Gabriel Alberto Solorzano Perez
Expediente 236/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 10 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 236/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 12/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Gabriel Alberto Solorzano Perez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Se agrega oficio del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, mediante el cual comunica que admitió el recurso hecho valer por el recurrente, el cual quedó registrado con el número de amparo en revisión 198/2023. Notifíquese.
- Principal
Nuevo Laredo, Tamaulipas, once de mayo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta; téngase por recibido el escrito signado por el quejoso, Gabriel Alberto Solórzano Pérez, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia terminada de engrosar el veintiséis de abril del año en curso, dictada dentro del presente juicio de amparo 236/2022 (fojas 311 a 318). En consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de revisión de mérito; por lo tanto, agréguese una copia de dicho escrito y una vez notificadas las partes, dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al que se integre debidamente el expediente, remítase el mismo al Tribunal Colegiado en turno del Décimo Noveno Circuito, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, para su substanciación, junto con el original del escrito de expresión de agravios, así como la copia correspondiente para el Ministerio Público de la Federación adscrito a ese órgano colegiado, las copias restantes distribúyanse entre las partes para los efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente a la tercera interesada y córrase traslado al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Así lo proveyó y firma Judith Alhelí Andrade Villafán, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Nuevo Laredo, asistida de Luis Alberto González Villa, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe. (le corro traslado con el recurso de revisión que se encuentra a su disposición en el sistema integral de expedientes)
- Principal
Agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, mediante el cual acusa recibo del diverso 6308/2023, por el que se le notificó la sentencia terminada de engrosar el veintiséis de abril del año en curso. Notifíquese.
- Principal
VISTOS; los autos, para resolver el juicio de amparo indirecto 236/2022, promovido por Gabriel Alberto Solórzano Pérez, por su propio derecho; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el veinticinco de marzo de dos mil veintidós en el buzón judicial y turnado en la misma fecha por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Ciudad Victoria, al Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado con sede en la ciudad capital, Gabriel Alberto Solórzano Pérez, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por el acto que a continuación se transcriben: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: PRIMERA SALA COLEGIADA EN MATERIA CIVIL Y FAMILIAR DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA CON RESIDENCIA EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS, como autoridad ordenadora. IV.- ACTOS RECLAMADOS: El resolutivo tercero, donde se manda a reponer el juicio, emitido en la sentencia de segunda instancia de fecha nueve de marzo de dos mil veintidós, que recayó al toca número 68/2022, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el tercero interesado, en contra de la sentencia de fecha dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, dictada por el C. Juez Primero de Primera Instancia lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, en el expediente número 170/2020 instruido en contra del suscrito, hoy quejoso," Lo anterior por estimar como derechos fundamentales violados en su perjuicio los consagrados en los artículos 14, 16 103 y 107 fracción III, de la Constitución Federal (foja 11). SEGUNDO. TRAMITE DEL JUICIO DE AMPARO. Mediante proveído de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado la registró con el número 565/2022 y declinó competencia a favor del Juez de Distrito en el Estado de Tamaulipas con sede en Nuevo Laredo en turno. Correspondió el conocimiento de dicho asunto al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Tamaulipas, el que la registró con el número 107/2022; aceptó la competencia declinada y previa prevención, el veintisiete de abril de dos mil veintidós, la admitió a trámite teniendo por señalada además como autoridad responsable ejecutora, al Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado con residencia en esta ciudad; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le compete, se requirió a las autoridades responsables rindieran su informe justificado y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 33, 35, 37, párrafo tercero, y 107 de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales, en específico en su punto de acuerdo cuarto, fracción XIX, segundo párrafo. Lo anterior porque las consecuencias de los actos reclamados tienen ejecución en esta jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECALMADOS. En el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: ".La fijación clara y precisa del acto reclamado.". En ese sentido, del análisis íntegro practicado al escrito inicial de demanda, escrito aclaratorio y a las constancias de autos, se precisa que la parte quejosa reclama: De la Primera Sala Colegiada en Materia Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Tamaulipas, con el carácter de autoridad ordenadora, la sentencia de segunda instancia de nueve de marzo de dos mil veintidós pronunciada en el toca familiar *** por la cual se revocó la sentencia objeto del recurso y se ordenó reponer el procedimiento en el expediente sumario civil ***, a partir del auto de citación para sentencia, con subsistencia de todas las actuaciones anteriores. Del Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, la ejecución de la anterior resolución. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Son ciertos los actos reclamados de la Primera Sala Colegiada en Materia Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Tamaulipas y del Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, pues al rendir su informe justificado la primera, lo aceptó expresamente y el segundo se adhirió a dicho informe (fojas 107 y 128). Lo anterior se corrobora además con las constancias que fueron remitidas con su informe por la primera de las autoridades, las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2 (fojas 130 a 238). CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Previamente al estudio de los conceptos de violación, y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede el análisis de las causas de improcedencia, en virtud de que su examen es de estudio preferente. Al no advertirse de oficio, causa de improcedencia y las partes no hicieron valer alguna, procede el estudio de fondo del asunto. QUINTO. ESTUDIO DE FONDO. Previo al examen de los conceptos de violación resulta conveniente traer a cuenta los antecedentes más relevantes del asunto que nos ocupa y que se desprenden de las constancias remitidas por la Sala responsable. ANTECEDENTES. 1.- Mediante escrito presentado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, compareció ante el juzgado primero de primera instancia de lo familiar del tercer distrito judicial del estado ***, en representación de su menor hijo de iniciales ***. a promover juicio sumario civil sobre alimentos definitivos en contra del progenitor de dicho menor, *** a quien reclamó el pago de una pensión alimenticia para el menor hijo; el aseguramiento de los alimentos y el pago de gastos y costas judiciales. 2.- El demandado *** dio contestación a la demanda e hizo valer de su parte las excepciones de falta de acción y de derecho para demandar y oscuridad en la demanda. 3.- Seguido que fue el procedimiento, el juez de primera instancia, el dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, dictó sentencia en la que decretó como pensión alimenticia definitiva en beneficio del menor, el treinta por cierto del sueldo y demás prestaciones que percibe el demandado ***, como empleado de la empresa denominada ***; aprobó de manera definitiva las reglas de convivencia que deben existir entre el menor y su progenitor no custodio; de igual forma decretó las terapias psicológicas de integración familiar a los padres del menor para fomentar la aparición de vínculos afectivos hacia sus padres y a su vez darle orientación a éstos para fortalecer los lazos con su menor hijo; todo lo cual sin hacer especial condenación en costas judiciales. 4.- Inconforme con dicha sentencia, ***, en representación de su hijo, interpuso recurso de apelación. 5.- Recibidos los autos en la alzada, fueron turnados a la Primera Sala Colegiada en Materia Civil y Familiar donde se radicaron con el número de toca familiar ***, y seguido el procedimiento se citó a las partes para sentencia. 6.- El nueve de marzo de dos mil veintidós, la Sala responsable dictó sentencia en la que declaró fundados los agravios de la apelante que fueron materia de análisis, declarándolos suficientes para revocar la resolución impugnada y ordenar la reposición del procedimiento de primera instancia a partir del auto que citó a las partes para sentencia, a fin de que el juez procediera en la forma y términos precisados en el considerando segundo de ese fallo. En la inteligencia de que en tanto se reponía el procedimiento en la forma ordenada, el deudor de los alimentos debía seguir proporcionando a favor de su hijo menor la cantidad que importa el 30% -treinta por ciento- de sus percepciones que como pensión provisional se le fijó por el propio juzgado de origen, sin hacer condena en costas procesales de segunda instancia. Esa sentencia es la que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo se observa que el quejoso expresa que la autoridad responsable dictó una resolución contradictoria al principio de solidaridad familiar; que se enfoca sólo en aquellas pruebas orientadas a demostrar sus ingresos, ignorando los de la ahora tercero interesada, quien sólo se hace cargo del cuidado del hijo menor en tanto que él es quien cubre la mayoría de las necesidades de su hijo y la madre sólo disfruta de sus beneficios. Agrega, que en la sentencia impugnada se concede pleno valor probatorio a lo manifestado por su contraria, sin analizar el fondo de las pruebas de ambas partes; que la ahora tercero interesada no demostró lo narrado en su escrito de demanda inicial ni mucho menos en su escrito de apelación siendo parcial el actuar de la sala responsable al conceder valor a lo manifestado por la contraria por razón de género, en plena violación a los principios constitucionales contenidos en el artículo 4 de la ley fundamental. Lo anterior se advierte, continúa señalando, porque es totalmente parcial a favor de la parte apelante y no tomó en consideración las pruebas que aportó en el juicio, ya que en todo momento lo que se buscó fue perjudicarlo, no obstante que es quien aporta los alimentos, en virtud de que en la casa donde habita el menor él la paga, al igual que la comida, la colegiatura, dispersión, ropa, calzado y demás conceptos de alimentos, en tanto que la madre sólo aporta su compañía para el menor. Por último, agrega que un análisis de la sentencia reclamada hace evidente que se enfoca solamente en aquellas pruebas orientadas a demostrar sus ingresos, ignorando las que demuestran los ingresos de la tercera interesada. Los anteriores motivos de disenso, resultan inoperantes, ya que no controvierten lo resuelto por la Sala Responsable. Ciertamente, del análisis comparativo de las consideraciones que sostienen la resolución reclamada y lo argumentado por el quejoso, revela que no combate ninguna de las razones expresadas por la Sala Responsable, en las que sustenta las consideraciones para revocar la sentencia impugnada y ordenar reponer el procedimiento en el juicio de origen. Basta tener en cuenta que los argumentos expuestos por la responsable ordenadora para revocar la sentencia impugnada y ordenar la reposición del procedimiento, medularmente descansan en las consideraciones siguientes: 1.- Que el juez A quo no se cercioró que estuviera demostrada plenamente la posibilidad económica actual y real del demandado, como deudor de los alimentos, para fijar el monto de la pensión en favor del menor de iniciales ***., porque consideró acreditada dicha capacidad con el informe emitido por el representante legal de la empresa denominada ***. del cual se aprecia que es empleado de dicha empresa ocupando el puesto de Director de planeación y sistemas con un sueldo diario de $*** moneda nacional; que se tomó en consideración lo manifestado por el propio deudor de los alimentos en el estudio socioeconómico que se le practicó en el sentido de que recibe la cantidad de $*** moneda nacional por concepto de pago de asesorías lo que arroja un total de ingresos por $*** moneda nacional, numerario este considerado por el juzgado de origen para determinar la pensión alimenticia definitiva en favor del menor de iniciales ***. 2.- Que del análisis realizado a la totalidad de las constancias del expediente ***, no quedó demostrado a cuánto asciende la totalidad de los ingresos reales y actuales del demandado, porque el juez A quo no observó el contenido del informe rendido por el Administrador Desconcentrado de Servicios al Contribuyente de Tamaulipas "3'' de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el cual se aprecia que el ahora quejoso en la declaración del ejercicio dos mil diecinueve reportó ingresos por $*** pesos moneda nacional), la cual no corresponde al numerario considerado por el juez A quo como ingresos del deudor de los alimentos ***); que obraban igualmente estados de cuenta de las instituciones de crédito BANORTE y HSBC en los que se acreditaba el abono en las cuentas bancarias de ***, por cantidades que dan como resultado un ingreso mensual superior al que se tuvo en cuenta para fijar el importe de la pensión de los alimentos y que en esas condiciones era evidente, que no quedó demostrada plenamente la capacidad económica real y actual del deudor de los alimentos; que ante esa falta de cercioramiento por el juez A quo de los ingresos totales del deudor alimentista es que no quedaba acreditada la posibilidad económica real y actual del demandado y que por ello oficiosamente debió allegarse de nuevos informes de autoridad para estar en aptitud de conocer la citada capacidad económica y como ello no aconteció, revocó la sentencia y ordenó reponer el procedimiento a fin de que se llevaran a cabo las diligencias que de manera enunciativa y no limitativa se señalaron en la propia sentencia. Al respecto, contra dichas consideraciones, el quejoso no formula argumento alguno con el que, en forma directa y eficiente, las combata. Lo anterior se afirma, pues únicamente vierte argumentos en el sentido de que se transgreden sus derechos por que en todo momento se actuó de forma parcial en su perjuicio; que la autoridad responsable se enfocó sólo en aquellas pruebas que se orientaban a demostrar los ingresos del deudor de los alimentos, pero no de los que demostraban los ingresos de la tercero interesada, cuando es él quien se hace cargo de los alimentos del menor, de la mayoría de sus necesidades y la madre sólo disfruta de sus beneficios; que el cálculo del monto de la pensión alimenticia en el derecho es contrario a los principios de proporcionalidad y necesidad; y que la resolución reclamada es contradictoria del principio de solidaridad familiar. Pero con nada cuestionó la necesidad de demostrar los ingresos reales y actuales del deudor de los alimentos; ni que no fuera verdad que la suma que se tomó como base para fijar la pensión no corresponda a sus ingresos reales. Entonces, si mediante los argumentos contenidos en los motivos de disenso de que se trata, no se combaten las consideraciones que fueron expresadas por la responsable en el fallo reclamado (anteriormente sintetizadas), es evidente que resultan inoperantes pues los conceptos de violación deben controvertir la totalidad de los motivos y fundamentos en que se sustenta en esa parte la resolución reclamada, a efecto de demostrar su inconstitucionalidad, y al no haberlo hecho así, este Juzgado de Distrito se encuentra impedido para emprender un estudio en el sentido en que el quejoso los propone. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. de rubro y texto dicen lo siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACION. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO. Si los conceptos de violación no atacan los fundamentos del fallo impugnado, la Suprema Corte de Justicia no está en condiciones de poder estudiar la inconstitucionalidad de dicho fallo, pues hacerlo equivaldría a suplir las deficiencias de la queja en un caso no permitido legal ni constitucionalmente, si no se está en los que autoriza la fracción II del artículo 107 reformado, de la Constitución Federal, y los dos últimos párrafos del 76, también reformado, de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado no se funda en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte, ni tampoco se trate de una queja en materia penal o en materia obrera en que se encontrare que hubiere habido en contra del agraviado una violación manifiesta de la ley que lo hubiera dejado sin defensa, ni menos se trate de un caso en materia penal en que se hubiera juzgado al quejoso por una ley inexactamente aplicable." Asimismo, encuentra sustento lo anterior, en la jurisprudencia IV.3o.A. J/4, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES POR INSUFICIENTES SI NO ATACAN TODOS LOS ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN EL SENTIDO DE LA SENTENCIA COMBATIDA. Resultan inoperantes los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo directo que no controvierten todas las consideraciones y fundamentos torales del fallo reclamado, cuando, por sí solos, pueden sustentar el sentido de aquél, por lo que al no haberse controvertido y, por ende, no demostrarse su ilegalidad, éstos continúan rigiendo el sentido de la resolución combatida en el juicio constitucional. De ahí que los conceptos de violación resulten inoperantes por insuficientes, pues aún de resultar fundados no podrían conducir a conceder la protección constitucional solicitada." Sin que en el caso exista queja deficiente qué suplir en favor del quejoso, de conformidad la jurisprudencia 1ª./J. 24/2020 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , en virtud de que se estima correcta la determinación de la Sala responsable al haber ordenado la reposición del procedimiento de origen, pues con ello se obtendrán mayores elementos probatorios para cuantificar correctamente la pensión alimenticia a cargo del ahora quejoso, en pro del interés superior de su menor hijo. SEXTO. DECISIÓN. Al resultar inoperantes los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa respecto del acto reclamado, consistente en la resolución de nueve de marzo de dos mil veintidós, que resolvió el recurso de apelación en el toca familiar ***, deducido del juicio sumario civil ***, del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, procede negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados. Negativa que se hace extensiva respecto de los actos de ejecución atribuibles al Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, ante quien se tramita el juicio sumario civil señalado, toda vez que no fueron reclamados por vicios propios, sino como una consecuencia del acto principal. SÉPTIMO. PUBLICACIÓN DE SENTENCIA. De conformidad con lo establecido en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Federal, y 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los órganos jurisdiccionales deben proteger los datos personales de las partes en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que éstas hagan valer el derecho de oponerse a su publicación, por lo que ante la falta de manifestación expresa de las partes de oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que procede es ordenar la publicación de la presente sentencia con supresión de datos personales. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I, 73, 74, 75, 76, 79 y 124, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48 y 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se; R E S U E L V E: PRIMERO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege al quejoso Gabriel Alberto Solórzano Pérez, contra los actos que reclamó de las autoridades precisadas en el considerando segundo de este fallo, por las consideraciones expuestas en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO.- Publíquese esta resolución con supresión de datos personales, en términos de lo ordenado en su último considerando. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Judith Alhelí Andrade Villafán, Jueza Tercero de Distrito en el estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, hasta hoy veintiséis de abril de dos mil veintitrés, fecha en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional, asistida de José Florentino González González, Secretario con quien actúa y da fe
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