Gabi Pérez Ramos y Otros.
Expediente 502/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 502/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/04/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Gabi Pérez Ramos y Otros.
Actuaciones
- Principal
MESA VI B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintiséis de abril de dos mil dieciséis. Toda vez que del cómputo secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto dictado el siete de abril de dos mil dieciséis (fojas 77 a 80), por el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio; consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. En otro contexto, en virtud que la parte quejosa con su escrito recibido en este Juzgado el diez de marzo del año en curso, exhibió la documental consistente en original del escrito de diez de febrero de dos mil dieciséis, en el que obra el sello de recepción, (fojas 6); por tanto, requiérase a la parte quejosa, para que en el plazo de noventa días naturales, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, acuda a este órgano jurisdiccional con identificación oficial, a recoger dicha documental, con apercibimiento que de no hacerlo, sin ulterior acuerdo, podrá ser destruida junto con el expediente. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó, el Juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Fabiola Rebeca Machorro Castillo, que autoriza y da fe.
- Principal
MESA VI B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siete de abril de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el informe justificado que rinde el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, a través de su representante legal y anexos que acompaña; en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, con conocimiento de las partes. Por cuanto hace a su petición de devolver el instrumento notarial a través del cual acredita la representación con la cual se ostenta; en términos de los artículos 138 y 139 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2º, párrafo segundo, como lo solicita, se ordena a la secretaria de este órgano jurisdiccional practique el cotejo de la copia certificada del citado instrumento con la copia simple que acompaña, a fin de proceder a su devolución. En otro aspecto, de las constancias que obran en autos, las que gozan de valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo a su numeral 2°, se advierte que Gabi Pérez Ramos reclamó del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a través de su Delegado Regional, la omisión de dar contestación a la petición formulada mediante escrito de presentado el diez de febrero de dos mil dieciséis, como consta del sello de recepción (foja 6). La aludida autoridad responsable al rendir su informe justificado, si bien negó la existencia del acto reclamado, también lo es que realizó diversas manifestaciones que entrañan su consentimiento, esto es, informó que mediante oficio DR/XVII/ASJ/092/2016, dirigido a la aquí quejosa le dio a conocer que el servicio de solicitud de escrituras se encontraba temporalmente fuera de servicio, pero una vez restablecido continuaría con el trámite respectivo hasta hacerle entrega del original del contrato de compra-venta y apertura de crédito. Para justificar lo anterior, remitió el citado oficio con firma autógrafa, por lo que se tiene como cierto el acto aquí reclamado. Sin embargo, el suscrito advierte que en el caso sobrevino una causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, con relación a los diversos 103, fracción I, de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, y 5, fracción II, del primer ordenamiento legal invocado, los cuales, en ese orden, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [...] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Conviene ahora destacar que, el denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, es el derecho consagrado en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en función del cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. a) La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa; ser dirigida a una autoridad, y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta, y b) La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que se requiera para estudiar la petición y acordarla; tendrá que ser congruente con la petición; deberá notificar el acuerdo recaído en forma personal en el domicilio que señaló para tales efectos. Sustenta lo considerado, la Jurisprudencia P./J. 42/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 126, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, registro: 189914, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular". Luego, de los preceptos legales transcritos, así como de la naturaleza y fines del juicio de amparo, se establece que no es suficiente con que se reclame una violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal, así como por los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte, para que el juicio de amparo sea procedente, sino que es necesario que la contravención de los derechos fundamentales corra a cargo de una autoridad. En relación con lo que debe entenderse por autoridad responsable para efectos del amparo, cabe destacar que tal calidad no únicamente le asiste a los entes entre los que dentro de sus facultades se encuentra la de imperio, es decir, de hacer respetar por medio de la fuerza pública sus propias determinaciones, sino que comprende también a todas aquéllas (incluso particulares) que realicen actos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas concretas en perjuicio del particular determinado y de una manera imperativa. En vinculación con lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, referente al concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo en la jurisprudencia 164/2011, determinó las notas distintivas siguientes: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado Con base en ello, se advierte que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada, a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal aquella que, con fundamento en una norma legal, dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado con el objeto de imponer unilateralmente obligaciones a los gobernados, modificar las existentes o limitar sus derechos. Así, el concepto actual de autoridad para efectos del juicio de amparo, refiere a aquellas a quienes la norma legal faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales, esto es, autoridades para efectos del juicio de amparo son las que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, lo que permite concluir que el concepto de autoridad por regla general excluye a los actos de particulares, precisándose así determinar para tal efecto si la relación jurídica se ubica dentro de las denominadas de supra o subordinación entablada entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado, por el otro, donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poderse exigir mediante el uso de la fuerza pública o a través de otras autoridades, existiendo como límite a su actuación los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Federal. También, resulta conveniente destacar que la teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dicha competencia para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materia de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y las de supracoordinación que se entablan entre órganos del Estado. Parámetros que resultan útiles para distinguir a una autoridad, con las características precisadas con antelación, para efectos del juicio de amparo. Ahora, en lo específico, debe decirse que el análisis sistemático del transcrito artículo 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, en cuanto establece la procedencia del juicio de amparo contra actos de particulares "... cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad ...", debe entenderse en su contenido semántico del vocablo "equivalente", el actuar de los particulares que se coloquen en un plano semejante respecto de las autoridades que realicen actos unilaterales, imperativos y coercitivos. En ese sentido, la ejecución de actos en un plano de igualdad con otros particulares, que no impliquen una subordinación como autoridad coercitiva e imperativa, de ningún modo refleja el que los particulares pudieran tener por equivalencia el carácter de autoridades responsables, ni de actos equivalentes a los de autoridad, dado que el fragmento del precepto de que se trata no debe interpretarse de manera aislada, sino que con los principios constitucionales que como mandatos de optimización estatuyen los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, que en su contenido literal no establecen la regulación expresa de actos propios de particulares para la procedencia del juicio de amparo, ni esa connotación jurídica puede encontrar sustento en la iniciativa de la nueva Ley de Amparo, ni en el procedimiento propio de debate correspondiente, por no referirse a la indicada acepción, que tampoco puede contrariar lo dispuesto en la Ley Suprema del país. Por consiguiente, si el actuar de un particular en un plano de igualdad y horizontal con otro u otros particulares no se encuentra previsto en un principio regulado como acto de autoridad en la Constitución Federal, menos puede discernirse ese vínculo jurídico de leyes generales secundarias, como reglas en un ámbito meramente fáctico, puesto que la Ley de Amparo no ha de reñir con los principios que la propia Carta Fundamental estatuye, sino que debe atenderse a lo que dispuso el legislador ordinario en la norma secundaria como "equivalente", entendiéndose por esto cuando los particulares actúen en auxilio o en cumplimiento de un acto de autoridad, pues no pueden soslayarse los preceptos constitucionales que rigen por excelencia el juicio de amparo en México, continúan incólumes en su contenido deontológico -teoría de los deberes- y axiológico -teoría de los valores- la procedencia del amparo contra "actos de autoridad", esto es, los que cumplen los requisitos legales de ser unilaterales, imperativos y coercitivos, en el orden en que actúa un ente público -por sí o por auxilio de un particular o en cumplimiento de un mandato o de una ley- que exija un hacer u omisión inexcusable, sometiéndose la voluntad del particular a través de medios represivos o inhibitorios para que se cumpla una decisión originariamente proveniente de la autoridad estatal. Con todos esos lineamientos, permite concluir que no respecto de cualquier acto de particular sea procedente el juicio de amparo, y que no todos los actos que emite un ente público pueden considerarse como de autoridad para efectos del amparo. En la especie, para sostener lo inicialmente afirmado, es conveniente señalar que del escrito de demanda e informe justificado se advierte lo siguiente: La impetrante de amparo formuló petición al Delegado Regional del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, mediante escrito recepcionado el diez de febrero de dos mil dieciséis, a través del cual, le solicitó se le hiciera entrega del original del contrato de compraventa y apertura de crédito celebrado el cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y tres; pues el crédito que le otorgó el citado Instituto había sido liquidado, además de que el quince de julio de dos mil diez, fue cancelada la hipoteca que se constituyó por el crédito otorgado. La autoridad responsable al rendir su informe de ley, refirió que efectivamente la aquí promovente del amparo terminó de pagar su crédito celebrado con tal Instituto, por lo que realizó gestiones con el fin de cancelar la hipoteca. Lo narrado pone de manifiesto que el acto reclamado al Delegado Regional del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, no es un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, toda vez que la solicitud deviene de un contrato de crédito otorgado por el multicitado Instituto, por ende, éste actúa en su carácter de organismo descentralizado realizando su función de ente administrador por lo cual su relación con el particular (aquí quejosa), lo efectúa en una relación jurídica de coordinación. Por lo que conduce a determinarse que la petición de la quejosa, no debe considerase como un acto de autoridad, toda vez que en el caso concreto, el Instituto que la impetrante de amparo señala como responsable, está actuando como ya se dijo en un plano de coordinación con el particular derivado del contrato de crédito celebrado entre ellos. De ahí que el presente juicio resulta improcedente, pues el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades, y en el caso concreto la petición formulada por la aquí quejosa no fue dirigido a una autoridad, de conformidad con lo estudiado en el presente auto, al no tener tal calidad. Apoya lo anterior, por compartirla la Tesis: III.1o.T.Aux.3 L, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado Auxiliar, con residencia en Guadalajara, Jalisco, consultable en la página 2359, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Novena Época, registro: 162569, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "INFONAVIT. COMO ENTE ADMINISTRADOR DE LOS FONDOS DE LA SUBCUENTA DE VIVIENDA, SUS RELACIONES CON EL BENEFICIARIO SON DE COORDINACIÓN, POR TANTO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO RESPECTO DE UNA VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN COMETIDA POR AQUÉL. Atento a que el requisito de procedencia del juicio de garantías por violación al derecho de petición es que ésta se formule ante una autoridad propiamente dicha -en función de una relación de supra a subordinación entre gobernante y gobernado, para que surja el derecho de este último a que se le dé contestación por escrito y pueda acudir al juicio de amparo contra su transgresión-; el Juez de Distrito, al conocer de un reclamo de ese tipo deberá determinar si la naturaleza de la relación entre el gobernado y el servidor público a quien es formulada sea de esa clase, pues el amparo sólo podrá ser intentado contra una genuina omisión de "autoridad" de contestar una petición del gobernado, como medio de salvaguarda de sus garantías individuales. Así, dicho extremo no se cumple cuando la solicitud es formulada ante un organismo descentralizado que realiza funciones de ente administrador y sus relaciones se ubican en un plano de coordinación con relación al beneficiario, susceptibles de control jurisdiccional ante los tribunales laborales en caso de controversia. Por tanto, cuando se presenta una solicitud de información o devolución por parte del trabajador o sus beneficiarios respecto de los recursos de la subcuenta de vivienda, que constitucional y legalmente corresponde administrar al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores conforme al artículo 123, apartado A, fracción XII, primer y segundo párrafos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y este organismo omite dar respuesta a ella, se actualiza la causa de improcedencia del juicio de garantías relativa a que la petición no está dirigida a una autoridad, de conformidad con el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los numerales 1o. y 11 de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, así como en relación con la jurisprudencia P./J. 42/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 126, de rubro: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD.", dado que como ente encargado de su administración las relaciones del instituto y el peticionario no son las de una autoridad". Por tanto, al actualizarse en forma notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En tales condiciones, se ordena dejar sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó, el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, Ernesto Valdivia Vásquez, designado por el Titular de este órgano jurisdiccional para el despacho del Juzgado en términos del artículo 43, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; con motivo del oficio 2808/2016 datado el cinco de abril de dos mil dieciséis, en el que se comunicó al citado Titular que el Presidente del Consejo de la Judicatura Federal, le concedió licencia oficial por el siete del mes en curso; ante la Secretaria Fabiola Rebeca Machorro Castillo, con quién actúa y da fe.
- Principal
MESA VI B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, seis de abril de dos mil dieciséis. Del cómputo secretarial que antecede y de los autos, se advierte por una parte que está señalada para hoy la audiencia constitucional (foja 7), y por otro lado, que se encuentra transcurriendo el plazo de quince días para que la autoridad responsable Delegado Regional del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en el Estado de Oaxaca, rinda su informe justificado; por tal motivo, no es posible llevar a cabo la audiencia constitucional señalada para hoy, misma que se difiere para que tenga verificativo a las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DOS DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS.
- Principal
POR LISTA: MESA II A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, ocho de marzo de dos mil dieciséis. Téngase por recibida la copia certificada del oficio número 58/2016 signado por el Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, residente en Xalapa Veracruz, por el que devuelve los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, al que se encuentra agregada la sentencia emitida por el Titular del citado órgano jurisdiccional el tres de marzo de dos mil dieciséis, y dos cuadernos de pruebas, los cuales se le remitieron en cumplimiento al Acuerdo C. CAR. 116/2015-V, en el que se estableció que el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz, apoyaría a este Jugado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, en la resolución de juicios de amparo. Acúsese recibo. Toda vez que el cuaderno de antecedente formado con motivo del envío del expediente, está conformados con copias certificadas cuyos originales ya obran en autos, resulta ocioso agregar las mismas a este juicio, por lo que únicamente glósense los acuerdos o constancias que obren a partir del envío del expediente. Ahora, toda vez que de las constancias de autos se advierte que se encuentra glosada la sentencia emitida por el Titular del Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, residente en Xalapa, Veracruz, por la que sobreseyó el juicio; consecuentemente, notifíquese dicha resolución a la impetrante, autoridades responsables, tercero interesado, y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó, el Juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Lorena Carrera Martínez, que autoriza y da fe. SÍNTESIS DE SENTENCIA: MESA II A Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en lo que disponen los artículos 73, 74, 75, 77 y 124 de la Ley de Amparo, se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Bertha Alejandra García López, contra los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en el resultando primero de este fallo, por los motivos expuestos en el considerando CUARTO de esta sentencia. Notifíquese a las partes por conducto del juzgado de origen; en consecuencia, remítase este juicio de amparo, y dos anexos que acompañan, al juzgado auxiliado y, CUMPLASE.
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