Garibay Madrigal, para el efecto de que la autoridad responsable, realizara lo siguiente: Dar una respuesta exhaustiva y congruente al escrito presentado el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés; misma que deberá notificar a la parte quejosa como corresponda. 2. Actos llevados a cabo para cumplir con la sentencia de amparo. -Mediante oficio recibido en proveído dictado el diez de julio de dos mil veintitrés, la Agente del Ministerio Público, adscrita a la Dirección de Carpetas de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, Región Morelia, informó que el diecinueve de mayo del presente año, realizó entrega recepción de los expedientes que conforman la Mesa I de la Agencia del Ministerio Público, con sede en Tarímbaro, Michoacán, entre ellos, la carpeta de investigación 1003202231086, relacionada con el aquí quejoso, por lo que dicha carpeta ahora se encontraba a cargo del licenciado Pavel Otilio Duarte Pulido; por esa razón, solicitó que las notificaciones se le realizaran a éste; lo que este órgano jurisdiccional tomó en consideración e hizo el requerimiento correspondiente. -Por comunicado recibido en auto de trece de julio del año en curso, Pavel Otilio Duarte Pulido, Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Carpetas de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, Región Morelia, con sede en Tarímbaro, informó que dio respuesta exhaustiva y congruente al escrito de veintiuno de febrero de este año, presentado por la parte quejosa, asimismo, anexó copia de la notificación personal practicada el veintinueve de junio de dos mil veintitrés, sin que en ese acto adjuntara copia certificada de la respuesta; por ello, se le requirió para ese efecto. Finalmente, por oficio recepcionado en proveído de cinco de septiembre de la presente anualidad, la responsable remitió copia certificada del acuerdo de veintinueve de junio del año en curso, a través del cual dio respuesta al escrito de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, presentado por la quejosa. 3. Manifestaciones. El quejoso no desahogó la vista. 4. Conclusión. En tales circunstancias, se estima que la autoridad responsable restituyó al solicitante del amparo en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, ya que se dio respuesta al escrito de veintiuno de febrero del año en curso presentado por el quejoso, y le fue notificada. En consecuencia, se declara cumplida la sentencia de amparo sin exceso o defecto, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 5. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al área habilitada para esos efectos, se instruye a la secretaría encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en medios electrónicos. 6. Valoración. En términos del artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -en adelante Acuerdo General-, el presente asunto es CONSERVABLE. 7. Transferencia. Por otra parte, con apoyo en los artículos 17 y 26 del mencionado acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años, con apoyo de la Administración Regional del edificio sede de este órgano jurisdiccional, transfiérase al depósito documental que el área coordinadora de archivos haya designado para tal efecto. 8. Incidente de suspensión. Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, virtud a que no se tramitó incidente de suspensión. 9. Documentos originales. En términos del artículo 19 del citado acuerdo, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidas que de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. 10. Constancia. Como lo establece el ordinal 34, párrafo segundo, del Acuerdo General, hágase constar lo anterior en la carátula relativa a este expediente. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Frenette Aronny Rodríguez García.
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de octubre de dos mil veintitrés. 1. Quejoso señala autorizados. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso ********************; por medio del cual, en atención a su contenido, y vista la certificación de cuenta, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Adrián Gilberto Sevilla Lizcano, toda vez que cuenta con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos Jurisdiccionales. Asimismo, se le tiene autorizado al resto de las personas que menciona para oír y recibir notificaciones, ello por así haberlo solicitado de manera expresa la parte quejosa, sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento respecto del domicilio que señala, toda vez que en auto de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés se acordó lo propio. 1.1. Acceso a expediente electrónico. Por otra parte, como lo solicita, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza al quejoso acceder vía internet al expediente electrónico relativo al juicio de amparo en que se actúa, a través de los usuarios "DANAPAOLACUIRIS" y "ADRIANSEVILLALIZCANO". Consecuentemente, comisiónese al Oficial Judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) adscrito a este juzgado, a fin de que realice las gestiones correspondientes para la autorización respectiva con los nombres de usuarios proporcionados. Hágase saber al quejoso que para que pueda visualizar el expediente electrónico es necesario que ingrese con el perfil que dio de alta, ya que existen tres tipos de perfil: físico, representante jurídico público y representante jurídico privado; por lo que, si al ingresar a la consulta no señala el usuario o perfil en forma correcta, no lo podrá visualizar. En caso de requerir asesoría para su ingreso, la página del Portal de Servicios en Línea, tiene a su disposición habilitado el ícono de soporte técnico para que pueda verificar si existe algún problema con su captura o se trata de una falla técnica no atribuible al órgano jurisdiccional. 1.2. Se tramita queja contra auto que desechó la demanda. Finalmente, se le tiene interponiendo recurso de queja en contra del proveído de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, en el que este órgano jurisdiccional desechó la demanda de amparo. Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, y para los efectos de la tramitación del medio de impugnación hecho valer, remítase de inmediato copia debidamente certificada de las constancias que integran el presente cuaderno al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, en turno, así como el escrito original de expresión de agravios y una copia de éste para el Agente del Ministerio Público adscrito a ese Tribunal de Alzada, para el ulterior trámite del medio de impugnación de que se trata. Ríndase el informe justificado adjuntando copias certificadas de las constancias que integran el presente cuaderno para la tramitación del recurso de queja en mención. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.
- Principal
POR ESTE MEDUIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE: Morelia, Michoacán, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. 1. Registro. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Gabriel Alejandro Chávez Carrillo, por su propio derecho, contra actos del Juzgado Segundo Laboral de la Región con sede en Morelia. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 1237/2023. Examen de la demanda y precisión de los actos reclamados. Del contexto integral del escrito de demanda, se aprecia que se reclama lo siguiente: El acuerdo dictado dentro del expediente laboral 117/2023, el once de septiembre de dos mil veintitrés, en el que el juez responsable acordó: "no había lugar a iniciar el procedimiento de ejecución dentro del presente juicio, pues la certificación que antecede se advierte que no ha transcurrido el término legal conferido a la parte demandada para dar cumplimiento voluntario a la sentencia dictada dentro del presente asunto, por lo tanto, deberá insistir con su solicitud una vez que transcurra el referido término." 2. Causa de improcedencia. Como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo, aunado a que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Precisado lo anterior, de la lectura integra de la demanda se advierte que el juicio de amparo es improcedente al actualizarse la causal de improcedencia prevista en en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción IV del numeral 107 de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido." La fracción IV del artículo 107 establece la procedencia del juicio de amparo contra actos realizados fuera de juicio o después de concluido, como regla general. Sin embargo, en sus párrafos segundo y tercero establece algunas condicionantes para dicha regla, consistentes en: "Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)" En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, existe la posibilidad de impugnar los actos exclusivamente cuando se den los siguientes supuestos: El acto infrinja directamente derechos sustantivos; y Los actos en ejecución de sentencia tengan autonomía y sean ajenos a la cosa juzgada. Lo anterior, porque el juicio de amparo no puede tener como finalidad impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgados, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Así las cosas, la regla genérica establece la procedencia del amparo hasta dictada la última resolución del procedimiento respectivo, esto es, aquella en la que se aprueba o se reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente; momento en el cual, se podrá reclamar las violaciones que se hubieren cometido durante el procedimiento de ejecución y que ello lo haya dejado sin defensa. Mientras que, la excepción a esa regla será, como ya se dijo, su autonomía respecto al procedimiento de ejecución, ya que en ese caso la violación invocada no podrá ser motivo de análisis en la última resolución. Se invoca a lo anterior la jurisprudencia por contradicción P./J. 108/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.", establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, sin embargo, cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Conforme a lo anterior, para la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de actos autónomos después de concluido el juicio, se requiere la afectación de forma inmediata o inminente a derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada. En la especie, el acto reclamado no se trata de la última resolución dentro del procedimiento de ejecución, ni constituye una actuación autónoma que haga procedente el juicio de amparo, al infringir directamente derechos sustantivos. Lo anterior porque, acorde a los antecedentes del juicio que precisó el quejoso en su demanda, se advierte que dentro del juicio laboral 117/2023 en sentencia de treinta y uno de agosto del año en curso, se condenó al demandado al pago de diversas prestaciones reclamadas por el aquí quejoso, quien tiene el carácter de actor en dicho procedimiento, y se concedió a aquél el plazo de quince días para que dé cumplimiento voluntario a dicha resolución. El quejoso, presentó petición solicitando el embargo precautorio de bienes del demandado, en términos del artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo, aplicable al particular, por las razones que expresó en su ocurso. A ello, el Juez laboral, el once de septiembre de dos mil veintitrés, determinó que no había lugar, a lo solicitado, ya que no había transcurrido el término legal conferido a la parte demandada para dar cumplimiento voluntario a la sentencia, y que debería insistir con su solicitud una vez acontecido lo anterior. Contra ese auto es que acude al juicio constitucional, sin embargo, no puede considerarse de naturaleza autónoma e independiente de lo sentenciado, puesto que el juzgador indicó debería insistir en su petición una vez transcurrido el plazo otorgado al demandado en la sentencia para que acate ésta de manera voluntaria; tampoco conlleva una afectación a derechos sustantivos del promovente, ya que solo entraña una negativa en tanto acontece aquél término otorgado. De modo que no se surten los supuestos que hacen procedente el juicio constitucional biinstancial respecto actos realizados fuera de juicio o después de concluido, Cabe señalar que si bien es cierto que los actos dictados en la fase de cumplimiento de la sentencia no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan; también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de amparo contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia se determina no por el aspecto procesal formal de haber dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio; y en el caso, la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 873-K, establece que contra las resoluciones pronunciadas en el procedimiento ordinario laboral, no procederá recurso alguno, salvo el recurso de reconsideración contra los actos del secretario instructor establecido en el artículo 871, de esta Ley. En ese sentido, resulta evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu. Tiene aplicación la jurisprudencia sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil de Primer Circuito, de rubro y texto: "ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO (ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA). REGLAS PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencialmente la procedencia del juicio constitucional contra actos dictados después de concluido el juicio y, específicamente, en el periodo de ejecución de sentencia en dos hipótesis: 1. Contra los actos que gocen de autonomía en el periodo de ejecución de sentencia; y, 2. Contra los actos de imposible reparación, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Respecto a la primera hipótesis, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que los actos dictados después de concluido el juicio, en contra de los cuales sí es procedente el amparo indirecto, son aquellos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; esto es, debe entenderse por resoluciones jurisdiccionales autónomas, las que se dictan de manera previa y son necesarias para preparar la ejecución, como las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencida, o bien, las que impiden, obstaculizan o retrasan dicha ejecución en perjuicio del ejecutante. En cuanto a la segunda excepción a la regla general de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el propio Alto Tribunal estableció que, excepcionalmente, procede contra actos que afectan de forma inmediata o inminente derechos sustantivos de los previstos en la Constitución General, o normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte, pero con la condición de que sean ajenos a la cosa juzgada. Además, se dispuso que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la interlocutoria dictada en etapa de ejecución de sentencia que desestime la excepción sustancial y perentoria que opone el ejecutado, porque constituye un acto de imposible reparación. En consecuencia, tratándose de actos dictados en etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto será procedente contra: 1. La última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, esto es, la que: a) Aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia; b) Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; y, c) Ordena el archivo definitivo del expediente; 2. La última resolución pronunciada en el procedimiento de remate, esto es, la que, indistintamente, en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la que ordena la entrega de la posesión de los inmuebles rematados; 3. Actos que gocen de autonomía y no tengan como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencida; y, 4. Actos que afecten materialmente derechos sustantivos del ejecutante o ejecutado y sean ajenos a la cosa juzgada." De igual forma, por el principio que contienen las tesis de jurisprudencia de rubros: "EMBARGO DE NUMERARIO CONTENIDO EN UNA CUENTA BANCARIA DECRETADO EXCLUSIVAMENTE POR LA CANTIDAD LÍQUIDA IMPUESTA COMO CONDENA EN EL JUICIO LABORAL. EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SÓLO PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA EN LA QUE SE REQUIERE A LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO LA ENTREGA A LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CANTIDAD ASEGURADA Y ORDENA LA NOTIFICACIÓN PERSONAL AL PATRÓN."; y, "AUTO DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y EMBARGO EN EL JUICIO LABORAL. CONSTITUYE UN ACTO DICTADO EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL LAUDO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME A LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS)." En ese contexto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV y 113 todos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo. 3. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad, para recibir notificaciones, el que indica en su demanda y autorizando para tal efecto a Dana Paola Cuiris Villaseñor y Adrián Gilberto Sevilla Lizano, ello por así haberlo solicitado de manera expresa la parte quejosa. 4. Transparencia. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que ante la falta de manifestación expresa, se publicarán las determinaciones judiciales íntegramente con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, en relación con la información catalogada como personal, sensible o reservada, en términos de lo previsto en los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8o y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 5. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Notifíquese personalmente, y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López
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