Gabina Bravo Barrera

Expediente 1340/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1340/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
01/08/2019

Partes del expediente

  • Gabina Bravo Barrera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) DE 01 DE AGOSTO DE 2019, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): "San Andrés Cholula, Puebla, uno de agosto de dos mil diecinueve. Causa estado desechamiento. Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto de diecisiete de julio de dos mil diecinueve, por el que se determinó desechar la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, se acuerda lo siguiente: Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos cinco años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó desechar de plano la demanda; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto de referencia, que establece: "VIGÉSIMO PRIMERO. De los expedientes provenientes de los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos que aun teniendo documentos originales no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo de este Acuerdo General Conjunto, cuentan con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y se ubican en los siguientes supuestos: I. Todos aquellos en los que se haya dictado un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; (...)." Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al punto décimo séptimo, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó desecharla de plano, y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documento original. Ahora, tomando en consideración que la parte quejosa adjuntó documento original a su escrito de demanda, con fundamento en el segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009; se le requiere para que dentro del término de noventa días comparezca a recogerlos en las instalaciones de este juzgado federal, con el apercibimiento que de no hacerlo, dicho documento podrá ser destruido junto con el expediente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa".

  3. Principal

    Se declara que no existe materia para la ejecución del fallo protector. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, tomando en consideración que las partes no desahogaron la vista que les fue otorgada mediante auto de tres de julio de dos mil diecinueve, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de mérito, por lo que este juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Al respecto, se precisa que mediante sentencia de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve (fojas 25 a 41), se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos plasmados en el párrafo 38 de la misma, que a la letra dice: "VII. DECISIÓN. 38. A fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental transgredido, con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede la protección constitucional solicitada para el efecto de que en estricto acatamiento a los artículos 17 constitucional, 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 880, fracción IV y 883 de la Ley Federal del Trabajo, a partir de que sea requerida para que cumpla la presente sentencia concesoria, las autoridades responsables realicen lo siguiente: Dejar sin efectos la fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, señalada en el juicio natural -veintitrés de octubre de dos mil dieciocho (sic)-. Señalar una nueva dentro del plazo de quince días previsto en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo. Emplace a la parte demandada en el juicio laboral y dicte las medidas necesarias para el pronto desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, para lo cual se deberá tomar en consideración lo previsto en los artículos 685, 873 y demás preceptos que se estimen aplicables de la Ley Federal del Trabajo." Mediante proveído de quince de abril de dos mil diecinueve, la sentencia de mérito causó ejecutoria y, en consecuencia se requirió a las autoridades responsables para que informaran sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y remitiera las constancias relativas para acreditarlo (fojas 46 a 48). De los anexos remitidos por la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, mediante oficio registrado con el número de folio 8283, se desprende que el veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, emitió el auto por el que señaló día y hora para la celebración de la audiencia de ley, en la etapa de demanda y excepciones de acuerdo a las formalidades previstas en el artículo 878 de la Ley Federal del Trabajo, tal como se desprende de la siguiente reproducción. De lo anterior, se advierte que la autoridad señaló nueva fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, de acuerdo a las formalidades previstas en el artículo 878 de la Ley Federal del Trabajo. Por oficio número 5846/19, del seis de mayo del año en curso, la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, remitió copia certificada de las constancias de notificación realizada a las partes, dentro del juicio laboral de origen. Por otra parte, mediante oficio 101018/19 de veintiocho de mayo de la presente anualidad, la junta responsable remitió copia certificada del acuerdo de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, mediante el cual informó que se suspendió el desahogo de la audiencia de ley y señaló las trece horas del veintiuno de junio del presente año, para que se llevara a cabo la audiencia de ley. Por lo tanto, en relación con el desahogo de la audiencia señalada para el veintiuno de junio de dos mil diecinueve, se desprende que las partes celebraron un convenio, en el juicio laboral D-2/378/2018 del índice de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, tal como se aprecia de la siguiente reproducción. Asimismo, el veintiocho de junio de dos mil diecinueve, fecha señalada para que tuviera verificativo la ratificación y cumplimentación el convenio celebrado entre las partes, se realizó lo siguiente. En esa tesitura, al haber celebrado y ratificado el convenio de veintiocho de junio de dos mil diecinueve, y en consecuencia la Junta responsable ordenó el archivo del citado juicio laboral como asunto totalmente concluido, no existe materia para la ejecución del fallo protector, en la que se concedió la protección constitucional para el efecto de que se desahogara la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y se emplazara a la parte demandada. Por tanto, de conformidad con los artículos 196, segundo párrafo y 214 de la Ley de Amparo vigente, se determina que no existe materia para la ejecución del fallo protector, dado que las partes en el juicio laboral D-2/378/2018 del índice de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla celebraron un convenio el veintiuno de junio de este año, en el que la actora se desistió de todas y cada una de las acciones y prestaciones intentadas en el juicio laboral de origen. En efecto, de las constancias que obran en autos y de los actos examinados en este proveído emitidos por la autoridad responsable, se advierte que ésta realizó lo necesario para cumplir los efectos del fallo protector; sin embargo, también se observa que con motivo de la celebración y ratificación del convenio de veintiuno de junio de dos mil diecinueve, no es posible cumplir en su totalidad la ejecutoria de amparo, debido a que no existe materia para la ejecución del fallo protector, lo cual no es resultado de una actitud contumaz por parte de la responsable, sino del acuerdo de voluntades de las partes en el juicio laboral de origen. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) DE 17 DE JULIO DE 2019, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que transcurrió el término de cinco días concedido en auto de dos de julio del año en curso, sin que la parte promovente haya desahogado la prevención formulada en ese proveído, a fin de que subsanara las irregularidades de su demanda de amparo, esto es, manifestara si comparece al presente juicio de amparo por sí o en representación de su menor hijo, y de ser así, acreditara dicha personalidad con documento idóneo; en tales condiciones, se le hace efectivo el apercibimiento decretado y se tiene por presentada la demanda únicamente por propio derecho. Por otro lado, visto el estado que guardan los presentes autos, del que se advierte que mediante proveído de dieciséis de julio del año en curso, se reservó acordar lo conducente respecto de las constancias remitidas por la autoridad responsable en cumplimiento al requerimiento realizado en el mencionado proveído del dos de julio del año en curso, se procede a acordar lo conducente. Luego, vista la demanda de amparo se advierten los siguientes datos: Parte quejosa. ***, por propio derecho. Autoridad responsable. 1. Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Chiautla, Puebla. Acto reclamado. La omisión de la responsable de pronunciarse acerca de la admisión de la demanda de pensión de alimentos y dictar la pensión provisional en el auto de trece de junio de dos mil diecinueve dentro del expediente *** de su índice.  Desechamiento Ahora bien, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo , establece la facultad del Juez de Distrito, de poder desechar de plano una demanda de amparo, cuando del examen de la demanda de amparo se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia . En este contexto, cabe señalar que del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado la omisión de la responsable de pronunciarse acerca de la admisión de la demanda de pensión de alimentos y dictar la pensión provisional en el auto de trece de junio de dos mil diecinueve dentro del expediente *** del índice de la responsable. En efecto, en el caso se advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado;" Para así considerarlo, es menester precisar que la causa de improcedencia contenida en el precepto legal transcrito se actualiza cuando concurran las circunstancias siguientes: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia del acto o actos de autoridad señalados como reclamados en el juicio de amparo. Lo anterior se justifica, por un lado, porque la norma legal transcrita, exige que el recurso o medio de defensa legal, pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, resultado que se podrá obtener si son los medios apropiados, esto es, que estén instituidos expresamente por la ley y regidos por un procedimiento para su tramitación, oponibles a leyes o actos que lesionen los intereses del quejoso, mediante los cuales pueda lograr la invalidación o modificación de esos actos; y, por otra parte, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, es decir, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiere interpuesto. Robustece lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 15, Tomo XII, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a Diciembre de 2000, que dice: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo." La citada jurisprudencia resulta aplicable a pesar de que interpreta el artículo 73, fracción XIV de la Ley de Amparo abrogada, ya que es de contenido esencialmente igual al artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo vigente. La actualización de la citada causa de improcedencia se demuestra con las copias certificadas remitidas por la autoridad responsable del expediente *** del índice del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Chiautla, Puebla, a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se advierte que mediante proveído de trece de junio de dos mil diecinueve, el Juez responsable radicó la demanda de alimentos promovida por la quejosa y le requirió para que exhibiera la constancia de estudios expedida por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en un término de cinco días, lo anterior a fin de justificar la necesidad de los alimentos demandados, e inconforme con dicha resolución, mediante escrito presentado el veintisiete de junio del año en curso -esto es previamente a la presentación de la demanda de amparo-, interpuso recurso de reclamación , el cual a la fecha se encuentra pendiente de resolución. Lo anterior revela que el recurso de reclamación aludido puede tener como efecto modificar, revocar o nulificar el acuerdo reclamado, en virtud que de resultar el mencionado recurso, se modificará, revocará o nulificará el requerimiento hecho a la parte actora y consecuentemente el auto del trece de junio de dos mil diecinueve. En este contexto, si la parte quejosa fue quien interpuso el recurso de reclamación y, éste se admitió mediante diverso proveído de dos de julio del año en curso, y es el medio de defensa legal que constituye la vía idónea para conducir a la insubsistencia del acto reclamado, es claro que se actualiza la causa de improcedencia en estudio. En esta tesitura, se demuestra que en el caso se satisfacen los requisitos que actualizan la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de la responsable de pronunciarse acerca de la admisión de la demanda de pensión de alimentos y dictar la pensión provisional en el auto de trece de junio de dos mil diecinueve dentro del expediente *** del índice de la responsable. Por tanto, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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