Gabriel Adan Flores Insunza

Expediente 1553/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1553/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
19/09/2019

Partes del expediente

  • Gabriel Adan Flores Insunza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Causa ejecutoria. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2º, de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. Anotaciones y archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar concluido. Acuerdo General. En cumplimiento a lo ordenado por el ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración del suscrito, no se considera de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: Delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al párrafo último del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) En el expediente en que se actúa se emitió sentencia en la que se sobreseyó en el juicio de amparo; consecuentemente, dicho expediente es susceptible de destrucción, lo que se realizará en el plazo de tres años, por lo que ve a su envío al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, realícese; en tanto su destrucción se llevará a cabo una vez transcurrido cinco años. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I y vigésimo quinto del acuerdo general invocado. Circunstancia que se realizará en ambos casos, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula del presente, realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de destrucción, con fundamento en el párrafo segundo del artículo décimo primero, del multicitado acuerdo general. Devolución de documentos. Por último, de conformidad con lo dispuesto por el artículo Décimo Primero, del referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno, en original, que devolver a las partes.

  2. Principal

    ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO.

  3. Principal

    Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada el veinticinco de julio de dos mil diecinueve, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2º, de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar concluido. En cumplimiento a lo ordenado por el ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración del suscrito, no se considera de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: Delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al párrafo último del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) En el expediente en que se actúa se emitió sentencia en la que se sobreseyó en el juicio de amparo; consecuentemente, dicho expediente es susceptible de destrucción, lo que se realizará en el plazo de tres años, por lo que ve a su envío al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, realícese; en tanto su destrucción se llevará a cabo una vez transcurrido cinco años. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I y vigésimo quinto del acuerdo general invocado. Circunstancia que se realizará en ambos casos, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula del presente, realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de destrucción, con fundamento en el párrafo segundo del artículo décimo primero, del multicitado acuerdo general. De conformidad con lo dispuesto por el artículo Décimo Primero, del referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno, en original, que devolver a las partes. Finalmente, en virtud de lo acordado en párrafos que anteceden, y toda vez que ya no es necesario que obre como cuaderno de prueba las constancias que remitió el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco , en consecuencia, remítase el legajo, en un tomo, a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar, solicitándose el acuse de recibo correspondiente.

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del cual se advierte que mediante proveído de diecisiete de julio de dos mil diecinueve, se dio vista a la parte quejosa, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en autos y los datos aportados por la autoridad; acuerdo que le fue notificado el veintinueve de julio posterior. Este Juzgado de Distrito con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede, de oficio, a resolver si conforme a las constancias que obran en autos se encuentra cumplida o no la ejecutoria de autos. Cabe reiterar que en la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, el veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho, misma que en fue modificada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del tercer Circuito, en los autos del toca de revisión 52/2019, por una parte, se sobreseyó en el juicio; y, por la otra, se concedió el amparo y la protección constitucional, para el efecto de que: "se desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa, la obligación que le impone la fracción I, incisos a) y h), del referido artículo 16 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho y, por ende, que no se le apliquen dichas porciones normativas en el presente y lo futuro, mientras subsista el vicio de inconstitucionalidad apuntado en el fallo recurrido y en la presente resolución. Además, la autoridad exactora, deberá devolver los montos de los pagos realizados por concepto de derechos previstos en dichos incisos, que obran en el recibo de pago A40702010 (folio 25 vuelta del juicio de amparo), en los términos siguientes: a) Por lo que respecta al pago de derechos efectuado en términos del artículo 16, fracción I, inciso a), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, deberá devolver el excedente del importe mínimo a pagar por concepto de registro de actos jurídicos ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco; y b) En cuanto al pago de derechos efectuado en términos del artículo 16, fracción I, inciso h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, deberá devolver el importe de los $5,000.00 (cinco mil pesos) pagados por el registro de testimonios procedentes de otras entidades de la República. Sin que en este último caso sea dable exigir al impetrante que pague un monto mínimo, dado que la disposición declarada inconstitucional establece una tarifa única de $5,000.00 (cinco mil pesos) por el registro de documentos provenientes de una entidad federativa distinta; esto es, no fija los derechos a partir de porcentajes y por ende, no prevé una cantidad mínima a pagar. Lo anterior, en el entendido de que esos importes deberán devolverse actualizados aplicando en lo conducente, los artículos 68, 75 y 76 del Código Fiscal del Estado de Jalisco". En ese contexto, a las constancias remitidas por la responsable, se les concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones; tras de lo cual, se pone de manifiesto que mediante oficio PF-DC-JA-18115, de diecisiete de junio de dos mil diecinueve, el Director de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, puso a disposición de la parte quejosa el título de crédito correspondiente, derivado de la protección constitucional en el presente juicio de amparo; sin embargo, no se advierte que dicho oficio haya sido notificado al impetrante de amparo, y mucho menos, que el cheque correspondiente se hubiere entregado. En esas condiciones, resulta claro que la sentencia de amparo no ha quedado cumplida. Por otra parte, visto el estado de autos se advierte que en proveído de diecinueve de junio del presente año, se informó a la autoridad responsable Secretaría de la Hacienda Pública del Estado, el domicilio procesal de la parte quejosa, siendo este el ubicado en la finca marcada con el número **** lo anterior a efecto de que estuviera en posibilidad jurídica de hacerle del conocimiento la disponibilidad del cheque emitido a su favor. Asimismo, que la aludida autoridad responsable fue notificada del proveído señalado en el párrafo que antecede el veintiuno de junio posterior, como se aprecia del acuse de recibo del oficio 25772/2019. Luego, en proveído de cuatro de julio de dos mil diecinueve, se tuvo a la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado, informando que no le fue posible notificar a la parte quejosa el contenido del oficio PF-DC-JN-21433, por los motivos expuestos en la constancia respectiva, razón por la cual este órgano de control constitucional informó a la Secretaría citada, el nuevo domicilio procesal de la parte quejosa, esto es, el ubicado en la finca marcada con el número **** Jalisco; proveído que fue notificado el diez de julio siguiente, como se aprecia del acuse de recibo del oficio 25772/2019. Posteriormente, mediante oficio PF-DC-JA-21434, de quince de julio del presente año, el Director de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, remitió entre otras, la misma constancia recibida en proveído de cuatro de julio del presente año, esto es, la imposibilidad de notificación de veinticuatro de junio de dos mil diecinueve. En razón de lo anterior, es decir que la autoridad responsable Secretaría de la Hacienda Pública del Estado, fue notificada desde el pasado diez de julio de dos mil diecinueve, del proveído en comento, sin que a la fecha haya remitido las constancias requeridas; se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de cuatro de julio de dos mil diecinueve. Con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere por última ocasión antes de remitir los autos en inejecución de sentencia, a la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado, para que dentro del término prudente de siete días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, remita copia certificada de la notificación practicada a la parte quejosa del oficio PF-DC-JN-21433, en el domicilio ubicado en la finca marcada con el número **** De no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se le impondrá a su titular una nueva multa relativa a la cantidad que resulte equivalente a ciento cincuenta unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, en términos del numeral 258, de la Ley de Amparo, y se procederá a dar inicio al procedimiento de inejecución a que se refiere el segundo párrafo del primero de los numerales en cita, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Tiene sustento lo anterior, en la siguiente jurisprudencia que reza de la siguiente manera: PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. Finalmente, se requiere al Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, quien resulta ser el superior jerárquico de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, para que le ordene a ésta, cumplir con la ejecutoria de amparo, remitiendo a este juzgado de Distrito, constancia fehaciente que lo acredite, apercibido que de no hacerlo así, esto es, de no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa en los términos señalados en el párrafo que antecede, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que la autoridad responsable. En tales condiciones, dado el incumplimiento de las autoridades responsables, se reserva el pronunciamiento entorno a la ejecución de la imposición de la multa, con motivo del apercibimiento decretado en auto de cuatro de julio de dos mil diecinueve, hasta en tanto transcurra el plazo otorgado a las autoridades responsables, en párrafos precedentes, en el entendido de que, en caso de nuevo incumplimiento, eventualmente se le aplicarán y ejecutarán ambas medidas de apremio.

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