Gabino Sánchez Galeana
Expediente 288/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 288/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/11/2018
Partes del expediente
- Gabino Sánchez Galeana
Actuaciones
- Principal
Ha causado estado el proveído de catorce de noviembre de dos mil dieciocho, mediante el cual se desecho la demanda de amparo.
- Principal
Desechamiento Ahora, del análisis del escrito de cuenta, así como de la demanda, esta juzgadora estima que debe desecharse de plano la demanda de amparo, en virtud de que se advierte de oficio que de manera manifiesta e indudable se actualiza la diversa causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 107, fracción V, de la ley de la materia, este último aplicado a contrario sensu, dado que los actos que se tildan de inconstitucionales no tienen una ejecución de imposible reparación. Para sustentar la anterior aseveración, es menester traer a colación el contenido de los preceptos 61, fracción XXIII , y 107, fracción V , de la normatividad de garantías, este último aplicado a contrario sensu, de cuyo contexto se obtiene que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, lo que conlleva a desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la presente demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, y 113 de la Ley de Amparo. Sobre el tema, el Supremo Tribunal del País en la tesis de jurisprudencia 607 , aprobada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, del rubro: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL"; así como la tesis jurisprudencial P./J. 24/92 , aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS"; ha establecido: un acto de ejecución de imposible reparación, debe entenderse aquel que afecta materialmente derechos humanos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte material, como la vida, la integridad personal, la libertad, y la propiedad, por citar algunos; y, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado, y estos actos se actualizan respecto de los llamados derechos adjetivos o procesales. También, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis jurisprudencial P./J. 37/2014 aprobada por el Pleno del rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)" ha determinado: 1) Que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, el artículo 107, fracción V, ofreció precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte."; por lo que puede afirmarse que con esa aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. 2) Que dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la tesis de jurisprudencia P./J. 4/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente el tribunal pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "...aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que el tribunal pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. Lo anterior, aplicado al caso, conlleva a establecer que se actualiza la causal de inatacabilidad supraindicada, porque los actos reclamados se contraen a una violación procesal que podrá ser reparable en caso de obtener una sentencia favorable al resolverse el expediente 347/2018, relativo a la acción plenaria de posesión; o en su defecto, podrá combatirse en la vía directa como violación procesal (en el supuesto de obtener un fallo adverso) al combatirse la resolución que ponga fin al juicio natural, conforme a lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley de Amparo. En efecto, la materia de los actos reclamados se traduce en una violación procesal reclamable en amparo directo, en el supuesto que la ahora parte quejosa no obtenga una sentencia favorable, toda vez que la materia de los actos reclamados versan en esencia, en: 1) la resolución de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, mediante la cual se resolvió el recurso de revocación interpuesto contra el auto emitido el veintiocho de septiembre del año en cita, pronunciado dentro del expediente 347/2018, por el que no se acordó favorable la petición del aquí quejoso en relación a llamar a juicio a Martín Archundia Sánchez. Es así, porque de acuerdo con el principio de procedencia del juicio de amparo indirecto establecido en el artículo 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, éste sólo procede contra actos verificados durante la controversia, o en ejecución de la sentencia, cuando sean imposibles de reparar; esto es, en contra de aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar materialmente alguno de los derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados por los derechos humanos consagrados en la propia Carta Magna o en tratados internacionales. En esa virtud, no existe ejecución irreparable, si las consecuencias de la posible infracción se extinguen sin originar afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado, y sin dejar huella en su esfera jurídica; por lo cual es evidente que no existe irreparabilidad cuando el acto reclamado sólo produce efectos intraprocesales, sin causar perjuicio ni afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos, como propiedades, posesiones o derechos, al no implicar por sí mismo la obtención de una resolución desfavorable en la contienda judicial. Por tanto, los actos que se reclaman en la demanda de amparo de cuenta no son de imposible reparación, al no atentar, por sí mismos, contra ningún derecho sustantivo constitucional o convencional, máxime si se toma en consideración que todas las violaciones que pudieran surgir en el procedimiento penal, son susceptibles de ser impugnadas en la vía de amparo indirecto, dado que de las manifestaciones relatadas en los conceptos de violación van encaminadas a hacer notar las irregularidades y discrepancias que existen dentro de la secuela procesal, violaciones procesales que son atacables mediante el amparo directo. Luego, en virtud de que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es inconcuso que en el caso se actualiza la causal de improcedencia, contenida en el precepto 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el diverso precepto legal 107, fracción V, de la ley de la materia, esté último aplicado a contrario sensu. Para sustentar lo anterior, se invoca el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE ". Por tanto, con sustento en los artículos 112, párrafo primero, y 113 de la Ley de Amparo, al existir causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo.
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Sin que se tenga desahogada la prevención
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Se ordena el emplazamiento al tercero interesado
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