Gabriel Aguilar Barradas y Otros.

Expediente 754/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
754/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
24/09/2018

Partes del expediente

  • Gabriel Aguilar Barradas y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Vistas las constancias que integran este expediente y la certificación de cuenta, se declara que el auto por el cual se desechó la demanda de amparo ha causado estado para los efectos legales correspondientes. Archívese como asunto concluido. DOCUMENTOS. Dígase a la parte quejosa que conforme al artículo undécimo, párrafo tercero del citado Acuerdo, se deja a su disposición el documento original exhibido con su demanda inicial (fojas 6 y 7), por el término de noventa días. Apercibida que de no reclamarlo en ese plazo, éste seguirá agregado y tendrá igual suerte que este expediente.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida conjuntamente por Gabriel xxxxxxxxxx. Fórmese expediente y regístrese con el número 754/2018-VI en el libro de gobierno respectivo. Ahora, del escrito de demanda se advierte la parte quejosa señala como acto reclamado la omisión y/o negativa de dar contestación a su petición formulada el siete de agosto de dos mil dieciocho, vía escrita. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Congruente con ello, el que suscribe advierte la actualización de una causa de improcedencia del presente juicio constitucional que se analizará a continuación. El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, establece que el juicio es improcedente: "XII.Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" Como se precisó, los quejosos manifiestan el siete de agosto de dos mil dieciocho, formularon una petición ante la responsable vía escrito (del cual anexaron copia con firmas originales, donde obra estampado el sello de recibido). De lo anterior, se advierte el peticionario de amparo combate actos vinculados con el derecho de petición, de ahí que sea necesario precisar el contenido del artículo 8º constitucional, que establece: "Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." El derecho de petición consagrado en el artículo 8° de la Carta Magna trascrito, cuyo titular es el gobernado en general, es concebido como la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad a formular una solicitud o instancia por escrito que adopta específicamente el carácter de petición administrativa, acción, recurso, etcétera, por virtud de la cual el Estado y sus autoridades, es decir, sus funcionarios y empleados, tienen como obligación el dictar un acuerdo por escrito como respuesta a la solicitud que el gobernado les eleve, mismo que debe hacerse del conocimiento del mismo en breve término. La existencia de este derecho subjetivo público, surge como consecuencia de la obligación actual del Estado Mexicano de intervenir en la solución de los conflictos suscitados con los administrados, en acatamiento del artículo 17 constitucional y para la correcta observancia de la ley, resultando necesario (para que se dé la legitimación de instar) la existencia de una relación de supra a subordinación, lo que trae como consecuencia que la autoridad esté obligada a dar contestación a la petición que se le formule en breve término y comunicárselo al interesado. En conclusión, el artículo 8° constitucional contiene dos requisitos formales que toda autoridad debe observar con el objeto de cumplir íntegramente con el imperativo constitucional en comento, que son: a) Dictar el acuerdo correspondiente. b) Que se comunique en breve término al interesado conforme a las disposiciones legales que rigen el acto... En ese contexto, cabe precisar que la Constitución Política del Estado de Veracruz, en su artículo 7, establece: "Artículo 7. Toda persona podrá ejercer el derecho de petición ante las autoridades del Estado, de los municipios, así como de los organismos autónomos, los cuales estarán obligados a dar respuesta escrita, motivada y fundada, en un plazo no mayor de cuarenta y cinco días hábiles. La ley regulará los casos en los que, ante el silencio de la autoridad administrativa, la respuesta a la petición se considere en sentido afirmativo." De lo anterior se aprecia que en el Estado de Veracruz, las autoridades están obligadas en dar respuesta a las peticiones que les formulen los gobernados dentro de un plazo no mayor a cuarenta y cinco días hábiles. Sentado ello, si en la especie los quejosos reclamaron la omisión de dar contestación a su petición formulada conjuntamente, el siete de agosto último; la acción de amparo deviene improcedente porque la supuesta omisión atribuida a la autoridad responsable ni siquiera se ha materializado, pues si ésta la realizó en la referida data -siete de agosto del año en curso-, a la fecha de la presentación de la demanda -diez de septiembre de esa anualidad-, es inconcuso que se encuentra transcurriendo el término de cuarenta y cinco días hábiles con que cuenta la autoridad para dar respuesta a la petición formulada. Lo anterior, sin que se inadvierta el hecho que la petición fue formulada ante un Juez Municipal, pues de la narrativa de antecedentes de la demanda de amparo y el anexo que acompañaron -escrito de siete de agosto pasado-, se obtiene dicha solicitud fue realizada a fin de obtener una certificación de autenticidad de firmas en un contrato privado. Lo que implica que está dirigida al referido órgano como autoridad administrativa investida de fe pública y no en ejercicio de sus funciones bajo la potestad jurisdiccional. Así las cosas, y por las razones expuestas con antelación, en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Por tanto, procede desechar la demanda de mérito por notoria y manifiesta improcedencia, de conformidad con lo establecido en el referido artículo 113 del citado ordenamiento legal.

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