Gabino Peralta Saucedo

Expediente 1606/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 9 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1606/2017
Año
2017
Actuaciones
9
Última actuación
12/12/2017

Partes del expediente

  • Gabino Peralta Saucedo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar, el escrito de cuenta, signado por la Jueza Octava de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, a través del cual comunica que aceptó la competencia declinada por este órgano jurisdiccional y registró la misma con el número de juicio de amparo 1019/2017; y acusa recibo del juicio de amparo de donde derivó el cuadernillo en que se actúa. Anotaciones en el libro de gobierno. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como concluido.

  2. Principal

    DECLARACIÓN DE INCOMPETENCIA. Visto el estado que guarda el presente sumario, éste juzgado estima que carece de competencia legal para continuar conociendo del mismo como se expondrá. En el caso, el acto reclamado se hace consistir en: La privación ilegal de la libertad del quejoso, al haber excedido el plazo de sesenta días para que la Secretaría de Relaciones Exteriores haya llevado a cabo su extradición.  Antecedentes. De las constancias remitidas por la autoridad responsable Directora de Asistencia Jurídica Internacional de la Secretaria de Relaciones Exteriores, al momento de rendir su informe a la suspensión de plano, así como de lo manifestado en el oficio ASJ-37369 (foja 23), se desprende lo siguiente: Mediante oficio de seis de febrero de dos mil trece, la Procuraduría General de la República, solicitó la detención provisional con fines de extradición internacional del aquí quejoso, dicha petición, por razón de turno, tocó conocer al Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal ahora Ciudad de México, quien radicó la mismo bajo el expediente de extradición número 1/2013-IV; y, el ocho de agosto de dos mil dieciséis, el homólogo federal referido, tuvo por cumplimentada la orden de detención provisional que le fue solicitada. En consecuencia, el citado Juez de Procesos, por auto de tres de octubre de dos mil dieciséis, tuvo por presentada la petición formal de extradición en contra del quejoso, realizando las gestiones necesarias, para darle vista al promovente de amparo de la solicitud referida; asimismo, mediante diligencia de ocho de abril de dos mil dieciséis, fue celebrada la audiencia de ley, en la cual se informó al impetrante del juicio de amparo, el contenido de la citada petición y se le puso a la vista los documentos que acompañaron a la misma. Por tanto, mediante escrito presentado por el Defensor Público Federal adscrito al órgano jurisdiccional citado, , el siete de octubre de dos mil dieciséis, ante la oficialía de parte del Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal ahora Ciudad de México, hizo valer las excepciones y defensas que consideró pertinentes. Desahogadas las actuaciones necesarias, el Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal ahora Ciudad de México, el dos de mayo de la presente anualidad, emitió su OPINIÓN JURÍDICA, la cual consiste en: "OPINIÓN PRIMERO. Se OPINA QUE RESULTA PROCEDENTE LA EXTRADICÓN INTERNACIONAL de GABINO PERALTA SAUCEDO (A) "PONY", requerido por el Gobierno de los Estado Unidos de América, a través de su Embajada en México, por estar sujeto al proceso número 8:12-CR-61-T-23EAJ (también referido como 8:12-CR-61T23EAJ), ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos de América para el Distrito Medio de Florida, división de Tampa, donde s ele acusa del cargo precisado en el cuarto de la presente opinión." El veintidós de junio de dos mil diecisiete, el Secretario de Relaciones Exteriores dictó acuerdo por el que el gobierno mexicano concedió al homólogo de Estados Unidos de América, la extradición internacional del quejoso, para ser procesado ante la Corte Federal de Distrito de los Estados Unidos de América para el Distrito Medio de Florida. El veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, la Directora de Asistencia Jurídica Internacional de la Dirección General de Asunto Jurídicos, pasó a disposición de la Dirección General de Procedimientos Internacionales de la Procuraduría General de la República, al quejoso, para la materialización de la extradición. Que lo anterior no se efectuó dado que el quejoso promovió juicio de amparo ante el Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en que se concedió la suspensión del acto.  Interpretación de las reglas de competencia. Ahora, para estar en aptitud de determinar los efectos jurídicos y alcances del acto reclamado en torno a las cuestiones de competencia, es necesario que se realice un breve análisis sobre las diversas etapas del trámite respectivo, donde pueden identificarse tres períodos perfectamente: a) El que se inicia con la manifestación de intención de presentar formal petición de extradición, en la que el Estado solicitante expresa el delito por el cual pedirá la extradición y que existe en contra del reclamado una orden de aprehensión emanada de autoridad competente; o en su caso, a falta de tal manifestación de intención, el que inicia con la solicitud formal de extradición, la cual debe contener todos y cada uno de los requisitos a que se refiere el artículo 16 de la Ley de Extradición Internacional o los establecidos en el tratado respectivo. b) El que comienza con la decisión de la Secretaría de Relaciones Exteriores de admitir la petición, por estar satisfechos los requisitos legales correspondientes, etapa dentro de la cual interviene el juez de Distrito competente y emite su opinión; y c) Aquel en el que esta dependencia del Ejecutivo Federal resuelve si concede o rehúsa la extradición, sin estar vinculado jurídicamente a la opinión que dictó el juez de Distrito. Ahora bien, si la extradición es el acto mediante el cual un Estado hace entrega de una persona que se halla en su territorio, a otro Estado, que la reclama, por tener ahí el carácter de inculpada, procesada o convicta por la comisión de un delito, a fin de que sea sometida a juicio o recluida para cumplir con la pena impuesta; es indudable que la privación de la libertad con fines de extradición, constituye un acto que afecta material y temporalmente el derecho de libertad de la persona; lo anterior, con independencia de que no de inicio formal al procedimiento respectivo. Precisado lo anterior, es menester señalar que del artículo 36 de la Ley de Amparo, se advierten tres reglas: 1. Por regla general, la competencia para conocer de un juicio de amparo se determina en función al lugar en que residan las autoridades en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto reclamado se ha comenzado a ejecutar en un Distrito y continúe ejecutándose en otro; será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención. 3. Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, el Juez de Distrito competente será aquél, en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado el acto reclamado. Dadas las características y naturaleza del acto reclamado, la hipótesis de competencia que aquí interesa es la precisada en el inciso a), pues como ha quedado señalado con anterioridad, la privación de libertad con fines de extradición requiere ejecución material, por lo que el juez competente para conocer del amparo que en su contra se promueva, será el del lugar en donde tenga verificativo la ejecución del acto reclamado. Sin embargo, en el caso esta conclusión aún no permite responder si donde tiene verificativo la ejecución equivale al lugar de reclusión del quejoso o bien al lugar donde se instruye el procedimiento de extradición. En efecto, se debe puntualizar que la privación de la libertad con fines de extradición tiene ejecución material, en tanto se traduce en que la persona permanezca con su libertad restringida en forma cautelar, no sólo en virtud de la medida cautelar, sino también, por el procedimiento de extradición que resulte. Ahora bien, dada la naturaleza de la detención provisional con fines de extradición y del contenido de los artículos 27, 28 y 29 de la Ley de Extradición Internacional, es posible concluir que, en términos generales, sus efectos implican: a) Dejar al inculpado cautelarmente privado de su libertad; y, b) Dejarlo a disposición del juez hasta que emita su opinión, para después quedar a disposición de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En el caso, estos dos efectos genéricos se manifestaron en dos jurisdicciones distintas, pues la privación de la libertad acontece en la jurisdicción de este órgano de control constitucional, pero el procedimiento de extradición se ha llevado en la jurisdicción de los Juzgados de Distrito en la Ciudad de México. Pues bien, este órgano de control constitucional considera que el juez de amparo competente para conocer de la demanda de amparo en la que se reclama la privación de la libertad del quejoso con fines de extradición, es el que tiene jurisdicción en donde radica la autoridad judicial que conoce del procedimiento de extradición respectivo. Esto, porque es ante la potestad de esa autoridad judicial que la persona se encuentra sometido, en atención a la naturaleza y efectos de la privación de la libertad con fines de extradición, pues debe entenderse que éstos surten preponderantemente ante el juez donde se tramita el procedimiento respectivo. Apelar aisladamente al criterio del lugar de reclusión, puede dar lugar a considerar que es el ámbito territorial en el cual tendrá plena ejecución la privación de la libertad con fines de extradición, pues ese criterio, aplicado a las cuestiones de competencia, desfavorece la intención de preservar la unidad, la concentración y, por ende, la seguridad jurídica de los procedimientos de esta naturaleza. En este sentido, es necesario precisar que los efectos de una privación de libertad con fines de extradición, necesariamente se trasladan de manera directa al procedimiento que se tramita y ahí es donde tienen su principal impacto y repercusión. Por ello, es inconcuso que resulte conveniente que sean los órganos judiciales del lugar donde se tramita el procedimiento respectivo, quienes conozcan de la problemática que se llegue a presentar. Al respecto, resulta útil acudir a las consideraciones plasmadas en la contradicción de tesis 384/2010, fallada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el uno de junio de dos mil once, cuyo punto de contradicción consistió en dirimir qué tribunal era competente para conocer del recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución de término constitucional, emitida por un Juez de Distrito en cumplimiento de un exhorto. En tal ejecutoria se afirmó, que el juez exhortado actúa con base en una competencia extraordinaria, concreta y limitada que le es reconocida en razón de que el inculpado se encuentra en el territorio sobre el cual ejerce jurisdicción, y es necesario resolver su situación jurídica a la brevedad, en términos del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De manera que, al desaparecer la situación de urgencia, las reglas que sustentan la competencia del juez exhortante cobran plena eficacia para seguir instruyendo la causa penal. Estos razonamientos dan luz al caso ahora sometido a análisis, en la medida en que permiten entender por qué es posible que, en el mundo fáctico, se genere una divergencia entre la jurisdicción de reclusión y la del procedimiento de extradición. Sobre todo, permiten entender que esta situación generalmente ocurre con motivo de circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades, pero que de ningún modo conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora. Por el contrario, ésta sigue siendo la que corresponde a la tramitación del procedimiento. Por tanto, en aquellos casos en los que en el procedimiento de mérito resulten situaciones extraordinarias, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado, a saber, en el que coincida con el lugar donde radique la autoridad que sigue el referido procedimiento de extradición; máxime que, en el caso, existe un diverso juicio de amparo que se tramita en el Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en contra de la orden extradición del quejoso. Con esto se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones que bien podrían ser contradictorias. Por tanto, si bien el quejoso se encuentra recluido del Centro Federal de Reinserción Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México, mismo que se encuentra dentro de la residencia de éste Juzgado Federal, también es cierto que, conforme a lo anterior, dicha causa no es excepción para que el órgano jurisdiccional competente de conocer de la demanda de amparo que originó el juicio en que se actúa sea el Juez de Distrito del lugar donde se radica el procedimiento de extradición. Sirve de apoyo, la tesis, con número de registro 2004415, localizable en la página 2496, del Semanario Judicial de la Federación, Libro XXIV, Septiembre 2013, Tomo 3, cuyo rubro y texto son: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA EL PROCEDIMIENTO DE EXTRADICIÓN. SI EL INCULPADO ESTÁ INTERNO EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN DE UNA JURISDICCIÓN DISTINTA A LA DE LA AUTORIDAD QUE CONOCE DEL TRÁMITE RESPECTIVO, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO DEL LUGAR DONDE ÉSTA RADICA. De conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013 (36 de la ley anterior), por regla general, la competencia para conocer del juicio de amparo se determina en función del lugar en que residan las autoridades en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, o bien, cuando el acto se ha comenzado a ejecutar en un distrito y continúe ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones a prevención; y si la acción impugnada no requiere de ejecución material, el Juez de Distrito competente será aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, tratándose del procedimiento de extradición, dada su especial conformación, sus efectos implican, por una parte, dejar al quejoso privado de su libertad y, por otra, a disposición del Juez hasta que emita su opinión y, posteriormente, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En ese sentido, si el inculpado promueve el juicio de amparo contra dicho procedimiento y está interno en un centro de reclusión de una jurisdicción distinta a la de la autoridad que conoce del trámite respectivo, debe considerarse que el Juez de Distrito competente para conocer del acto en mención, es el que radica en la jurisdicción de la autoridad que conoce de ese procedimiento de extradición, ya que es ante su potestad que la persona se encuentra sometida, en atención precisamente a la revisión detallada de la naturaleza de la propia petición y a la de sus efectos. Lo anterior, porque apelar aisladamente al criterio del lugar de reclusión para determinar la competencia, da lugar a considerar que es el ámbito territorial en el cual tendrá plena ejecución el acto reclamado, pues ese criterio -aplicado a la problemática de un conflicto competencial- desfavorece la intención de preservar la unidad, concentración y, por ende, la seguridad de los asuntos de esta naturaleza, máxime que los efectos del acto reclamado, se trasladan directamente al procedimiento que se tramita y ahí es donde tienen su principal impacto y repercusión; de ahí que sea el órgano judicial del lugar donde se tramita la extradición quien conozca de la problemática que se llegue a presentar." Atento a lo precisado, este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer del presente asunto, en acatamiento a lo dispuesto en la jurisprudencia de la Primera Sala, con número de registro 2005229, en la página 853 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Enero de 2014, Tomo II, Décima Época, que se aplica por identidad de razón, cuyo rubro y texto son: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES QUE CONCEDE LA EXTRADICIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ INSTRUCTOR DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO Y NO DEL QUE RADIQUE EN EL LUGAR DE RECLUSIÓN DEL QUEJOSO. De los artículos 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013 y 37 de la vigente a partir del día siguiente -normas que fijan los criterios de competencia de los jueces de distrito-, deriva que cuando el acto reclamado tenga ejecución material, la competencia para conocer del juicio de amparo se surte a favor del juez que ejerza jurisdicción donde se materializan los efectos del acto reclamado. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la que se instruye el procedimiento de extradición y promueve juicio de amparo contra la resolución definitiva mediante la cual la Secretaría de Relaciones Exteriores la concede, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez instructor del procedimiento respectivo, pues si bien es cierto que dicha resolución es la que da la pauta para la entrega del reclamado, también lo es que el artículo 34 de la Ley de Extradición Internacional establece un procedimiento al que debe sujetarse esta entrega, la cual se realizará al personal autorizado por el Estado que obtuvo la extradición en el puerto fronterizo o, en su caso, a bordo de la aeronave en que deba viajar el extraditado. De lo anterior se advierte que el cumplimiento de la resolución que concede la extradición comienza con la extracción del reclamado del lugar de su reclusión, a fin de ponerlo a disposición de la Procuraduría General de la República, por ser ésta la encargada de su entrega al Estado reclamante en el lugar convenido, el cual, por estar sujeto al sitio donde se acuerde la entrega, puede no coincidir con la jurisdicción del juez del lugar donde se encontraba recluido el reclamado. Este criterio obedece al propósito de conservar la unidad del procedimiento de extradición, así como el permitir la emisión de criterios generales a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones en las diversas etapas de aquél, que bien podrían ser contradictorias." Ahora, si en el caso, el procedimiento de extradición se siguió ante el Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal ahora Ciudad de México, bajo el expediente 1/2013-IV, entonces, aplicando las directrices anteriores al caso concreto, se concluye que es COMPETENTE para conocer de la presente demanda de amparo y juicio respectivo, el JUEZ DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN TURNO. Lo anterior, en la inteligencia de que así, sin resolver sobre el presente asunto, de conformidad con el artículo 38, de la Ley de Amparo, remítanse el expediente en que se actúa, sus anexos, al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, solicitándole de la manera más atenta, de no tener inconveniente legal alguno, se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta o no la competencia planteada, y acuse el recibo correspondiente. Consecuentemente, se deja sin efectos la fecha para la audiencia constitucional fijada para las diez horas del diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete; háganse las anotaciones respectivas y con copia de las constancias necesarias fórmese el cuaderno de antecedentes relativo. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar, el escrito de cuenta, signado por el quejoso Gabino Peralta Saucedo, a efecto del cual amplía su demanda en relación a las autoridades Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal ahora Ciudad de México y Procurador General de la República; y, realiza diversas manifestaciones. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase como alegatos las manifestaciones que formula y dese cuenta con ellos en la audiencia constitucional. RESERVA. Asimismo, dado el sentido del presente acuerdo, resérvese acordar lo conducente respecto de la ampliación de demanda, en el momento procesal oportuno.

  3. Principal

    SOLICITUD DE COPIAS. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en cumplimiento a su numeral 2°, agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar, el escrito de cuenta, por medio del cual el quejoso Gabino Peralta Saucedo, solicita copia simple de todo lo actuado en el presente juicio de amparo; asimismo, señala autorizados a efecto de recogerlas. SE AUTORIZAN COPIAS Como lo solicita el promovente, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2°, expídase a su costa un tanto de las copias que solicita, previa razón y firma que por su recepción obre en autos para debida constancia legal; y, ténganse por autorizadas a las personas que refiere únicamente para recibir las citadas copias.

  4. Principal

    Informe justificado. Para conocimiento de las partes y a fin de que manifiesten lo que a su derecho convenga, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar, el oficio de cuenta mediante el cual el Director Jurídico Contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Relaciones Exteriores, rinde su informe justificado, con el dese cuenta al momento de celebrar la audiencia constitucional; asimismo, designa delegados, y señala domicilio para oír y recibir notificaciones. Designación de domicilio y autorizados. Con fundamento en el ordinal 9 de la Ley de Amparo, téngase como delegados de la autoridad oficiante a quienes refiere y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala.

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