Gabriel Alberto Chong Hernández

Expediente 1239/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 20 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1239/2018
Año
2018
Actuaciones
20
Última actuación
21/06/2023

Partes del expediente

  • Gabriel Alberto Chong Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos el oficio signado por el secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, a través del cual remite el oficio JERA/2S/669/2023, signado por el Juez Especializado en Responsabilidad Administrativa del Tribunal Administrativo del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con el que solicita se remita copia certificada de la sentencia dictada en este juicio. Atento al contenido del oficio del Juez Especializado en Responsabilidad Administrativa del Tribunal Administrativo del Poder Judicial del Estado de Chiapas, mediante oficio que al efecto se envíe, remítase copia certificada de la sentencia dictada en el presente juicio.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el secretario del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Atento a su contenido, se tiene por recibido el juicio de amparo 1239/2018, copia certificada del testimonio de la ejecutoria dictada en el amparo en revisión 51/2019 de su registro. Acúsese recibo. Al resolver el recurso de revisión interpuesto, el referido tribunal CONFIRMÓ la sentencia en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo promovido por Gabriel Alberto Chong Hernández, contra los actos que reclamó de la Presidenta Municipal y Director Administrativo de Seguridad Pública Municipal, residentes en Villa Comaltitlán, Chiapas. Comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales procedentes. Por otra parte, respecto al cuaderno de antecedentes que se formó para la tramitación del recurso, al resultar innecesaria su conservación, se ordena desglosar las actuaciones que se efectuaron y agregarlas para que obren como corresponda en este expediente, sin que sea necesario glosar al mismo las copias con las que se integró el citado cuaderno, de las cuales, se ordena su destrucción para evitar así dualidad de constancias innecesarias; por lo tanto, comisiónese para tal efecto al actuario judicial adscrito a este órgano de control constitucional. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y de conformidad con lo dispuesto en el precepto 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto concluido. 3. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS POR LAS PARTES. Toda vez que obran en autos documentos exhibidos por la parte quejosa, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto décimo primero del aludido Acuerdo General conjunto, requiérasele para que comparezca en un plazo de noventa días naturales, en hora y día hábil ante este juzgado a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con las constancias que corran la misma suerte y que obren en el expediente.

  3. Principal

    MESA 3-A Vista la cuenta que antecede, téngase por recibido el telegrama enviado por el Director de Seguridad Pública Municipal, con residencia en Villa Comaltitlán, Chiapas, mediante el cual solicita se le autoricen copias certificadas de diversas piezas postales para proveer en el recurso de revisión adhesivo promovido por la responsable. En atención a su contenido, agréguese a los autos sin mayor proveído, el telegrama de cuenta, toda vez que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 80 de la Ley de Amparo, por regla general, sólo se autoriza la presentación de promociones por escrito; y, aunque las partes tienen la opción de enviarlas por vía electrónica, en el caso del telégrafo, el envío de datos se lleva a cabo con señales eléctricas que transmiten un mensaje codificado que es interpretado por la parte receptora y ello, imposibilita verificar con certeza, la identidad del remitente, aunado a que no existe manera de transferir algún signo de la expresión de la voluntad, como es una rúbrica o firma electrónica; de ahí que no sea atendible lo peticionado por la autoridad en su carácter de autoridad responsable, pues no corresponde a ninguna de las formas que permite la normatividad de la materia. Encuentra aplicación al caso, la tesis aislada I.1o.A.15 K (10a.), sostenida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo II, Materia(s): Común; Décima Época, página 1528, registro electrónico 2006303, del rubro y texto siguiente: "JUICIO DE AMPARO. LAS AUTORIDADES RESPONSABLES NO ESTÁN AUTORIZADAS PARA PRESENTAR PROMOCIONES POR VÍA TELEGRÁFICA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 3o. y 80 de la Ley de Amparo se desprende que, por regla general, sólo se autoriza la presentación de promociones por escrito, y si bien las partes tienen la opción de enviarlas por vía electrónica, puesto que se trata de un medio en que la captura de información permite corroborar su contenido y origen, sin embargo, en el caso del telégrafo, el envío de datos se lleva a cabo con señales eléctricas que transmiten un mensaje codificado que es interpretado por la parte receptora. Tales condiciones imposibilitan verificar con certeza la identidad del remitente, aunado a que no existe manera de transferir algún signo de la expresión de la voluntad, como es una rúbrica o la firma electrónica; por ende, deben desecharse los oficios de la autoridad responsable remitidos por telégrafo, ya que no corresponde a una de las formas que permite la normatividad de la materia. Aun cuando el artículo 25 de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece autorizaba la vía telegráfica para las promociones de la autoridad, su exclusión en el ordenamiento vigente indica que el legislador reconoció que en la actualidad no existe justificación para continuar utilizando ese sistema, si se considera que se cuenta con diversos métodos que resultan más adecuados para la recepción de escritos relativos a un juicio de amparo." No se soslaya que en diversa determinación emitida en el juicio en que se actúa, se acordó de manera favorable lo que peticionó esa misma autoridad -por la vía telegráfica-, incluso, respondiéndole por la misma vía; sin embargo, en una nueva reflexión, este resolutor de amparo se aparta de aquél criterio, para asumir el que ahora ha quedado establecido.

  4. Principal

    MESA 3-A.- Vista la cuenta que antecede, ténganse por recibidos los telegramas enviados por la Presidenta Municipal Constitucional, con residencia en Villa Comaltitlán, Chiapas, mediante el cual solicita se le autoricen copias certificadas de diversas piezas postales para proveer en el recurso de revisión adhesivo promovido por la responsable. En atención a su contenido, agréguense a los autos sin mayor proveído, los telegramas de cuenta, toda vez que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 80 de la Ley de Amparo, por regla general, sólo se autoriza la presentación de promociones por escrito; y, aunque las partes tienen la opción de enviarlas por vía electrónica, en el caso del telégrafo, el envío de datos se lleva a cabo con señales eléctricas que transmiten un mensaje codificado que es interpretado por la parte receptora y ello, imposibilita verificar con certeza, la identidad del remitente, aunado a que no existe manera de transferir algún signo de la expresión de la voluntad, como es una rúbrica o firma electrónica; de ahí que no sea atendible lo peticionado por la autoridad en su carácter de autoridad responsable, pues no corresponde a ninguna de las formas que permite la normatividad de la materia. No se soslaya que en diversa determinación emitida en el juicio en que se actúa, se acordó de manera favorable lo que peticionó esa misma autoridad -por la vía telegráfica-, incluso, respondiéndole por la misma vía; sin embargo, en una nueva reflexión, este resolutor de amparo se aparta de aquél criterio, para asumir el que ahora ha quedado establecido.

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