Gabino Ruiz Mandujano
Expediente 465/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 465/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Gabino Ruiz Mandujano
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, contra el auto de tres de junio de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda que dio origen a este juicio; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha determinación ha causado estado; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, se hace constar que este juicio no es de relevancia documental y que después de una búsqueda minuciosa no se encontraron valores, ni documentos originales exhibidos por las partes. Por otro lado, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN -una vez transcurran tres años- al haberse desechado la demanda y carecer de relevancia documental. Finalmente, con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia, ARCHÍVESE este expediente como asunto concluido. Notifíquese.
- Principal
Visto el escrito de demanda y copias, presentados por ..., contra actos de la Fiscalía General de la República y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 465/2021-V. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la demanda de amparo es un todo y que, por ende, su análisis no debe limitarse al escrito inicial sino que también debe incluir el de sus documentos y anexos, así como el del escrito por medio del cual es aclarada. Por tanto, los juzgadores de amparo deben analizar e interpretar tales elementos para atender la pretensión que contienen desde el punto de vista material, no únicamente formal, así como deben prescindir de los calificativos que en ellos se hagan sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados. De ahí que deben cumplir las siguientes exigencias. En primer lugar, interpretar la demanda con un sentido de liberalidad no restrictivo para determinar con exactitud la intención del promovente y, de tal manera, armonizar los datos y elementos que la conforman sin cambiar su alcance y contenido; es decir, examinar sus elementos y establecer qué es lo que pretende conseguir mediante el juicio de amparo. En segundo lugar, a la luz de la intención identificada, verificar cuáles son los actos que causan perjuicio a la parte quejosa según sus conceptos de violación y al margen de que hubieran sido formalmente señalados como reclamados; esto es, a contrario sensu, descartar los que no la perjudiquen y los que no estén vinculados con su propósito. En tercer lugar, identificada la pretensión material de la parte quejosa y depurados los actos reclamados en función de su relación con ella, es necesario armonizar los datos de la demanda con toda la información del expediente a fin de atender a lo que dicha parte quiso decir --a su causa de pedir-- para lograr congruencia entre lo pedido y lo resuelto. De modo que los juzgadores de amparo están obligados a superar la valoración literal del capítulo respectivo y a interpretar integralmente las constancias del expediente para precisar los actos reclamados --la base de la litis del juicio constitucional-- únicamente a partir de lo que la parte quejosa efectivamente pretende reclamar. En el caso, del análisis integral del escrito de demanda, se advierte que los actos reclamados se hacen consistir en: El oficio No. ...a través del cual se informa que la carpeta de investigación ...sigue en trámite y no se ha pedido la opinión técnica jurídica de los fiscales de la UISPPA. La omisión, inactividad, simulación y maliciosidad para no ejercer la acción penal en la carpeta de investigación ... DESECHAMIENTO En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, porque contra el acto reclamado procede un recurso por virtud del cual pueden ser modificados, revocados o nulificados, de acuerdo a las siguientes consideraciones. En principio, es preciso señalar que el dispositivo legal antes enunciado establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)". De la reproducida disposición legal se desprende, que la procedencia del juicio de derechos está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal debe ser agotado, salvo los casos de excepción previstos, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercerlos, o en su defecto, le perjudique su omisión. El principio de definitividad encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, por lo que el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias para obtener la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado, salvo los casos de excepción previstos en la ley y la jurisprudencia. Luego, para que el juicio constitucional sea procedente, es necesario que el inconforme, previo al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado, por virtud del cual éste pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el precitado artículo 61, fracción XVIII. El principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, está condicionado a que se agote, sin distinción alguna, el recurso o medio de defensa que la ley que rija el acto establezca en contra del acto de autoridad que se estime lesivo a las garantías individuales o derechos humanos del impetrante, consagrados en la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que el Estado mexicano sea parte. Ahora, para demostrar la causal de improcedencia en estudio es necesario transcribir el contenido del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual dispone: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." Del precepto transcrito se desprende que corresponde a la autoridad judicial el control de legalidad de las actuaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público en la investigación de los delitos, para lo cual el legislador estableció a favor de la víctima u ofendido un medio de impugnación innominado que le permite controvertir las determinaciones de la representación social en relación a cuatro hipótesis, a saber: 1) sobre la abstención de investigar, 2) el archivo temporal, 3) la aplicación de un criterio de oportunidad y 4) el no ejercicio de la acción penal. Sin embargo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 1a./J. 27/2018 y 1a./J. 28/2018, dilucidó que tales hipótesis en general se tratan de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación; y, en este sentido consideró que bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en esos supuestos, ya que dichas conductas suponen la paralización de su función investigadora. Por ende, definió que contra cualquier omisión ministerial que paralice la investigación de los delitos, procede el citado medio de defensa innominado, para que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por tanto, se colige que previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar el medio de defensa ordinario previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en observancia al principio de definitividad. Apoyan lo anterior, los criterios de rubro siguientes: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO." Y "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES." En esas condiciones de lo relatado se puede concluir sin lugar a dudas que la parte quejosa, en su carácter de víctima en la referida indagatoria, previo a acudir al juicio de amparo, debió agotar el medio de defensa que prevé el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales en contra de las omisiones en la integración de la citada carpeta, pues dichos actos reclamados pueden ser confirmados, revocados o nulificados por el medio de defensa; y al no haberlo hecho, incumplió con el principio de definitividad y, por ende, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sin que en el caso concreto se justifique alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad, en virtud de que la determinación reclamada deriva de un controvertido jurisdiccional de naturaleza administrativa, en el cual la inconforme no se ubica en alguna de las excepciones que se indican en la fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de Amparo. Sin que pasen inadvertidos los conceptos de violación del promovente del amparo; sin embargo, ello no puede ser motivo para que se admita su demanda, toda vez que los hace consistir en la actitud omisiva de las responsables, lo que constituye la esencia de la omisión de investigar por lo que se entiende como un todo. Por tanto, de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, resulta notoria e indudable la causal de improcedencia que se invoca, por ende, en términos del numeral 113 del mencionado ordenamiento legal, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA. DE LA PARTE QUEJOSA: Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado. Ahora, en torno a la persona que refiere para fungir como defensor en este asunto, requiérase a la parte quejosa para que acredite a esta potestad que Francisco Javier Ballesteros Fuentes, se encuentra legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado; ya sea que lo haga por medio del documento idóneo o bien, con el objeto de evitar homonimias, proporcione el número de folio correspondiente a su registro en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Apercibido que de no hacerlo únicamente quedará facultado en los términos que indica la parte final del arábigo 12 de la Ley de Amparo (esto debido a que el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reformó el mencionado artículo de la ley de la materia). Tómese en consideración el correo electrónico y número telefónico que proporciona el promovente para, de ser necesario, entablar comunicaciones no procesales. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" Y REQUERIMIENTO DE ALGÚN MEDIO DE COMUNICACIÓN Se les exhorta a que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, esto es: a) Promover a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; b) Consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran sus expedientes de amparo; y, c) Solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. Para lo cual, deberán solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. La actuación por este medio requerirá de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, se requiere a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. AUTORIZACIÓN MEDIOS DIGITALES Por otra parte, hágase del conocimiento de las partes que con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al trámite del citado cuerpo de leyes, y en atención a lo dispuesto en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la digitalización de las constancias de este expediente; se autoriza el uso de medios electrónicos para imponerse de las actuaciones procesales, no obstante lo anterior, se procurará evitar fotocopiar, fotografiar o escanear, las firmas y sellos que aparezcan en éstos; lo anterior con excepción de las constancias respecto de las que, en su caso, se deba guardar sigilo, de las cuales, únicamente podrá tener a la vista en el plazo que para tal efecto establece la ley de la materia. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES Con base en lo dispuesto por el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 9, 16, 68, 110, 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 73 fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, este juzgado está constreñido a garantizar el acceso a la información pública, así como a proteger los datos personales con los que cuenta, con motivo de la demanda de amparo que se provee, llevando a cabo las versiones públicas correspondientes, en las que deberán testarse las secciones reservadas o confidenciales, ello en pleno respeto a una interpretación armónica de los artículos mencionados y en atención al principio pro persona, como así lo establece el artículo 6 último párrafo del ordenamiento citado. NOTIFICACIONES El presente acuerdo, así como los que se dicten subsecuentemente, se publicarán en su totalidad -salvo datos sensibles o confidenciales- bajo las pautas del artículo 29 de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN AL ACTUARIO Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilita al actuario judicial para que en su caso, en días y horas inhábiles, realice las notificaciones personales que se ordenen, las cuales deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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