Gabino Rosales Márquez y Otros.

Expediente 736/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
736/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
02/03/2021

Partes del expediente

  • Gabino Rosales Márquez
  • Gabino Rosales Márquez y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, dos de marzo de dos mil veintiuno. Quejosos solicitan devolución de documentos. Agréguese a los autos el escrito signado por Agustín Mendez Romero, defensor particular de Gabino Rosales Márquez y Oscar Rosales Márquez, en atención a su contenido, como lo solicita el ocursante y como esta ordenado en el proveído de cuatro de febrero del actual, devuélvase los documentos que exhibió´ con el escrito inicial de demanda, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, previa toma de razón y recibo que obre en autos. En el entendido que deberá programar su cita a través del sistema "Agenda OJ", del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", lo que le permitirá acudir ante este órgano jurisdiccional a fin de que se le entreguen los referidos documentos; lo anterior, en términos de lo establecido en los artículos 2 y 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada Argelia Román Mojica, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante la secretaria, licenciada María de Lourdes Morales García, que autoriza y da fe. MLMG/DMC

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, cuatro de febrero de dos mil veintiuno. Consideraciones previas. Del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que no fue posible continuar con la prosecución del juicio, por virtud de la suspensión de funciones jurisdiccionales prevista para los períodos del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, así como del diecinueve de enero, al nueve de febrero de dos mil veintiuno, ello en términos de las circulares CAP/3/2020, SECNO/4/2021 y SECNO/6/2021, emitidas por las autoridades correspondientes del Consejo de la Judicatura Federal, en las cuales se informó que durante los períodos citados los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación regresaban al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. Último período de suspensión que fue modificado mediante circular SECNO/8/2021, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, donde se informó que la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, aprobó que a partir del día uno de febrero del año en curso, se reanudaban en la totalidad las actividades jurisdiccionales para los Estados de Coahuila (Octavo Circuito) y Tlaxcala (Vigésimo Octavo Circuito), siendo aplicable para la operación de estos órganos jurisdiccionales, el ordenamiento establecido en el "Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19". En esa tesitura, conforme al citado Acuerdo General 21/2020, se reanuda el procedimiento en el presente juicio de amparo. Hágase del conocimiento a las partes que intervienen dentro del presente juicio, a fin de que manifiesten lo que a su interés convenga. Ahora bien, es necesario destacar que según lo establecido en dichos acuerdos generales, durante el período del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, así como del diecinueve de enero al treinta y uno de enero del presente año, no corrieron términos; lo cual reafirma la fracción I del artículo 2º y 20 del Acuerdo General 21/2020, y en la que se determinó que los plazos se suspendían, por lo que el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. En el entendido de que a partir de la notificación del presente proveído, comenzaran a correr los plazos o términos que fueron suspendidos con motivo de la contingencia. El presente acuerdo deberá notificarse por lista a las partes, puesto que aun cuando el procedimiento se encontraba suspendido por causa de fuerza mayor, dicha suspensión fue menor a los seis meses a que se refiere el artículo 309, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; máxime que la notificación personal implicaría poner en riesgo la salud de los actuarios adscritos a éste órgano jurisdiccional. Causa estado. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que el auto de siete de diciembre de dos mil veinte, en el que se desechó la demanda de amparo; no fue recurrido dentro del término legal. Por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que ha causado estado. Se ordena archivo. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. Existencia de documentos. No se omite señalar que tal como se precisó en certificación de esta fecha, existen documentos catalogados como no originales que exhibió la parte quejosa en su escrito de demanda, respecto de los cuales se autoriza su devolución en caso de que así lo solicite. ( Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, doce de enero de dos mil veintiuno. Consideraciones previas. Del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que no se ha proveído respecto al escrito de cuenta presentado por la parte quejosa, por virtud de la suspensión de funciones jurisdiccionales que operó del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, en términos de la CIRCULAR CAP/3/2020, suscrita por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en la cual se determinó que durante el periodo citado los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación regresaban al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. Ahora bien, el ocho de enero de dos mil veintiuno, la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, emitió la CIRCULAR SECNO/1/2021, en la que se dio a conocer la "Propuesta de medidas en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana y en la áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de los contagios por la emergencia Coviod-19", y en la que se determinó que del doce al dieciocho de enero de dos mil veintiuno, únicamente los circuitos mencionados en el punto I, continuarían con el esquema de contingencia previsto en el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y los restantes operarían bajo el esquema de trabajo establecido en el Acuerdo General 12/2020 del citado Pleno (punto ll), cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. En consecuencia, al pertenecer este órgano de control constitucional a un circuito diverso a los mencionados en el punto I de la supracitada circular, en términos del numeral II de ésta, el ordenamiento aplicable a partir de la presente data, es el referido Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. En esa tesitura, conforme al citado Acuerdo General 21/2020, se reanuda el procedimiento en el presente juicio de amparo. Hágase del conocimiento a las partes que intervienen dentro del presente juicio, a fin de que manifiesten lo que a su interés convenga. Ahora bien, a fin de continuar con el trámite del presente juicio de amparo, es necesario destacar que según lo establecido en dichos Acuerdos Generales, durante el período del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, no corrieron términos; lo cual reafirma la fracción I del artículo 2º y 20 del Acuerdo General 21/2020, y en la que se determinó que los plazos se suspendían, por lo que el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Lo anterior, debe entenderse en el sentido de que la indicada reanudación de plazos operará hasta que se notifique a las partes el presente acuerdo. No ha lugar. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta registrado con el número 11177, suscrito por ********************, en su carácter de defensor particular de los quejosos ******************** y ******************** y atento a su contenido, dígasele que no ha lugar a devolverle la constancia que indica, hasta en tanto cause estado el auto por el cual se le desechó por notoriamente improcedente su demanda de amparo. Finalmente, el presente acuerdo deberá notificarse por lista a la parte quejosa, puesto que aun cuando el procedimiento se encontraba suspendido por causa de fuerza mayor, dicha suspensión fue menor a los seis meses a que se refiere el artículo 309, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; máxime que la notificación personal implicaría poner en riesgo la salud de los actuarios adscritos a éste órgano jurisdiccional. Notifíquese.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, siete de diciembre de dos mil veinte. Radicación de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por **********, en su carácter de defensor particular de **********, contra actos del Procurador de General de Justicia del Estado de Tlaxcala. Fórmese expediente impreso y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno con el número 736/2020-III. Desechamiento de la demanda. Con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones. Como premisa debe destacarse que la parte quejosa reclama la falta de respuesta a su petición formulada el cuatro de noviembre de dos mil veinte. Luego, se estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1, fracción I, y 5, fracción I, todos de la Ley de Amparo, que estatuyen que para que el juicio constitucional sea procedente, es necesario que se enderece contra actos de autoridad, o bien, de particulares en los casos señalados por la propia ley, pues por su naturaleza jurídica las garantías constitucionales constituyen en la generalidad de los casos, limitaciones al Poder Público. En ese orden de ideas, el acto reclamado, en general, consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implica una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituye un acto concreto de efectos particulares imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. De esa definición se desprende que el acto reclamado produce una afectación o lesión a cualquier derecho del gobernado, ocasionándole un agravio que puede provenir, indistintamente, de una ley o de un acto de índole decisoria, ejecutiva u omisiva que le otorgue la naturaleza de autoritario al ser coercitivo, unilateral e imperativo, formas o maneras como se realiza la mencionada afectación. Conforme al artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, el quejoso es quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, individual y colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1, de la Ley de la materia, y con ello se producirá una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por su parte, la autoridad responsable es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas, en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Ahora bien, como quedó precisado, en la especie la parte quejosa señaló como omisión reclamada, la abstención de emitir una respuesta al escrito presentado ante la autoridad responsable el cuatro de noviembre de dos mil veinte, razón por la cual a la fecha en que promovió la demanda de amparo tiene certeza de que las autoridades responsables no han atendido su derecho de petición. Sin embargo, es de considerar lo establecido en el artículo 19, fracción IV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el cual establece lo siguiente: "Artículo 19. (.). Fracción IV. Ejercer ante las autoridades estatales y municipales, el derecho de petición, en los términos y condiciones establecidos en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los titulares y encargados de las dependencias de los poderes del Estado, organismos autónomos y municipios deberán en un término que no exceda de treinta días hábiles contados a partir de la fecha en que un particular ingrese su petición por escrito, de responder en la misma forma el acuerdo derivado de su petición." (Lo resaltado es propio) Del precepto invocado se advierte que la Constitución del Estado de Tlaxcala, prevé que el término para la contestación al derecho de petición es de treinta días hábiles, lo cual resulta relevante para evidenciar que las autoridades responsables a la fecha de presentación de la demanda no han incurrido en la omisión reclamada. En el caso, la petición cuya respuesta reclama la parte quejosa, se realizó mediante escrito presentado el día cuatro de noviembre de dos mil veinte, ante autoridad administrativa que se rige por lo establecido en la constitución estatal; mientras que la demanda de amparo que nos ocupa fue presentada el cuatro de diciembre del año en curso; por lo que es de concluirse que no han trascurrido treinta días hábiles para que la autoridad proveyera lo relativo a su solicitud, en tanto ese término culminará el dieciocho del mes y año en curso. Por tanto, es dable estimar que la parte quejosa no ha sufrido afectación real y actual a su derecho de petición, pues la autoridad señalada como responsable se encuentra en aptitud de dar contestación a su escrito dentro del plazo previsto en la Constitución Política del Estado de Tlaxcala. En consecuencia, es dable estimar actualizada de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos numeral 1°, fracción I y 5°, fracción I, de la ley de la materia, atento a lo cual, con fundamento en el arábigo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR la presente demanda de derechos fundamentales, únicamente por cuanto hace a las omisiones que reclama el justiciable. Del domicilio para oír y recibir notificaciones. Por otro lado, con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala para tales efectos, con el apercibimiento que de resultar inexacto, la notificación del presente proveído y subsecuentes, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado. En el caso de que sea necesario realizar alguna notificación de carácter personal, en el expediente en que se actúa, el Actuario Judicial de la Adscripción deberá hacerlo conforme al Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de los justiciables; lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Medios electrónicos. De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Exhortación a las partes para la tramitación del juicio en línea. Se hace del conocimiento de las partes que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, para el caso de que así lo deseen, podrán imponerse del contenido de los presentes autos (consulta de expediente electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica) a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx), quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o "e.firma", antes firma electrónica avanzada o "FIEL", de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de dicho Acuerdo, por lo que en este caso, deberán de hacer la solicitud correspondiente ante este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. En consecuencia, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo General 12/2020. Asimismo, se invita a las partes a que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el procedimiento, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa la certificación correspondiente. ( Transparencia y Datos Personales Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a las disposiciones aplicables al caso. Los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto. A su vez, los mismos serán protegidos en términos de la mencionada ley y los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Además, este juicio también está sujeto a las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entre otras cosas, esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Aunado a ello, conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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