Gabriel Adrian Sandoval Valdez

Expediente 85/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 7 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
85/2020
Año
2020
Actuaciones
7
Última actuación
20/12/2021

Partes del expediente

  • Gabriel Adrian Sandoval Valdez
  • Agente del Ministerio Publico de la Federacion, Titular de la Agencia Investigadora de los Mochis de la Unidad de Investigacion Y Litigacion En el Estado de Sinaloa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, veinte de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que por auto de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, se ordenó el archivo definitivo del presente juicio de amparo, y toda vez que resulta innecesario seguir conservando las documentales que la autoridad responsable Agente del Ministerio de la Federación, Titular de la Agencia Tercera Investigadora Los Mochis de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, remitió con su informe justificado; por tanto, devuélvanse a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar, solicitándole el acuse de recibo correspondiente.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a lo acordado en proveído de ocho de diciembre de dos mil veinte, (notificado el once siguiente por medio de lista) en cuanto a la declaración que hizo este Juzgado Federal en el sentido de que la ejecutoria de amparo quedó cumplida. Con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado del presente proveído sin necesidad de nuevo acuerdo previa anotación en el libro de gobierno correspondiente archívese el presente como asunto concluido. Con fundamento en el inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de depuración, dado que por resolución dictada por este juzgado el veinte de octubre de dos mil veinte, se concedió el amparo y la protección de la justicia de la unión el presente juicio de amparo; motivo por el cual, deberá conservarse la demanda y resolución inherentes al presente juicio de amparo, y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo que deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirá, una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General conjunto número 18/2020. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos 18 y 21 del Acuerdo General citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, acompañando copia digitalizada, debidamente certificada de la demanda y de la sentencia dictada en el presente juicio; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en proveído de ocho de diciembre de dos mil veinte, se declaró que la sentencia de amparo había quedado cumplida, acuerdo que fue notificado a la parte quejosa por estrados el once siguiente; sin embargo, conforme a la Circular CAP/3/2020, de veinte de diciembre de dos mil veinte, del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, se suspendieron los plazos y términos con las salvedades expuestas en el citado acuerdo y con relación a los temas de asuntos urgentes, físicos y juicios en línea se estará a lo dispuesto en el diverso Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, por lo que, le sigue transcurriendo el término concedido a las partes con la vista ordenada en proveído de ocho de diciembre de dos mil veinte. Por último, se comunica a las partes que conforme a la Circular SECNO/1/2021 emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, el ocho de enero de dos mil veintiuno, mediante la cual hizo del conocimiento la decisión adoptada por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal en el sentido de aprobar el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19", por lo cual, en atención a la fracción II, punto 2 se hace del conocimiento que del 12 al 18 de enero de 2021, resulta aplicable el acuerdo general 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en consecuencia, se levanta la suspensión de plazos y términos prevista en la Circular CAP/3/2020 y, por ende, se reanudan los plazos y términos en la totalidad de los juicios y procesos; de igual manera se precisa lo siguiente: Como ocurrió con la entrada en vigor del Acuerdo General 21/2020, se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, IV, V y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el 12 de febrero de 2021. Los órganos jurisdiccionales deben hacer del conocimiento de las personas justiciables la aplicabilidad de los preceptos en cita como parte del fundamento en cada determinación en que se actúe con base en dicho artículo.

  4. Principal

    Visto el estado procesal de los presentes autos y con la vista que se le hizo al quejoso por auto de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, para que en el término de tres días contados a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación, manifestara lo que a su derecho conviniese, y con el apercibimiento que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las partes. El citado proveído se le notificó al agraviado por lista el veintiséis de noviembre del dos mil veinte, sin que se desahogara tal vista. Por tanto, este órgano de control constitucional, con fundamento en los documentos que obran en autos, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento del fallo protector. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de marzo del 2000, Novena Época, bajo el rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En primer lugar, debe indicarse que por resolución dictada por este juzgado, el veinte de octubre de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, solicitado para el efecto de que la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Tercera Investigadora, con domicilio en esta ciudad, realizara lo siguiente: ". deje insubsistente lo determinado en el oficio sin número del diez de febrero de dos mil veinte, y en su lugar dicte otro debidamente fundado y motivado.". Por su parte, el diez de noviembre de dos mil veinte, causó ejecutoria el citado fallo constitucional y se requirió su cumplimiento. En cumplimiento a lo anterior, la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Tercera Investigadora, con domicilio en esta ciudad, a través del oficio recibido en este juzgado el trece de noviembre de dos mil veinte, remitió copia certificada del acuerdo de doce de noviembre de dos mil veinte, por medio del cual dejó insubsistente el acuerdo de diez de febrero del citado año y, en su lugar dicto otro en el que resolvió negar la devolución del vehículo Tipo Pick Up, color blanco, marca Ford, línea F-150, modelo 1999, con placas para circular K75-AUL de la Ciudad de México, con número de identificación vehicular IFTZF1723XNA21036, de conformidad con el artículo 239 del Código Nacional de Procedimientos Penales y otros preceptos legales, además que se insertaron los motivos que tuvo en cuenta la autoridad para llegar a la citada conclusión. En proveído de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, se dio vista al quejoso con el oficio y documentales allegadas por el Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Tercera Investigadora, con domicilio en esta ciudad; para que alegara lo que a su derecho conviniese. En ese tenor, si la protección constitucional se concedió para el efecto de que la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Tercera Investigadora, con domicilio en esta ciudad, dejara insubsistente lo determinado en el oficio sin número del diez de febrero de dos mil veinte, y en su lugar dictara otro debidamente fundado y motivado, lo cual ya aconteció, porque se citaron los fundamentos legales y se insertaron los motivos que tuvo la autoridad ministerial para negar la devolución del vehículo automotor señalado por el quejoso; en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO. Hágase del conocimiento de la parte quejosa este proveído, para los efectos de la fracción I del artículo 201 de la Ley de Amparo.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

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