Gabina María Teresa Zepeda Mondragón

Expediente 1257/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 14 actuaciones registradas, la última del 6 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1257/2017
Año
2017
Actuaciones
14
Última actuación
06/03/2018

Partes del expediente

  • Gabina María Teresa Zepeda Mondragón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    agréguese a los autos el escrito signado por ******, en su carácter de autorizada en términos amplios de la parte quejosa, mediante el cual solicita copias certificadas de los autos de fechas uno y veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, así como del presente proveído. En consecuencia, con fundamento en el artículo 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, expídase a costa de la promovente las copias que solicita en el ocurso que se provee. Notifíquese.

  2. Principal

    V.- SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO HECHO AL QUEJOSO Y SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL ACUERDO DE VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE QUE DICE: Vista la certificación de cuenta, se advierte que la quejosa no se inconformó dentro del plazo previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, contra el proveído de uno de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 132 y 133), en el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. En consecuencia, el auto de mérito se tiene por consentido para todos los efectos legales. Por otra parte, el estado procesal del presente sumario constitucional evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Atento a lo anterior, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de depuración, pues deberá conservarse únicamente la demanda y la sentencia dictada por este Juzgado de Distrito, ya que mediante sentencia de veintitrés de octubre de dos mil diecisiete (fojas 76 a 88), se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión (punto vigésimo primero, inciso IV). Por otro lado, en términos del Punto Décimo Primero, último párrafo, del acuerdo general conjunto referido, dese vista a la parte quejosa, para que, dentro del plazo de noventa días, por conducto de persona autorizada para ello, comparezca a este órgano jurisdiccional a recoger los documentos que exhibió como anexo a su escrito inicial de demanda y al diverso presentado el veintitrés de octubre de la presente anualidad. Con el apercibimiento que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente. Para lo cual se deberá dejar en su lugar copia simple por tratarse de un asunto concluido; asimismo, quien comparezca para tal efecto, deberá exhibir copia simple de su identificación oficial vigente, a fin de que sea glosada para debida constancia legal. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 11 del Acuerdo en mención, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años y, posteriormente, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo en comento, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, para que una vez transcurridos cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, se proceda a su destrucción, al no constituir un asunto de trascendencia o relevancia. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Finalmente, para el caso de que las autoridades se encuentren en período vacacional y por tal motivo hayan suspendido sus labores, comisiónese al Actuario adscrito a este Juzgado de Distrito para que en la fecha en que reanuden actividades, entreguen los oficios respectivos sin necesidad de ulterior acuerdo; por tanto, los comunicados quedan a su resguardo y responsabilidad hasta en tanto sean debidamente entregados a sus destinatarios.

  3. Principal

    V.- Vista la certificación de cuenta, se advierte que la quejosa no se inconformó dentro del plazo previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, contra el proveído de uno de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 132 y 133), en el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. En consecuencia, el auto de mérito se tiene por consentido para todos los efectos legales. Por otra parte, el estado procesal del presente sumario constitucional evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Atento a lo anterior, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de depuración, pues deberá conservarse únicamente la demanda y la sentencia dictada por este Juzgado de Distrito, ya que mediante sentencia de veintitrés de octubre de dos mil diecisiete (fojas 76 a 88), se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión (punto vigésimo primero, inciso IV). Por otro lado, en términos del Punto Décimo Primero, último párrafo, del acuerdo general conjunto referido, dese vista a la parte quejosa, para que, dentro del plazo de noventa días, por conducto de persona autorizada para ello, comparezca a este órgano jurisdiccional a recoger los documentos que exhibió como anexo a su escrito inicial de demanda y al diverso presentado el veintitrés de octubre de la presente anualidad. Con el apercibimiento que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente. Para lo cual se deberá dejar en su lugar copia simple por tratarse de un asunto concluido; asimismo, quien comparezca para tal efecto, deberá exhibir copia simple de su identificación oficial vigente, a fin de que sea glosada para debida constancia legal. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 11 del Acuerdo en mención, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años y, posteriormente, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo en comento, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, para que una vez transcurridos cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, se proceda a su destrucción, al no constituir un asunto de trascendencia o relevancia. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Finalmente, para el caso de que las autoridades se encuentren en período vacacional y por tal motivo hayan suspendido sus labores, comisiónese al Actuario adscrito a este Juzgado de Distrito para que en la fecha en que reanuden actividades, entreguen los oficios respectivos sin necesidad de ulterior acuerdo; por tanto, los comunicados quedan a su resguardo y responsabilidad hasta en tanto sean debidamente entregados a sus destinatarios. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    V.- La certificación de cuenta evidencia que ha fenecido el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete (foja 130), para que manifestara lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable pretende dar cumplimiento a la sentencia de amparo; por tanto, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector concedido a la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 247 con número de registro 917781, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 203 del Apéndice 2000, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Materia Común, Novena Época, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: "La omisión de dar respuesta al escrito presentado el diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, en el Unidad de Atención al Derechohabiente Toluca del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, relativo a la solicitud de pensión por jubilación" Previa substanciación del juicio de amparo, el veintitrés de octubre de dos mil diecisiete (fojas 76 a 88), este resolutor federal emitió la sentencia correspondiente en la que resolvió: "Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Gabina María Teresa Zepeda Mondragón, en contra del acto, autoridades y por lo motivos expuestos en los considerandos tercero y cuarto de esta sentencia. Segundo. La Justicia de la Unión ampara y protege a Gabina María Teresa Zepeda Mondragón, contra la omisión reclamada a la Presidenta del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, por las razones y para los efectos asentados en el considerando último de la presente resolución." El catorce de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 102 a 105), causó ejecutoria la sentencia de mérito, por lo que se requirió a la autoridad responsable Presidente del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, su cumplimiento, el cual debería ser para el efecto de que realice lo siguiente: "1. Atienda la solicitud de pensión por jubilación presentada por Gabina María Teresa Zepeda Mondragón, el diecisiete de febrero de dos mil diecisiete y, en consecuencia, emita la respuesta que en derecho proceda de manera escrita y en forma fundada, motivada, esto es: resuelva si es procedente o no otorgar la pensión por jubilación solicitada por la quejosa; sin que al respecto se esté vinculando a la autoridad responsable a responder favorablemente a los intereses de la solicitante. 2. Notifique de dicha respuesta de forma personal a la solicitante del amparo en el domicilio señalado en el formato de solicitud de pensión." En atención a ello, mediante oficio presentado el veintidós de noviembre del año en curso (fojas 120 a 129), el representante legal del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, remitió copia certificada del acuerdo dictado el veinte de octubre de dos mil diecisiete, en el expediente formado con motivo de la solicitud de pensión de la quejosa, donde resolvió que Gabina María Teresa Zepeda Mondragón, tiene derecho a una pensión por jubilación, mismo que le notificó el dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 125 a 128). En esa tesitura, la concesión del amparo y la protección de la justicia federal, fue para los efectos de que se atendiera la solicitud de pensión por jubilación presentada por la quejosa y, en consecuencia, emitiera la respuesta que en derecho proceda de manera escrita y en forma fundada, motivada, resolviendo si es procedente o no otorgar la pensión por jubilación solicitada por la quejosa y notificarla personalmente. Por tanto, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, resulta evidente que los efectos de la ejecutoria de amparo fueron satisfechos, pues se advierte que realizó lo siguiente: a) Emitió determinación el veinte de octubre de dos mil diecisiete, donde resolvió lo que en derecho procedió respecto de la solicitud de pensión formulada por la quejosa Gabina María Teresa Zepeda Mondragón; y b) Notificó dicha resolución de manera personal a la quejosa el dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo, por las consideraciones expuestas en párrafos precedentes.

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